Constitución
La constitución no garantiza un futuro económico de prosperidad para los cubanos
Una economía sin derechos de propiedad, empresas privadas, mercado como instrumento de asignación de recursos y libertades económicas no puede ir a ningún sitio, de la misma forma que un barco no puede navegar en el océano si no tiene una brújula que le permita orientarse en noches oscuras.
Hay toda una corriente de pensamiento económico, la Escuela Austríaca, que plantea, desde la perspectiva del análisis económico del derecho, que las instituciones que definen las reglas del juego, y de forma particular, los derechos de propiedad, son fundamentales para el orden económico y reducir la incertidumbre inherente al mismo[1].
La constitución que se somete al voto de los cubanos este 24 de febrero mantiene un status quo que no ha servido para que la economía funcione. Al contrario, entierra todas las esperanzas, si es que un día las hubo, de que el régimen comunista de La Habana reflexione sobre la vía emprendida hacia el desastre en que viven todos los cubanos.
Lejos de hacerlo, las medidas y disposiciones contenidas en el Título II profundizan en aspectos nefastos para la economía de un país, como la prohibición de un marco jurídico privado para el desarrollo de la economía, a la vez que dejan atrás las tímidas reformas emprendidas por el “raulismo” a partir de 2006.
Dicho de otro modo, bajo la constitución que se vota hoy en Cuba nunca habrá economía de derechos de propiedad privada, ni mercado libre para la asignación de los recursos, ni libre empresa privada en cualquier sector o actividad, ni libertad para construir planes de ahorro o de pensiones privados, ni libertad de elección para asistir a la educación privada o recibir asistencia sanitaria privada, entre otros.
El marco de la actividad privada continúa sometido al absoluto predominio del estado castrista, la planificación central de la economía y consignas como orden, control y disciplina como referencia cuartelaria de las autoridades para dirigir las transacciones económicas. Nada nuevo. Un desierto aislado del resto del mundo en el que ningún país, salvo la caduca Corea del Norte, cree actualmente, basado en el modelo económico que se vino abajo con el muro de Berlín hace más de tres décadas.
El régimen castrista se enroca en sus posiciones históricas para defender como eje central del modelo, una entelequia denominada “propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios de producción” gestionada por el estado omnipresente. Nada es de nadie y todos los activos productivos y económicos de la nación pasan al control estatal.
La definición de las formas de propiedad es tan mediocre y anacrónica que difícilmente se puede aceptar con el rigor necesario. Los recursos económicos se detraen de manera directa de la productividad de los trabajadores (que perciben los salarios más bajos del mundo) y de los beneficios empresariales, por un estado que representa más del 80% del PIB generado en la economía, y que año tras año mantiene un déficit estructural, incapaz de cerrar la brecha de gastos e ingresos, financiado con bonos soberanos de un Banco central sin autonomía. Un modelo ingobernable, improductivo, ineficiente que no ofrece garantía alguna ni credibilidad internacional.
Por otra parte, se abren pequeños espacios para el ejercicio de un número reducido, y controlado, de actividades por cuenta propia, a las que se prohíbe expresamente crecer y aumentar la riqueza, que es la lógica de la economía de mercado. Por el contrario, los extranjeros sí que podrán ejercer sus derechos económicos en Cuba, algo que se niega a los nacionales. Pero incluso en este caso, el marco para las operaciones es tan rígido e intervencionista que difícil será que la inversión internacional se pueda sentir atraída por el ordenamiento económico de Cuba.
La empresa estatal sigue siendo el eje del sistema económico y recibe la máxima protección en el texto constitucional.
Las instituciones económicas no surgen de la nada porque sí, al contrario, se crean y se garantizan por las naciones para asegurar la viabilidad de las transacciones entre los agentes económicos y la sostenibilidad de la economía. Sin ellas, nada puede ir bien, y el ejemplo más cercano lo tenemos los cubanos en los últimos 60 años, y es más que suficiente. Venezuela, otro tanto. La destrucción sistemática de las instituciones jurídicas que rigen el funcionamiento de la economía arrasa con la esencia básica de la misma.
La vía en sentido contrario, como la emprendida por chinos, vietnamitas o europeos del este, tras superar paréntesis totalitarios estalinistas, ha permitido recuperar las economías, crecer, mejorar la prosperidad de sus habitantes y garantizar un marco estable para la actividad económica.
