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Contra la censura

En Cuba un periodista independiente es casi un corresponsal de guerra

La periodista independiente cubana, Camila Acosta. (Archivo)

Una de las periodistas independientes cubanas que más represión y acoso ha sufrido en los últimos meses a manos de la policía política, Camila Acosta, cree que ejercer ese oficio en Cuba hoy por hoy es casi igual a trabajar como corresponsal de guerra.

“El asedio que tienes constantemente de la Seguridad del Estado: hacer periodismo independiente en Cuba casi que es ser un periodista de guerra, porque estás sometido constantemente a todas esas presiones”, dijo Acosta desde La Habana en entrevista con Radio Televisión Martí a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

No solo hay que desafiar a los agentes de la Seguridad del Estado y sobreponerse al acoso policial, manifiesta la corresponsal del sitio de noticias CubaNet. Uno de los principales contratiempos es estrictamente profesional: cómo conseguir la información cuando se trata de fuentes oficiales.

“Una de las barreras que tenemos es el acceso a las fuentes”, declara Acosta, de 26 años, graduada hace cuatro en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de La Habana y activa en el periodismo independiente desde que renunció a seguir cumpliendo servicio social en la televisora oficial capitalina Canal Habana.

“La mayoría de las veces no podemos consultar, por ejemplo, organismos ni instituciones, [no podemos] entrevistarlos, simplemente porque no te dan la entrevista o porque te piden una carta del centro laboral, y cuando les dices de qué medio eres, entonces ya definitivamente no te dan la entrevista”.

Otra cosa es que, cuando van a filmar o a grabar, deben hacerlo con extrema precaución para poder burlar la vigilancia impuesta por el gobierno.

“Yo lo pasé ahora con el tema este del coronavirus”, indica Acosta. “Salí en una ocasión a grabar las colas en La Habana y tenía que hacerlo con mucho cuidado; están poniéndoles multas a las personas que graban en las colas”.

El asedio de la policía política es extremo. A ella, por ejemplo, prácticamente la desalojaron de la vivienda que rentaba mediante presiones a los dueños del lugar, y la amenazaron con que iría presa, pero no a una cárcel, sino a cumplir “trabajo correccional sin internamiento”, un término que en la práctica significa obligarla a barrer calles.

En esos casos, la actitud de los oficiales de la Seguridad del Estado es muy insolente, declara la periodista independiente.

“No llegan a ser violentos --me refiero a violencia física--, pero sí violencia verbal”, testimonia Acosta. “Trabajan mucho la psicología. En mi caso fue una escalada represiva: primero ‘me regularon’, empezaron las citaciones policiales ‘para conversar conmigo’; primero tratar de convencerme para que abandonara el periodismo independiente o que colaborara con ellos”.

Cuando se dieron cuenta de que no iba a hacer ninguna de esas cosas, le advirtieron que tendría dos opciones: largarse definitivamente de Cuba o quedarse e ir a la cárcel por seguir haciendo periodismo independiente.

“Ellos [los agentes de la Seguridad del Estado] trabajan mucho eso: la psicología, la amenaza; una falta total de respeto”, subraya Acosta. “Todo esto forma parte de la presión que ejercen sobre ti, e incluso sobre tu familia, para hacerte abandonar el periodismo independiente”.

Acosta forma parte del grupo de comunicadores independientes que, en virtud del Decreto Ley 370, han sido multados con3,000 pesos cubanos, el equivalente a 120 dólares. También le decomisaron su teléfono celular.

“Me están armando un expediente criminal: el represor me lo dijo bien claro: te vamos a llevar a prisión”, relata la periodista. “No va a ser en la cárcel, porque tenemos mucha gente en las cárceles –me dijo así muy cínicamente-- y [queremos] vaciarlas: lo que te vamos a aplicar a ti es trabajo correccional sin internamiento, y donde más hace falta, que es barriendo las calles”, recuerda Acosta al citar las amenazas que le hizo el agente.

La idea es tratar de humillar y de denigrar al periodista independiente, observa Acosta. En estos momentos, dice, tiene poco tiempo para terminar un libro sobre la masonería cubana, tema al cual dedicó su tesis de graduación.

