"No hay cambios en la ley de inmigración de Estados Unidos ni en la aplicación de controles fronterizos. Los rumores que circulan en las redes sociales de que la frontera entre Estados Unidos y México se abrirá en mayo son completamente falsos", advirtió este sábado el gobierno estadounidense.

En un mensaje oficial, la Patrulla Fronteriza de EEUU dijo que las leyes migratorias estadounidenses siguen siendo estrictas y que las personas que ingresen al país de forma irregular, cruzando las fronteras entre sus puertos de entrada, enfrentarán las consecuencias.

"Es posible que se lo devuelvan a su país de origen si se determina rápidamente que no es elegible para recibir asilo", advirtió un oficial de la Patrulla Fronteriza en un video compartido en la cuenta oficial en X de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Los rumores crecieron tras la firma la semana pasada de un comunicado conjunto entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en que que anunciaban que planean tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal en su frontera compartida.

El mensaje de la Patrulla Fronteriza alerta a los migrantes sobre el proceder de los traficantes de personas o coyotes, cuyo único interés es el dinero que cobrarán por sus servicios.

"No creas las mentiras. Los contrabandistas no están interesados en tu seguridad y solo quieren obtener ganancias. Utiliza vías legales para venir a los Estados Unidos".

En otro post, publicado este domingo, el subsecretario Abjunto Principal de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Luis Miranda, dijo igualmente que las leyes de inmigración de los Estados Unidos "no han cambiado".

"Cruzar la frontera entre puertos de entrada sigue siendo una violación de la ley", dijo Miranda, y reiteró que las autoridades tomarán medidas estrictas con quienes no usen vías legales para entrar al país.

Entre mayo de 2023 y febrero de 2024, las autoridades estadounidenses han devuelto a sus países de origen, o deportado, a más de 593.000 personas, la gran mayoría de las cuales cruzó la frontera con México.

Pese a las medidas en vigor, la ola de migrantes que viajan a través de Centroamérica hacia la frontera Sur de EEUU continúa, y la aplicación CBP One para solicitar una cita con las autoridades migratorias de la frontera puede tardar meses.

En marzo de este año, 193,249 personas fueron detenidas en ese punto de entrada cuando intentaban ingresar al país de forma ilegal. En lo que va de año fiscal 2024, que comenzó el 1 de octubre pasado, la cifra alcanza un total de 1,340,801 migrantes.

Solo México, con 67.026 migrantes, y Venezuela, con (21.367, superaron a Cuba en la entrada de migrantes en ese período, que alcanzó los 19.571. El éxodo masivo de cubanos que comenzó en diciembre de 2021, cuando Nicaragua eliminó el requisito de visado para los isleños, se ha mantenido imparable.

Hasta el cierre de esta nota, CBP no había publicado las cifras correspondientes al mes de abril.

En respuesta a las protestas en las universidades de Estados Unidos por el conflicto en Gaza, el presidente Joe Biden defendió el jueves el derecho a las manifestaciones pero expresó que destruir propiedades y amenazar a la gente va en contra de la ley.

“No somos una nación autoritaria donde silenciamos a la gente o sofocamos el disenso. El pueblo estadounidense es escuchado, de hecho, la protesta pacífica está en la mejor tradición de cómo los estadounidenses responden a problemas importantes. Pero tampoco somos un país sin ley”, declaró en un breve discurso desde la Casa Blanca.

El presidente reiteró que la protesta violenta no está protegida por la ley y añadió que “hay derecho a protestar, pero no hay derecho a causar caos”.

“El disenso es esencial para la democracia pero el disenso nunca debe llevar al desorden o negar los derechos de los demás para que los estudiantes puedan terminar el semestre y su educación universitaria”, expresó el mandatario.

El presidente, que se opone a enviar la Guardia Nacional para resolver el problema de las protestas, aclaró además que “no hay lugar para el discurso de odio o la violencia de ningún tipo, ya sea antisemitismo, islamofobia o discriminación contra estadounidenses árabes o palestinos... No hay lugar para el racismo en Estados Unidos”.

