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Constitución

La constitución no garantiza un futuro económico de prosperidad para los cubanos

Un campesino trabaja frente a su bohío en el poblado de Jiguaní, en la provincia de Granma.

Una economía sin derechos de propiedad, empresas privadas, mercado como instrumento de asignación de recursos y libertades económicas no puede ir a ningún sitio, de la misma forma que un barco no puede navegar en el océano si no tiene una brújula que le permita orientarse en noches oscuras.

Hay toda una corriente de pensamiento económico, la Escuela Austríaca, que plantea, desde la perspectiva del análisis económico del derecho, que las instituciones que definen las reglas del juego, y de forma particular, los derechos de propiedad, son fundamentales para el orden económico y reducir la incertidumbre inherente al mismo[1].

La constitución que se somete al voto de los cubanos este 24 de febrero mantiene un status quo que no ha servido para que la economía funcione. Al contrario, entierra todas las esperanzas, si es que un día las hubo, de que el régimen comunista de La Habana reflexione sobre la vía emprendida hacia el desastre en que viven todos los cubanos.

Una mujer cocina en la calle en un barrio de La Habana.
Una mujer cocina en la calle en un barrio de La Habana.

Lejos de hacerlo, las medidas y disposiciones contenidas en el Título II profundizan en aspectos nefastos para la economía de un país, como la prohibición de un marco jurídico privado para el desarrollo de la economía, a la vez que dejan atrás las tímidas reformas emprendidas por el “raulismo” a partir de 2006.

Dicho de otro modo, bajo la constitución que se vota hoy en Cuba nunca habrá economía de derechos de propiedad privada, ni mercado libre para la asignación de los recursos, ni libre empresa privada en cualquier sector o actividad, ni libertad para construir planes de ahorro o de pensiones privados, ni libertad de elección para asistir a la educación privada o recibir asistencia sanitaria privada, entre otros.

El marco de la actividad privada continúa sometido al absoluto predominio del estado castrista, la planificación central de la economía y consignas como orden, control y disciplina como referencia cuartelaria de las autoridades para dirigir las transacciones económicas. Nada nuevo. Un desierto aislado del resto del mundo en el que ningún país, salvo la caduca Corea del Norte, cree actualmente, basado en el modelo económico que se vino abajo con el muro de Berlín hace más de tres décadas.

El régimen castrista se enroca en sus posiciones históricas para defender como eje central del modelo, una entelequia denominada “propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios de producción” gestionada por el estado omnipresente. Nada es de nadie y todos los activos productivos y económicos de la nación pasan al control estatal.

La definición de las formas de propiedad es tan mediocre y anacrónica que difícilmente se puede aceptar con el rigor necesario. Los recursos económicos se detraen de manera directa de la productividad de los trabajadores (que perciben los salarios más bajos del mundo) y de los beneficios empresariales, por un estado que representa más del 80% del PIB generado en la economía, y que año tras año mantiene un déficit estructural, incapaz de cerrar la brecha de gastos e ingresos, financiado con bonos soberanos de un Banco central sin autonomía. Un modelo ingobernable, improductivo, ineficiente que no ofrece garantía alguna ni credibilidad internacional.

Por otra parte, se abren pequeños espacios para el ejercicio de un número reducido, y controlado, de actividades por cuenta propia, a las que se prohíbe expresamente crecer y aumentar la riqueza, que es la lógica de la economía de mercado. Por el contrario, los extranjeros sí que podrán ejercer sus derechos económicos en Cuba, algo que se niega a los nacionales. Pero incluso en este caso, el marco para las operaciones es tan rígido e intervencionista que difícil será que la inversión internacional se pueda sentir atraída por el ordenamiento económico de Cuba.

Una mujer camina frente a Clandestina, una tienda privada en La Habana.
Una mujer camina frente a Clandestina, una tienda privada en La Habana.

La empresa estatal sigue siendo el eje del sistema económico y recibe la máxima protección en el texto constitucional.

