Enlaces de accesibilidad

Constitución

La constitución no garantiza un futuro económico de prosperidad para los cubanos

Un campesino trabaja frente a su bohío en el poblado de Jiguaní, en la provincia de Granma.

Una economía sin derechos de propiedad, empresas privadas, mercado como instrumento de asignación de recursos y libertades económicas no puede ir a ningún sitio, de la misma forma que un barco no puede navegar en el océano si no tiene una brújula que le permita orientarse en noches oscuras.

Hay toda una corriente de pensamiento económico, la Escuela Austríaca, que plantea, desde la perspectiva del análisis económico del derecho, que las instituciones que definen las reglas del juego, y de forma particular, los derechos de propiedad, son fundamentales para el orden económico y reducir la incertidumbre inherente al mismo[1].

La constitución que se somete al voto de los cubanos este 24 de febrero mantiene un status quo que no ha servido para que la economía funcione. Al contrario, entierra todas las esperanzas, si es que un día las hubo, de que el régimen comunista de La Habana reflexione sobre la vía emprendida hacia el desastre en que viven todos los cubanos.

Una mujer cocina en la calle en un barrio de La Habana.
Una mujer cocina en la calle en un barrio de La Habana.

Lejos de hacerlo, las medidas y disposiciones contenidas en el Título II profundizan en aspectos nefastos para la economía de un país, como la prohibición de un marco jurídico privado para el desarrollo de la economía, a la vez que dejan atrás las tímidas reformas emprendidas por el “raulismo” a partir de 2006.

Dicho de otro modo, bajo la constitución que se vota hoy en Cuba nunca habrá economía de derechos de propiedad privada, ni mercado libre para la asignación de los recursos, ni libre empresa privada en cualquier sector o actividad, ni libertad para construir planes de ahorro o de pensiones privados, ni libertad de elección para asistir a la educación privada o recibir asistencia sanitaria privada, entre otros.

El marco de la actividad privada continúa sometido al absoluto predominio del estado castrista, la planificación central de la economía y consignas como orden, control y disciplina como referencia cuartelaria de las autoridades para dirigir las transacciones económicas. Nada nuevo. Un desierto aislado del resto del mundo en el que ningún país, salvo la caduca Corea del Norte, cree actualmente, basado en el modelo económico que se vino abajo con el muro de Berlín hace más de tres décadas.

El régimen castrista se enroca en sus posiciones históricas para defender como eje central del modelo, una entelequia denominada “propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios de producción” gestionada por el estado omnipresente. Nada es de nadie y todos los activos productivos y económicos de la nación pasan al control estatal.

La definición de las formas de propiedad es tan mediocre y anacrónica que difícilmente se puede aceptar con el rigor necesario. Los recursos económicos se detraen de manera directa de la productividad de los trabajadores (que perciben los salarios más bajos del mundo) y de los beneficios empresariales, por un estado que representa más del 80% del PIB generado en la economía, y que año tras año mantiene un déficit estructural, incapaz de cerrar la brecha de gastos e ingresos, financiado con bonos soberanos de un Banco central sin autonomía. Un modelo ingobernable, improductivo, ineficiente que no ofrece garantía alguna ni credibilidad internacional.

Por otra parte, se abren pequeños espacios para el ejercicio de un número reducido, y controlado, de actividades por cuenta propia, a las que se prohíbe expresamente crecer y aumentar la riqueza, que es la lógica de la economía de mercado. Por el contrario, los extranjeros sí que podrán ejercer sus derechos económicos en Cuba, algo que se niega a los nacionales. Pero incluso en este caso, el marco para las operaciones es tan rígido e intervencionista que difícil será que la inversión internacional se pueda sentir atraída por el ordenamiento económico de Cuba.

Una mujer camina frente a Clandestina, una tienda privada en La Habana.
Una mujer camina frente a Clandestina, una tienda privada en La Habana.

