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América Latina

De Chile a EEUU - ¿Qué hay detrás de las sospechas de desestabilizadores foráneos?

Autos en llamas cerca del Hotel O'Higgins en Viña del Mar, Chile, durante las protestas del 23 de febrero contra el presidente Sebastián Piñera.

Hechos de violencia similares a los ocurridos en Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, se ven ahora en Estados Unidos, Canadá e, incluso, en el Reino Unido.

Según varios analistas y políticos, la agitación repentina y consiguiente desestabilización que se ha producido en países de occidente en los últimos meses parece tener un elemento común: la intervención extranjera.

La serie de protestas y disturbios que iniciaron en Chile el 18 de octubre de 2019, fenómeno también llamado «Estallido Social en Chile», «Chile Despertó», «Crisis en Chile de 2019», y «Revolución de los 30 pesos»,​ corresponden a un conjunto de manifestaciones originadas en la capital, Santiago, y propagadas a todas las regiones del país, con mayor impacto en las principales ciudades.

El detonante, un alza de 30 pesos chilenos (unos 6 centavos de dólar) en la tarifa del tren subterráneo de Santiago.

"En estas semanas hemos visto una ola de violencia, de destrucción, provocada por grupos criminales organizados de distintos orígenes. Yo creo que hoy día hay algo nuevo, distinto a lo que teníamos hace un mes atrás, pero necesito pruebas para poder afirmarlo". Así, el presidente de Chile Sebastián Piñera se refería por primera vez públicamente a una injerencia extranjera en las protestas que han dejado al país inmerso en la peor crisis social y política desde la llegada de la democracia.

Un manifestante es detenido por la policía antimotines en Viña del Mar, Chile, el 24 de febrero durante las protestas contra el presidente Sebastián Piñera.
Un manifestante es detenido por la policía antimotines en Viña del Mar, Chile, el 24 de febrero durante las protestas contra el presidente Sebastián Piñera.

Sin embargo, desde la primera semana de movilizaciones en octubre de 2019, el Gobierno ya consideraba la posibilidad de que Chile estuviera siendo víctima de un complot internacional, en una lectura que hasta hoy ha quedado en una mera sospecha de conspiración.

Tras la primera semana de manifestaciones, desde el cuerpo de Inteligencia policial hicieron circular un documento que señalaba la participación de ciudadanos venezolanos y cubanos en las acciones violentas que, sobre todo al inicio, acompañaban las protestas pacíficas.

La información fue recogida por el periódico La Tercera de Chile y publicada en su portada. A las pocas horas, el medio decidió rectificar y expresó no haber verificado debidamente los datos: "Reconocemos que fallamos –como equipo periodístico– en contrastar esa información con terceras fuentes que permitieran dar sustento a esos antecedentes. El informe es real, existe, pero no debimos publicar su contenido sin antes corroborarlo", señaló el medio.

Nunca más se habló del polémico documento, pero la tesis de una posible intervención extranjera en el estallido chileno se ha mantenido dando vueltas hasta hoy en los medios de prensa y políticos de Chile. En estricto rigor, las primeras voces que levantaron esta teoría llegaron desde Venezuela.

El primer día del Estado de Emergencia y de toque de queda en Santiago, el sábado 19, exmiembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país caribeño acusaron al Foro de Sao Paulo, un grupo de partidos y movimientos vinculados al ala izquierdista latinoamericana que se reunió en julio de 2019 en Caracas, de incentivar las manifestaciones en Chile y Ecuador.

El agitado escenario regional fue aprovechado también por el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, quien denunció que Nicolás Maduro está detrás de las movilizaciones, y que financia diferentes grupos para "infiltrar" las manifestaciones en la región.

Desde España, algunos medios de prensa aportaron su granito para alimentar esa teoría y publicaron que Maduro reunió en una base militar de Caracas a diversos líderes políticos y de “grupos paramilitares” de América Latina para “coordinar planes para la desestabilización del continente”. La prensa chilena lo replicó.