Las tensiones han ido aumentando en los últimos días a medida que los manifestantes de varias universidades se niegan a retirar sus campamentos y los administradores recurren a la policía para desalojarlos por la fuerza, lo que ha provocado enfrentamientos entre ambas partes.

Este jueves, la policía ingresó al campamento pro palestino en la Universidad de California en Los Angeles, UCLA y desmanteló tiendas de campaña, expulsó a la mayoría de los manifestantes y realizó numerosos arrestos.

La operación se produce tras dos días de agitación que inició cuando la universidad declaró que el campamento era “ilegal” y continuó cuando una turba atacó el lugar el martes por la noche. La policía tardó horas en controlar la situación.

Los estudiantes que han montado estos campamentos piden un alto el fuego inmediato en Gaza y que las escuelas dejen de invertir en empresas que apoyan al gobierno de Israel.

Muchas de las universidades han llamado a la policía para sofocar las protestas. Se realizaron otros arrestos en la Universidad de Yale, el Dartmouth College y las universidades del estado de Nueva York en Buffalo y Stony Brook, entre otros campus.

De acuerdo a la agencia de prensa Reuters, la policía ha arrestado a más de 1.000 estudiantes hasta la fecha.

Decenas de manifestantes ocuparon la madrugada del martes un edificio de la Universidad de Columbia en Nueva York, colocaron barricadas en los accesos y colgaron una bandera palestina en una ventana, en una nueva escalada de las manifestaciones contra la guerra entre Israel y Hamás que se han extendido a campus universitarios de todo Estados Unidos. La escuela prometió expulsar a los participantes.

La ocupación en Columbia —donde los manifestantes hicieron caso omiso a un ultimátum de abandonar un campamento de tiendas de campaña el lunes o ser suspendidos— se desarrolló mientras otras universidades intensificaban sus esfuerzos para despejar los campamentos. La policía irrumpió en algunos campus, provocando enfrentamientos con los manifestantes y numerosos arrestos. En casos más raros, los funcionarios universitarios y los líderes de las protestas han llegado a acuerdos para limitar la perturbación de la vida en el campus.

Los manifestantes en el campus de Columbia en Manhattan entrelazaron los brazos ante el edificio Hamilton Hall la madrugada del martes y llevaron cargando muebles y barricadas de metal hasta el recinto, uno de los que fueron ocupados durante una protesta por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam en 1968. Publicaciones en una cuenta de Instagram de organizadores de la protesta poco después de la medianoche instaban a la gente a proteger el campamento y sumarse a ellos en el Hamilton Hall. Un cartel con la frase "Palestina libre" colgaba de una ventana.

"Un grupo autónomo reclamó el edificio Hind's Hall, antes conocido como 'Hamilton Hall', en honor a Hind Rajab, un mártir asesinado a manos del Estado genocida israelí a los seis años", escribió el martes de madrugada CU Apartheid Divest en la red social X.

El Hamilton Hall abrió sus puertas en 1907 y lleva el nombre de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que asistió al King's College, el nombre original de Columbia.

La toma del edificio ocurrió unas 12 horas después del plazo límite de las 2 de la tarde del lunes para que los manifestantes abandonaran un campamento de unas 120 carpas bajo amenaza de suspensión.

En un comunicado el martes, el portavoz de Columbia, Ben Chang, dijo que "los estudiantes que ocupen el edificio se enfrentan a la expulsión". Agregó que aquellos que no aceptaran los términos del lunes serían suspendidos.

"Los manifestantes han optado por escalar a una situación insostenible: destrozar propiedades, romper puertas y ventanas y bloquear entradas, y estamos aplicando las consecuencias que describimos ayer", agregó.

El jefe del Departamento de Policía de Nueva York, Jeffrey Maddrey, dijo en una conferencia de prensa el martes que la policía no ingresará al campus de Columbia sin una solicitud de la administración de la universidad o sin una emergencia inminente.