La empresa estatal sigue siendo el eje del sistema económico y recibe la máxima protección en el texto constitucional.

Las instituciones económicas no surgen de la nada porque sí, al contrario, se crean y se garantizan por las naciones para asegurar la viabilidad de las transacciones entre los agentes económicos y la sostenibilidad de la economía. Sin ellas, nada puede ir bien, y el ejemplo más cercano lo tenemos los cubanos en los últimos 60 años, y es más que suficiente. Venezuela, otro tanto. La destrucción sistemática de las instituciones jurídicas que rigen el funcionamiento de la economía arrasa con la esencia básica de la misma.

La vía en sentido contrario, como la emprendida por chinos, vietnamitas o europeos del este, tras superar paréntesis totalitarios estalinistas, ha permitido recuperar las economías, crecer, mejorar la prosperidad de sus habitantes y garantizar un marco estable para la actividad económica.

Si la constitución sale aprobada, el futuro de la economía cubana no va a cambiar mucho con respecto a su situación de los últimos 60 años. Empeorará, porque llueve sobre mojado, y nadie otorga credibilidad o confianza a una economía que desdeña las reglas básicas de funcionamiento del sistema económico mundial.

Aislada y autobloqueada del exterior por la decisión de sus dirigentes, la economía cubana no tendrá futuro, ni será sostenible, alargando en el tiempo los procesos destructivos que la atenazan, y lo que es peor, sin encontrar su rumbo.

La alternativa responsable es reclamar para la economía cubana instituciones compatibles con el modelo de economía libre de mercado y de empresa privada que rige en el resto del mundo. Un sistema que Cuba ya disfrutó, y mostró su extraordinaria utilidad para la nación. Basta con comparar los indicadores de 1959 con los países más avanzados del planeta.

Cualquier intento de frenar este proceso, por otra parte lógico, de adaptación a lo que funciona en todas las economías del mundo, no permitirá a los cubanos vivir mejor y disfrutar plenamente de sus vidas, viendo realizados sus sueños.

[1] Para consultar, Vol. 21 número 2, 2018, del Quaterly Hournal of Austrian Economics, dedicado especialmente a ello.

Vea todas las noticias de hoy

ABC alerta que el régimen posterga una ley clave y deja a los cubanos aún más indefensos ante el Estado

Una patrulla de policía vigila las calles de La Habana en medio de nuevas medidas restrictivas por el repute de casos de coronavirus.

La Ley de Reclamación de los Derechos Constitucionales ante los Tribunales, que debió ser aprobada el pasado mes de octubre, fue ignorada por la agenda legislativa de la Asamblea Nacional, señala este lunes el diario español ABC.

"La no aprobación de esta ley perpetúa así la impunidad de los abusos y represión del régimen contra las voces disidentes de la isla, ya que le permite seguir enjuiciando opositores y críticos sin respetar los derechos constitucionales como el de libre circulación, el de libertad de expresión, de manifestación o de reunión", indica el periódico.

La publicación cita a Yaxys Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), para quien el retraso en la aprobación de leyes que tienen que ver con derechos que afectan a los cubanos refleja, "la falta de compromiso del PCC con las libertades y con la propia Constitución que daba un plazo exacto para aprobar las leyes complementarias".

"El régimen es consciente de que si aprueba esa ley, los tribunales se llenarán de demandas contra funcionarios e instituciones del Estado", asegura Cires.

El cronograma legislativo presentado en diciembre de 2019 tenía previsto aprobar varias leyes este año para implementar la nueva Constitución que entró en vigor en abril de 2019.

"Cuando restan apenas cinco días para concluir 2020 es un hecho el incumplimiento del calendario: de las 14 normas previstas, tan solo se han aprobado seis, que afectan al Gobierno; el resto, que tienen relación con los derechos sociales de los cubanos, han sido pospuestas para el próximo año", alerta ABC.