Por ahora, el debate sobre la injerencia extranjera no se ha instalado con demasiada fuerza en la opinión pública chilena, sin embargo, las autoridades expresan de que Chile podría ser uno de los objetivos de un plan continental fraguado en Caracas y con la complicidad de algunos políticos chilenos de ultraizquierda, esto cuando la discusión se asoma en alguna entrevista de cierta notoriedad mediática que aborda el tema del Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla.

A principios de diciembre, el canciller de Chile, Teodoro Ribera, aseguró que la sospecha por una posible intromisión extranjera se produjo tras detectar un tráfico "desmedido" de internet "desde un país de Europa oriental". Unas declaraciones que llegaron el día después de que el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, acusara a Cuba y Venezuela de agitar las manifestaciones en Latinoamérica.

Al día siguiente, el canciller Ribera insistió en la idea: "Según informaciones provenientes de Estados Unidos, alrededor del 10% de las comunicaciones por Internet y los tuits enviados desde el 18 de octubre provienen de un país de Europa Oriental y, de ese porcentaje, una gran mayoría estaban orientados a generar desinformación en Chile y otra parte estaba destinada a crear un clima hostil hacia Chile en el extranjero", aseguró.

El gobierno de Chile hizo llegar al Ministerio Público información que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) había recabado sobre una posible injerencia extranjera en las acciones violentas del primer período del estallido. "Se entregó información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnologías de big data, con tecnologías de la información", afirmó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

El documento presentó un análisis de la actividad registrada en redes sociales durante las revueltas. Se incluyen los principales hashtags, los peaks de conversación y los grupos y comunidades con más influencia. Como dato, destaca que el 31% de los autores de los mensajes está localizado fuera de Chile y distingue, también, a defensores y detractores de las movilizaciones y del gobierno.

El informe asegura que se detectaron usuarios de Venezuela, Argentina, México y España. Sobre los jóvenes que han animado la movilización en las redes dice que son "aficionados al K-Pop" y que, entre ellos, sobresale la cantante chilena Mon Laferte como las más influyente y quien se ha expresado pública y abiertamente como simpatizante de los movimientos subversivos chilenos.

En Ecuador, por su parte, fue detenido un grupo de ciudadanos venezolanos que tenía en su poder las rutas que utilizaba el presidente Lenín Moreno para desplazarse en Quito, reportó la agencia de noticias Telam. También se menciona la participación de venezolanos en actos vandálicos en Santiago de Chile, según informó El Mercurio online.

El diputado chileno Luis Pardo Sainz no dudó en decir en su momento en exclusiva para Radio Televisión Martí que lo que ocurre en Chile es un acto inducido, planeado a través las redes sociales, y con la firme intención de “desafiar el régimen constitucional”.

El diputado Pardo hizo referencia en su momento a ciudadanos venezolanos que habían sido sorprendidos en actos de saqueos y disturbios callejeros, en medio de las manifestaciones en contra de un aumento en los precios del tren subterráneo de Santiago.

"Tiene que ver también con una planificación, con una ejecución bastante coordinada de actos de violencia", advirtió Pardo. "Como todo lo indica, se trata de una acción muy dirigida, coordinada y concertada para producir caos y desafiar el régimen constitucional", dijo Pardo.

De forma similar en ese momento se pronunció un legislador venezolano. El diputado a la Asamblea Nacional y al Mercosur por Venezuela, Lawrence Castro, acusó abiertamente la intromisión del régimen venezolano, como parte de un plan pactado en la reciente reunión del Foro de Sao Paulo realizada en Caracas, que supuestamente impulsa el envío de ciudadanos a vecinos del continente con el fin de desestabilizarlos.

Según la representante en Chile del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, la embajadora Guarequena Gutiérrez, la situación está siendo aupada por el régimen de Maduro y por varios personeros del régimen.

Mencionó directamente a Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, María Gabriela Chávez (hija de Hugo Chávez), Tareck El Assaimi y Jorge Arreaza.

El propio Cabello, número dos del régimen venezolano, dijo en su momento que hay pequeñas brisas bolivarianas en la región y se viene un huracán bolivariano. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que las brisas bolivarianas no son bienvenidas en este hemisferio.