Los manifestantes insistieron en que permanecerán en el edificio hasta que la universidad acepte tres demandas: desinversión, transparencia financiera y amnistía.

Los enfrentamientos han generado preocupación en la Casa Blanca. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que el presidente Joe Biden cree que los estudiantes que ocupan un edificio académico es "un enfoque absolutamente equivocado" y "no es un ejemplo de protesta pacífica".

Universidades de todo Estados Unidos buscan la forma de desalojar los campamentos antes de las inminentes ceremonias de graduación. Algunas seguían en negociaciones mientras otras recurrían a la fuerza y los ultimátum, que han producido choques con la policía. Docenas de personas fueron detenidas el lunes en protestas en universidades de Texas, Utah, Virginia y Nueva Jersey, mientras que Columbia dijo unas horas antes de que se ocupara el edificio Hamilton que había empezado a suspender a alumnos.

Por su parte, la policía intervino el martes por la mañana para desmontar un campamento en la Universidad de Yale, en Connecticut, aunque no había reportes inmediatos de arrestos.

El Yale Daily News, un periódico estudiantil independiente, indicó que policías de Yale y de New Haven habían rodeado el campamento en la explanada del campus con cinta a partir de las seis de la mañana, y dijeron que cualquiera que estuviera dentro del perímetro podría ser detenido y suspendido si no se machaba. Para las 7:30 de la mañana no se habían hecho detenciones, indicó el agente Christian Bruckhart, vocero de la policía de New Haven.

Las protestas en campus de todo el país comenzaron en respuesta a la ofensiva de Israel en Gaza después de que Hamás realizara un letal ataque contra el sur de Israel el 7 de octubre.

Los milicianos mataron a unas 1.200 personas, la mayoría civiles, y tomaron unos 250 rehenes. Israel ha prometido erradicar a Hamás y matado a más de 34.000 palestinos en la Franja de Gaza, según el Ministerio local de Salud.

Israel y sus partidarios han descrito las protestas estudiantiles de antisemitas, mientras que los críticos de Israel dicen que esa acusación se emplea para silenciar a las voces discordantes. Aunque algunos manifestantes han sido grabados haciendo comentarios antisemitas o amenazas violentas, los organizadores de las protestas, algunos de los cuales son judíos, dicen que se trata de un movimiento pacífico que aspira a defender los derechos de los palestinos y denunciar la guerra.

En la Universidad de Texas, en Austin, un abogado informó de al menos 40 inconformes detenidos el lunes. El enfrentamiento representó un agravamiento de la situación en el campus de 53.000 estudiantes en la capital estatal, donde más de 50 manifestantes fueron arrestados la semana pasada.

Más tarde el lunes, docenas de agentes con material antimotines en la Universidad de Utah intentaron desalojar un campamento ante la oficina del presidente de la universidad, una operación que se alargó hasta bien entrada la tarde. La policía sacó a estudiantes a rastras por los pies y las manos, rompió los postes que sostenían las carpas y retuvo con bridas a los que se negaron a marcharse. Diecisiete personas fueron detenidas. La universidad dijo que acampar durante la noche en terrenos del centro estaba prohibido y que se habían dado varias advertencias a los alumnos antes de la intervención policial.

En la Universidad de Princeton, 13 personas fueron detenidas el lunes por la noche, incluidos 11 alumnos, tras ocupar brevemente un edificio que aloja su facultad. Recibieron citaciones judiciales por allanamiento y se les ha prohibido el acceso al campus, según un comunicado del presidente del centro, Christopher Eisgruber.

También el martes, la policía desalojó un campamento en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y detuvo a unas 30 personas. En la Universidad de Connecticut, la policía realizó arrestos después de que los manifestantes se negaran a retirar las tiendas de campaña.

