Enlaces de accesibilidad

América Latina

Leyes que limitan la libertad de expresión se multiplican en Latinoamérica

Las legislaciones, selladas por legislativos donde existe poca pluralidad política, guardan elementos en común y demuestran una tendencia autoritaria que pasa por encima de las ideologías.

Las leyes que limitan la libertad de expresión han aumentado en Latinoamérica en los últimos años, profundizando lo que expertos califican como una erosión de la democracia en la región, sostienen expertos consultados por la Voz de América, a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra este martes.

El Salvador, con la reciente reforma al Código Penal que amenaza con cárcel a los reporteros que informan sobre las pandillas, es el último ejemplo de una tendencia que se ha replicado en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Las regulaciones que limitan la libertad de expresión en América Latina, selladas por legislativos donde existe poca pluralidad política, guardan elementos en común y demuestran una tendencia autoritaria que va más allá de las distintas ideologías de los gobiernos que las erigen, señalaron analistas consultados por la VOA.

“Cuando en algunos gobiernos la prensa libre comienza a ser silenciada, otros líderes que estaban buscando un escape a la crítica toman nota de otros que ya han recorrido ese camino para silenciar a los medios”, dijo a la VOA Carolina Jímenez, directora de la Oficina de Washington Para Latinoamérica (WOLA).

La polémica reforma al Código Penal en El Salvador, aprobada a mediados de abril por el gobierno de Bukele, hizo sonar las alarmas en organizaciones para la libertad de prensa y los derechos humanos, que la calificaron como una legalización de la censura.

La reforma castiga con hasta 15 años de cárcel a quienes elaboren o reproduzcan “mensajes, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas” y prohíbe a los medios de comunicación transmitir mensajes originados por “grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico” en la ciudadanía.

Esa ley de El Salvador guarda similitudes con leyes aprobadas en los últimos años en Nicaragua y Venezuela, que también criminalizan el discurso público y de los medios.

En el 2020, Nicaragua aprobó la Ley especial de Ciberdelitos, bajo la cual han sido acusadas unas 10 personas desde que entró en vigencia e incluye penas de dos a ocho años de prisión para quienes el gobierno considere que “propagan noticias falsas” o divulguen información confidencial de las instituciones del estado o el acceso no autorizado a las páginas web del gobierno, entre otros.

En Venezuela, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en el 2017, ha sido utilizada en los últimos años para hostigar a opositores, activistas y periodistas. En su artículo 20, esta ley sostiene que quien fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia públicamente será sancionado con prisión de 10 a 20 años.

Tanto en Venezuela como en Nicaragua, estas leyes han sido utilizadas para criminalizar el discurso en redes sociales y han llevado ante la justicia a ciudadanos por expresar sus opiniones en línea.

Para León Hernández, profesor de investigador en temas de comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, las leyes o reformas pasadas en los tres países buscan aplicar la censura.

“Se trata de silenciar mensajes y comunicación contraria a los intereses de una élite en el poder, para evitar contradicciones con la propaganda oficial”, dijo el académico a la Voz de América.

La estrategia que han seguido estos gobiernos, señaló León, es usar una excusa de censura “aparentemente positiva” y con el presunto objetivo de salvaguardar la seguridad pero que viola “los derechos comunicacionales”.

Autoritarismos “independientes de la ideología”

Estos intentos por restringir la libertad de expresión no están ligados a una ideología concreta, aseguran los expertos.

“La censura ilegítima, arbitraria, ni está casada con un solo tipo de ideología, ni puede defenderse a rajatabla desde ideología política alguna”, argumentó León.

Jímenez, de WOLA, quien ha trabajado durante años en temas de derechos humanos, lo ve como un asunto ligado al autoritarismo.

“Los autoritarismos no son ideológicos, independientemente de lo que ellos digan”, dijo.

Para la experta, en la región existe una pugna entre los gobiernos que intentan promover valores democráticos y otros que “instalan prácticas autoritarias como forma de ejercer la política”.

Eliseo Núñez, analista político y jurista nicaragüenese, comparte esa opinión. “Es un tema de autoritarismo”, dijo a la VOA, pero señaló que, en el caso de Venezuela y Nicaragua, la implementación de estas leyes está relacionada con los lazos que tienen estos países con Rusia.

El gobierno ruso también tiene leyes que limitan la libertad de expresión en el ciberespecio y que, como nota Núñez, guardan similitudes con las normas emitidas por los gobiernos de Daniel Ortega y Nicolás Maduro.