También condenó la amenaza de exportar malas prácticas y desestabilización, y reiteró que durante años el régimen venezolano, con apoyo de la dictadura cubana, institucionalizó en la región sofisticadas estructuras de cooptación, represión, desestabilización y de propaganda mediática.

Opiniones de dos asesores de seguridad nacional en EEUU

En los acontecimientos que están en curso en EEUU y que tuvieron como detonante la muerte de George Floyd, un afroestadounidense, a manos de un policía que tenía reclamos previos de tratos indebidos con personas de la raza negra, y que ha generado protestas antirracistas en todo el país, e incluso en Canadá y Reino Unido, también se ha detectado la actuación de extranjeros.

La agencia AP informó que el gobierno de Zimbabue mandó llamar al embajador de Estados Unidos en ese país por los comentarios de un funcionario de la Casa Blanca que sugirió que Harare (capital de esa nación africana) se encuentra entre los “adversarios extranjeros” que podrían enfrentar represalias por supuestamente alentar las protestas por la muerte de George Floyd.

El embajador estadounidense Brian Nichols se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Zimbabue para hablar de los comentarios que hizo el domingo pasado el asesor de seguridad nacional Robert O’Brien.

En una entrevista en el programa This Week, del canal ABC, O’Brien sugirió, sin citar ninguna evidencia, que Zimbabue es uno de varios “adversarios extranjeros”, incluidos China y Rusia, que estaban aprovechando las protestas en Estados Unidos para “sembrar discordia y tratar de dañar nuestra democracia”.

“Habrá una respuesta y será proporcional. Nuestros adversarios no se saldrán con la suya de forma gratuita”, agregó O’Brien.


Susan Rice, exasesora del presidente Barack Obama, culpó a "actores extranjeros" de algunas de las violentas protestas que sacudieron las principales ciudades estadounidenses durante el fin de semana, e incluso sugirió que Rusia podría estar involucrada en agitarlos.

"No estoy leyendo la inteligencia hoy, o en estos días, pero según mi experiencia, esto está sacado del libro de jugadas de Rusia", afirmó Rice, que se desempeñó como asesora de Seguridad Nacional del presidente Obama, en una entrevista con CNN el domingo pasado. "Pero no podemos permitir que los extremistas, los actores extranjeros, (nos) distraigan de los problemas reales que tenemos en este país, que tienen una antigüedad, siglos de antigüedad y deben abordarse de manera responsable".

El presentador Wolf Blitzer respondió: "Tienes toda la razón en la interferencia extranjera". Blitzer luego le preguntó a Rice si pensaba que los rusos estaban tratando de "avergonzar" a Estados Unidos al "promover la división racial en nuestro país".

"Bueno, lo vemos todo el tiempo, lo hemos visto durante años, incluso en las redes sociales donde toman cualquier tema divisivo y doloroso (...) y juegan en ambos lados ", comentó Rice. “No me sorprendería saber que han fomentado a algunos de estos extremistas en ambos lados en las redes sociales (o) que los están financiando de alguna forma".

En consonancia, el asesor O’Brien indicó que adversarios extranjeros están tratando de explotar las relaciones raciales de Estados Unidos en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Minneapolis.

"Hoy he visto una serie de tuits de China (donde expresan) que están disfrutando y regocijándose en lo que están viendo aquí", declaró O'Brien el domingo pasado en el espacio This Week, de ABC.

El presentador George Stephanopoulos, de ABC, le preguntó a O'Brien sobre un tuit del senador Marco Rubio (R-FL) que señala que las cuentas de redes sociales vinculadas a "al menos 3 adversarios extranjeros" están "alimentando y promoviendo activamente la violencia y la confrontación desde múltiples ángulos".

O'Brien respondió que el senador está "100 por ciento correcto" de que los adversarios extranjeros tratarán de "aprovechar esta crisis para crear discordia y tratar de dañar nuestra democracia".

Agregó que Estados Unidos no permitirá que eso suceda.