La situación de los estudiantes detenidos se ha convertido en una parte central de las protestas, en las que los estudiantes y un número creciente de profesores exigen una amnistía para los manifestantes. La cuestión es si las suspensiones y los expedientes judiciales seguirán a los estudiantes durante su vida adulta.

Las protestas en Texas y en otros sitios —también en Europa y Canadá— fueron inspiradas por las primeras manifestaciones en Columbia. El lunes, los estudiantes activistas en Columbia desafiaron el plazo de las dos de la tarde para abandonar un campamento. Un puñado de manifestantes opuestos ondeaban banderas israelíes, y uno sostenía un cartel en el que se leía: "¿Dónde están los cánticos contra Hamás?".

Aunque la universidad no llamó a la policía para desalojar a los manifestantes, el portavoz de la universidad, Ben Chang, dijo que Columbia había iniciado las suspensiones.

Organizadores de las protestas dijeron no estar al tanto de ninguna suspensión para el lunes por la noche.

En un caso excepcional, la Universidad del Noroeste dijo que llegó a un acuerdo con estudiantes y profesores que representan a la mayoría de los manifestantes en su campus cerca de Chicago. Permite manifestaciones pacíficas hasta que concluyan las clases el 1 de junio, requiere el retiro de todas las tiendas excepto una para prestar ayuda, y restringe el área de la manifestación para permitir solamente el ingreso de estudiantes, profesores y otro personal a menos que la universidad apruebe otra cosa.

En la Universidad del Sur de California, los organizadores de un gran campamento se reunieron el lunes con la presidenta de la universidad, Carol Folt. Folt declinó dar detalles, pero dijo que había escuchado las preocupaciones de los manifestantes y que el diálogo continuaría el martes.

La USC abrió una controversia el 15 de abril cuando prohibió que el orador representante de los alumnos, que ha apoyado públicamente a los palestinos, hiciera un discurso inaugural alegando motivos de seguridad no especificados por su inusual decisión.

Después, la institución canceló el discurso del cineasta Jon M. Chu, un antiguo alumno, y declinó entregar títulos honorarios.

La indignación por esas decisiones y las protestas en Columbia inspiraron el campamento y las manifestaciones en el campus la semana pasada, donde 90 personas fueron detenidas por policías antidisturbios. La universidad ha cancelado su acto principal de graduación.

En otros lugares, los administradores han intentado salvar sus ceremonias de graduación y varios han ordenado desalojar los campamentos en los últimos días. Cuando estos intentos han fracasado, los funcionarios han amenazado con medidas disciplinarias, incluida la suspensión, y con posibles detenciones.

Pero los estudiantes se han mantenido firmes en sus posiciones en algunas universidades de alto nivel, como Harvard, la Universidad de Pensilvania y Yale, entre otras. Policías con material antimotines intentaron desalojar un campamento en la Universidad Commonwealth de Virginia el lunes por la noche y se enfrentaron con los manifestantes.

Estados Unidos y México planean tomar medidas drásticas contra la inmigración ilegal en su frontera compartida, según dijeron el lunes los líderes de ambos países.

En un comunicado conjunto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijeron que sostuvieron el domingo una conversación telefónica y que sus administraciones pronto tomarían medidas para disminuir los cruces ilegales y, al mismo tiempo, abordarían los problemas económicos y de seguridad que provocan que las personas migren.

“En el corto plazo, los dos presidentes ordenaron a sus equipos de Seguridad Nacional trabajar en conjunto para implementar de inmediato medidas concretas, a fin de reducir significativamente los cruces fronterizos irregulares, protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos”, anunció el comunicado.

El comunicado no da detalles sobre las "medidas concretas".

También se comprometieron a promover iniciativas para abordar las causas fundamentales de la migración en todo el hemisferio occidental, señalando que aumentar la prosperidad y la seguridad compartidas será de importancia crítica para enfrentar eficazmente el desafío migratorio a largo plazo.

En la Casa Blanca, al pedido de una periodista de más detalles sobre las medidas, la vocera Karine Jean-Pierre dijo que no quería ir más allá de lo dicho en el comunicado.

