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Relaciones EEUU-Cuba

Piden a la Casa Blanca revertir medida sobre visa B2 para cubanos

Un negocio ofrece llenado de planillas y servicio de fotografía para visas y pasaportes en los alrededores de la Embajada de EEUU en La Habana.

La plataforma We the People lanzó una campaña de recogida de firmas en el sitio en internet de la Casa Blanca para pedir a la administración de Donald Trump que revierta la decisión sobre la reducción del tiempo de validez de las visas de 5 años para los cubanos.

En la introducción de la petición, creada el sábado pasado por el usuario E.D, se argumenta que la medida, que entra en vigor este lunes,18 de marzo, "solo causará un daño tremendo a las familias en las comunidades cubanoamericanas y dañará a la sociedad civil cubana".

La iniciativa necesita 99,798 firmas antes del 15 de abril de 2019 para obtener una respuesta de la Casa Blanca. Hasta el momento de la publicación de esta nota, 202 personas habían firmado la petición.

Petición en la plataforma We the People para revertir decisión sobre tiempo de validez de las visas B2 para cubanos.
Petición en la plataforma We the People para revertir decisión sobre tiempo de validez de las visas B2 para cubanos.

Washington anunció el viernes mediante su encargada de negocios en Cuba, Mara Tekach, que a partir del lunes el país reducirá el tiempo de la visa B2 para los cubanos -otorgada para visitas familiares y turismo, entre otros propósitos- de 5 años a tres meses, con una sola entrada a Estados Unidos.

Tekach dijo que la medida es una modificación para "establecer reciprocidad" con Cuba, que otorga una entrada válida por solo dos meses a viajeros estadounidenses con una prórroga de un mes.

La petición para revertir la medida del Departamento de Estado señala que "los cubanos ya tienen dificultades para solicitar una visa en un tercer país, y esta medida simplemente hace que sea casi imposible e inasequible viajar a los Estados Unidos. La mayoría de los cubanos no viajan por turismo, sino para reunirse con familias divididas hace mucho tiempo".

Las visas de 5 años con entradas múltiples fueron implementadas durante el gobierno del expresidente Barack Obama, en medio de un acercamiento de su administración con el régimen cubano.

(Con información de We the People y la agencia Reuters)

EEUU reduce validez de visa B2 para nacionales cubanos

Vista de un pasaporte cubano.

Estados Unidos reducirá, a partir del 18 de marzo, la validez de la visa B2 para los nacionales cubanos a tres meses con una entrada, anunció este viernes la embajada estadounidense en La Habana en un comunicado.

Antes del cambio, EEUU concedía a los cubanos una visa de múltiples entradas, con 60 meses de validez, por un costo de $160, dijo la sede diplomática, un tratamiento que no es recíproco de parte del gobierno cubano.

Cuba, por su parte, "concede a los turistas estadounidenses visas de una sola entrada para una estancia de dos meses, prorrogables por otros 30 días para un total de tres meses, por una tarifa de $50", explica la nota.

El Departamento de Estado ha reducido la validez de la visa B2 "para igualar la validez inferior concedida por el Gobierno de Cuba a los ciudadanos de los Estados Unidos en categorías similares", concluye.

La categoría de visa B2 se aplica a viajes de turismo, visitas familiares, tratamiento médico y propósitos similares.

La embajada aclara que "ninguna otra categoría de visa para nacionales cubanos será objeto de modificación".

(A partir de un comunicado de la Embajada de EEUU en Cuba)

La Casa Blanca busca reducir un 70% de los fondos para promover la democracia en Cuba

Una bandera de EEUU frente al edificio de la embajada de EEUU en La Habana.

El proyecto de presupuesto de la Administración Trump para el año fiscal 2020 propone un recorte de $14 millones a los fondos para promover la democracia y los derechos humanos en Cuba a través de organizaciones, grupos de la sociedad civil y la prensa independiente.

La propuesta supone un recorte del 70%.

"Ningúna administración ha tomado medidas más firmes enfocándose en la tiranía y defender los derechos humanos en América Latina que esta. Yo sé, por cierto, que la injerencia de Cuba en América Latina continúa siendo una prioridad para esta administración", dijo el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, en un correo electrónico enviado a RadioTelevisionMarti.com.

Las propuestas presupuestarias del Ejecutivo se deciden en el Congreso, ya que ese órgano legislativo es el que tiene la facultad de aprobar el presupuesto del Estado.

"Continuaremos comprometiéndonos diplomáticamente con aliados y socios para promover los intereses nacionales de los Estados Unidos y las prioridades políticas compartidas", dijo este miércoles una funcionaria del Departamento del Estado a la reportera de Radio Martí, Michelle Sagué, quien preguntó sobre el proyecto presupuestario.