Las instituciones económicas no surgen de la nada porque sí, al contrario, se crean y se garantizan por las naciones para asegurar la viabilidad de las transacciones entre los agentes económicos y la sostenibilidad de la economía. Sin ellas, nada puede ir bien, y el ejemplo más cercano lo tenemos los cubanos en los últimos 60 años, y es más que suficiente. Venezuela, otro tanto. La destrucción sistemática de las instituciones jurídicas que rigen el funcionamiento de la economía arrasa con la esencia básica de la misma.

La vía en sentido contrario, como la emprendida por chinos, vietnamitas o europeos del este, tras superar paréntesis totalitarios estalinistas, ha permitido recuperar las economías, crecer, mejorar la prosperidad de sus habitantes y garantizar un marco estable para la actividad económica.

Si la constitución sale aprobada, el futuro de la economía cubana no va a cambiar mucho con respecto a su situación de los últimos 60 años. Empeorará, porque llueve sobre mojado, y nadie otorga credibilidad o confianza a una economía que desdeña las reglas básicas de funcionamiento del sistema económico mundial.

Aislada y autobloqueada del exterior por la decisión de sus dirigentes, la economía cubana no tendrá futuro, ni será sostenible, alargando en el tiempo los procesos destructivos que la atenazan, y lo que es peor, sin encontrar su rumbo.

La alternativa responsable es reclamar para la economía cubana instituciones compatibles con el modelo de economía libre de mercado y de empresa privada que rige en el resto del mundo. Un sistema que Cuba ya disfrutó, y mostró su extraordinaria utilidad para la nación. Basta con comparar los indicadores de 1959 con los países más avanzados del planeta.

Cualquier intento de frenar este proceso, por otra parte lógico, de adaptación a lo que funciona en todas las economías del mundo, no permitirá a los cubanos vivir mejor y disfrutar plenamente de sus vidas, viendo realizados sus sueños.

[1] Para consultar, Vol. 21 número 2, 2018, del Quaterly Hournal of Austrian Economics, dedicado especialmente a ello.

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En ciernes otro Código de Familia ¿habrá chance para el matrimonio gay en Cuba?

José Agustín Hernández, aka "Adela", miembro de la comunidad LGBT en Caibarién, Villa Clara.

Cuba anunció recientemente que ya trabaja en la redacción de un nuevo Código de Familia que deberá concluirse en un plazo de dos años y será sometido a consulta popular y referendo. El documento final debe especificar quiénes pueden contraer matrimonio, un tema que aviva el debate nacional sobre el matrimonio igualitario.

La legalización de las uniones de personas del mismo sexo estaba contemplada inicialmente en el artículo 68 del proyecto de Reforma Constitucional, donde se redefinía como la "unión voluntariamente concertada entre dos personas con aptitud legal para ello”.

El intento por incluir este nuevo concepto fue una de las propuestas más polémicas entre los cambios a la Carta Magna de 1976 y generó encarnizados debates y manifestaciones a favor y en contra.

Cuando para frustración de muchos y tranquilidad de otros fue sacado del mapa legislativo por decisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), adelantó que sería un asunto del Nuevo Código de Familia.

Entonces la hija del general Raúl Castro hizo un llamado a los activistas por los derechos LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales ) a cerrar filas “para lograr un Código de Familia tan avanzado como el nuevo texto constitucional”.

La nueva Constitución de Cuba aprobada el 24 de febrero de 2019, establece que toda persona tiene derecho a fundar una familia y también reconoce a las uniones afectivas, ya sea por vínculos jurídicos o de hecho. Además menciona al matrimonio como una forma más de organización de las familias.

Pero el Código de Familia vigente limita el reconocimiento del matrimonio a las personas heterosexuales, pues lo define como “la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con actitud legal para ello a fin de hacer vida en común”.