Si la constitución sale aprobada, el futuro de la economía cubana no va a cambiar mucho con respecto a su situación de los últimos 60 años. Empeorará, porque llueve sobre mojado, y nadie otorga credibilidad o confianza a una economía que desdeña las reglas básicas de funcionamiento del sistema económico mundial.
Aislada y autobloqueada del exterior por la decisión de sus dirigentes, la economía cubana no tendrá futuro, ni será sostenible, alargando en el tiempo los procesos destructivos que la atenazan, y lo que es peor, sin encontrar su rumbo.
La alternativa responsable es reclamar para la economía cubana instituciones compatibles con el modelo de economía libre de mercado y de empresa privada que rige en el resto del mundo. Un sistema que Cuba ya disfrutó, y mostró su extraordinaria utilidad para la nación. Basta con comparar los indicadores de 1959 con los países más avanzados del planeta.
Cualquier intento de frenar este proceso, por otra parte lógico, de adaptación a lo que funciona en todas las economías del mundo, no permitirá a los cubanos vivir mejor y disfrutar plenamente de sus vidas, viendo realizados sus sueños.
[1] Para consultar, Vol. 21 número 2, 2018, del Quaterly Hournal of Austrian Economics, dedicado especialmente a ello.
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Abogado apela al Tribunal Supremo para reclamar su derecho de salir del país
El abogado independiente cubano Julio Ferrer Tamayo presentó una demanda que exige la restitución de su derecho a salir libremente del país, a la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo Popular.
“El 19 de diciembre interpuse una nueva demanda, esta vez ante la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo Popular, dado que los jueces de la instancia provincial han quebrantado, en mi opinión, con total mala fe para conmigo, las garantías del debido proceso e irrespetado las formalidades legales establecidas en la tramitación de la demanda que interpuse el 5 de septiembre de 2022”, dijo el jurista a Radio Televisión Martí.
Ferrer Tamayo había presentado el 5 de septiembre su reclamo ante la Sala de Amparo de Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial de la Habana, solicitándole una resolución sobre su derecho a la libre circulación, restringido por la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior (MININT), entidad a la que además pide una retractación pública.
Aunque logró una respuesta del órgano judicial, todas sus peticiones fueron denegadas.
La reclamación también fue declarada inadmisible por el Tribunal Provincial de La Habana el 21 de noviembre de 2022 que rechazó el derecho del Ferrer Tamayo a contar con un tribunal imparcial e independiente.
El tribunal oficiante se integró por cuatro de los cinco jueces que exige la Ley cubana.
“Tales jueces de la Sala Provincial me colocaron, con toda conciencia de lo que hacen, en un total estado de indefensión, al obstruirme toda posibilidad de que se constituya un tribunal imparcial, como lo prevé la Ley de los Tribunales de Justicia en el artículo 13.1 inciso C que me proporcione una tutela judicial efectiva, protegiendo mis derechos e intereses legítimos mediante el aseguramiento para conmigo, del respeto a las garantías, del acceso a la justicia y el debido proceso, y a disponer las medidas que sean necesarias para restablecer conmigo la legalidad”, señaló el letrado.
El 23 de octubre de 2019, un oficial de Inmigración del Aeropuerto Internacional “José Martí” le notificó a Ferrer Tamayo que no podía salir del país. La decisión fue ratificada, verbalmente, por un oficial del MININT que le informó que está regulado sin detallar los motivos.
Hasta la actualidad, las autoridades cubanas continúan sin dar una respuesta, apegada a la ley, a esta prohibición de salida.
La Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales, aprobada en mayo pasado, se usa para obtener la restitución de derechos reconocidos en la Carta Magna que han sido vulnerados.
De acuerdo a Ferrer Tamayo, los jueces actuantes deben ser objeto de correcciones disciplinarias por incumplir de forma “injustificada y reiteradamente las disposiciones normativas en la tramitación y solución de los asuntos a su cargo”, según dispone la Ley de los Tribunales de Justicia adoptada en 2022.
