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Derechos Humanos

Anuncian la creación del Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión (MOLE)

La periodista independiente Camila Acosta. (Captura de video/YouTube)

Periodistas independientes y activistas de los derechos humanos en Cuba han creado el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión (MOLE), anunció la reportera Camila Acosta, quien promueve la iniciativa y ha sido víctima de multas y acosos por parte del régimen.

Declaraciones de la periodista independiente Camila Acosta
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"A raíz del aumento de las multas y del acoso a los periodistas independientes y a todas esas personas de la sociedad civil que han manifestado su posición contraria a la dictadura, se ha generado un gran movimiento de apoyo a esta campaña y decidimos crear el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión", declaró Acosta en conversación con Radio Televisión Martí.

Acosta explicó que de MOLE ya forman parte los que han trabajado directamente contra el Decreto Ley 370, que penaliza la diseminación de informaciones en internet que el régimen considera contraria a los intereses del país, y quienes han sido multados haciendo uso del mismo.

Indicó que MOLE no solamente fue constituido para enfrentarse al Decreto 370 sino también para salirle al paso a cualquier otra ley que intente coartar el derecho a la libre expresión.

"Queremos exigir que se derogue el Decreto Ley 370 y también que se respete nuestra libertad de expresión", afirmó.

La periodista independiente indicó que "muchísimas leyes son las que coartan actualmente nuestra libertad. Estuvo el Decreto Ley 349 y hace unos años también la Ley 88, la ley mordaza, por la que fueron sancionados el grupo de los 75 (opositores) en el año 2003".

"El Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, MOLE, por sus siglas, juega también con este término por lo que vamos a representar a partir de ahora para esta dictadura", enfatizó.

En los últimos meses, el régimen cubano ha empleado el Decreto 370 para tratar de censurar cualquier información crítica sobre la realidad de la isla en redes sociales.

La campaña de amenazas, acosos, detenciones y multas ha tenido como objetivos a periodistas independientes, defensores de los derechos humanos, opositores y miembros de la sociedad civil.

Han sido muchas las voces que dentro y fuera de la isla han denunciado la ola represiva y han exigido la derogación del Decreto 370.

(Esta nota se elaboró a partir de una entrevista de la periodista de Radio Televisión Martí Ivette Pacheco)

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Luis Robles "angustiado" por su caso, mientras régimen ratifica medida de prisión provisional

Luis Robles Elizastigui. (Imagen publicada en redes sociales)

El Tribunal Popular de La Habana denegó una cuarta solicitud para un cambio de medida cautelar a favor del preso político Luis Robles Elizástegui, por lo que el joven permanecerá en prisión provisional hasta el día del juicio.

Landy Fernández, hermano de Robles, dijo a Radio Martí, que el detenido se siente "desesperado y angustiado" porque su situación no ha cambiado desde que fue encarcelado. "Un día la Seguridad del Estado le dice que la Fiscalía es quien lo tiene detenido, y otro día un fiscal le dice que la Seguridad del Estado es quien lo tiene ahí", señaló.

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La solicitud del cambio de medida, negada el 14 de octubre, fue presentada por el abogado de Robles Elizástegui ​basada en las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo, quien después del levantamiento popular del 11 de julio afirmó que "todos los cubanos tienen derecho a manifestarse". Sin embargo, el Tribunal Popular de La Habana ​negó la solicitud por considerar que "no había suficientes razones" para otorgar una medida cautelar.

Robles Elizástegui, quien no está afiliado a ningún grupo opositor, fue multado primeramente con 1,000 pesos y detenido en Villa Marista. Luego fue trasladado a la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana.

El auto de denegación entregado al abogado del joven indica que tendrá que seguir detenido hasta el día de juicio, pautado para el mes de diciembre, luego de que fuese suspendido uno previo por la manifestación del 11 de julio.

Fernández aseguró que su madre presentó una queja por la decisión del Tribunal, y la respuesta que recibió fue el mismo documento entregado al abogado.

Robles fue detenido cuando protestaba pacíficamente con un cartel en el boulevard de San Rafael, en La Habana, pidiendo la libertad del rapero contestatario Denis Solís, encarcelado en ese momento.

