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América Latina

De Chile a EEUU - ¿Qué hay detrás de las sospechas de desestabilizadores foráneos?

Autos en llamas cerca del Hotel O'Higgins en Viña del Mar, Chile, durante las protestas del 23 de febrero contra el presidente Sebastián Piñera.

Hechos de violencia similares a los ocurridos en Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, se ven ahora en Estados Unidos, Canadá e, incluso, en el Reino Unido.

Según varios analistas y políticos, la agitación repentina y consiguiente desestabilización que se ha producido en países de occidente en los últimos meses parece tener un elemento común: la intervención extranjera.

La serie de protestas y disturbios que iniciaron en Chile el 18 de octubre de 2019, fenómeno también llamado «Estallido Social en Chile», «Chile Despertó», «Crisis en Chile de 2019», y «Revolución de los 30 pesos»,​ corresponden a un conjunto de manifestaciones originadas en la capital, Santiago, y propagadas a todas las regiones del país, con mayor impacto en las principales ciudades.

El detonante, un alza de 30 pesos chilenos (unos 6 centavos de dólar) en la tarifa del tren subterráneo de Santiago.

"En estas semanas hemos visto una ola de violencia, de destrucción, provocada por grupos criminales organizados de distintos orígenes. Yo creo que hoy día hay algo nuevo, distinto a lo que teníamos hace un mes atrás, pero necesito pruebas para poder afirmarlo". Así, el presidente de Chile Sebastián Piñera se refería por primera vez públicamente a una injerencia extranjera en las protestas que han dejado al país inmerso en la peor crisis social y política desde la llegada de la democracia.

Un manifestante es detenido por la policía antimotines en Viña del Mar, Chile, el 24 de febrero durante las protestas contra el presidente Sebastián Piñera.
Un manifestante es detenido por la policía antimotines en Viña del Mar, Chile, el 24 de febrero durante las protestas contra el presidente Sebastián Piñera.

Sin embargo, desde la primera semana de movilizaciones en octubre de 2019, el Gobierno ya consideraba la posibilidad de que Chile estuviera siendo víctima de un complot internacional, en una lectura que hasta hoy ha quedado en una mera sospecha de conspiración.

Tras la primera semana de manifestaciones, desde el cuerpo de Inteligencia policial hicieron circular un documento que señalaba la participación de ciudadanos venezolanos y cubanos en las acciones violentas que, sobre todo al inicio, acompañaban las protestas pacíficas.

La información fue recogida por el periódico La Tercera de Chile y publicada en su portada. A las pocas horas, el medio decidió rectificar y expresó no haber verificado debidamente los datos: "Reconocemos que fallamos –como equipo periodístico– en contrastar esa información con terceras fuentes que permitieran dar sustento a esos antecedentes. El informe es real, existe, pero no debimos publicar su contenido sin antes corroborarlo", señaló el medio.

Nunca más se habló del polémico documento, pero la tesis de una posible intervención extranjera en el estallido chileno se ha mantenido dando vueltas hasta hoy en los medios de prensa y políticos de Chile. En estricto rigor, las primeras voces que levantaron esta teoría llegaron desde Venezuela.

El primer día del Estado de Emergencia y de toque de queda en Santiago, el sábado 19, exmiembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país caribeño acusaron al Foro de Sao Paulo, un grupo de partidos y movimientos vinculados al ala izquierdista latinoamericana que se reunió en julio de 2019 en Caracas, de incentivar las manifestaciones en Chile y Ecuador.

El agitado escenario regional fue aprovechado también por el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, quien denunció que Nicolás Maduro está detrás de las movilizaciones, y que financia diferentes grupos para "infiltrar" las manifestaciones en la región.

Desde España, algunos medios de prensa aportaron su granito para alimentar esa teoría y publicaron que Maduro reunió en una base militar de Caracas a diversos líderes políticos y de “grupos paramilitares” de América Latina para “coordinar planes para la desestabilización del continente”. La prensa chilena lo replicó.

Por ahora, el debate sobre la injerencia extranjera no se ha instalado con demasiada fuerza en la opinión pública chilena, sin embargo, las autoridades expresan de que Chile podría ser uno de los objetivos de un plan continental fraguado en Caracas y con la complicidad de algunos políticos chilenos de ultraizquierda, esto cuando la discusión se asoma en alguna entrevista de cierta notoriedad mediática que aborda el tema del Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla.

A principios de diciembre, el canciller de Chile, Teodoro Ribera, aseguró que la sospecha por una posible intromisión extranjera se produjo tras detectar un tráfico "desmedido" de internet "desde un país de Europa oriental". Unas declaraciones que llegaron el día después de que el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, acusara a Cuba y Venezuela de agitar las manifestaciones en Latinoamérica.