"Y quiero decirles a nuestros adversarios extranjeros, ya sea Zimbabue o China, que la diferencia entre nosotros y ustedes es que ese oficial que mató a George Floyd, será investigado y será procesado y recibirá un juicio justo", agregó O'Brien. “A los estadounidenses que quieran salir y protestar pacíficamente, se les permitirá buscar reparación de parte de su gobierno. No van a ser encarcelados por protestas pacíficas".

La administración del presidente Donald Trump también ha atribuido actos de violencia en las protestas a grupos de extrema izquierda como Antifa.

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Blinken elogia resolución OEA que condena al régimen de Ortega en Nicaragua

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blonken, durante una conferencia de prensa. Saul Loeb/Pool via REUTERS

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo en un comunicado que una abrumadora mayoría de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos enviaron el martes “un claro mensaje de apoyo al pueblo nicaragüense y su lucha por elecciones libres y justas, el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas”.

El secretario de Estado señaló que la resolución aprobada condena la represión del régimen del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo en Nicaragua y pide la liberación inmediata de los cuatro candidatos presidenciales detenidos recientemente, junto con más de 130 presos políticos más.

También concluye que, “a raíz de la reciente represión del régimen y la falta de una reforma electoral significativa, no existen las condiciones para unas elecciones libres y justas en noviembre”.

Blinken reiteró que Estados Unidos apoya firmemente el llamado del Consejo Permanente de la OEA para que el presidente Ortega “tome medidas urgentes para restaurar el pleno respeto de los derechos humanos y crear las condiciones para elecciones libres y justas”.

Asimismo opinó que “es hora de que el régimen Ortega-Murillo cambie de rumbo, respete tanto su propia constitución como sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana, y permita al pueblo nicaragüense ejercer plenamente sus derechos, incluido el derecho a elegir a sus líderes en elecciones libres y justas”.

El jefe de la diplomacia estadounidense declaró además que Estados Unidos espera continuar trabajando con los estados miembros de la OEA, así como con otros gobiernos democráticos de todo el mundo, incluidos los socios en la Unión Europea, para presionar por una mayor libertad para el pueblo nicaragüense.

Blinken expresó que a través de la votación, los miembros de la OEA dejaron claro que las acciones de Ortega y Murillo no tienen cabida en este hemisferio, dado los compromisos compartidos con la democracia y los derechos humanos.

El martes, en una votación de 26 países a favor, tres en contra y cinco abstenciones, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución expresando su preocupación por el hecho de que el gobierno de Nicaragua no ha implementado medidas de reforma electoral consistentes con los estándares internacionales aplicables para asegurar que las elecciones programadas para noviembre de 2021 sean libres y justas.

La resolución también condena inequívocamente el arresto, el hostigamiento y las restricciones arbitrarias impuestas a posibles candidatos presidenciales, partidos políticos y medios independientes y pedir la liberación inmediata de los posibles candidatos y de todos los presos políticos.

Por su parte, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, rechazó la resolución que, según dijo, “se pretende imponer al Estado soberano de Nicaragua” y la declaró “inadmisible, de nulidad absoluta y sin ningún efecto vinculante para el gobierno de Nicaragua”.

La OEA aprueba resolución sobre Nicaragua

Un manifestante de Nicaragua, residente en Costa Rica, protestando contra Daniel Ortega (Ezequiel Becerra / AFP).

En una votación de 26 países a favor, tres en contra y cinco abstenciones, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, aprobó una resolución expresando su “preocupación por el hecho de que el gobierno de Nicaragua no ha implementado, a mayo de 2021, medidas de reforma electoral consistentes con los estándares internacionales aplicables para asegurar que las elecciones programadas para noviembre de 2021 sean libres y justas”.

La resolución “condena inequívocamente el arresto, el hostigamiento y las restricciones arbitrarias impuestas a posibles candidatos presidenciales, partidos políticos y medios independientes y pide la liberación inmediata de los posibles candidatos y de todos los presos políticos”.

Asimismo, insta al gobierno de Nicaragua a que implemente sin demora “medidas legislativas y de otra índole compatibles con los estándares internacionales aplicables para promover elecciones libres y justas en noviembre, incluida la bienvenida a la OEA y otros observadores electorales internacionales confinables”.