Tampoco fue promulgado por el Consejo de Estado, el Decreto-Ley Sobre Derechos de Manifestación y Reunión en el mes de septiembre de 2020.

La justificación del régimen, en la voz del ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, en el programa Hacemos Cuba en la televisión cubana fue la pandemia del COVID-19.

"El problema es que, aunque la Constitución de 2019 recoge varios derechos, su ejercicio está condicionado al desarrollo de leyes complementarias. Es una práctica antigua del régimen para no implementar el ejercicio de determinadas cuestiones que le son incómodas y mantener a la sociedad en el vacío legal", explica Cires.

Diputados provinciales y nacionales son intocables con nueva Ley de Revocación de los Elegidos

Tres mujeres leen lista de candidatos a la Asamblea Nacional. Foto Archivo

La Asamblea Nacional de Cuba aprobó este miércoles, por unanimidad, la Ley de Revocación de los Elegidos a los órganos del Poder Popular, en la que excluye a la ciudadanía de la facultad de invalidar a los designados en escaños provinciales y nacionales.

“Nosotros habíamos solicitado que el pueblo tuviera participación política activa dentro de la toma de decisiones en el gobierno”, afirmó desde Holguín, Roberto Miguel Santana, coordinador nacional de la plataforma de Observadores de Derechos Electorales, ODE, que había recomendado, varios días antes, cambios al proyecto de ley.

please wait

No media source currently available

0:00 0:01:46 0:00

Los observadores electorales independientes pidieron modificaciones al artículo 9, de la que ya es Ley, que se refiere a los sujetos comisionados para llevar a cabo el inicio del procedimiento de revocación del mandato.

“Según la ley, los electores solamente están autorizados para impulsar la revocatoria a la figura del delegado a la Asamblea Municipal. Habíamos instado a que los electores pudieran promover la revocación de, al menos, todos los cargos, por ejemplo los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular”, recalcó el activista.

Para el artículo 10, que estipula que solamente los electores pueden votar a favor o en contra de la revocación de los delegados de su circunscripción, el ODE planteó, infructuosamente, “que los electores deben decidir por la revocación de todos los puestos”, inclusive, los de representantes a la Asamblea Nacional.

“Ambos apartados excluyen a los ciudadanos de determinar, directa y democráticamente, sobre si creen que los diputados merecen seguir o no en sus cargos”, denunció Santana.

Asimismo, el ODE argumentó, en su desestimada carta al Parlamento cubano, añadir al texto que en los procesos de revocación fuera “permitida la observación independiente, para garantizar la transparencia y legalidad de dichos procesos".

Además de la ya mencionada, los diputados ratificaron, este 28 de octubre, la Ley de Servicio Exterior, la de Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros; y del presidente y vicepresidente de la República. Según dice la prensa oficial, “se evaluaron las propuestas del pueblo".

Transparencia Electoral desacredita designación del premier cubano

El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz abraza al presidente Miguel Díaz-Canel durante la asesión de clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular en La Habana el sábado, 21 de diciembre del 2019. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba nombró este sábado a Manuel Marrero Cruz como primer ministro, en un proceso que ha sido desacreditado por el observatorio Transparencia Electoral, que monitorea y asesora elecciones en toda América Latina.

Leandro Querido, el director de esta ONG con sede en Buenos Aires, Argentina, dijo a RadioTelevisión Martí que en el contexto cubano el nombramiento del primer ministro, un cargo que estaba ausente desde hace más de 40 años, no es más que una "designación”.

Transparencia Electoral califica de ilegítima designación de Manuel Marrero
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:55 0:00

“En los sistemas electorales de los sistemas políticos cerrados en donde no hay competencia, no hay elecciones transparentes, no hay productos legítimos, hay designaciones”.

Al proponerlo al resto de los diputados, el gobernante Miguel Díaz-Canel resaltó “la fidelidad” de Marrero “al Partido y a la Revolución”.

Para el politólogo, el proceso electivo en Cuba, al igual que el de la reforma de la Constitución y la reciente designación del premier, así lo confirman.