Desde el 2012, el Parlamento ruso ha adoptado una serie de leyes que restringen la libertad de expresión, en particular castigando la “expresión extremista”. Según Humans Rights Watch, entre el 2014 y el 2016, aproximadamente el 85% de las convicciones por expresión extremista estaba relacionadas con discurso o expresión ciudadana en internet.

Más recientemente, a principios de marzo de este año, el Parlamento ruso aprobó una ley que condena hasta con 10 años de cárcel la difusión de noticias falsas sobre el ejército ruso y su papel en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Núñez asegura que las leyes del gobierno de Ortega en Nicaragua “fueron prácticamente adaptadas de la legislación rusa”. En particular, asegura, la ley de ciberdelitos y la ley de agentes extranjeros.

Esta última es conocida como ‘Ley Putin’, por las similitudes que guarda con la legislación aprobada por el presidente ruso, Vladimir Putin, que controla la presencia de organizaciones internacionales y que reciben financiación extranjera en el país.

La ley de Agentes Extranjeros en Nicaragua ha sido utilizada por el gobierno de Ortega para cerrar, desde el 2018, aproximadamente 60 organismos no gubernamentales que operaban en el país.

En Venezuela, en abril del 2021, el gobierno aprobó una norma que obliga a las ONG a registrarse ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, donde estarán expuestos a la fiscalización de sus listas de donantes, movimientos financieros, actas constitutivas, beneficiarios y socios.

El presidente Bukele en El Salvador buscó también por su parte aprobar en el parlamento una ley de agentes extranjeros, que fue ampliamente criticada por organizaciones de defensa de los derechos humanos, pero que no fue aprobada por el legislativo.

Para Jiménez es muy difícil “determinar qué país se copia de quién” y señaló que los retrocesos en material de libertad de expresión y el ataque contra los medios “son parte de un problema mayor de erosión democrática que está viviendo América Latina”.

El gobierno cubano, que mantiene un férreo control de los medios de comunicación desde que los hermanos Castro llegaron al poder en 1959, prohíbe el discurso que no sea afín con el oficial y castiga con cárcel a quienes se atrevan a expresarse en contra.

Tras las protestas del 11 de julio del 2021, en las que las redes sociales jugaron un papel fundamental, las autoridades cubanas limitaron el acceso a internet, al tiempo que acusaron a grupos de interés y al gobierno de Estados Unidos de usar redes sociales para alentar manifestaciones ficticias.

Con el Decreto-Ley 35, el gobierno cubano tipificó los delitos cibernéticos como acciones de alta peligrosidad. La legislación castiga la "divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, y difamación con impacto en el prestigio del país", lo cual ha sido señalado como un instrumento de censura.

Periodistas independientes han calificado el decreto como una "ley mordaza" y Human Rights Watch lo ha calificado como un "ataque a la libertad de expresión".

Vea todas las noticias de hoy

Oposición venezolana anuncia "refundación" de Plataforma Unitaria y elecciones primarias en 2023

Omar Barboza, político venezolano.

Los partidos opuestos al gobierno venezolano de Nicolás Maduro anunciaron la refundación de su organización y la realización en 2023 de votaciones primarias para seleccionar a un candidato unitario para las elecciones presidenciales, previstas para dentro de dos años.

La llamada Plataforma Unitaria, como identifican al bloque de al menos 30 organizaciones y movimientos políticos que enfrentan al chavismo, aseguró mediante un comunicado que acordó “por unanimidad” decisiones estratégicas para garantizar su funcionamiento como una instancia “amplia e inclusiva”.

Según la oposición, operará con “reglas de juego muy claras y áreas de trabajo concretas”, tendrá delegaciones en regiones y municipios de Venezuela y fundará “capítulos” en todos los países donde le sea posible.

La Plataforma Unitaria confirmó que Omar Barboza, expresidente del Parlamento en 2018 y diputado electo en 2015, será su secretario ejecutivo para “coadyuvar al desarrollo armónico del debate y fortalecimiento de la unidad”. De acuerdo con el comunicado, trabajará junto a un equipo “Político y técnico”.

Uno de los acuerdos más trascendentales es que “la candidata o candidato presidencial de las fuerzas democráticas será elegido por un amplio y plural proceso de primarias, que se realizará en el año 2023”.

Varios dirigentes opositores, entre ellos Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por 50 gobiernos desde enero de 2019, habían solicitado públicamente este año que hubiese unas primarias para ese fin.