Al día siguiente, el canciller Ribera insistió en la idea: "Según informaciones provenientes de Estados Unidos, alrededor del 10% de las comunicaciones por Internet y los tuits enviados desde el 18 de octubre provienen de un país de Europa Oriental y, de ese porcentaje, una gran mayoría estaban orientados a generar desinformación en Chile y otra parte estaba destinada a crear un clima hostil hacia Chile en el extranjero", aseguró.

El gobierno de Chile hizo llegar al Ministerio Público información que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) había recabado sobre una posible injerencia extranjera en las acciones violentas del primer período del estallido. "Se entregó información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnologías de big data, con tecnologías de la información", afirmó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

El documento presentó un análisis de la actividad registrada en redes sociales durante las revueltas. Se incluyen los principales hashtags, los peaks de conversación y los grupos y comunidades con más influencia. Como dato, destaca que el 31% de los autores de los mensajes está localizado fuera de Chile y distingue, también, a defensores y detractores de las movilizaciones y del gobierno.

El informe asegura que se detectaron usuarios de Venezuela, Argentina, México y España. Sobre los jóvenes que han animado la movilización en las redes dice que son "aficionados al K-Pop" y que, entre ellos, sobresale la cantante chilena Mon Laferte como las más influyente y quien se ha expresado pública y abiertamente como simpatizante de los movimientos subversivos chilenos.

En Ecuador, por su parte, fue detenido un grupo de ciudadanos venezolanos que tenía en su poder las rutas que utilizaba el presidente Lenín Moreno para desplazarse en Quito, reportó la agencia de noticias Telam. También se menciona la participación de venezolanos en actos vandálicos en Santiago de Chile, según informó El Mercurio online.

El diputado chileno Luis Pardo Sainz no dudó en decir en su momento en exclusiva para Radio Televisión Martí que lo que ocurre en Chile es un acto inducido, planeado a través las redes sociales, y con la firme intención de “desafiar el régimen constitucional”.

El diputado Pardo hizo referencia en su momento a ciudadanos venezolanos que habían sido sorprendidos en actos de saqueos y disturbios callejeros, en medio de las manifestaciones en contra de un aumento en los precios del tren subterráneo de Santiago.

"Tiene que ver también con una planificación, con una ejecución bastante coordinada de actos de violencia", advirtió Pardo. "Como todo lo indica, se trata de una acción muy dirigida, coordinada y concertada para producir caos y desafiar el régimen constitucional", dijo Pardo.

De forma similar en ese momento se pronunció un legislador venezolano. El diputado a la Asamblea Nacional y al Mercosur por Venezuela, Lawrence Castro, acusó abiertamente la intromisión del régimen venezolano, como parte de un plan pactado en la reciente reunión del Foro de Sao Paulo realizada en Caracas, que supuestamente impulsa el envío de ciudadanos a vecinos del continente con el fin de desestabilizarlos.

Según la representante en Chile del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, la embajadora Guarequena Gutiérrez, la situación está siendo aupada por el régimen de Maduro y por varios personeros del régimen.

Mencionó directamente a Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, María Gabriela Chávez (hija de Hugo Chávez), Tareck El Assaimi y Jorge Arreaza.

El propio Cabello, número dos del régimen venezolano, dijo en su momento que hay pequeñas brisas bolivarianas en la región y se viene un huracán bolivariano. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que las brisas bolivarianas no son bienvenidas en este hemisferio.

También condenó la amenaza de exportar malas prácticas y desestabilización, y reiteró que durante años el régimen venezolano, con apoyo de la dictadura cubana, institucionalizó en la región sofisticadas estructuras de cooptación, represión, desestabilización y de propaganda mediática.

Opiniones de dos asesores de seguridad nacional en EEUU

En los acontecimientos que están en curso en EEUU y que tuvieron como detonante la muerte de George Floyd, un afroestadounidense, a manos de un policía que tenía reclamos previos de tratos indebidos con personas de la raza negra, y que ha generado protestas antirracistas en todo el país, e incluso en Canadá y Reino Unido, también se ha detectado la actuación de extranjeros.

La agencia AP informó que el gobierno de Zimbabue mandó llamar al embajador de Estados Unidos en ese país por los comentarios de un funcionario de la Casa Blanca que sugirió que Harare (capital de esa nación africana) se encuentra entre los “adversarios extranjeros” que podrían enfrentar represalias por supuestamente alentar las protestas por la muerte de George Floyd.