La resolución solicita a la Secretaría General y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que “presenten al menos dos informes al Consejo Permanente sobre el proceso electoral en Nicaragua, para su consideración y posible presentación a la Asamblea General”.

El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, rechazó la convocatoria y la resolución calificándola de inadmissible y sin efecto vinculante.

Después de la votación, el representante interino de Estados Unidos ante la OEA, Bradley Freden, hizo un llamado al gobierno de Nicaragua a que pusiera en libertad a los candidatos presidenciales detenidos.

“El presidente (Daniel) Ortega no ha cumplido con los pacientes llamados a que establezca igualdad de condiciones, y ha aumentado la represión. Es claro que elecciones sin derechos y ahora sin candidatos no son elecciones que la OEA puede considerar creíbles”, dijo Freden en su intervención.

La sesión extraordinaria, realizada de forma virtual, fue solicitada por Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú, después de que régimen de Ortega detuviera en los últimos días a 13 dirigentes opositores, entre ellos cuatro que aspiran a la presidencia en las próximas elecciones.

Corte Penal Internacional indaga sobre Venezuela: ¿Qué es y cuál es su rol ante crímenes “graves”?

Sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos. ​Foto: REUTERS/Jerry Lampen.

¿Cómo opera la Corte Penal Internacional? ¿Cuáles son sus roles y su alcance en el tablero judicial mundial?

MARACAIBO, VENEZUELA - Los focos de atención recaen sobre la Corte Penal Internacional en las últimas horas debido a la expectativa de una posible decisión esta semana sobre si abre una investigación formal por presuntos delitos de lesa humanidad contra funcionarios del gobierno de Venezuela.

¿Cómo opera esa instancia? ¿Cuáles son sus roles y su alcance en el tablero judicial mundial? ¿Deben respetar su opinión las partes involucradas o interesadas?

La Voz de América examina la misión de esta corte desde 2002.

Tribunal de última instancia

La Corte Penal Internacional puede definirse como un tribunal “de última instancia” para el enjuiciamiento de crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad y agresión, según explica Lisset Romay, especialista en Derecho Internacional Público y profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad del Zulia, una de las más antiguas de Venezuela.

Sus orígenes datan de 1992, cuando la Asamblea General de la ONU priorizó una jurisdicción penal general que, finalmente, vio luz entre 1994 y 1995.

No fue sino hasta 1998 cuando se fundó, gracias al llamado Estatuto de Roma, con 120 votos a favor, siete en contra (Estados Unidos, Israel, China, Irak, Libia, Catar y Yemen) y 21 abstenciones. Después de cuatro años de ratificaciones, la Corte Penal entró en vigor en 2002.

Tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos. Es una institución vinculada a las Naciones Unidas, mas no pertenece a ella ni depende de sus “Estados Partes”.

Investiga, enjuicia y previene

La Corte Penal Internacional “investiga y, donde se justifique, enjuicia a individuos acusados de los más graves crímenes”, “ayuda a prevenir que esos crímenes ocurran de nuevo” y participa en una “lucha global para poner fin a la impunidad”, según declara la misma institución en su página web.

Busca “complementar, no reemplazar, a las cortes nacionales”. Sus postulados son que “los juicios son justos”, sus fiscales son independientes y los derechos de los acusados son garantizados.

¿Qué crímenes investiga?

Su jurisdicción se circunscribe a cuatro delitos:

Genocidio, caracterizado por el intento específico de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso matando a sus miembros, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, “serias violaciones cometidas como parte de un ataque a larga escala contra poblaciones civiles”, y crímenes de agresión.

Los crímenes de guerra incluyen el uso de niños soldado, el asesinato o tortura de civiles o prisioneros en un contexto de conflicto armado, y desde 2018 el uso de la fuerza armada de un Estado contra la soberanía, integridad o independencia de otra nación. Este último caso puede ser notificado por el Consejo de Seguridad, investigado por iniciativa de los fiscales de la Corte Penal o por solicitud de uno de sus Estados Partes.