La Plataforma Unitaria anunció asimismo el inicio de “un profundo proceso de consultas con todo el país” para preparar ese “poderoso mecanismo” de selecciones del candidato presidencial de la oposición venezolana.

La Voz de América pudo conocer a través de fuentes opositoras que los acuerdos se lograron en una serie de reuniones por tres días entre dirigentes y delegados nacionales de partidos opositores en Panamá, la semana pasada.

“La lucha unitaria tiene como objetivo fundamental lograr el cambio político, entendiendo, que es el único camino verdadero para detener el sufrimiento de millones de venezolanos”, apuntó la organización opositora en su nota oficial.

Los anuncios de la plataforma opositora ocurren semanas después de que el gobierno de Maduro anunciara una serie de consultas para “reformatear” el diálogo político de Ciudad de México y se negara a debatir acuerdos con el llamado gobierno interino de Juan Guaidó, a quien acusó de estar vinculado con el narcotráfico. El dirigente opositor negó rotundamente tales señalamientos.

Chile apoya inclusión de Cuba en la Cumbre de las Américas, pero sin exigir

El presidente de Chile, Gabriel Boric, el 2 de mayo de 2022. (AP Photo/Esteban Félix).

El gobierno chileno considera que Cuba, Nicaragua y Venezuela deben asistir a la Cumbre de las Américas, pero que la participación de Chile no estará supeditada a la presencia de esos tres países.

La canciller Antonia Urrejola dijo el domingo al diario La Tercera que en los últimos años la exclusión no ha dado resultado en materia de derechos humanos, y que ella y el presidente Gabriel Boric han estado insistiendo en celebrar una Cumbre lo más amplia posible.

Acerca de las ideas políticas de Boric, quien en el pasado ha criticado la represión en Cuba, Nicaragua y Venezuela, dijo que el presidente tiene un discurso nuevo en la izquierda latinoamericana y que está promoviendo un liderazgo enfocado en el valor de la democracia y los derechos humanos.

Agregó que la región está superfragmentada, se ha polarizado y que de alguna manera, bajo el liderazgo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, sería importante poder conversar más allá de las diferencias.

El gobierno mexicano ha amenazado con no asistir a la Cumbre si hay exclusiones. El gobierno de Estados Unido no ha cursado las invitaciones al evento, pero el Departamento de Estado ha dicho que Cuba, Venezuela y Nicaragua probablemente no estarían presentes porque no son democracias.

La Cumbre de las Américas se celebrará en Los Angeles del 6 al 10 de junio.

¿Quién es Claudia Díaz Guillén, la enfermera de Hugo Chávez acusada de corrupción en EEUU?

MARACAIBO/VENEZUELA — El fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, fundador del movimiento socialista conocido como la revolución bolivariana, le tuvo tanta confianza y cariño que, primero, la aceptó como su enfermera y, luego, decidió nombrarla tesorera de la nación y secretaria de un fondo millonario del Estado.

Claudia Díaz Guillén, una militar retirada de 48 años, no ejerce hoy cargo político alguno en el gobierno de Nicolás Maduro, sucesor de su protector. Está detenida en una cárcel de Florida, Estados Unidos, recién extraditada desde España, acusada de recibir sobornos milmillonarios gracias a sus cargos.

Su nombre volvió a ser tendencia en las agencias y medios periodísticos mundiales luego que un tribunal federal de West Palm Beach le negara la libertad bajo fianza por “riesgo de fuga”, este viernes, apenas 24 horas después de que las autoridades españolas la entregaran a Estados Unidos.

Se pudo conocer que la Fiscalía del Distrito Sur estadounidense la sigue por tres delitos: uno por “conspiración para competer blanqueo de capitales” y dos por “blanqueo de capitales” haciendo uso de la banca de Miami, Florida.

¿Quién es ella?

Díaz Guillén es una oficial que alcanzó el rango de sargento técnico y que, entre 2011 y 2013, fungió como directora de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela y secretaria del Fondo de Desarrollo Nacional (Fondén), una institución creada por Chávez en 2005 para invertir los millonarios recursos que recibía el país suramericano por concepto de exportaciones de petróleo.

Dirigentes opositores y organizaciones independientes criticaron el manejo opaco del Fondén, hasta calificarlo como “la caja negra de Chávez” con fines geopolíticos. Se considera que este fondo manejó hasta 100.000 millones de dólares. Solo en 2011, recibió hasta 25% de las regalías petroleras.

