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Estados Unidos

Supremo de EEUU no alcanza consenso sobre política de deportación de migrantes

Un inmigrante aguarda a ser procesado en un centro de detención migratorio en Los Ángeles. (AP Foto/Damian Dovarganes, File)

La Corte Suprema de Estados Unidos fue escenario el martes de una disputa teñida de política partidista sobre una medida del gobierno de Joe Biden que daría prioridad a la deportación de gente que se encuentra ilegalmente en el país y constituya el mayor peligro a la seguridad pública.

Después de los argumentos, que duraron más de dos horas y se tornaron ásperos en ciertos pasajes, no quedaba claro si los jueces permitirían que la medida entre en vigor o bien se inclinarían a favor de los estados gobernados por los republicanos que hasta ahora han logrado bloquearla.


El caso gira en torno a una directriz que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) emitió en septiembre de 2021 que puso en pausa las deportaciones, salvo en los casos de personas que hayan cometido actos de terrorismo, espionaje o "grandes amenazas a la seguridad pública".

La orden, aprobada después de que Biden asumió la presidencia, actualizó una medida de la época de Donald Trump que expulsaba a cualquier persona que se encontrara en el país ilegalmente sin importar sus antecedentes penales o lazos con la comunidad.

El martes, la procuradora general del gobierno, Elizabeth Prelogar, dijo a los jueces que la ley federal "no crea un mandato inflexible para aprehender y expulsar" a cada uno de los más de 11 millones de inmigrantes que se encuentran en el país de manera ilegal.


Prelogar dijo que sería "increíblemente desestabilizador en el terreno" que la corte requiriera semejante cosa. El Congreso no le ha otorgado al DHS fondos suficientes para aumentar enormemente la cantidad de personas que detiene y deporta, ha dicho el gobierno.

Pero el procurador general del estado de Texas, Judd Stone, dijo que el gobierno viola la ley federal que requiere la detención y deportación de personas que se encuentran sin permiso legal en Estados Unidos y han sido declaradas culpables de cualquier delito grave, y no sólo los más serios.

El presidente de la corte, John Roberts, fue uno de los jueces conservadores que respondió enérgicamente a los argumentos del gobierno. "Nuestra tarea es determinar qué dice la ley, no si se puede o no aplicar o si existen dificultades, y no creo que debamos cambiar esa responsabilidad sólo porque el Congreso y el ejecutivo no se ponen de acuerdo en algo... No creo que debamos hacerles concesiones", dijo.

Sin embargo, al momento en que interrogaba a Stone, Roberts dijo que los argumentos de Prelogar eran convincentes.


"Para el ejecutivo es imposible hacer lo que usted quiere que haga, ¿cierto?" preguntó Roberts.

Roberts no quedó del todo satisfecho cuando Stone dijo que el total de personas afectadas sería de entre 60.000 y 80.000.

El juez Brett Kavanaugh dijo que sin importar cuál fuera la cifra, "aún no existen los recursos".

Por otro lado, los tres jueces liberales de la corte se mostraron de acuerdo con los argumentos del gobierno federal. Las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan dejaron claro que creían que Texas y Luisiana, la cual se sumó a la demanda de Texas en contra de la directriz, ni siquiera tenían el derecho de presentar una demanda.

El caso es el ejemplo más reciente de una estrategia republicana de litigio que ha tenido éxito en desacelerar las iniciativas del gobierno de Biden al recurrir a tribunales que favorecen al Partido Republicano. Kagan lo comentó durante los argumentos, señalando que Texas podía interponer su demanda en una corte en donde tuviera garantizada una audiencia favorable y que un juez frenara "en seco una política migratoria federal".

Los estados señalaron que enfrentarían costos adicionales al tener que detener a las personas que el gobierno federal podría dejar en libertad dentro de Estados Unidos, a pesar de sus antecedentes penales.

Los tribunales federales de apelaciones han llegado a decisiones contradictorias en torno a la orden del DHS.

Previamente, la corte federal de apelaciones en Cincinnati revirtió una orden de un juez de distrito que suspendía la medida en una demanda presentada por Arizona, Ohio y Montana.