La funcionaria destacó el importante papel que desempeña el Congreso en la provisión de fondos para respaldar las operaciones y programas del gobierno de los Estados Unidos, incluidos los del Departamento de Estado y USAID.

"Esperamos continuar las discusiones con el Congreso sobre el financiamiento de nuestros programas de diplomacia y asistencia, también los del año fiscal 2020", añadió.

El pasado año, la Casa Blanca había propuesto $10 millones de ayuda a la democracia en Cuba, una suma que fue modificada por el Congreso, que aprobó $20 millones para el actual año fiscal, que cubre el período de octubre de 2018 a septiembre de 2019.

Propuesta presupuestaria para países del Hemisferio Occidental.
Propuesta presupuestaria para países del Hemisferio Occidental.

Estados Unidos provee desde 1996 asistencia para el fomento de la democracia en Cuba a través de programas que apoyan los derechos humanos y las iniciativas de la sociedad civil que promueven las libertades básicas, especialmente la libertad de expresión.

El proyecto de presupuesto busca también una disminución de $33 millones de dólares respecto al pasado año de los fondos asignados a la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos (USAGM), el organismo que supervisa las operaciones de la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB), la Voz de los Estados Unidos de América (VOA) y otros medios internacionales de información.

Propuesta presupuestaria para USAGM.
Propuesta presupuestaria para USAGM.

El Ejecutivo pidió al Congreso que recorte la ayuda a Latinoamérica, pero que permita al Departamento de Estado reservar 500 millones de dólares para "responder a la crisis" en Venezuela y "apoyar una transición democrática", en la propuesta presupuestaria presentada este lunes.

En una carta dirigida al Congreso, el secretario de Estado, Mike Pompeo, explicó que su departamento necesita los "recursos apropiados" para cumplir sus objetivos, entre los que incluyó "apoyar a la gente de Venezuela contra la tiranía".

Por eso, según detalla el Departamento de Estado en un comunicado, el Ejecutivo se reserva la capacidad de transferir hasta 500 millones de dólares de otros fondos para "responder a la crisis" en Venezuela o "apoyar una transición democrática" en ese país.

En el caso de Venezuela, la propuesta de presupuesto para fondos para la democracia consiste en $9 millones. El Congreso había aprobado 15 millones para el presente año fiscal.

El plan incluye un recorte del 23% para el Departamento de Estado y USAID, que ahora cuentan con 52.000 millones de dólares aprobados por el Congreso, y a los que Trump propone destinar 40.000 millones de dólares en 2020.

Si el presupuesto fuera aprobado por el Congreso, la oficina del Departamento de Estado dedicada a Latinoamérica sufriría un recorte de casi el 27%, puesto que ahora cuenta con 158 millones de dólares y Trump ha solicitado solo 116 millones.

[Redactado por Pablo Alfonso con información de Agencia EFE, Reuters y McClatchy ]

Proyecto de ley prohibiría a tribunales EEUU reconocer marcas comerciales confiscadas por Cuba

El senador demócrata Bob Menendez (izq.) y el senador republicano Marco Rubio. (Archivo)

El senador republicano Marco Rubio, y el demócrata Bob Menéndez, presentaron este martes un proyecto de ley que prohibe el reconocimiento por tribunales de EEUU de marcas comerciales confiscadas por el régimen comunista de Cuba.

La medida prohíbe a los tribunales estadounidenses reconocer, hacer cumplir o validar cualquier aseveración de derechos por parte de un individuo, de una marca registrada que se utilizó en relación con una empresa o activos que fueron confiscados por el régimen cubano, a menos que el propietario original de la marca haya consentido expresamente.

Un proyecto de ley complementario fue presentado ante la Cámara de Representantes por Debbie Wasserman-Schultz, demócrata, y John Rutherford, republicano.

"Durante 60 años, el régimen comunista de Cuba ha estado beneficiándose con propiedades robadas que pertenecen a ciudadanos de EEUU", dijo Rubio en un comunicado de prensa.

El senador cubanoamericano agregó que siempre ha sido política de Estados Unidos apoyar a los legítimos dueños de propiedades robadas.