“Voy a tener mucho cuidado aquí. No voy a adelantarme a lo establecido en la declaración, pero diría que es un compromiso continuo para fortalecer la relación bilateral, la relación que tenemos y la cooperación regional, y no olvidemos que la cooperación regional beneficiará aquí, a nosotros aquí, en los Estados Unidos, pero también al pueblo de México, así que no voy a ir más allá de la lectura, esa declaración conjunta que salió”, declaró la portavoz.

Por su parte, el López Obrador le dijo a la prensa el lunes que habló con Biden sobre mantener la frontera abierta para aquellos que sigan los procesos legales para llegar a Estados Unidos.

También elogió la reducción de llegadas a la frontera entre EEUU y México, diciendo que se habían reducido a alrededor de 6.000 por día en enero debido, en parte, a programas sociales en otros países latinoamericanos respaldados por su gobierno.

Biden, demócrata que aspira a otro mandato en las elecciones del 5 de noviembre, ha endurecido su enfoque sobre la seguridad fronteriza en los últimos meses, a medida que la inmigración se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los votantes estadounidenses.

Los republicanos lo han criticado por dar marcha atrás en las políticas fronterizas restrictivas de la era de su antecesor, el expresidente Donald Trump, y por no frenar el aumento de los cruces ilegales.

La Casa Blanca ha considerado utilizar la autoridad ejecutiva del gobernante para bloquear a los migrantes en la frontera, pero tal medida podría desencadenar desafíos legales y el disgusto de algunos demócratas.

También está estudiando formas de conceder un estatus legal temporal y permisos de trabajo a los inmigrantes que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos y estén casados con ciudadanos del país norteamericano, una medida que podría servir de contrapeso a las restricciones en la frontera.

La Corte Suprema de Estados Unidos examinó este jueves si el expresidente Donald Trump cuenta con inmunidad y puede evitar ser procesado por su intento de revertir su derrota electoral de 2020 ante el demócrata Joe Biden.

El juicio del ex presidente por presunta interferencia electoral ha sido retrasado durante meses mientras la Corte considera el argumento de Trump de que los presidentes deberían ser inmunes a las acciones que tomen mientras están en el cargo.

En Nueva York, Trump dijo que quería estar presente en la Corte Suprema pero en vez de eso, tuvo que nuevamente presentarse a una corte de Nueva York, donde está siendo juzgado por cargos de falsificar registros para ocultar información perjudicial a los votantes cuando dirigió pagos monetarios a una actriz de películas para adultos a fin de mantener en secreto sus afirmaciones de que tuvieron relaciones sexuales.

"Creo que en la Corte Suprema que tiene que ver con la inmunidad, escuché que el argumento fue brillante. Pensé que las preguntas del juez eran geniales y todos los presidentes deben tener inmunidad", declaró Trump.

La mayoría de los jueces de la Corte Suprema, que se espera que emita su fallo a finales de junio, no parecían inclinados a respaldar la afirmación de Trump.

Pero al menos cuatro de los nueve magistrados parecieron estar en desacuerdo con un fallo de un tribunal inferior que estipuló que un expresidente no goza de "inmunidad absoluta" frente a un proceso penal después de dejar el cargo.

Los abogados de Trump sostuvieron que los expresidentes tienen derecho a inmunidad absoluta por sus actos oficiales. De lo contrario, dicen, los procesos por motivos políticos de exmandatarios serían rutinarios y los presidentes no podrían asumir el papel de comandante en jefe si tienen que preocuparse por cargos penales.

Por su parte, la fiscalía afirmó que quienes redactaron la Constitución nunca tuvieron la intención de que los presidentes estuvieran por encima de la ley y que, en cualquier caso, los actos de los que se acusa a Trump —incluyendo el participar en un plan para incluir electores falsos en estados disputados ganados por Biden— no son de ninguna manera parte de los deberes oficiales de un presidente.