Pero en la otra demanda interpuesta por Texas y Luisiana, un juez federal en Texas ordenó la suspensión de la medida a nivel nacional y un panel federal de apelaciones en Nueva Orleans se negó a intervenir.

En julio pasado, la corte aprobó por votación 5-4 mantener la suspensión de la medida migratoria en todo el país. La jueza conservadora Amy Coney Barrett coincidió con los tres liberales del tribunal en favor de permitir que el gobierno de Biden implementara la directriz.

Al mismo tiempo, la corte indicó que escucharía argumentos sobre el caso a finales de noviembre.

Los jueces tienen muchas interrogantes por resolver: Si los estados deberían tener permitido interponer impugnaciones en primer lugar, si la política viola las leyes migratorias y, de ser el caso, si fue apropiado que el juez de Texas la bloqueara.

En ese último punto, Prelogar dijo que el juez se equivocó al anular la medida, y su argumento cuestionó si los jueces se han estado equivocando durante décadas.
El tema resultó sensible, en particular para Roberts, Kavanaugh y Ketanji Brown Jackson, los jueces que alguna vez se desempeñaron en la corte federal de apelaciones en Washington que suele anular las políticas que determina ilícitas.

"Bastante radical", declaró Roberts. "Muy sorprendente", añadió Kavanaugh. Aunque más mesurado, Jackson también cuestionó la lógica de Prelogar.

"Parece que hay un tipo de cártel del Circuito de D.C.", bromeó Kagan.

Se tiene previsto que la corte tome una decisión en el caso a finales de junio.

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Trump se dice "más comprometido que nunca" al iniciar campaña electoral

El expresidente Donald Trump anuncia su tercera postulación a la presidencia en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, 15 de noviembre de 2022. (AP Foto/Andrew Harnik, File)

COLUMBIA, Carolina del Sur — El expresidente de Estados Unidos Donald Trump inició el sábado su campaña para ganar la Casa Blanca en 2024, con un evento en Nueva Hampshire y Carolina del Sur, eventos en dos estados de votación anticipada, los primeros desde que anunció su postulación hace más de dos meses.

"Juntos completaremos el asunto pendiente de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso", dijo Trump en un acto vespertino en Columbia para presentar a su equipo de liderazgo de Carolina del Sur.

Trump y sus aliados esperan que los eventos sean una demostración de fuerza en respaldo del expresidente tras un inicio lento de campaña que hizo dudar a muchos de su convicción al volver a postularse.

"Dijeron: 'Él no está haciendo mítines, no está haciendo campaña. Tal vez haya perdido ese paso'", dijo Trump en la reunión anual del Partido Republicano de Nueva Hampshire en Salem, su primer evento.


Pero, dijo a la audiencia de líderes del partido, "ahora estoy más enojado y más comprometido que nunca". En Carolina del Sur, desestimó aún más la especulación al decir que "tenemos planeadas grandes manifestaciones, más grandes que nunca".

Si bien Trump ha pasado los meses desde que hizo el anuncio en gran parte instalado en su club de Florida y su campo de golf cercano, sus ayudantes insisten en que han estado ocupados tras bambalinas.

Su campaña abrió una sede en Palm Beach, Florida, y ha estado contratando personal. Y en semanas recientes, sus partidarios han recurrido a operadores políticos y funcionarios electos para que le den su respaldo en un momento crucial, cuando otros republicanos preparan sus propias campañas.

En Nueva Hampshire, Trump promocionó su agenda de campaña, incluyendo la inmigración y el crimen, y dijo que sus políticas serían opuestas a las del presidente Joe Biden. Citó la decisión de los demócratas de cambiar el calendario electoral, lo que le costó a Nueva Hampshire su primer lugar en las elecciones primarias, y acusó a Biden, que terminó en quinto lugar en Nueva Hampshire en 2020, de "destrozar vergonzosamente esta adorada tradición política".

"Espero que recuerden eso durante las elecciones generales", dijo Trump a los miembros del partido. El propio Trump ganó dos veces las elecciones primarias, pero en ambas perdió en el estado ante los demócratas.