El texto, que sí hace marcada distinción de género, autoriza a formalizar matrimonio entre “la hembra y el varón mayores de 18 años de edad”. Pero excepcionalmente permite casamientos entre menores de 18 años “siempre que la hembra tenga, por lo menos, 14 años cumplidos y el varón 16 años, también cumplidos”.

Cuando cita obstáculos a la formalización de un matrimonio, el código actual no hace referencia a las uniones de homosexuales, sólo especifica que no podrán contraer matrimonio “los que carecieren de capacidad mental para otorgar su consentimiento; los unidos en matrimonio formalizado o judicialmente reconocido; las hembras menores de 14 años y los varones menores de 16 años; los parientes en línea directa, ascendente y descendente; y los hermanos de uno o doble vínculo; el adoptante y el adoptado; el tutor y el tutelado; los que hubiesen sido condenados como autores, o como autor y cómplice de la muerte del cónyuge de cualquiera de ellos”.


El pedido de la comunidad LGBTI de que se formalice el matrimonio gay no es un mero reclamo de igualdad social sino que encierra numerosos aspectos de orden práctico, como es el reconocimiento de los bienes en común, salarios, jubilaciones, pensiones, y en el caso de las separaciones y los fallecimientos, el derecho a los bienes.

Sobre estos beneficios Juana Mora Cedeño, presidenta de la organización defensora de la comunidad LGBTI Arcoiris Libre de Cuba, amplía:

“Hay varios derechos en juego, el derecho al patrimonio, a que la gente se ame y haga la unión que quiera, el derecho a la pensión si la pareja muere, a recibir los bienes que la pareja tuvo en común. Como no hay matrimonio, no hay un derecho que la ampara, uno se muere y la pareja se queda sin nada. También está el derecho a tener familia reconocida y a la reproducción asistida, que muchas lesbianas y transgéneros están solicitando para tener hijos".

Otro Código de Familia, otra oportunidad

Que este texto sea sometido a referendo es una buena idea porque el voto popular le daría legitimidad “siempre que los cubanos sean honestos”, opinó el abogado Alberto Méndez Castelló en el programa Hoy en Cuba de Radio Martí.

“Es momento de que los cubanos se desprendan de los antifaces y digan las cosas que tienen que decir”, apuntó el jurista, quien ve en la redacción del nuevo texto otro momento para fomentar la discusión sobre la legalización del matrimonio gay.

También el periodista Francisco Rodríguez Cruz, autor del blog Paquito el de Cuba y una de las voces más sobresalientes del activismo LGBTI en la isla, cree que las discusiones del nuevo Código de Familia traerán una oportunidad inmediata para “mantener el tema de los derechos de las personas LGBTI en el centro del debate ciudadano”.

Y sobre la coyuntura de impulsar de una vez la causa del matrimonio gay el bloguero anticipó: “No va a ser fácil, por supuesto. Las mismas fuerzas retrógradas que nos atacaron en esta ocasión lo harán otra vez, quizás incluso con más fuerza y organización”.

La líder de Arcoiris Libre no tiene confianza en que el matrimonio igualitario pueda darse en Cuba.

“En este minuto nosotros sabemos que llevar a referendo eso... es muy difícil que la gente diga que sí. Y yo pienso, como pensamos todos, que los derechos no se llevan a referendo, ni se llevan a consulta popular, porque eso es perder el tiempo”, declaró Mora Cedeño, quien reconoce que en la isla ha habido un gran avance en cuanto al activismo, sobre todo porque desde Internet se ha logrado educar a más personas sobre los derechos de los LGBTI.

Ivette Pacheco entrevista a Juana Mora Cedeño
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“Cuba es un país machista, la sociedad cubana es machista, por ende el gobierno es machista, es heterosexista y tenemos también como enemigo o contrarios a los fundamentalistas religiosos, que son bastante fuertes en Cuba. Han salido e inmediatamente sacaron el artículo 68 del proyecto de Constitución”.