La Fiscalía pide al manifestante seis años de privación de libertad, por los delitos de "propaganda enemiga y desobediencia".

Según denuncias desde prisión, el joven ha sido llevado en varias oportunidades a celda de castigo y ha sido víctima de aislamiento.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

Presentan denuncia sobre manifestante golpeada en Matanzas ante grupo sobre Detenciones Arbitrarias de ONU

Imágenes de la detención violenta de Lázara Karenia González Fernández. (Twitter/@IntlHumanRight)

La plataforma Inteligencia Ciudadana, enfocada al enfrentamiento de la Corrupción y la defensa de las libertades básicas en Cuba, presentó este lunes una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, a favor de Lázara Karenia González Fernández, detenida por su participación en las protestas del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas.

“La joven matancera es otra de las tantas víctimas de la brutal e inaudita represalia que desató el señor Díaz Canel con su arenga cargada de odio el pasado 11 de julio”, indicó el abogado Sergio Osmín Fernández Palacios, director de Inteligencia Ciudadana.

El gobernante Miguel Díaz Canel manifestó en una alocución televisada el mismo 11 de julio: “Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas que salgan a las calles. La orden de combate está dada”.

La proclama desató el “caos incontrolable en las calles cubana, donde las fuerzas represivas y los grupos de odio llevaron a cabo arrestos violentos, incluyendo acciones con lesiones físicas a los manifestantes, no certificadas por ningún facultativo”, apuntó Fernández Palacios.

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González Fernández, de 28 años, cumple prisión preventiva en el Centro Penitenciario para Mujeres BELLOTEX de Matanzas, acusada de los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. Las peticiones de cambio de medida cautelar, presentadas por su representación legal, han sido denegadas por la Fiscalía.

“En el caso de Lázara Karenia se le ve a través de varios vídeos, como forma parte de la manifestación que tuvo lugar en su ciudad de Cárdenas, caminando de manera pacífica, llevando de sus manos su moto bicicleta cuando una agente uniformada de los ‘boinas rojas’ la agrede para arrestarla y, seguidamente, la tira para el piso y la arrastra por la vía pública”, dijo el letrado.

La embestida violenta de Nayalis Correoso Mora, miembro de la Unidad de Prevención y Control subordinada a la Contrainteligencia Militar de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) contra Lázara Karenia González Fernández aparece fundamentada en la denuncia ante la entidad de la ONU.

En el Expediente de Fase Preparatoria No. 123/21 junto a González Fernández están radicadas otras personas.

En Cárdenas, los manifestantes hambreados, hastiados y azotados por la pandemia volcaron patrullas policiales y vehículos de funcionarios y dirigentes del Partido Comunista.

“Lo cierto es que en el proceso hay presentes un sinnúmero de violaciones de derechos, lo cual está debidamente fundamentado al referido grupo de Trabajo “.

Esta es la vigésima primera denuncia presentada por Sergio Osmín Fernández Palacios ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.

DOCUMENTO: Informe de Human Rights Watch sobre detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos en Cuba

Agentes de la policía política detienen a un manifestante, el 11 de julio, en La Habana. ((AP/Ramón Espinosa)

La organización Human Rights Watch presentó este martes, en Miami, el informe “Cuba: detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos” que a continuación reproducimos.

El gobierno cubano ha llevado a cabo, de forma sistemática, detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos en respuesta a las protestas abrumadoramente pacíficas de julio de 2021, señaló hoy Human Rights Watch. Los patrones consistentes y reiterados de abusos por parte de múltiples fuerzas de seguridad en distintos lugares de Cuba sugieren de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir la protesta.

El 11 de julio, miles de cubanos salieron a las calles en todo el país para participar en manifestaciones históricas en protesta por las violaciones de derechos humanos que sufren hace décadas, la escasez de comida y medicamentos, y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19.

Las autoridades cubanas arrestaron a cientos de manifestantes y transeúntes, incluyendo críticos conocidos y ciudadanos de a pie. Muchos de los detenidos fueron sometidos rutinariamente a abusos brutales durante su detención, incluyendo casos de violencia de género, y decenas fueron procesados mediante juicios que violaron las garantías más básicas del debido proceso. Al menos un manifestante falleció. Cientos siguen encarcelados o bajo reclusión domiciliaria, incluidos algunos menores de 18 años.

“Cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio, el gobierno respondió desplegando una brutal estrategia de represión destinada a infundir miedo entre la población y reprimir el disenso”, señaló Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch.

“Manifestantes pacíficos y otros críticos han sido sistemáticamente detenidos, incomunicados, sometidos a abusos en condiciones carcelarias nefastas, y juzgados en procesos que son una verdadera farsa. Los patrones en estos abusos demuestran que claramente no se tratan del resultado de conductas abusivas de unos pocos oficiales”, agregó.

Human Rights Watch ha documentado en detalle violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, maltratos y procesos penales abusivos, contra 130 víctimas en 13 de las 15 provincias cubanas, así como en la Isla de la Juventud, que se considera un “municipio especial”.

Entre julio y octubre, Human Rights Watch entrevistó a más de 150 personas, entre ellas, activistas, víctimas, familiares, periodistas, y abogados con conocimiento directo de los casos; consultó documentos judiciales, multas impuestas a manifestantes, artículos de prensa y publicaciones de organizaciones de derechos humanos cubanas; y corroboró numerosos videos y fotos.

Los funcionaros implicados en abusos incluyen a miembros de los servicios de inteligencia, que en Cuba se conocen como “Seguridad del Estado”, las fuerzas militares, la policía nacional y la brigada especial del Ministerio del Interior conocida como “boinas negras”. Las “brigadas de respuesta rápida”, nombre por el que se conoce a grupos de civiles organizados por el gobierno, estuvieron implicados en varias golpizas. Jueces y fiscales, que en Cuba no tienen ninguna independencia respecto del gobierno, facilitaron procesos penales abusivos y participaron en ellos.

El 11 de julio, cuando empezaron las manifestaciones, el presidente Miguel Díaz-Canel instó a sus partidarios y fuerzas de seguridad a responder a las protestas con violencia. “Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la revolución”, manifestó. “La orden de combate está dada”. Varias organizaciones indicaron que ese día hubo interrupciones del servicio de internet en todo el país, seguidas por conectividad intermitente, incluidas restricciones a las redes sociales. El gobierno cubano ha recurrido en reiteradas ocasiones a las restricciones de internet para limitar la posibilidad de los críticos de movilizarse.

Human Rights Watch determinó que los agentes detuvieron reiteradamente a manifestantes pacíficos y transeúntes e impidieron que muchas personas protestaran, arrestando a críticos cuando se dirigían a las manifestaciones. Más de 1.000 personas fueron detenidas, según la organización cubana de derechos humanos Cubalex; de las cuales, más de 500 siguen encarceladas y muchas otras se encuentran bajo reclusión domiciliaria.

Diubis Laurencio Tejeda, un cantante de 36 años, murió el 12 de julio durante una manifestación en La Güinera, un barrio de bajos recursos en las afueras de La Habana. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, una organización no gubernamental, señaló que un policía le disparó por la espalda. Nadie ha sido juzgado por su muerte.

La investigación de Human Rights Watch indica que las manifestaciones de julio fueron abrumadoramente pacíficas. Muchos manifestantes gritaron “¡Libertad!” o “Patria y Vida”, en referencia a una canción que desafía el eslogan del régimen, “Patria o Muerte”, y critica la represión en el país.

En los 130 casos documentados en detalle por Human Rights Watch, las autoridades cubanas acusaron solo a un puñado de detenidos de participar en actos violentos, la mayoría de las veces por arrojar piedras durante las protestas. En la mayoría de estos casos, los detenidos o sus familiares negaron que estos hayan incurrido en actos de violencia, y en todos ellos los procesos penales se vieron marcados por graves violaciones al debido proceso y las condenas solicitadas o impuestas por las autoridades cubanas contra los detenidos parecen infundadas y excesivas.

En la mayoría de los casos que documentó Human Rights Watch, los detenidos estuvieron incomunicados varios días o incluso semanas, fueron arrestados con violencia y en algunos casos recibieron maltratos durante la detención. Algunas víctimas fueron obligadas a hacer sentadillas desnudas, privadas del sueño, golpeadas brutalmente o encerradas en celdas sin luz natural donde señalaron que perdieron noción del tiempo. A otras se las amenazó con represalias contra ellas o sus familiares por protestar.