Más tarde, en Carolina del Sur, Trump dijo que planeaba enfrentar las elecciones primarias presidenciales estatales como las "primeras en el estado" y lo llamó "un estado muy importante".

En su discurso, pasó de las críticas a Biden y los demócratas a los comentarios despectivos sobre las personas transgénero, la burla de las personas que promueven el uso de estufas eléctricas y autos eléctricos, y recordó los esfuerzos de cuando se desempeñaba como presidente para aumentar la producción de petróleo, lograr acuerdos comerciales y frenar la migración no autorizada en la frontera de Estados Unidos con México.

Aunque Trump es el único que ha declarado su candidatura presidencial para 2024, otros aspirantes previsiblemente lo harán en los próximos meses, entre ellos el gobernador de Florida, Ron DeSantis; el exvicepresidente Mike Pence y la exgobernadora de Carolina del Sur y embajadora de Trump a la ONU, Nikki Haley.

EEUU conmemora Día Internacional de Conmemoración del Holocausto

Sigmund Solobewski viste una réplica de su uniforme de recluso durante su regreso al campo de concentración de Auschwitz en 1990.

“Hoy conmemoramos el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto al honrar la memoria de los seis millones de judíos y otras personas perseguidas y asesinadas sistemáticamente por los nazis y sus colaboradores”, declaró este viernes el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

“También honramos a los sobrevivientes entre nosotros que dan testimonio y nos inspiran a todos a luchar contra el antisemitismo y otras formas de odio en nuestro mundo”, dijo.

A medida que la generación de sobrevivientes pasa a la historia, Blinken explicó que “debemos encontrar nuevas formas de educar a las generaciones futuras sobre el Holocausto”.

“Los testimonios de los sobrevivientes y sus descendientes nos recuerdan estar atentos en la defensa de la dignidad y los derechos humanos de todos”, afirmó.

Durante dos años consecutivos, el Departamento de Estado ha destacado a sus trabajadores que son descendientes de sobrevivientes del Holocausto. “Todos se sintieron llamados al servicio público por las historias de sus padres y abuelos”, señaló Blinken.

Por ejemplo, la embajadora de EEUU en Alemania, la Dra. Amy Gutmann, cuyo abuelo organizó la huida de su familia a través de la India, y el diplomático Daniel Devries, cuyo abuelo llegó a Ellis Island, Nueva York, después de que su familia fuera asesinada en Auschwitz.

Así lo resumió Devries: "a través del servicio público, puedo pagar parte de la deuda de mi familia con el país que nos permitió prosperar y me permite promover los valores estadounidenses que hicieron posible un nuevo comienzo para mi abuelo y muchos otros".

“Este solemne día de conmemoración subraya la necesidad de condenar y contrarrestar la negación y la distorsión del Holocausto (formas de antisemitismo) dondequiera y cuandoquiera que surjan”, subrayó el secretario Blinken.

“La negación y la distorsión del Holocausto son afrentas a la memoria de los asesinados. En este Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, decidimos contrarrestar las mentiras con hechos y el odio con acciones al servicio de nuestra humanidad común. Hoy y todos los días impartimos la solemne lección de Nunca Más”, concluyó.

Decenas de congresistas apoyan iniciativa de Menéndez de pedir a Biden que anule nuevas restricciones al asilo

El congresista Greg Casar (izquierda), el senador Cory Booker (segundo de la izquierda), el senador Bob Menéndez (ante el micrófono) y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez (a la derecha).

Casi 80 miembros de la bancada demócrata del Congreso de Estados Unidos pidieron al presidente Joe Biden que anule las nuevas restricciones al asilo y reconsidere su política migratoria.

En una carta encabezada por el senador cubanoamericano Robert Menéndez, los legisladores critican que el programa de permisos humanitarios a migrantes de Cuba, Nicaragua y Haití sea a expensas del derecho a solicitar asilo en la frontera con México.