“Quien te dice que no tiene miedo, eso es mentira”, confiesa la reportera. “Pero yo digo que el miedo es lo que te hace ser valiente. Soy consciente de [lo necesario] que es mi trabajo actualmente en Cuba. El periodismo digamos que es el último [reducto] de enfrentamiento directo contra la dictadura”.

Se refiere a la campaña contra el Decreto Ley 370, cuya convocatoria en la página Avaaz.org ha recogido alrededor de 3,500 firmas.

“Nosotros lo teníamos bien claro cuando iniciamos esta campaña”, indica Acosta. “Utilizamos como pretexto el 370 porque es el [decreto] que han estado usando mayormente, sobre todo contra los comunicadores, por las publicaciones en redes sociales. Pero nos hemos dado cuenta de esto también: de que tratando de librarse de todas estas denuncias, están aplicando el Decreto Ley 310 y otros más”.

Camila Acosta: "Casi es como ser periodista de guerra"
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Por eso, asegura, la campaña no es solo contra el 370, sino contra todas las leyes dictadoras.

“De hecho la página nuestra se llama así: No a leyes dictadoras”, indica la reportera. “Estamos tratando de visibilizar todas esas multas arbitrarias. Está el 370, pero también algo que vienen imponiendo desde hace años a todos los activistas que arrestan en la vía pública: salen todos con una multa de 100, 200 pesos por violar un ‘dispositivo de seguridad’ imaginario, porque te arrestan en la vía pública y no tienes forma de resistirte”.

Esto no para aquí, advierte Acosta.

“Ayer fue el 349, hoy es el 370, que son los más visibles, pero mañana puede ser cualquier otra ley, y de hecho hoy hay muchísimas leyes que son dictadoras”, concluyó.

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CPJ aboga por cese de acoso a reportera de Palenque Visión

Yadisley Rodríguez Captura de pantalla Cubanet You Tube

El Comité para Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), pidió a las autoridades cubanas el cese del acoso contra la periodista Yadisley Rodríguez Ramírez, y abogó por el fin de la persecución de la prensa independiente cubana, según dio a conocer la organización con sede en New York.

El pasado mes de julio, a las 10.00 pm, las autoridades policiales entraron en la vivienda de Rodríguez Ramírez, en la provincia de Camagüey, sin una orden judicial, y tras allanar la vivienda le confiscaron dos teléfonos y una laptop, y se la llevaron detenida, destaca la nota.

La comunicadora estuvo en paradero desconocido por la familia hasta el siguiente día, en que la liberaron sin cargos.

Rodríguez Ramírez es reportera de Palenque Visión, una agencia de noticias cubana que produce audiovisuales para varios medios independientes.

La agencia es dirigida por Rolando Rodríguez Lobaina, quien había visitado la casa de la periodista minutos antes del arresto, y por quien también indagaron los agentes de la Seguridad del Estado.

Durante el interrogatorio, Rodriguez Ramírez fue advertida de no continuar su trabajo periodístico.

Carlos Martínez de la Serna, director de programa del CPJ, declaró que la "arbitraria detención e interrogatorio de la periodista por parte de las fuerzas de seguridad es el más reciente ejemplo del absoluto desprecio de las autoridades cubanas por el trabajo periodístico y el debido proceso".

Sobre otros actos arbitrarios recientes contra reporteros en la isla, el directivo agregó que "vuelven a disipar toda idea de que la libertad de prensa podría mejorar" durante la gestión del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

Así fue la detención, encierro e interrogatorio del periodista cubano condenado por espionaje

El periodista José Antonio Torres. Foto tomada del diario digital 14ymedio.

El periodista José Antonio Torres Fernández fue arrestado alrededor de la medianoche del martes tras visitar la sede de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en el barrio santiaguero de Altamira. A las seis de la mañana del próximo día fue puesto en libertad con una multa por “violar el perímetro de seguridad”.

Torres, ex corresponsal del periódico Granma, fue sentenciado en 2011 a 14 años de prisión por espionaje, casi siete años después fue puesto en libertad condicional, medida bajo la que se halla actualmente.

Tras ser liberado el comunicador relató a Radio Televisión Martí su encuentro con la policía política.

“Fui a la sede de la UNPACU para conversar asuntos personales relacionados con la condición médica de mi hija, que padece una nefritis lúpica y cuyo primer diagnóstico fue hecho precisamente por la doctora Nelva Ismaray Ortega, la esposa de José Daniel Ferrer.