Rechazo en municipales de Cuba fue casi del 39% y abstención fue mayor en zonas afectadas por Ian
Las provincias cubanas más castigadas por el huracán Ian registraron las mayores tasas de abstención y voto en blanco en las elecciones municipales del 27 de noviembre, según datos oficiales citados por la agencia prensa Efe.
En estos comicios se registró el mayor porcentaje de abstención desde 1959, el 31,44 %, según cifras oficiales. En La Habana la abstención fue del 42,89%, mientras que en Isla de la Juventud fue del 31,63% y en Matanzas, del 31,14%.
Estos tres territorios occidentales, entre los más dañados por Ian, figuran entre los cinco con menor participación. En las municipales previas del 2017 no se encontraban entre las más abstencionistas, recalcó Efe.
Además, tres de las cinco provincias en las que más se incrementó la abstención entre las municipales de 2017 y las de este de noviembre fueron también occidentales: La Habana (+27 puntos porcentuales, la de mayor crecimiento), seguida en tercer y cuarto puesto por sus vecinas Mayabeque (+23,01) y Artemisa (+22,69).
Pinar del Río, el territorio más afectado por Ian, registró el porcentaje más alto de votos en blanco, un 7%. En Mayabeque prácticamente uno de cada 10 votantes anuló el voto.
Para tres expertos consultados por Efe, esta desmovilización es una forma de rechazo, o "voto de castigo".
"No votar en Cuba es un acto de rebeldía muy importante", dice a Efe Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral y autor del libro "Así se vota en Cuba".
En términos similares se expresa Diosnara Ortega, socióloga cubana y directora de la Escuela de Sociología de la chilena Universidad Católica Silva Henríquez, que habla de "una abstención politizada".
"Si bien en el resto del mundo (la abstención) responde a un proceso de despolitización (...) en Cuba es lo contrario porque (los ciudadanos) encuentran en ese recurso una forma de disentir de una estructura de poder, no solo de un Gobierno", comenta a Efe.
Algunos expertos van más allá en esta idea y suman a la abstención los votos nulos y en blanco, a lo que denominan tasa de rechazo. En las municipales de noviembre, esa tasa de rechazo alcanzó el 38,91% en el conjunto del país, lo que supone 17 puntos porcentuales más que en 2017. En comparación, la del Código de las Familias fue del 30,13% (sin contar el "no") y en las municipales de 2017 se situó en el 21,59%.
Efe reporta que aquí vuelven a destacar las provincias occidentales: La Habana (49,75%) en primer lugar y Mayabeque (39,85%) en tercero, seguidas por Isla de la Juventud (39,18%) y Artemisa (38,92%).
La región destaca asimismo en el aumento de la tasa de rechazo con respecto a las municipales de hace cinco años. Encabeza la lista La Habana (+26,07 puntos porcentuales), Cienfuegos (+23,85), Mayabeque (+23,36), Artemisa (+21,07) e Isla de la Juventud (+20,57).
Los expertos creen que las razones para la abstención son multifactoriales, aunque apuntan de forma coincidente al hastío y la frustración de la población tras dos años de grave crisis económica y energética como elemento común.
Los expertos apuntan que la crítica electoral apunta a la totalidad del sistema político en Cuba. Así lo señalan Ortega y Hilda Landrove, investigadora, promotora cultural cubana y candidata a doctora en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Landrove recuerda a Efe que estos porcentajes de desmovilización no se registraron ni siquiera en el llamado periodo especial: "En la Cuba de hace 15-20 años seguía el discurso de la unanimidad (...) No podemos olvidar que cuando hay elecciones, lo que entra en juego es la validación de un sistema".
Alertan que nuevo Código Penal intenta impedir otro estallido social en Cuba (VIDEOS)
El nuevo código penal de Cuba entró en vigor esta semana, y activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos advirtieron el viernes que podría limitar aún más la libertad de expresión y extinguir protestas en una época de creciente descontento en la isla.
El código, una versión modificada de las regulaciones del país de 1987 que fue aprobada por el gobierno cubano en mayo, tendrá repercusiones para los periodistas, los activistas de derechos humanos, manifestantes, usuarios de redes sociales y personajes de la oposición.
Los cambios ocurren en medio de un hondo descontento en Cuba generado por diversas crisis y en un momento en que el gobierno sigue aplicando sentencias duras a las personas que participaron en las históricas protestas de 2021 en la isla, incluidos menores de edad.