"Es hora de que la Administración Biden deje de resucitar las políticas fallidas de Trump y regrese a su plan original de acelerar los casos de asilo, eliminar el retraso en los tribunales, abordar las causas fundamentales de la migración y expulsar de manera eficiente a las personas que no tienen derecho legal a permanecer en los EEUU", dijo Menéndez en un tuit.


Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo en una rueda de prensa que los legisladores reconocen que Estados Unidos está experimentando un difícil desafío migratorio en la frontera sur.

"Es inconcebible que los solicitantes de asilo no tengan otra opción que dormir en las calles de El Paso, en albergues superpoblados en Juárez o en tiendas de campaña en Reynosa, pero las nuevas restricciones de asilo contra los migrantes no resolverán este problema. Creemos que su administración puede y debe continuar ampliando las vías legales para los migrantes y refugiados en los Estados Unidos, sin desmantelar más el derecho a buscar asilo en nuestra frontera", detalló el documento.


El senador por Nueva Jersey añadió que como funcionarios electos, los congresistas tienen el deber de proponer soluciones legales que protejan a los solicitantes de asilo y garanticen la expulsión segura de los migrantes que no tienen derecho legal a quedarse.

El representante demócrata por Texas, Greg Casar, dijo que primero es necesaria una reforma migratoria integral, pero mientras tanto se necesitan más permisos y apoyar a las comunidades que están sufriendo en América Latina.

EEUU delinea su estrategia ante la OEA para defender la democracia y los derechos humanos

Francisco O. Mora, representante de EEUU ante la OEA. (Foto: United States Department of Defense).

Estados Unidos considera que la Organización de los Estados Americanos (OEA) debe seguir siendo el principal foro de debate para abordar los retos y preocupaciones en la región.

Así lo señaló este jueves el embajador de EEUU ante la OEA, Francisco Mora, durante una conferencia de prensa, convencido de que este organismo internacional debe demostrar su relevancia en toda la región para “defender la democracia y los derechos humanos”.

“Particularmente en este momento, cuando estamos viendo un esfuerzo por debilitar a las democracias y violar los derechos, creo que ahora la OEA es más importante que nunca”, comentó.

Mora fue nominado a mediados del 2021 por el presidente de EEUU, Joe Biden, pero no fue confirmado por el Senado hasta finales del año pasado. El diplomático estadounidense de origen cubano llega en un momento especialmente convulso en la región, donde se han desatado algunas crisis políticas y sociales, y con la mirada puesta en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela.

A favor del pueblo de Nicaragua

En cuanto a la nación liderada por Daniel Ortega, Mora cree que la “OEA se ha pronunciado claramente de una manera positiva a favor del pueblo y la democracia nicaragüenses” y debe seguir haciéndolo, a pesar de la negativa del gobierno centroamericano.

“Lamentablemente el régimen de Ortega-Murillo no está y no tiene interés ni voluntad en entrar en conversaciones, no solo con la OEA, sino con su mismo pueblo”, dijo, insistiendo en que “la OEA y Estados Unidos estarían dispuestos a tener conversaciones” en pro de la democracia del país y siempre que “hubiera seriedad por parte de Nicaragua para tener un diálogo abierto, honesto”.

A mediados del año pasado, Ortega renunció a que Nicaragua tuviera presencia diplomática ante la OEA, al considerar que su país “tiene dignidad” y “no acepta imposiciones” desde el exterior. Además, advirtió que los miembros de su Ejecutivo estaban “dispuestos a dar la batalla contra Goliat, si Goliat nos agrede”, haciendo una clara alusión a las medidas que se pudieran derivar en ese entonces en forma de sanciones.

“Nicaragua decidió hace un año retirarse de la OEA porque no quiso soportar la presión, el esfuerzo por parte de los miembros de la OEA y de la Comisión Interamericana, que habían hecho importantes informes sobre derechos humanos. Simplemente se autoaisló del sistema interamericano y no ha querido tener ninguna conversación con la OEA, con ningún otro organismo internacional y mucho menos con su pueblo”, reaccionó Mora.