Sobre la posibilidad de que el matrimonio igualitario quede contemplado en el Nuevo Código de Familia, Mora Cedeño fue tajante: “Pensamos que la respuesta va a ser no”.

​La Alianza Afro-Cubana es un grupo independiente que aboga por los derechos de las personas afrodescendientes y de la comunidad LGBTIQ+, su director, Raúl Soublett, coincide con el resto de los activistas al apuntar a los religiosos como el mayor impedimento.

Ivette Pacheco entrevista a Raúl Soublett
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"Tenemos de obstáculo a la Iglesia. Todo lo que está generando la Iglesia en contra de ese derecho. Estoy hablando de la Iglesia Protestante, la evangélica, metodista. Ya no lo están haciendo con esa fuerza como al inicio en el debate, pero sé que, dentro de sus iglesias, en sus cultos, siguen tocando el tema, y cuando empiece la consulta van a seguir tocando el tema. De hecho, deben estar preparándose ...", señaló.


Ganar tiempo

Para Joe Cardona, que mantine el pulso de la comunidad LGBTI en Cuba desde su programa Arcoiris en Radio Martí, el anuncio de un nuevo Código de Familia es un simple juego con el que La Habana en realidad busca ganar terreno y favores políticos con el tema gay.

“Están tratando de ganar tiempo, que es lo que se ve mucho con el régimen de Cuba, postergar el (artículo) 68 es ganar dos años más de tiempo y mantener a la comunidad internacional con la visión de que Cuba está dando pasos progresistas hacia el futuro y abriendo la sociedad cubana”, comentó Cardona en el Noticiero de Televisión Martí.

El periodista recordó la desigual batalla que libró la comunidad LGBTI de Cuba para tratar de impulsar en el proyecto constitucional el tema del matrimonio igualitario.

“En realidad, durante la campaña se permitió hacer propaganda a los grupos religiosos y no a la comunidad LGBTI”, apuntó Cardona.

“El gay cubano no deja de ser un ciudadano cubano, por eso no hablemos de los derechos de una comunidad sino de los derechos del pueblo cubano”, recordó el conductor de Arcoiris.

Yosmany Mayeta. Tomado de Twitter.
Yosmany Mayeta. Tomado de Twitter.

El periodista independiente Yosmany Mayeta también cree que aún cuando el matrimonio igualitario logre aparecer en el texto del nuevo Código de Familia, la gente reaccionará igual que con el texto de la reforma constitucional: “La respuesta va a ser la misma, no aceptar, y si llega a un referendo, van a votar para que gane el No y para que el Código de Familia tenga que ser desechado”.

Este joven santiaguero recuerda que la homofobia en Cuba está entronizada desde hace años desde las estructuras del Estado, que ha excluido, discriminado, perseguido y castigado a los homosexuales.

“El obstáculo principal de la comunidad LGBTI lo representa el machismo y la homofobia comunista que ha instaurado el gobierno de los Castro", concluyó.

[Redactado por Isabel Espronceda a partir de entrevistas realizadas por Ivette Pacheco, Tomás Cardoso, Karen Caballero y Alfredo Jacomino de Radio y Televisión Martí]

ETECSA viola la Constitución y sus propios contratos cuando sigue órdenes de la policía política

Un cubano se conecta a internet desde su celular en un punto WIFI de La Habana.

Abogados cubanos denunciaron este jueves las violaciones de contrato y constitucionales en las que incurre ETECSA cuando interrumpe el servicio de sus clientes por órdenes de la policía política.

"Como acostumbran a hacer, cortaron mi teléfono y el de mi esposa, y cuando fui a quejarme a ETECSA, la persona presente en la oficina puso mi número en la computadora y el teléfono milagrosamente resucitó", dijo a Radio Martí el abogado Alberto Méndez Castelló, desde Puerto Padre, en Las Tunas.

Denuncian violaciones de ETECSA cuando censura a clientes
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Méndez Castelló explicó que el artículo 57 de la Constitución vigente protege las comunicaciones, e igualmente lo hace la nueva Carta Magna en su artículo 50. "Es un derecho constitucional", afirmó.