Entre algunos de los cambios hay incrementos en las penas mínimas y en las sentencias de cárcel por cosas como “desórdenes públicos”, “resistencia” y “ultraje a los símbolos nacionales”.
El nuevo código también establece categorías penales para ofensas digitales, y señala que las personas que diseminen cualquier información en línea considerada falsa podrían ser condenadas a hasta dos años de cárcel.
Prohíbe también la recepción y el uso de fondos para “sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional”, medida que grupos defensores de los derechos humanos dicen podría ser utilizada contra periodistas independientes y grupos no gubernamentales. Si se es declarado culpable, ello conllevaría de cuatro a 10 años de prisión.
El gobierno ha dicho que el nuevo código es “moderno” e “inclusivo”, y hace notar que contiene penas más duras contra la violencia de género y la discriminación racial. Luego de su aprobación, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, dijo en la televisión estatal que el código no pretende reprimir, sino más bien proteger “la paz social y la estabilidad de nuestra nación”.
Pero grupos defensores de los derechos humanos, muchos de los cuales carecen de autorización para operar en la isla, plantearon el viernes su preocupación por el nuevo código.
“Esto es claramente un intento de proporcionar una ruta jurídica para la represión y la censura, y un intento de las autoridades cubanas de socavar el poco espacio cívico que existe en la isla e impedir la posibilidad de que los cubanos salgan a las calles de nuevo”, señaló Juan Pappier, investigador sénior de derechos humanos para Human Rights Watch en Latinoamérica.
Pappier, junto con un informe de Amnistía Internacional, dijo que el código está “plagado de (lenguaje) excesivamente amplio” que las autoridades cubanas podrían utilizar para castigar con mayor facilidad a la disidencia.
Cuba ha sido objeto de críticas internacionales significativas por el trato que le dio a los manifestantes en las protestas antigubernamentales de julio de 2021.
Un total de 790 participantes en dichas protestas enfrentan juicios por sedición, ataques violentos, desorden público, robo y otros delitos, según las cifras más recientes dadas a conocer en enero por la Fiscalía General de Cuba.
Más de 500 se encuentran cumpliendo sentencias de cárcel, de acuerdo con cifras de la organización opositora Justicia 11J, que aboga por los que están siendo enjuiciados o se encuentran encarcelados con relación a las protestas.
Pareja gay cubana se casa amparada por nuevo código
Con las manos apretadas y temblorosas y sus largos vestidos de gala, Lisset y Liusba subieron en silencio la decena de peldaños de las oficinas de la notaría. Adelante iban sus dos pequeñas hijas.
Casi una hora después, cuando hacían el recorrido inverso, ya no había tensión en sus rostros sino sonrisas. Desde ese momento eran esposas, una posibilidad abierta hace apenas tres semanas en Cuba tras la entrada en vigor de un amplio Código de las Familias que contempla desde los matrimonios igualitarios hasta los vientres subrogados, reporta la agencia Prensa Asociada, AP.
“Es el gran día”, dijo a AP Liusba Grajales, administradora de la Universidad de Las Villas en la provincia de Villa Clara. “Amor y es amor, tal como se da. Sin imposición, sin prejuicios...no se si reír o llorar. Es un encuentro muy grande de emociones”.
Unos metros más allá Lisset Díaz, una bailarina de 34 años, rebosaba de alegría. “Me siento orgullosa”, agregó. “Estoy maravillada”.
La pareja, que lleva más de siete años de relación, fue de las primeras en tomar la decisión de unirse legalmente en Cuba tras la aprobación del Código de las Familias, cuyo texto fue debatido por meses y sometido a un referendo ante una fuerte campaña contraria de grupos evangélicos.
La normativa también sufrió el embate de grupos opositores al gobierno, que incluso llamaron a votar por el “no” como una forma de rechazo político a las autoridades, y hasta de miembros de la propia comunidad LGBTI que se negaban a plebiscitar algo que consideraban un derecho humano como cualquier otro, reporta AP.
El código fue aprobado después de una fuerte campaña por parte del gobierno cubano y el apoyo de Mariela Castro.