"Ellos conocen bien el asunto porque han seguido su enfermedad desde el principio. Incluso fueron varias veces a verla al hospital cuando le ponían los sueros citostáticos. Además, nos une una muy buena amistad que nada, ni nadie podrá destruir.

"A la China (Nelva Ismaray Ortega) la conozco desde niña, su mamá y su padrastro eran subordinados míos cuando dirigía el Telecentro de Santiago de Cuba. Estuvimos conversando alrededor de dos horas y media. Antes debí esperar que Ferrer terminara una directa que tenía comprometida en las redes.

Hay patrullas y oficiales de la Seguridad del Estado por todos lados. ...


"Al salir me estaban esperando en la esquina. Desde temprano había un operativo muy fuerte. Se veía perfectamente desde la casa. Hay patrullas y oficiales de la Seguridad del Estado por todos lados. Aquello parece un campo de refugiados, una zona fronteriza, un campo de batalla.

"Previamente habíamos acordado llamarnos en dos horas, pues la detención era evidente. A pocos metros de la sede opositora, un oficial de los servicios de inteligencia, que antes atendía cárceles y prisiones, me interceptó y dijo que estaba detenido.

"Yo no ofrecí resistencia pero pregunté cuál era el motivo, me respondió que me explicarían cuando llegara a la estación de la policía.

Una mujer quería montarse conmigo en la patrulla ...


"De inmediato comenzó a llamar y acudieron varias motos y tres autos, dos patrullas y uno de la policía política. Me llevaron para la 2da estación de la PNR, conocida como El Palacete, allí me tuvieron hasta las 6 AM. El mayor Adriel Atié me puso una multa de $100 y una orden de alejamiento.

"El operativo fue estrafalario. La población que estaba en la esquina se portó muy bien. Repudiaron el hecho. Una mujer quería montarse conmigo en la patrulla para testificar que yo no había hecho nada. A la pobre la reprimieron. Cuando vuelva intentaré buscarla para darle las gracias.

"En la unidad me llevaron a una oficina, donde me reprocharon una entrevista que me hizo Radio Martí y los criterios que expuse en ella. Además me advirtieron que no podía visitar la casa de Ferrer.

me reprocharon una entrevista que me hizo Radio Martí ...

"Mi indignación era tal que le pregunté si con ese proceder yo también tenía el derecho de elegir sus amistades. De inmediato se ofendieron. Entonces les manifesté que ese era el mismo sentimiento que me indignaba. Nadie acepta la falta de respeto, la calumnia, el atropello y el ultraje.

"Quisieron hasta confiscarme el móvil. Solo el conocimiento de mis derechos, la determinación de denunciar el hecho y los argumentos legales y culturales que me escudan como ciudadano los paró. En la misma medida que los oficiales se contrariaban, aparecía otro. Uno llegó a preguntarme si yo era periodista o abogado. Mi respuesta fue lacónica: lo que no soy es indolente, ni necio.

"Cuando le pregunté al carpeta el concepto de la multa, para saber qué ley había transgredido mi capacidad de análisis se congeló frente a la demencia: por violar el perímetro de seguridad.

me advirtieron que no podía visitar la casa de Ferrer. ...


"Nadie supo explicarme dónde comenzaba o terminaba la línea imaginaria que aísla y excluye a una vivienda donde conviven un matrimonio, tres niños y dos jóvenes. Tampoco por qué al resto de los cubanos se puede visitar y a José Daniel Ferrer, no; en qué ley se amparan para asediar militarmente su casa; quién me anula el derecho a visitar a mis amistades.

"No les basta con decidir qué comemos, si nos bañamos o lavamos la boca, qué pensamos, cómo nos vestimos y qué opciones tenemos socialmente acorde a nuestro perfil político. Ahora quieren escoger hasta nuestras amistades. Si ese no es el colmo, está cerca de la idiotez ciudadana.

"No hay límites. Cuando veo a los que debían cuidarnos, ofendiendo, calumniando e imponiendo su criterio a la fuerza siento estupor, pena, vergüenza.

"Política y culturalmente el régimen cubano se arrodilla ante la historia y abre un abismo insalvable en el corazón de su pueblo. Un día aprenderán que destruyendo no se salva nada”, concluyó el periodista.