La mayoría de los detenidos fueron sometidos a interrogatorios abusivos y reiterados, a veces en medio de la noche, en los cuales a menudo se les preguntó por la “organización” y el “financiamiento” de las manifestaciones y se los amenazó con largas penas de prisión.

Gabriela Zequeira Hernández, una estudiante de 17 años, contó que fue detenida en San Miguel de Padrón, provincia de La Habana, cuando pasó caminando por un lugar donde había una manifestación el 11 de julio. Dijo que, una vez detenida, dos agentes mujeres la obligaron a hacer cinco sentadillas desnuda mientras tosía y se presionaba a sí misma el estómago. Una agente le ordenó que se inspeccionara su propia vagina con un dedo. Unos días después, un agente varón la amenazó con llevarla junto con dos hombres a la zona que se conoce como “pabellón”, donde los detenidos reciben visitas conyugales. Varias veces, los agentes la despertaron durante la noche para interrogarla, contó Zequeira, y le preguntaron por qué había protestado y quien la “financiaba”.

El 22 de julio, Zequeira Hernández fue condenada a ocho meses de cárcel por “desorden público”. Solamente se le permitió ver a su abogado particular pocos minutos antes de la audiencia. Un tribunal superior le permitió cumplir la pena bajo reclusión domiciliaria. Zequeira y su familia indicaron que no pudieron obtener copias de las sentencias.

Muchos detenidos fueron sometidos a celdas oscuras, hacinadas e insalubres con escaso acceso a agua limpia o mascarillas para evitar la propagación del coronavirus. Los casos positivos confirmados de Covid-19 alcanzaron algunos de los niveles más elevados en Cuba en julio y agosto. Varios manifestantes parecen haber contraído el virus en detención.

Muchos manifestantes pacíficos han sido condenados en procesos penales “sumarios” en los que no se respetaron garantías básicas del debido proceso. Los manifestantes fueron juzgados de forma grupal, con frecuencia de a más de 10 personas, en audiencias celebradas mayormente a puerta cerrada, en las cuales los fiscales a menudo los acusaron de delitos vagos e imprecisos, como “desorden público”, basándose únicamente en testimonios de agentes de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades violaron sistemáticamente el derecho de los detenidos a un juicio justo. Los agentes habitualmente tardaron varios días en comunicar a los detenidos cuáles eran los motivos del arresto. Los familiares y abogados de los detenidos rara vez tuvieron acceso a los expedientes penales o a copias de las sentencias, lo cual hace prácticamente imposible que ejerzan una defensa legal. En los pocos casos en los cuales los detenidos contaron con representación legal, los abogados solo pudieron hablar con ellos unos pocos minutos antes del juicio.

El 19 de agosto, las autoridades cubanas informaron que 67 personas habían sido condenadas en relación con las protestas. En la mayoría de los casos, los manifestantes pacíficos fueron condenados a entre 10 meses y un año de cárcel, aunque algunos fueron enviados a reclusión domiciliaria tras apelación o fueron liberados después de pagar una multa, según comprobó Human Rights Watch.Descripciones de los casos de manifestantes detenidos por el gobierno cubano, julio de 2021

Descripciones de los casos de manifestantes detenidos por el gobierno cubano, julio de 2021

Todos los casos se basan en relatos directos de la víctima, sus familiares o su abogado. Cuando fue posible, Human Rights Watch consultó documentos judiciales y multas impuestas a los manifestantes, y verificó fotos y videos que corroboran los testimonios. Los casos documentados por Human Rights Watch representan apenas una fracción de la cantidad total de violaciones de derechos humanos que cometió el gobierno cubano durante las manifestaciones de julio.

Las investigaciones de Human Rights Watch indican que las manifestaciones de julio se desarrollaron de forma abrumadoramente pacífica. De los 130 casos que documentó Human Rights Watch, las autoridades cubanas acusaron solamente a unas pocas de las personas detenidas de participar en actos de violencia (en general, de arrojar piedras durante las protestas). En la mayoría de estos casos, las personas detenidas o sus familias negaron haber participado en actos de violencia, y en todos los casos los procesos penales se vieron afectados por graves violaciones a las garantías del debido proceso y las penas solicitadas o impuestas por las autoridades cubanas contra los detenidos parecen ser excesivas.