El abogado añadió que el artículo 289 del Código Penal cubano, sanciona a este proceder de los funcionarios de la policía política.

Código Penal de Cuba

Artículo 289. 1. El que, sin estar autorizado, abra carta, telegrama,
despacho o cualquier correspondencia perteneciente a otro, es sancionado con privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas.

2. En igual sanción incurre el que, sin estar autorizado, viola el secreto de las comunicaciones telefónicas.

3. Si el delito se comete por un funcionario o empleado público, con abuso de su cargo, la sanción es de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas.

Desde Guantánamo, el también abogado Roberto Jesús Quiñones Haces informó que entre las violaciones de ETECSA se incluyen el corte del servicio y el acceso a sus correos electrónicos privados, lo que vulnera la ley y el contrato de servicio firmando con los clientes.

"Las violaciones son numerosas. Hay un contrato de servicio donde ETECSA se compromete a garantizar la calidad del servicio a los clientes", señaló el letrado.

"Ningún estado tiene el derecho de penetrar, de conocer -si no es por una orden judicial, y debidamente fundamentada- las comunicaciones, porque forman parte de la vida privada de las personas", subrayó.

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A declara en su portal de internet que su misión es "brindar servicios de telecomunicaciones que satisfagan las necesidades de los clientes y la población".

En enero de este año, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, pidió la intervención del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Privacidad, Joseph Cannataci, a propósito de “las acciones ilegales que violan el derecho a la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones” en Cuba.

(Con reporte de Tomás Cardoso para Radio Martí)

Referendo: los cubanos se enfrascaron en un debate político

Después del referendo constitucional del 24F. (Foto: Osmel Betancourt)

El ensayista cubano Carlos Manuel Álvarez comentó en el diario The New York Times que el régimen castrista, tras convocar el referendo constitucional, no pudo prever que los cubanos iban a enfrascarse en un debate político que terminó en casi dos millones y medio de votos negativos.

De acuerdo con Álvarez, la doctrina de la burbuja totalitaria siempre ha mantenido a los cubanos en un letargo y una apatía que esta vez se rompieron.

A diferencia de los que volvieron a decir que SI, los protagonistas del NO son un grupo muy heterogéneo, beligerante y diverso, visiblemente rico en contradicciones, escribe el autor.

Y añade que muchos llegaron a esa conclusión por vías muy diferentes, en un ensayo del escenario democrático que Cuba debería permitirse.

La nueva constitución vulnera los derechos civiles y políticos de los cubanos

Una miembro de las Damas de Blanco es arrestada en una calle de La Habana por manifestarse pacíficamente. (Archivo)

El artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -en adelante PDCP- establece que todos los pueblos tienen derecho de libre determinación.

Aunque el artículo 3 de la nueva Constitución cubana afirma que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, el artículo 4 establece que el sistema socialista es irrevocable, una imposición extendida a las futuras generaciones de cubanos. En tales condiciones no puede hablarse de libre determinación ni de soberanía.

El artículo 2 del PDCP afirma que los derechos reconocidos en él deben ser garantizados a todos los ciudadanos sin discriminación alguna, pero la carta magna, en su artículo 42, no incluye la discriminación política como lesiva a la dignidad humana, por tanto, el principio de igualdad es vulnerado, pues los cubanos que no respaldan la ideología impuesta ni el sistema de partido único son discriminados y no pueden establecer un recurso jurídico efectivo contra eso.

El artículo 7 del PDCP establece que ninguna persona será sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Tiene su semejante en el artículo 51 de la Constitución, pero a escasos días del referendo continúa violándose, algo demostrado con la represión, detenciones arbitrarias y malos tratos sufridos por los opositores pacíficos y periodistas independientes.