El embajador estadounidense Brian Nichols se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Zimbabue para hablar de los comentarios que hizo el domingo pasado el asesor de seguridad nacional Robert O’Brien.

En una entrevista en el programa This Week, del canal ABC, O’Brien sugirió, sin citar ninguna evidencia, que Zimbabue es uno de varios “adversarios extranjeros”, incluidos China y Rusia, que estaban aprovechando las protestas en Estados Unidos para “sembrar discordia y tratar de dañar nuestra democracia”.

“Habrá una respuesta y será proporcional. Nuestros adversarios no se saldrán con la suya de forma gratuita”, agregó O’Brien.


Susan Rice, exasesora del presidente Barack Obama, culpó a "actores extranjeros" de algunas de las violentas protestas que sacudieron las principales ciudades estadounidenses durante el fin de semana, e incluso sugirió que Rusia podría estar involucrada en agitarlos.

"No estoy leyendo la inteligencia hoy, o en estos días, pero según mi experiencia, esto está sacado del libro de jugadas de Rusia", afirmó Rice, que se desempeñó como asesora de Seguridad Nacional del presidente Obama, en una entrevista con CNN el domingo pasado. "Pero no podemos permitir que los extremistas, los actores extranjeros, (nos) distraigan de los problemas reales que tenemos en este país, que tienen una antigüedad, siglos de antigüedad y deben abordarse de manera responsable".

El presentador Wolf Blitzer respondió: "Tienes toda la razón en la interferencia extranjera". Blitzer luego le preguntó a Rice si pensaba que los rusos estaban tratando de "avergonzar" a Estados Unidos al "promover la división racial en nuestro país".

"Bueno, lo vemos todo el tiempo, lo hemos visto durante años, incluso en las redes sociales donde toman cualquier tema divisivo y doloroso (...) y juegan en ambos lados ", comentó Rice. “No me sorprendería saber que han fomentado a algunos de estos extremistas en ambos lados en las redes sociales (o) que los están financiando de alguna forma".

En consonancia, el asesor O’Brien indicó que adversarios extranjeros están tratando de explotar las relaciones raciales de Estados Unidos en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Minneapolis.

"Hoy he visto una serie de tuits de China (donde expresan) que están disfrutando y regocijándose en lo que están viendo aquí", declaró O'Brien el domingo pasado en el espacio This Week, de ABC.

El presentador George Stephanopoulos, de ABC, le preguntó a O'Brien sobre un tuit del senador Marco Rubio (R-FL) que señala que las cuentas de redes sociales vinculadas a "al menos 3 adversarios extranjeros" están "alimentando y promoviendo activamente la violencia y la confrontación desde múltiples ángulos".

O'Brien respondió que el senador está "100 por ciento correcto" de que los adversarios extranjeros tratarán de "aprovechar esta crisis para crear discordia y tratar de dañar nuestra democracia".

Agregó que Estados Unidos no permitirá que eso suceda.

"Y quiero decirles a nuestros adversarios extranjeros, ya sea Zimbabue o China, que la diferencia entre nosotros y ustedes es que ese oficial que mató a George Floyd, será investigado y será procesado y recibirá un juicio justo", agregó O'Brien. “A los estadounidenses que quieran salir y protestar pacíficamente, se les permitirá buscar reparación de parte de su gobierno. No van a ser encarcelados por protestas pacíficas".

La administración del presidente Donald Trump también ha atribuido actos de violencia en las protestas a grupos de extrema izquierda como Antifa.

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Poder Electoral de Nicaragua extiende plazo para comicios de 2021

Ciudadanos nicaragüenses se buscan en la lista del padrón electoral antes de la apertura de las juntas receptoras de votos en Managua.

El Poder Electoral de Nicaragua extendió el plazo para que los partidos políticos soliciten su personalidad jurídica para participar en las elecciones generales previstas en noviembre de 2021, informó este martes el diario oficial La Gaceta.

En una resolución, los magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE, decidieron ampliar el plazo para la obtención de personalidad jurídica en un máximo de cinco meses antes del día en que se celebren las próximas elecciones de autoridades nacionales el 7 de noviembre del 2021.

La Ley Electoral señala que para que los partidos políticos participen en un proceso electoral, deben haber obtenido la personalidad jurídica doce meses antes de los comicios electorales.

En su resolución, el CSE explicó que amplían el plazo debido a que la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 "ha venido a limitar algunas actividades organizacionales y sociales, incluyendo las que conllevan a la certificación de la personalidad jurídica, requisito establecido en la Ley para participar en los próximos comicios electorales".