Expectativa por Venezuela

Mora también habló de la situación en Venezuela, un país que, al igual que Nicaragua, también se retiró de la OEA en 2019. “Desde hoy la República Bolivariana de Venezuela no pertenece a la OEA. Estamos fuera de la OEA por voluntad del pueblo, habiendo cumplido con todo lo que establece la carta fundacional de la OEA”, anunció el canciller Jorge Arreaza en ese momento.

Desde entonces, se han producido algunos cambios, y gobierno y oposición se han acercado.

El representante estadounidense ante el organismo internacional no entró a valorar los diálogos entre el oficialismo y la oposición que han tenido lugar en los últimos meses con la intención de buscar una salida a la profunda crisis que vive el país, pero se mostró convencido de que si esos acercamientos son fructíferos para lograr “unas elecciones libres y justas” en el país, no hay motivos para pensar que esa nación latinoamericana vuelva a tener presencia diplomática en la OEA.

“Cuando eso suceda en Venezuela, no hay por qué pensar que el próximo gobierno que esté después de esas elecciones libres, justas y verificadas, pueda regresar con un representante ante el Consejo Permanente”, señaló.

Políticas medioambientales

Por otro lado, el diplomático estadounidense confirmó que, además de seguir impulsando políticas de recuperación por el coronavirus, la estrategia del gobierno de EEUU pasa por promover políticas medioambientales y así afrontar las consecuencias del cambio climático con “acciones y medidas concretas” y que no tienen que ver únicamente con desastres naturales.

“El cambio climático, por ejemplo, está provocando la migración que estamos viviendo en muchos países. Es una amenaza que afecta y provoca problemas alimenticios”, manifestó al respecto.

Departamento del Tesoro de EEUU sanciona a expresidente y el actual vicepresidente de Paraguay por corrupción

El expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, hablando en la sesión 68 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

WASHINGTON — Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Horacio Manuel Cartes Jara (Cartes), expresidente de Paraguay, y a Hugo Adalberto Velázquez Moreno (Velázquez), el actual vicepresidente, por su participación en corrupción desmedida que socava las instituciones democráticas en Paraguay.

OFAC también está designando a Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition S.A. y Frigorifico Chajha S.A.E., por ser propiedad o estar bajo el control de Cartes. Estas personas y entidades están designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13818, en la cual se basa e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos y se enfoca en los perpetradores de abusos graves de derechos humanos y corrupción en todo el mundo.

“El Departamento del Tesoro está comprometido a abordar la corrupción sistémica en todo el mundo, incluso en sus formas más arraigadas y en los niveles más altos de los cargos públicos”, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “La acción de hoy expone la corrupción endémica que socava las instituciones democráticas paraguayas y destaca la necesidad apremiante de que el Gobierno de Paraguay actúe en el mejor interés de sus ciudadanos, y no en llenar los bolsillos de sus élites políticas.”

La medida de hoy sigue a las designaciones de Cartes y de Velázquez en el 2022, en virtud de la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado de 2022, que respalda un enfoque de todo el gobierno para combatir la corrupción y las finanzas ilícitas.

APUNTANDO DIRECTAMENTE A LA CORRUPCIÓN EN LOS MÁS ALTOS NIVELES DEL GOBIERNO PARAGUAYO

Horacio Cartes


Cartes incurrió en actos de corrupción antes, durante y después de su mandato como presidente de Paraguay. La carrera política de Cartes se basó y continúa dependiendo de medios corruptos para el éxito. Se unió al Partido Colorado en el 2009, proporcionando inversiones financieras e incentivos para convencer al partido de eliminar su requisito de afiliación de 10 años, para permitirle postularse como candidato presidencial del partido. Cartes pagó a los miembros del partido hasta $10,000 cada uno para apoyar su candidatura antes de las elecciones de 2013. Mientras era presidente de Paraguay, Cartes continuó con sus esquemas corruptos, incluido el pago en efectivo a funcionarios a cambio de su lealtad y apoyo. Mantuvo su control sobre la formulación de políticas a través de sobornos mensuales en efectivo, pagados a legisladores leales; los pagos oscilaron entre $5,000 y $50,000 por cada miembro. Cartes aseguró la efectividad de este esquema cancelando los pagos a los legisladores que no cumplieron sus órdenes.