Las descripciones de los casos se actualizaron por última vez el 30 de septiembre de 2021.
Lista completa de los casos que documentó Human Rights Watch en: https://www.hrw.org/es/video-photos/interactive/2021/10/18/descripciones-de-los-casos-de-manifestantes-detenidos-por-el

A 100 días de las protestas del 11J en Cuba, HRW presenta informe sobre la "represión brutal" del régimen

Un hombre es detenido durante una manifestación contra el gobierno del presidente cubano Miguel Díaz-Canel en La Habana, el 11 de julio de 2021.

La organización Human Rights Watch presentará este martes, en Miami, el informe “Cuba: detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos”, y ha extendido una invitación a los interesados.

La presentación tendrá lugar este 19 de octubre, a las 11: 45 de la mañana, en el Miami Dade College, Edificio número 2, Breezewey, y la exposición del informe estará a cargo del director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

"(...) a 100 días de las protestas del 11 de julio, presentaremos un informe exhaustivo sobre la brutal represión del régimen cubano contra manifestantes”, anunció este lunes Vivanco en Twitter.

El informe se basa en las denuncias recibidas por la organización defensora de los derechos sobre la violencia desatada contra el pueblo por el régimen cubano durante los días 11, 12 y 13 del pasado mes de julio, cuando cientos de miles de cubanos se lanzaron a las calles de todo el país al grito de “¡Libertad!”.

Esta sublevación espontánea, inédita en los 62 años de duración del régimen castrista en el poder, dejó el saldo de un muerto a tiros y varias decenas de heridos a causa de la violencia policial, además de cientos de detenidos.

Prohibición de la marcha del 15N es “ilegítima, ilegal e inadmisible”, denuncia Cuba Próxima

Una marcha de manifestantes contra el gobierno en La Habana, Cuba, el domingo 11 de julio de 2021. AP / Ismael Francisco

La prohibición de la manifestación cívica del 15 de noviembre en la isla es “ilegítima, ilegal e inadmisible”, denunció este viernes el jurista Roberto Veiga González, presidente del think thank Cuba Próxima.

“La respuesta del Gobierno cubano es ilegítima, porque el derecho de manifestación es un derecho humano natural, al cual todos los ciudadanos deben tener acceso, con independencia de cómo esté formulada la legislación al respecto”, explica Veiga en declaraciones a Radio Televisión Martí.

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Licenciado en Derecho, con posgrados de Filosofía, Liderazgo y Ciencias políticas, entre otros, el líder de Cuba Próxima ha sido profesor de Historia del Estado y del Derecho, y anteriormente editó la revista católica “Espacio Laical” y coordinó el laboratorio de ideas Cuba Posible.

“[La respuesta dada a los convocantes] es ilegal, porque ha sido prohibida a partir de las supuestas decisiones de los gobiernos municipales, apelando a una interpretación de los derechos constitucionales. Según la legislación cubana, esto no es facultad de los gobiernos municipales, sino que lo sería solo de la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo”, argumenta Veiga.

Las autoridades prohibieron la "Marcha Cívica por el Cambio", convocada en varias ciudades, y acusaron a sus organizadores de plantear objetivos "inconstitucionales y desestabilizadores". No obstante, los convocantes mantienen su intención de manifestarse pacíficamente el 15N.

Para el presidente de Cuba Próxima, la prohibición “es además inadmisible, desde todos los puntos de vista: humanos, patrióticos y políticos, porque apela al artículo 4 para colocar a todos los cubanos con criterios diferentes a los de la cúpula del Partido Comunista, fuera de la República, sin derechos ciudadanos, como traidores a la patria”.

Cuba Próxima es una plataforma de investigación e influencia que promueve la construcción de una sociedad democrática y un Estado de Derecho en Cuba. Recientemente, anunció la incorporación de la expresidenta de la región de Madrid, Esperanza Aguirre, a su Consejo Asesor Internacional.

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