Dos organizaciones y un movimiento político, sin personalidad jurídica, rechazaron, por separado, esas medidas del CSE, las cuales catalogan como una "trampa" para mostrar apertura, sin tocar el tema fondo del sistema electoral, que es el control absoluto que ejerce el oficialismo sobre ese poder del Estado.

"La extensión de un período de solicitud de nuevas personerías jurídicas no constituye ni resuelve las reformas de fondo al sistema electoral de Nicaragua", señaló la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en una declaración.

5 finalistas en vacante del Relator Especial para la Libertad de Expresión

RELE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, da a conocer la lista de las cinco personas que serán entrevistadas los días 14 y 15 de septiembre de 2020 como parte del proceso de selección para el cargo de Relator Especial para la Libertad de Expresión, RELE.

En el marco de su 176 Período de Sesiones, la Comisión Interamericana seleccionó de la lista de finalistas anunciada el día 30 de abril de 2020, a las cinco personas que pasan a la fase de entrevistas.

Estas personas son, por orden alfabético: Ana Cristina Ruelas Serna, de México; Carlos Martín Lauría, de Estados Unidos; Damián Miguel Loreti, de Argentina; Paula Ligia Martins, de Brasil; y Pedro Vaca Villarreal, de Colombia.

La CIDH agradece la participación en el proceso de selección, así como el envío de videos y la aceptación a participar en el seminario realizado el pasado 29 de junio de 2020.

La CIDH expresa una vez más su enorme satisfacción con el interés en este concurso de personas altamente calificadas y con amplia experiencia y conocimiento en materia de libertad de expresión.

Asimismo, la Comisión agradeció a las más de 380 cartas y observaciones recibidas por parte de los paísas miembros de la OEA y de la sociedad civil en el marco de la consulta pública realizada entre el 30 de abril y el 15 de junio de 2020.

El proceso por el cual la CIDH selecciona a la persona titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión está regido por las normas reglamentarias pertinentes.

De acuerdo a lo establecido, el 15 de septiembre de 2020 la Comisión anunciará el nuevo titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que comenzará sus labores a partir del 6 de octubre de 2020.

Autorizan extradición a EEUU de Alex Saab, acusado de ser el testaferro de Maduro

Nicolás Maduro toca una barra de oro mientras se dirige a los ministros responsables del sector económico en el Palacio de Miraflores.

El gobierno de Cabo Verde autorizó la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, aunque la decisión final la tomará un tribunal caboverdiano, confirmó este martes a Efe su abogado, José Manuel Pinto Monteiro.

El Ejecutivo avaló la extradición sobre la base de la opinión judicial favorable de la Procuraduría General de la República, enviada el pasado 8 de julio, para su revisión, al Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla de San Vicente, que asumirá la deliberación final, afirmó Pinto.

Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal, el más importante de este país insular de África occidental, en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.

La PGR recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos y tenía un plazo de 65 días, a partir del 12 de junio, para responder a esa petición.

Ahora, la defensa tiene de plazo hasta el jueves para interponer, ante la citada corte, un recurso contra la decisión del gobierno.

Si no lograse una orden favorable a sus reclamos, Saab podría aún apelar ante el Supremo Tribunal de Justicia y, en última instancia, presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

“Nuestro equipo está trabajando con optimismo para obtener los resultados definidos, es decir, la liberación inmediata de nuestro cliente”, aseguró a Efe Pinto en conversación telefónica en Praia, la capital caboverdiana.

Tras la detención del presunto testaferro, Venezuela indicó que Saab es un ciudadano venezolano y un agente del régimen, que se hallaba en tránsito en Cabo Verde para regresar al país.

La defensa de Saab argumenta que el empresario tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde.

El empresario colombiano contrató los servicios del ex juez español Baltasar Garzón para su defensa.

En ese argumento se basarán los procedimientos del exjuez español Baltasar Garzón para defender a Saab ante instancias judiciales internacionales y caboverdianas, tras haberse incorporado al equipo legal del empresario, señaló Pinto.

El exjuez, que ejerce como abogado, va a liderar un proceso contra Estados Unidos y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por la violación de la inmunidad jurisdiccional de Saab, explicó Pinto a Efe este lunes.

Álex Saab, testaferro de Maduro, contrata al ex juez Garzón para su defensa

En esta foto de archivo el juez español Baltasar Garzón junto a la vice presidenta de Argentina Cristina Fernández.

Álex Saab, empresario colombiano testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, contrató los servicios del ex juez español Baltasar Garzón para su defensa en el caso de extradición a Estados Unidos que afronta en Cabo Verde, confirmó este lunes a la agencia EFE el abogado de Saab, José Manuel Pinto Monteiro.