Jurisdicción y cooperación

La Corte Penal Internacional “podría ejercer su jurisdicción” en una situación donde genocidios, crímenes de lesa humanidad o de guerra se cometieron a partir del primero de julio de 2002, según sus postulados.

Otro punto clave para que la CPI investigue y lleve a juicio a presuntos criminales es que estos individuos hayan nacido en Estados Partes, o en naciones que acepten esa jurisdicción, o que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haya referido el caso a los fiscales de la Corte.

Como no cuenta con una fuerza policial, la CPI depende de la cooperación de países en todo el mundo para materializar arrestos, transferir a las personas aprehendidas a su centro de detención y congelar bienes de los sospechosos.

Romay, experta en derecho internacional público, señala que la Corte Penal Internacional no ha aceptado las exigencias de algunos países, como Estados Unidos, de que limite su jurisdicción modificando su estatuto.

“También, se concede al Consejo de Seguridad la facultad de que, mediante resolución, se le pida a la Corte Penal Internacional que suspenda por un plazo máximo de 12 meses una investigación o enjuiciamiento. Ya ha sido utilizada (esa opción) de manera abusiva”, apunta. Rusia y China, principales aliados geopolíticos del gobierno venezolano, son dos de los cinco miembros permanentes de esa instancia de las Naciones Unidas.

Tiene 18 jueces

La presidencia de la CPI la eligen sus 18 jueces. El polaco Piotr Hofmański la lidera desde marzo, en compañía de la peruana Luz del Carmen Ibáñez, en la primera vicepresidencia, y el congolés Antoine Kesia-Mbe Mindua, en la segunda vicepresidencia.

Los 18 magistrados de sus divisiones judiciales son elegidos por la Asamblea de los Estados Partes por sus calificaciones, imparcialidad e integridad, y sirven durante nueve años, un período que no es renovable. Entre sus competencias, destacan la garantía de juicios justos, el ordenamiento de arrestos y citaciones ante la Corte, las autorizaciones de participación de víctimas, y el otorgamiento de protección a testigos de sus casos.

La Corte Penal Internacional tiene otros dos órganos clave para su funcionamiento: la Oficina del Fiscal, que examina las situaciones donde crímenes graves pueden haber sido cometidos y de adelantar investigaciones y acusaciones contra los individuos presuntamente responsables; y su Secretaría, que brinda servicios de apoyo judicial y administrativo, como llevar registro de expedientes, brindar asesoría legal y facilitar las traducciones de la Corte.

El personal de la CPI tiene al menos 900 miembros, oriundos de 100 países, que manejan hasta seis idiomas, y operan desde la sede en La Haya, Naciones Unidas en Nueva York y otras siete naciones. Tiene un presupuesto de 180.855.241,08 dólares, según la detallada información en su web.

Treinta casos en su haber

En 19 años, la Corte Penal Internacional ha administrado justicia en 30 casos, algunos de los cuales incluyeron acusaciones contra más de un sospechoso.

Sus jueces han emitido 35 órdenes de arresto y, gracias a la cooperación de los Estados que respetan sus decisiones, 17 acusados han sido detenidos en su centro para esos fines. Trece personas permanecen prófugas y sus fiscales han abandonado cargos contra otras tres debido a sus fallecimientos.

También, han enviado nueve citaciones a aparecer ante la Corte Penal y han declarado culpables a 10 acusados y decidido la absolución de cuatro.

Entre sus casos más notorios, se encuentra el del exgobernante de Sudán durante 30 años Omar Al Bashir, prófugo desde 2010. Los fiscales de la Corte lo acusan de 10 delitos de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

“Hasta que sea arrestado y transferido al asiento de la corte en La Haya, el caso permanecerá en la fase de pre-juicio. La CPE no enjuicia a individuos a menos que estén presentes en su sala”, advierte la institución.

La profesora venezolana Romay subraya que la CPI acumula una historia de “pocos presos” a su disposición y “muchas órdenes de arresto incumplidas”.

Procesos “diferentes”

Los procesos legales de la Corte Penal Internacional “podrían funcionar diferentemente de las jurisdicciones nacionales”, explica la propia institución.