Poderopedia, un portal especializado en perfiles de gobernantes y dirigentes políticos de Venezuela, destaca que Díaz Guillén es esposa de capitán retirado del Ejército y ex edecán (jefe de seguridad) de Chávez, Adrián Velásquez.

¿De qué se le acusa?

Una serie de publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) señaló al esposo de Díaz Guillén como cliente del bufete panameño Mossack Fonseca para poder lavar dinero y evadir impuestos, también mediante la firma suiza V3 Capital Partners LLC.

Esa asociación le permitió al militar retirado crear una empresa en un paraíso fiscal en la República de Seychelles, un grupo de 115 islas del océano Índico, al noreste de Madagascar, a 13.500 kilómetros de distancias de Venezuela, de acuerdo con los reportajes conocidos popularmente como los Panama Papers.

La investigación permitió determinar, además, que Velásquez tuvo participación en otras cinco empresas domiciliadas en Panamá, también con tales fines.

Díaz Guillén y su pareja migraron de Venezuela luego de la muerte de Chávez, anunciada en marzo de 2013, según informes de prensa del país suramericano.

Otras noticias precisaron que ambos fijaron residencia temporal en República Dominicana, al menos hasta mediados de 2015, en una zona de Punta Cana cuyas viviendas costaban entre 400.000 y 1,6 millones de dólares.

“Esquema" corrupto

Las acusaciones de la justicia estadounidense en contra de la pareja cercana al mandatario fallecido, en 2020, revelaron más detalles de sus presuntos vínculos con un “esquema de lavado de capitales y sobornos internacionales”.

Díaz Guillén y Velásquez participaron en un método de corrupción a través del sistema cambiario de Venezuela por al menos 1.000 millones de dólares. Los esposos residían ya en Madrid, España, al momento de la acusación penal.

La justicia norteamericana señaló entonces como su cómplice al empresario venezolano Raúl Gorrín, conocido por comprar en 2013 la mayoría accionaria del canal privado de noticias Globovisión y acusado por Estados Unidos en agosto de 2018 de conspiración y comisión de lavado de capitales.

Según Estados Unidos, Díaz Guillén y Velásquez recibieron “millones de dólares en sobornos” para que la enfermera de Chávez asegurara los derechos sobre transacciones internacionales de cambio de divisas a “tasas favorables”.

La acusación formal de la justicia estadounidense indicó que Gorrín transfirió dinero tanto a Díaz Guillén como a Alejandro Andrade, otro tesorero venezolano, para el beneficio de ambos y para la compra de jets privados, yates, casas, caballos de carreras, relojes de alta gama y una línea de moda.

Andrade, conocido en la política venezolana como “El Tuerto”, también exescolta de Hugo Chávez, recibió en 2018 una sentencia de 10 años de cárcel en Estados Unidos. Quedó en libertad en febrero pasado por sus colaboraciones, admisiones y revelaciones a la justicia norteamericana, sin embargo.

Condenas a altos líderes empresariales en Nicaragua cierra ciclo de juicios políticos

Los precandidatos presidenciales detenidos en Nicaragua. [VOA]

La justicia de Nicaragua condenó el martes por la noche al presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Heally, a 13 años de cárcel. De igual forma fue condenado el vicepresidente de esta gremial, Álvaro Vargas, a nueve años de prisión, informó el centro de derechos humanos Cenidh.

Tanto Heally como Vargas ya habían sido declarados culpables el 29 de abril por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en un juicio realizado a puertas cerradas en las celdas conocidas como El Chipote, en Managua, donde se encuentran detenidos desde 2021.

Con la condena de ambos dirigentes gremiales, culminan los juicios políticos ordenados por el gobierno de Daniel Ortega contra unos 50 líderes y figuras del país críticos de sus políticas. Las penas impuestas oscilan entre 7 y 13 años de prisión.Entre los condenados se encuentran los siete opositores que aspiraban competir con Ortega en los comicios del 7 de noviembre, en los que el mandatario se impuso para un nuevo período de cinco años más.

Miguel Mora, precandidato del Partido de Restauración Democrática fue condenado a 13 años de cárcel; la misma pena fue declarada para los otros aspirantes a la presidencia Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz y Noel Vidaurre.

La pena menor la recibió Cristiana Chamorro, también aspirante a la presidencia, que cumple ocho años de cárcel pero en condición de arresto domiciliar.