Garzón integrará el equipo legal del empresario y lo defenderá en demandas contra Estados Unidos y Cabo Verde, tanto ante organismos judiciales internacionales como de ese país insular de África occidental.

En concreto, el ex juez, que ahora ejerce como abogado, va a “liderar un proceso contra EEUU y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional (de Justicia) de La Haya por la violación de la inmunidad jurisdiccional de Álex Saab en cuanto enviado especial de Venezuela”, explicó Pinto por teléfono en Praia, la capital de Cabo Verde.

En paralelo, Garzón también intentará abrir ante la Justicia del archipiélago “un proceso de indemnización contra el Estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen” de Saab, detenido el pasado 12 de junio cuando el avión en el que se trasladaba hizo escala para repostar combustible en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral, de la isla norteña de Sal.

Los casos de Garzón

El valor de la indemnización que la defensa del empresario colombiano planea solicitar se situaría entre los 5 y los 12 millones de dólares.

Garzón dirige actualmente un bufete de abogados con sede en Madrid, y entre sus clientes se encuentra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien se encuentra preso en el Reino Unido a la espera de que se decida si debe ser extraditado a Estados Unidos.

En su carrera como juez, Garzón cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de procesamiento contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato (1973-1990), lo que le mantuvo detenido durante casi cinco meses en Reino Unido, aunque al final no fue extraditado a España.

Por otro lado, Saab, según la misma fuente, no está contento con las condiciones actuales de su detención en Sal, adonde fue trasladado el pasado día 3 desde la cárcel de Ribeirinha, en la septentrional isla de San Vicente, por motivos de seguridad.

El empresario ha exigido una celda con más espacio y comodidad, se ha quejado de las picaduras de los mosquitos y ha solicitado la visita periódica y reglamentada de un médico que supervise su estado de salud, además de considerar inadecuada su alimentación. “Bastante diferente de la dieta a la que está habituado”, precisó su representante.

Saab fue arrestado el 12 de junio en este país africano en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.

La Procuraduría General de la República (PGR) de Cabo Verde recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de EEUU, y tiene un plazo de 65 días, a partir del 12 de junio, para responder a esa petición.

En estos casos, de cualquier modo, no es el Gobierno el que toma la decisión final, sino el Poder Judicial.

Tras la detención del testaferro, el régimen de Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se encontraba “en tránsito” en Cabo Verde y debía volver al país.

El empresario presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia del archipiélago dos “habeas corpus” (derecho de un detenido a comparecer ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse), alegando su “encarcelamiento ilegal”, pero ambos fueron desestimados.

Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares” entre otras operaciones de blanqueo de capitales en Venezuela y Colombia.

Bill Richardson viajará a Venezuela para hablar sobre estadounidenses encarcelados

El ex gobernador de Nuevo Mexico Bill Richardson (Foto: The Richardson Center).

El veterano diplomático estadounidense, Bill Richardson, planea viajar a Caracas para reunirse con el presidente socialista venezolano, Nicolás Maduro, con el propósito de discutir el estado de varios ciudadanos estadounidenses presos allí, dijo el lunes su fundación.

En un mensaje en Twitter, el Centro Richardson dijo que el ex gobernador de Nuevo México y embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas llevaría a cabo lo que llamó una misión humanitaria privada a Venezuela "a pedido de varias familias de prisioneros estadounidenses". No identificó a los detenidos.

No se anunció cuándo tendría lugar la visita.

El gobierno de Venezuela actualmente retiene a dos ex soldados de las fuerzas especiales de EEUU, Luke Denman y Airan Berry, arrestados en mayo por liderar un supuesto intento fallido de incursión armada destinada a capturar a Maduro.

El régimen de Maduro desde 2017 también ha encarcelado a ejecutivos de de Citgo Petroleum Corp, la unidad de refinación de Estados Unidos de la compañía petrolera estatal de Venezuela, por acusaciones de malversación de fondos.

La administración del presidente Donald Trump ha tratado de derrocar a Maduro imponiendo sanciones al sector petrolero de Venezuela y apoyando al líder de la oposición, Juan Guaidó.

Richardson tiene un historial de trabajo para liberar a los estadounidenses de gobiernos hostiles. Anteriormente estuvo involucrado en la liberación del misionero estadounidense Joshua Holt en Venezuela en 2018.

Estuvo en Cuba y Corea del Norte, buscando la liberación de estadounidenses detenidos.

(Con información de agencias y el Centro Richardson)

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