Así, Cuba se convirtió en el noveno país de América Latina después de Chile, Costa Rica, Ecuador y Colombia, en legalizar el matrimonio homosexual en los últimos años.
Las elecciones cubanas, en las que no se permite ningún otro partido que no sea el comunista, producen habitualmente márgenes de victoria de más del 90%, al igual que un referendo sobre una importante reforma constitucional en 2019.
A pesar de eso un tercio del país, el 33,15%, votó por el “NO”. En tanto, el 66,85% votó por el “SI” y casi el 6% dejó papeletas en blanco o anuladas.
“Muchas personas de la comunidad estuvieron en contra de votar por el SI porque no creen que un papel haga falta. Yo sí creo que necesitamos el derecho, que nos ampara”, expresó Liusba para quien, sin embargo, a la isla le “falta una década” todavía para que se convierta en una sociedad “más inclusiva”.
Junto a ellas conviven dos niñas: Laura, de 11 años, y Ainhoa, de tres, esta última nacida de una inseminación casera dado que en ese momento no se les ofrecía servicios de reproducción asistida precisamente por no tener parejas masculinas. Las mujeres consideraron también que unirse en matrimonio protegerá a las pequeñas si algo les sucede.
Ainhoa no comprendía bien la ceremonia de casamiento de sus madres pero daba vueltas y brincos por el lugar presentando a Laura. “Ella es mi hermana”, repetía.
“Estoy feliz por lo que significa esta boda”, dijo Laura a AP y pasó un rato secándose las lágrimas junto a las mujeres.
El antiguo Código de Familia de 1975 establecía que el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer, no entre dos personas simplemente.
“Lo destacable es que en medio de las condiciones tan difíciles en que se realizó el referendo, con tanta campaña mediática y en redes para politizar el asunto y conseguir lo que se pensaba iba a ser un fracaso para el gobierno cubano, se logró un 66 % de votos favorables”, dijo a AP el bloguero Francisco “Paquito” Rodríguez.
Para Rodríguez, la cifras del NO en algunas provincias “indican que hay que seguir trabajando en esos lugares y profundizar para poder dirigir las labores educativas”.
Las autoridades no dieron a conocer cuántas parejas gay se casaron en estas tres semanas desde que el Código entró en vigor el 27 de septiembre después de su publicación en la Gaceta Oficial, aunque Rodríguez piensa que podrían ser una docena en base a la información que le llega de la comunidad y las redes sociales.
(Basado en un artículo de AP)
Cubano denuncia expulsión del trabajo por decir que votaría en contra del Código de las Familias
El dependiente Zamay Espinosa Pareta fue expulsado el jueves pasado de su centro laboral, en la Cooperativa de Créditos y Servicios, Planta Mecánica de la ciudad de Camagüey, por haber dicho en alta voz que votaría "no al referendo del Código de las Familias”.
“El ciudadano plantea que él va a votar que no porque no está de acuerdo con el Código de la Familia”, reza una planilla rellenada a mano.
Más adelante, el documento informa que la medida que impuso su representante es la “separación del puesto de trabajo”.
Espinosa expuso en Facebook el acta de su separación del centro laboral acuñada por la Dirección de Inspección Municipal del Consejo de la Administración Municipal de la capital agramontina.
Radio Televisión Martí trató de obtener comentarios del castigado, pero Espinosa prefirió no hacer declaraciones. Las opiniones de los usuarios de la red social, en cambio, no se hicieron esperar:
“Me da la impresión que esto es propaganda para meterles miedo a la gente”, consideró Ibrahim Caballero mientras que Josefa González dijo atónita que “Eso no puede ser verdad. Eso es propaganda subversiva”.
Ana María Barrero recalcó que “Es una violación, según este país es libre de expresión”, y Yumy Figueredo cuestionó: “¿Dónde está la Libertad de expresión? Yo voto NO y mil veces NO”.
"¿Hasta cuándo este país será pisoteado, humillado, condenado por hombres que imponen leyes que lo único que hacen es amedrentar, condenar, destruir y esclavizar a sus hijos?", preguntó Yordanky Olivero Alba.
Alex López, por su parte, comentó "Felicidades por mantener tu criterio propio. No te preocupes, Dios te recompensará con algún trabajo mejor, yo también voto no".
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