“Cuando vemos que todos los diputados por unanimidad eligen o designan a un funcionario, esto habla de un sistema político que no refleja ningún tipo de diversidad, de pluralidad, entonces tenemos un sistema cerrado y autoritario”.

“Desde Transparencia Electoral, indicó el analista, nosotros hicimos un informe que tiene que ver con las elecciones con integridad, que justamente son las elecciones que hay en regímenes democráticos. Uno de los temas que se plantea tiene que ver con el continuo estado de derecho que afiance los derechos humanos y la justicia electoral”.

Nada de esto ocurre “en Cuba porque no hay un estado de derecho, no hay división de poderes no se respetan los derechos humanos y la justicia electoral está en manos del único partido legalizado”.

Para el ejecutivo todo eso genera una profunda inequidad y elimina todo vestigio democrático.

Por otro lado, que los tres miembros principales de la Comisión Electoral Nacional sean nominados por el presidente de la República y elegidos por el Consejo de Estado o la Asamblea Nacional del Poder Popular, ambos bajo el control del partido comunista, refrenda la imposibilidad de la independencia necesaria del organismo.

“Por eso también se recomienda crear organismos electorales profesionales y competentes, apuntó el experto, en referencia al “árbitro electoral” , que es una figura muy importante en todos los procesos electorales democráticos, pero el árbitro electoral en Cuba siempre determina en favor de ellos mismos (del régimen), es decir el árbitro es parte del proceso, no es un actor independiente ni imparcial”.

“No tenemos competencia multipartidaria, no hay división de poderes, entonces no tenemos ninguna oportunidad de que se construyan en Cuba elecciones con integridad”, concluyó el politólogo.

El régimen también designó a los seis viceprimeros ministros, mientras que fueron ratificados en sus puestos 19 ministros, incluyendo Interior y Fuerzas Armadas.

Cuba: anuncian congreso de comunistas para abril del 2021

VII Congreso del Partido Comunista de Cuba

La prensa oficialista en Cuba anunció para abril del 2021 la celebración del VIII Congreso del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC), el único partido político permitido en la isla.

Durante un pleno del Comité Central de esa organización política se hizo el anuncio de la cita partidista para los días del 16 al 19 de abril del 2021.

La reunión de este jueves de la cúpula de los comunistas, fue dirigida por el Primer Secretario, Raúl Castro Ruz y se realizó horas antes de la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular que designará a un Primer Ministro y a los miembros del gabinete.

Los dos últimos congresos se han realizado esa fecha del mes de abril, el sexto Congreso en el 2011 y el séptimo en el 2016. El primer y segundo congreso se celebraron en diciembre, el tercero en febrero y el cuarto y quinto en octubre.

Exigen ley que proteja a las personas con discapacidad en Cuba

Un hombre con discapacidad se traslada en una silla de ruedas improvisada. REUTERS/Desmond Boylan

La Red de Cultura Inclusiva demandó al Estado cubano la implementación y promulgación de una ley especial que proteja y asegure los derechos de las personas con discapacidad.

“En Cuba no existe una ley que proteja a las personas con discapacidad atemperada a la Convención de la ONU sobre los derechos de estas personas”, comentó a RadioTelevisión Martí Juan del Pilar Goberna, quien junto a a Acelia Carvajal, Juan Carlos Linares, Elena Ferrer, Elena Lamarche y Daniurka González, firmó una carta con este fin que se envió al gobernante Miguel Díaz-Canel, al presidente del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, entre otras altas autoridades del país.

Cubanos exigen ley que proteja a las personas con discapacidad
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:38 0:00

“No estamos pidiendo nada extraño, hay muchos países que ya tienen esta ley”, apuntó Goberna.