En el 2017, Cartes prometió un millón de dólares de su propio patrimonio para comprar los votos de los legisladores para apoyar su impulso infructuoso de reforma constitucional que le permitiera postularse para un segundo mandato en el 2018. Cartes siguió influyendo en las actividades legislativas después de dejar el cargo sobornando a los legisladores para dirigir los votos en su interés y apuntando a los opositores políticos, con los principales partidarios recibiendo hasta $50,000 mensuales.

Cartes está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13818 por ser una persona extranjera, funcionario del gobierno actual o anterior, (o una persona que actúa para o en nombre de dicho funcionario) que es responsable o cómplice, o ha participado directa o indirectamente en corrupción, incluida la apropiación indebida de activos del estado, la expropiación de bienes privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el soborno.

OFAC también está designando a Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition S.A. y Frigorifico Chajha S.A.E. como cuatro entidades que son propiedad o están manejadas por Cartes.

Simultáneamente con esta acción, la OFAC emitió dos licencias generales, la GL5 y GL6, autorizando, respectivamente, ciertas transacciones relacionadas con Frigorífico Chajha S.A.E. y la liquidación de transacciones que involucren a cualquier entidad que sea propiedad de Cartes en un 50 por ciento o más, hasta las 12:01 A.M., hora del este, del día 27 de marzo de 2023, así como las preguntas frecuentes al respecto (FAQs) 1111 y 1112.

Hugo Velazquez

Velázquez, actual vicepresidente de Paraguay, también se ha involucrado en prácticas para interferir en procesos legales y protegerse a sí mismo y a sus socios criminales de investigaciones criminales, incluso sobornando y amenazando a quienes podrían exponer su actividad delictiva.

Tanto Cartes como Velázquez tienen vínculos con miembros de Hizballah, una entidad designada por el Departamento de Estado de los EE.UU. como Organización Terrorista Extranjera y objetivo de múltiples designaciones de la OFAC. Hizballah ha realizado regularmente eventos privados en Paraguay donde los políticos hacían acuerdos por favores, vendían contratos estatales y discutían los esfuerzos de aplicación de la ley a cambio de sobornos. Representantes de Cartes y de Velázquez han cobrado sobornos en estas reuniones.

Velázquez está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13818 por ser una persona extranjera, funcionario del gobierno actual o anterior, (o una persona que actúa en representación de dicho funcionario) que ha participado en corrupción, incluida la apropiación indebida de bienes del Estado, la expropiación de bienes privados para beneficio personal, corrupción relacionada con contratos gubernamentales, o la extracción de recursos naturales, o el soborno.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en posesión de las personas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más, de una o más de las personas bloqueadas. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o que esté exento de otro modo; las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses, o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la posesión de las personas designadas o bloqueadas de algún modo. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.

El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad para eliminar a personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso de solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte con la sección de Preguntas Frecuentes 897 de la OFAC. Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí.

GLOBAL MAGNITSKY

Sobre la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos, la Orden Ejecutiva (O.E.) 13818 fue emitida el 20 de diciembre de 2017, en reconocimiento de que la prevalencia del abuso de los derechos humanos y la corrupción que tiene su origen, en su totalidad o en parte sustancial, fuera de los Estados Unidos, había alcanzado tal alcance y gravedad que amenazaba la estabilidad del derecho internacional, sistemas políticos y económicos. El abuso de los derechos humanos y la corrupción socavan los valores que constituyen la base esencial de sociedades estables, seguras y funcionales; tiene impactos devastadores en las personas; debilita las instituciones democráticas; degrada el estado de derecho; perpetua conflictos violentos; facilita las actividades de personas peligrosas; y socava los mercados económicos. Estados Unidos busca imponer consecuencias tangibles y significativas a quienes cometen abusos graves contra los derechos humanos o se involucran en la corrupción, así como proteger el sistema financiero de los Estados Unidos de abusos por parte de estas mismas personas.

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