"Una marca que involucra a Bacardí, uno de los mayores productores de licores del mundo, es ilustrativa de esta circunstancia. Los activos de Havana Club fueron confiscados por el gobierno cubano en 1959, y en 1994 –aunque la marca expiró en 1974– los descendientes del fundador de Havana Club vendieron la receta y la marca registrada a Bacardí, quien desde entonces produjo el ron en Puerto Rico. Casi al mismo tiempo, la firma cubana Cuba Ron presentó y recibió una marca registrada de EEUU con el nombre, y se asoció con Pernod Ricard para vender el ron "Havana Club" de la competencia. La Ley de marcas no robadas honradas en América prohibiría a la asociación Cuba Ron/Pernod Ricard usar los derechos relacionados con Havana Club debido a la confiscación de la compañía original por parte del régimen cubano en 1959", detalla el comunicado conjunto, publicado en el sitio oficial del senador Rubio.

Esta Ley asegura que los tribunales estadounidenses no reconozcan el derecho a propiedades confiscadas, sin el expreso consentimiento de sus legítimos dueños, agrega la nota.

"La confiscación de activos por parte del gobierno cubano es, y siempre será un delito", subrayó el senador Menéndez. "Esta legislación bipartidista protegerá las marcas registradas de EEUU al prohibir a los tribunales que reconozcan los derechos de las personas que son objeto de confiscación sin consentimiento, continuando con la antigua política de EEUU de apoyar a los legítimos propietarios de bienes robados".

La representante Wasserman Schultz, por su parte, reiteró su compromiso de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual de las compañías estadounidenses al garantizar que "las marcas registradas estén protegidas contra la confiscación por parte de cualquier gobierno extranjero".

“Este proyecto de ley hace eso, al prohibir a los tribunales validar una afirmación de los derechos de marca registrada en relación con una empresa o activos confiscados por el gobierno cubano, y al apoyar a los verdaderos y justos propietarios de propiedad robada, una política estadounidense de larga data que debe continuar", añadió.

Rutherford señaló que al régimen cubano se le ha permitido robar la propiedad intelectual estadounidense durante demasiado tiempo. "Al mantener fuertes protecciones de derechos de autor en nuestros tribunales, los regímenes extranjeros ya no podrán beneficiarse del ingenio estadounidense", concluyó.

El proyecto de ley establece una prohibición de marca registrada solo si la persona "sabía o tenía motivos para saber al momento de adquirir los derechos de que la marca comercial era igual o sustancialmente similar a la marca o nombre utilizado en relación con el negocio o los activos que fueron confiscados", aclara el comunicado de prensa.

EEUU: "No estamos discutiendo con Cuba el futuro de Maduro"

Elliott Abrams en la audiencia.

El enviado especial para Venezuela, Elliott Abrams, aseguró hoy que su Gobierno no está negociando con Cuba para facilitar la salida del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Abrams ofreció esa información durante una audiencia titulada "Las relaciones entre EE.UU. y Venezuela y el camino a una transición democrática" en el comité de Exteriores del Senado.

VEA la audiencia completa.

El senador demócrata Bob Menéndez, crítico con Maduro y el Gobierno cubano, preguntó a Abrams si el Ejecutivo estadounidense ha hablado con La Habana sobre una salida para Maduro, a lo que el diplomático contestó: "No, no estamos discutiendo con Cuba el futuro de Maduro".

Abrams: Washington no busca una intervención militar en Venezuela
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En las últimas semanas se multiplicaron las especulaciones sobre la posibilidad de que Maduro esté buscando un refugio por si se viera forzado a dejar el poder ante la presión de parte de la comunidad internacional, que respalda al líder opositor Juan Guaidó como presidente "legítimo" de
Venezuela.

En una entrevista con Efe en febrero, Julio Borges, embajador ante el Grupo de Lima de Guaidó, aseguró que Maduro estaba "tocando la puerta" de países árabes y del este de Europa para su retiro.


EE.UU. fue el primer país en reconocer a Guaidó como presidente y, desde entonces, ha tomado diferentes acciones para presionar a Maduro: desde restricciones de visados a funcionarios venezolanos hasta sanciones a la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), una de las principales fuentes de divisas para Caracas.

Ante el Senado, Abrams adelantó que habrá más sanciones a bancos
que estén ayudando a Maduro a "robar" los recursos del país, como el
oro o el petróleo.

Los senadores preguntaron a Abrams sobre si dentro del Gobierno se han debatido planes para intervenir militarmente en Venezuela, a lo que el diplomático respondió explicando que siempre se analizan "planes de contingencia" para estar preparados si las circunstancias empeoran.

Concretamente, Abrams indicó que siempre hay planes para proteger las embajadas en el mundo y para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, pero no ofreció más detalles.

El presidente, Donald Trump, ha avisado en varias ocasiones de que "todas las opciones están sobre la mesa".

Sin embargo, diez de los países del Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú) reiteraron a finales de febrero su rechazo a una intervención militar en Venezuela.

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