En cuanto a la libertad y seguridad de cada persona, regulados en el artículo 7 del PDCP, aparece en el 46 de la Constitución, pero también se viola cotidianamente, pues aquí se detiene y sanciona arbitrariamente a quienes disienten públicamente de la ideología comunista. Igualmente se viola el artículo 10 del PDCP, pues los procesados no están separados de los condenados.

El artículo 12 del PDCP reconoce la libertad de movimiento de los ciudadanos en el interior y hacia el exterior del país. La Constitución lo regula en el artículo 52, pero ese derecho se viola sistemáticamente, pues los disidentes son limitados en su ejercicio, acción ejecutada por el castrismo sin apoyo legal en su ordenamiento jurídico, mientras muchos cubanos no pueden entrar al país por razones ideológicas.

El principio de igualdad ante la administración de justicia -artículo 14 del PDCP- está relacionado con los artículos 42, 46, 92 y 94 (a) de la Constitución. Es vulnerado por las razones expuestas anteriormente. Añado que en Cuba los tribunales no son independientes ni imparciales, tampoco están sometidos al control del pueblo ni son elegidos por él.

El artículo 17 del PDCP establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Se relaciona con los artículos 46, 48,49 y 50 de la Constitución, pero la policía política cubanas lo viola, pues efectúa registros domiciliarios ilegales, ocupa bienes que contienen información personal sin amparo legal y no entrega acta de su ocupación. En el caso de los opositores y periodistas independientes, no son devueltos, sin que conste un pronunciamiento judicial que ampare la ocupación, amén de que esas personas son objeto de calumnias en los medios oficiales.

El artículo 18 del PDCP, acerca de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, tiene semejanzas con el 15 y el 54 de la Constitución, pero su ejercicio está limitado en Cuba porque no se permite que los padres escojan la educación de sus hijos, un derecho humano violado sistemáticamente. pues el Estado controla absolutamente el sistema educacional para ejercer su influencia ideológica sobre los niños, adolescentes y jóvenes. Tampoco se permite a ninguna religión poseer medios de comunicación, ni mecanismos que faciliten su interrelación con el pueblo.

El artículo 19 del PDCP afirma que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Carece de equivalente en la Constitución cubana si tenemos en cuenta que incluye el derecho a la libertad de expresión y el de poder buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, por cualquier forma. Se viola constantemente en Cuba, donde la represión que sufren por esta causa muchos cubanos está harto demostrada.

El derecho de reunión pacífica -artículo 21 del PDCP- tiene semejanza con el artículo 56 de la Constitución, pero en este se establece que debe ejercitarse con fines lícitos, sin que se precisen cuáles son estos. Si tenemos en cuenta que el artículo 4 de la carta magna incita a la violencia contra quienes defienden un proyecto político diferente al impuesto por los comunistas, es obvio que este artículo sólo beneficia a las organizaciones sociales y de masas reconocidas por el Estado-Partido, y que se les subordinan, nunca a la verdadera sociedad civil. El mismo razonamiento puede aplicarse con respecto a los derechos de asociación pacífica -artículo 22 del PDCP- y manifestación, relacionados con el 56 de la Constitución.

Y si el artículo 23 del PDCP proclama que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y el Estado y tiene derecho a su protección, en la nueva Constitución se pretende descolocar el papel que la familia ha tenido y tiene dentro de la cultura cubana. Puede afirmarse que ha sido precisamente la familia la institución más atacada y que más intromisiones estatales ha recibido en estos sesenta años de dictadura. La consecuencia inobjetable de esos ataques es la crisis de valores y eclosión de vulgaridad presentes en Cuba, algo que no ha podido contrarrestar el Estado a pesar del monopolio que ejerce sobre la educación y los medios.

Por último, el artículo 25 del PDCP, referido al derecho de los ciudadanos a participar en la dirección del país, tiene presencia formal en el mencionado artículo 3 de la Constitución, porque los únicos cubanos que pueden ejercitarlo son los que apoyan al régimen. Los demás quedan excluidos, pues los cargos públicos están controlados por el Partido Comunista.