Después que los crímenes ocurren, los casos que conoce pasan por una serie de fases: primero una evaluación preliminar, luego las investigaciones, entonces la etapa de prejuicio y finalmente el juicio. Posteriormente, las apelaciones y el cumplimiento de las sentencias que se deriven de los fallos de los jueces.

Las evaluaciones preliminares, la etapa donde se encuentra la acusación contra Nicolás Maduro y otros funcionarios de su gobierno en Venezuela, supone la determinación de la Oficina de la Fiscalía de “si existe suficiente evidencia de crímenes de suficiente gravedad en la jurisdicción de la Corte Penal”.

También, en esa fase preliminar se precisa si existen procedimientos nacionales “genuinos” sobre el caso en cuestión, y si abrir una investigación “servirá a los intereses de la justicia y de las víctimas”, como remarca en su página web.

Tras reunir pruebas e identificar a sospechosos, la etapa de investigaciones incluye la potestad de la Fiscalía de emitir órdenes de arresto (la CPI confía en que los Estados concreten esas detenciones y transfieran a los acusados ante ella) o citaciones a declarar ante ella.

Senadores piden a Secretario de Estado enfrentar con recursos diplomáticos tácticas represivas de Nicaragua

(i-e) El senador demócrata Bob Menendez y el senador republicano Marco Rubio.

El Senador republicano por la Florida, Marco Rubio, y el Senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, instaron por medio de una carta al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, “a que haga uso de todos los recursos diplomáticos disponibles para enfrentar las tácticas autoritarias y represivas del régimen de Daniel Ortega” que violan los derechos humanos en Nicaragua para perpetrarse más en el poder.

La carta bipartidista pide que el Secretario Blinken aproveche las sanciones impuestas contra funcionarios oficialistas nicaragüenses y que trabaje con la Organización de los Estados Americanos para coordinar un “rechazo multilateral más fuerte al asalto del régimen a la democracia”.

El documento exige la liberación de dirigentes políticos, incluidos los cuatro aspirantes a la Presidencia y dos históricos exguerrilleros, encarcelados arbitrariamente y pide, además, que la Administración Biden vaya más allá de aplicar los protocolos delineados en el proyecto de ley bipartidista “Renacer”.

Por otra parte, Nicaragua defendió el lunes las detenciones y pidió a los gobiernos extranjeros la "no injerencia" en sus asuntos internos.

El Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, advirtió que verá "como un ataque frontal" a su soberanía, cualquier intento "de socavar una investigación" contra los dirigentes opositores detenidos en los últimos días.

"Campaña de terror": caen dos exguerrilleros sandinistas en redada de Ortega contra la oposición (VIDEO)

El número de personas detenidas en Nicaragua el domingo 13 de junio fueron cinco. Tres de ellos fueron importantes cuadros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en los años 1980. Foto: Cortesía.

Cinco personas fueron arrestadas el domingo, con lo que aumentó a 13 el número de opositores encarcelados. Cuatro de ellos son precandidatos presidenciales y nueve líderes opositores.

MANAGUA - El gobierno de Nicaragua continuó el domingo las detenciones de líderes de la oposición y precandidatos presidenciales, en un día que fue calificado como una “jornada represiva”.

El gobierno de Estados Unidos calificó como "una campaña de terror" los arrestos confirmados por la Policía Nacional en comunicados publicados el domingo.

Entre los detenidos están disidentes sandinistas, incluyendo a dos icónicos guerrilleros que lucharon junto al presidente Daniel Ortega durante los años 1970 para sacar al dictador Anastasio Somoza del poder, pero que luego tomaron distancia del mandatario por ver en su mandato lo que calificaron como “una nueva dictadura”.

Los detenidos fueron Dora María Téllez, la comandante que asaltó el Palacio Nacional en Nicaragua en 1978 para exigir la liberación entonces de rehenes del dictador Anastasio Somoza, y el exguerrillero Hugo Torres Jiménez, quien en un video antes de su detención recordó que en 1974 arriesgó su vida para exigir la liberación de Daniel Ortega.

“Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos”, dijo el general de brigada en retiro y ex jefe de inteligencia militar en un video.

“La dictadura de los Somoza no logró encarcelarme. Luchamos duro, murieron muchos compañeros. Era otro espacio, otro tiempo y otro contexto. Hoy la lucha es pacífica y eso nos da una gran fortaleza”, afirmó el militar en retiro.

Declaraciones del General de Brigada Santinista Hugo Torres
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También fue arrestado por civiles a bordo de una camioneta el exvicecanciller nicaragüense durante la década de 1980, Víctor Hugo Tinoco. De igual forma fueron arrestadas más temprano el domingo las opositoras Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona, esta última presidenta del Movimiento Renovador Sandinista, hoy llamado UNAMOS.

Los arrestos iniciaron desde horas de la mañana del domingo y concluyeron a eso de las 9:00 de la noche. Todos los opositores están siendo investigados por supuestos “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y autodeterminación” del país, en virtud de la Ley 1055 que fue aprobada en 2020 por el oficialismo.

Los detenidos hasta el domingo ascendían a 13 desde que empezó el encarcelamiento a los opositores de Ortega. Cuatro precandidatos presidenciales: Cristiana Chamorro, quien tiene arresto domiciliar, el académico Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro.

Entre los líderes opositores se encuentran: Violeta Granera, José Adán Aguerri, expresidente del sector privado, el exvicecanciller José Pallais, la líder opositora Tamara Dávila, la exguerrillera Dora María Téllez, Ana Margarita Vigil, Suyén Barahona, y los excomandantes guerrilleros Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco.

"Una mafia aferrada al poder"

La exdiputada por parte del izquierdista Movimiento Renovador Sandinista en Nicaragua, Edipcia Dubón, ve las detenciones contra los exguerrilleros como una muestra de la “pequeñez de Daniel Ortega”.

“Es una acción descabellada de una mafia aferrada al poder y como ellos lo han dicho, que el costo más alto que pueden pagar es perder el poder; de manera que harán todo lo que esté a su alcance por permanecer en el poder, sea lagrima, sudor o lo que sea”, expresó Dubón a la Voz de América.

“Dora María Téllez y Hugo Torres Jiménez fueron detenidos este domingo, pero en la historia se jugaron la vida por liberar de la prisión a otros presos políticos, incluido Ortega. Esta detención de ambos es propia de una persona que no tiene el mínimo humanismo y agradecimiento. Demuestra la pequeñez de la que está hecho y así lo ha demostrado. Es una persona desalmada”, agregó.

El exvicecanciller en los años 1980 Victor Hugo Tinoco fue la última persona que fue detenida el domingo 13 de junio de 2021 en Nicaragua. Foto Houston Castillo, VOA.
El exvicecanciller en los años 1980 Victor Hugo Tinoco fue la última persona que fue detenida el domingo 13 de junio de 2021 en Nicaragua. Foto Houston Castillo, VOA.

Estados Unidos denuncia los arrestos

Estados Unidos reaccionó a los arrestos por medio de un tuit publicado por Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, en el que los definió como “una campaña de terror de Ortega-Murillo”.

Chung instó a los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) “a enviar una señal clara esta semana”, en referencia a la sesión extraordinaria que se agendó este 15 de junio para abordar la situación de Nicaragua en una sesión extraordinaria.

La convocatoria la hizo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien pidió que se discuta la "activación de los mecanismos necesarios para la aplicación a Nicaragua del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana".

También la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla protestó fuertemente en Twitter, llamando a Ortega “pendejo” por los arrestos contra mujeres opositoras.

“En las últimas horas el régimen Ortega-Murillo la ha emprendido, contra las mujeres Violeta Granera, Tamara Dávila, Dora María Téllez y Ana Margarita Vigil, incomunicadas y con cerco policial. Dirigentes, activistas, feministas, rebeldes, valientes. ¡Da la cara Daniel, no seas pendejo!”, escribió en Twitter.

Ante este panorama, la exdiputada Dubón llamó a “no perder la esperanza y seguir demandando libertad y democracia”.

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