Con las condenas de los 50 opositores nicaragüenses, el panorama sigue siendo incierto en el país, dicen a la VOA algunos críticos de Ortega que se encuentran exiliados por temor a ser detenidos.

Recientemente Laureano Ortega, hijo del mandatario Daniel Ortega intentó acercarse a Washington en busca de reducir las sanciones impuestas por Washington al entorno político de Managua. Estados Unidos confirmó que mantiene "comunicación" con las autoridades de Nicaragua pero otros progresos en ese diálogo se desconocen.

Por ahora y contrario a los pronósticos, el oficialismo anunció una serie de reformas a las leyes en virtud de las cuales fueron detenidos los opositores.

“Con las sentencias dictadas, la dictadura cierra una fase de represión”, dice a la VOA el dirigente opositor Héctor Mairena, de UNAMOS.

En UNAMOS se encuentran aglutinados disidentes sandinistas como la exguerrillera Dora María Téllez, Suyen Barahona; Ana Margarita Vigil y Víctor Hugo Tinoco, todos estos también en prisión.

Mairena ve con alarma el panorama en Nicaragua y asegura que la última sentencia es “una agresión directa” contra el empresariado y lamentó el silencio de este gremio.

“Estas sentencias y penas son parte de lo que los especialistas han llamado la institucionalización del estado autoritario. La condena contra los empresarios es una agresión directa contra un sector importante. Lamentablemente aún no reaccionan“, dijo Mairena vía telefónica a la VOA.

Estados Unidos ha tildado los juicios en Nicaragua como “una burla” cargada de irregularidades procesales, según dijo a la VOA un portavoz del Departamento de Estado.

“Estos juicios parecen tener la intención de aterrorizar y desalentar a otros nicaragüenses de ejercer sus derechos”, dijo EE.UU.

Ortega comenzó a encarcelar a sus críticos desde mayo de 2021, en pleno año electoral, cuando las encuestas no eran favorables al mandatario sandinista. Nicaragua atraviesa una crisis política desde 2018, a partir de las protestas que dejaron más de 300 muertos, de acuerdo a organismos de derechos humanos.

El presidente sandinista ha dicho que las protestas fueron un intento de golpe de Estado de la oposición junto a sectores empresariales, eclesiásticos y de movimientos sociales.

“Con estas injustas condenas se cierra el ciclo de persecución judicial contra los presos políticos que están el El Chipote y bajo arresto domiciliar. Demandamos que las autoridades superiores revoquen estos injustos encarcelamientos e ilegales condenas”, ha dicho al respecto el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Asesinan en Colombia a fiscal antidrogas de Paraguay

El fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

El fiscal paraguayo Marcelo Pecci, conocido por su labor en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, fue asesinado el martes en una playa de una isla frente a la ciudad colombiana de Cartagena, informaron las autoridades de ambos países.

Pecci, de 45 años, trabajó en casos de alto perfil contra el lavado de dinero y el narcotráfico, en la investigación del asesinato de la hija de un gobernador regional el año pasado y en el caso contra el exfutbolista brasileño Ronaldinho, quien fue detenido tratando de entrar a Paraguay con un pasaporte adulterado en 2020.

"Ya tenemos informaciones que están siendo recolectadas en los actos urgentes y que son de carácter reservado que nos ayudarán a identificar a los responsables de ese lamentable hecho", afirmó el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional.

Una delegación de la policía paraguaya llegará a Colombia para sumarse a la investigación, anunció Vargas, agregando que funcionarios de Estados Unidos también ayudarán en la investigación.

La esposa de Pecci, la periodista paraguaya Claudia Aguilera, dijo a medios de su país que fueron abordados por dos hombres que llegaron en una lancha hasta una playa privada de un hotel de isla Barú, en donde se hospedaban, y que dispararon contra el fiscal.

Aguilera aseguró que su esposo no había recibido amenazas de muerte.

La pareja, que estaba de luna de miel en el principal balneario turístico de Colombia en el Mar Caribe, había anunciado el embarazo de Aguilera en Instagram a primera hora del martes.

"El cobarde asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia enluta a toda la Nación paraguaya", dijo el presidente de Paraguay, Mario Abdo, en su cuenta de Twitter.

"Condenamos en los términos más enérgicos este trágico hecho y redoblamos nuestro compromiso de lucha contra el crimen organizado. Nuestras sinceras condolencias a sus familiares", agregó.

Cargar más

XS
SM
MD
LG