Por vivir en un sistema totalitario, los cubanos no participamos en elecciones auténticas, de ahí que este derecho civil y político no se ejercita en Cuba, en igualdad de condiciones, por todos los ciudadanos.

Pompeo: “Nadie debe dejarse engañar” por el voto de la Constitución en Cuba

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo. (Archivo)

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, rechazó el martes el referendo en Cuba sobre una nueva constitución que reafirma el papel central del socialismo, calificándolo de "teatro político" administrado por etapas en lugar de un voto democrático.

"Nadie debe dejarse engañar por este ejercicio, que logra poco más que perpetuar el pretexto de la dictadura de partido único del régimen", dijo Pompeo en un comunicado.

"Todo el proceso ha estado marcado por un teatro político cuidadosamente administrado y la represión del debate público", subrayó.

Pompeo añadió que la nueva constitución reafirma "el papel del Partido Comunista como el único partido político legal y decreta al sistema socialista "irrevocable", bloqueando la posibilidad de una reforma económica desesperadamente necesaria".

El documento, dijo el canciller estadounidense, "tampoco garantiza al pueblo cubano sus libertades fundamentales".

Pompeo denunció a Cuba por la detención de manifestantes antes de la votación.

"Mientras que el régimen cubano proclama que la votación del domingo fue democrática, las fuerzas del orden hostigaron y detuvieron a docenas de observadores y manifestantes pacíficos, confiscándoles sus teléfonos y otros dispositivos", dijo.

"Condenamos enérgicamente estos intentos de silenciar las protestas pacíficas, que muestran que los líderes de Cuba temen al pueblo cubano", agregó Pompeo.

Según cifras oficiales, más del 86 por ciento de los votantes en el referendo del domingo aprobaron una reforma constitucional que consolida el papel del socialismo en la isla. El régimen dijo que el 9% votó por el NO.

El referendo se produce en momentos en que Estados Unidos aumenta la presión sobre el régimen comunista, con Pompeo estudiando si se debe permitir a los exiliados cubanos demandar en los tribunales de Estados Unidos por las propiedades confiscadas.

A continuación, el texto completo de la declaración del secretario Pompeo:

El llamado referéndum en Cuba

El 24 de febrero, el régimen comunista de Cuba realizó lo que llamó un "referéndum nacional" sobre las revisiones a la Constitución. Nadie debe dejarse engañar por esta maniobra, que no logra más que perpetuar el pretexto para un régimen de dictadura de partido único. Todo el proceso se ha caracterizado por un teatro político cuidadosamente orquestado y la represión del debate público.

La nueva Constitución reafirma el papel del Partido Comunista como el único partido político legal y decreta que el sistema socialista es "irrevocable", bloqueando así la posibilidad de las tan desesperadamente necesarias reformas económicas . Este documento tampoco garantiza las libertades fundamentales de los cubanos.

Mientras que el régimen cubano proclama que la votación del domingo fue democrática, las fuerzas del orden hostigaron y detuvieron a docenas de observadores y manifestantes pacíficos, confiscándoles sus teléfonos y otros dispositivos. A comienzos de este mes, más de 120 activistas habían iniciado una huelga de hambre para enviarle un mensaje al régimen de que los cubanos rechazan estas tácticas opresoras. Condenamos enérgicamente estos intentos de silenciar protestas pacíficas, lo cual demuestra que los líderes cubanos le temen a su propio pueblo.

Los Estados Unidos continúan apoyando a los cubanos que han sufrido durante 60 años el fracasado sistema político y mal manejo económico de la Revolución. Estamos convencidos de que la historia está del lado del valiente pueblo cubano, y que este hemisferio es una región donde debe imperar por sobre todo la democracia, la libertad y la dignidad del ser humano. Instamos a las democracias del mundo a que se unan al pueblo cubano y su llamado pacífico a realizar reformas democráticas.

(Con información de AFP y del Departamento de Estado)

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