Por su parte, Juan Carlos Linares, presidente de la Red de Cultura Inclusiva, señaló en conversación con RadioTelevisión Martí, que la petición también llegó a las asociaciones que tienen una fachada no gubernamental pero que en realidad fueron creadas por el régimen y responden a su política e ideología, como la ANCI (Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales), la ANSOC (Asociación Nacional de Sordos de Cuba) la ACLIFIM (Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores), entre otras.

“La discriminación política, de estirpe ideológica, está presente en los estatutos de estas organizaciones porque establecen que las personas con discapacidad que van a integrar su membresía tienen que defender a la Revolución Cubana y al sistema socialista”, dijo Linares.

Los estatutos de la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores aprobados por el IV Congreso de la agrupación en 2006 establecen entre los deberes de sus asociados “Apoyar decididamente cualquier actitud que adopte la Asociación en defensa de la Patria y en la preservación de los derechos conquistados por nuestra Revolución Socialista”.

En el octavo Congreso de la Asociación Nacional del Ciego (ANCI), celebrado a principios de diciembre de este año, el gobernante Miguel Díaz Canel ratificó la política discriminatoria de estas asociaciones para las personas con discapacidad dirigidas por el propio régimen al asegurar que “la Revolución continuará defendiendo y propiciando la incorporación de ustedes a la vida ideológica, económica y social de la nación”.

Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba
Solicitud a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Ley sobre el derecho de las personas con discapacidad


Otro punto por el que la Red exige esta ley especial, subrayó el presidente del grupo, es el relacionado con “los entornos accesibles, que tiene que ver con la arquitectura urbana, la falta de rampas, la falta de elevadores, la falta de señalizaciones para las personas sordas o con déficit de audición; en los semáforos, los pisos podotáctiles para que las personas que no tienen visión puedan guiarse y también el acceso a una educación inclusiva”.

En su misiva, la organización independiente afirma que una ley es indispensable para crear las condiciones requeridas para la rehabilitación de estas personas, mejorar su calidad de vida y su autonomía personal, así como su inclusión y participación social.

La Red de Cultura Inclusiva igualmente instó en su carta al reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de los discapacitados.

“La legislación cubana restringe la capacidad jurídica de las personas con discapacidad específicamente de las personas sordas y las personas que tienen discapacidad intelectual por la falta de señalizaciones de los derechos específicos que existen para estas personas que en la legalidad cubana no están o están muy dispersos en otras leyes”, amplió Linares.

La organización requirió que se prohíba la discriminación bajo cualquier condición de discapacidad, que se garantice la despolitización de las organizaciones de discapacidad, que se reconozca el derecho a recibir una educación inclusiva en todos los niveles de enseñanza, que se aplique la Norma Nc391 para implementación de obras arquitectónicas accesibles y que se garantice la existencia de organizaciones dedicadas a la defensa de las personas con discapacidad.

De igual manera, afirmó que este sector de la sociedad se encuentra desprotegido, al no contar con una ley que unifique los contenidos que versan sobre discapacidad en distintos códigos y que regule de manera específica y suficiente sus derechos.

“Estos mismos cuerpos legales no utilizan un lenguaje y terminología acordes a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.”

“Se encontraron 68 documentos legislativos y más de 115 instancias en las que utilizaron términos inadecuados como discapacitados, minusválidos, incapacitados, entre otras expresiones que contribuyen a la estigmatización y marginación de las personas con discapacidad”, expresaron los miembros de la red en su requerimiento a las autoridades.

La red también recordó al Estado cubano que han pasado más de 10 años desde que Cuba firmó y ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidad y aún el estado cubano no ha promulgado una ley que los proteja.

Asimismo, reclamó que se tengan en cuenta las recomendaciones que el Comité́ sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señaló́ al Estado cubano en su 21 período de sesiones en 2019, donde se solicitó que se contemplen, explícitamente, la integración de los elementos de protección de los derechos de todos los tipos de discapacidades, constituidos en una ley general para las personas que padecen estas limitaciones.

Cargar más

XS
SM
MD
LG