En 2010, Torres, cuando laboraba como corresponsal en Santiago de Cuba del periódico Granma, realizó una investigación sobre los errores de inversión y planificación del acueducto en la capital santiaguera. Poco tiempo después, el 8 de febrero de 2011, es detenido, procesado y condenado a 14 años de prisión por el supuesto delito de espionaje.

Durante el tiempo que estuvo detenido, el periodista fue referencia sobre la falta de libertad de prensa en Cuba por el Departamento de Estado de EEUU y la Sociedad Interamericana de Prensa. Ambas entidades exigieron su liberación “de forma inmediata e incondicional”. Tras cumplir más de seis años encarcelado, fue puesto en libertad condicional, medida bajo la cual se halla actualmente.

Detienen a periodista cubano condenado por espionaje; policía vigila sede de UNPACU

José Antonio Torres. Foto Archivo cortesía de 14ymedio.

El ex periodista del diario Granma, José Antonio Torres, quien fuera condenado en 2011 a 14 años de prisión por espionaje, fue detenido en la madrugada del miércoles y puesto en libertad el jueves a las 6 am.

El líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, dijo que el periodista y preso político en libertad condicional salía de la sede de la UNPACU cuando fue detenido a las 12:35 am.

Ferrer no ofreció más detalles de la visita de Torres a su vivienda que sirve como sede a la organización opositora en Santiago de Cuba.

"El cerco contra nuestra Sede Nacional cumple 18 días y es las 24 horas del día", denunció Ferrer.

El miércoles, la sede de UNPACU y varias viviendas de integrantes de esa organización opositora amanecieron bajo vigilancia policial, confirmó a Radio Martí la activista Haydé Hidalgo.

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El mes pasado Torres concedió una extensa entrevista a Radio Televisión Martí donde precisamente denunció las detenciones arbitrarias del régimen: "Detener y citar a las voces contestatarias se ha convertido en el centro de un espectáculo público sin riendas, ni fundamento, que debe ser frenado con determinación y con urgencia".

"Seis años, nueve meses y 19 días tras las rejas me convierten en la prueba que una cosa dicen los hechos y otra los intereses políticos. Incluso con el análisis de mi caso, Cuba tiene la posibilidad de revisarse individualmente en el espejo de sus presos políticos, categoría que sus dirigentes han jurado no existe, pero sus secuelas lastran la democracia y anulan el estado de derecho de las víctimas y sus familias. De ahí que para confiar en la dudosa honestidad de nuestras autoridades no basta con la crítica; resulta indispensable que el mundo acerque la lupa de la justicia para desarmar los abusos contra la libertad de palabra, que sólo genera insatisfacción y pesimismo, inseguridad y desigualdad, desaliento y protesta masiva", alertó el periodista con una carrera de 20 años en la prensa oficialista como corresponsal de la Agencia de Información Nacional (AIN), el periódico Sierra Maestra, Granma y como directivo del canal provincial Tele Turquino.

Torres fue arrestado en febrero de 2011, poco después de publicar un reportaje sobre la deficiente gestión por parte de las autoridades en la construcción de un acueducto para Santiago, una provincia donde la escasez de agua es crónica. El supervisor del proyecto era el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés.

Ese trabajo periodístico fue elogiado por el gobernante Raúl Castro, con un comentario escrito donde lo citaba como un ejemplo de examen y crítica para la prensa del Partido Comunista.

Periodista otra vez en la calle por presión de la Seguridad del Estado a sus arrendatarios

La periodista Camila Acosta entre deposita la solicitud en el buzón de la Fiscalía General de la República de Cuba. (Foto: CubaNet)

La periodista independiente Camila Acosta denunció este martes que tiene que abandonar de inmediato la vivienda que alquila en La Habana por presiones de la seguridad del Estado a los propietarios de la misma.

Según dijo Acosta a través de una trasmisión en vivo en Facebook, es la segunda ocasión en menos de un mes, y la quinta en lo que va de año, que tiene que mudarse de su alquiler, lo que considera una represalia por su labor como periodista independiente.

"Esta es una directa de denuncia", dijo Acosta. "Una vez más la policía política me ha dejado en la calle, ha vuelto a amenazar a los propietarios de la vivienda donde estaba viviendo y me han vuelto a desalojar", explicó.

La periodista recordó que en febrero pasado la policía política multó con 3,000 CUC a los dueños de la casa que rentaba desde hacía casi tres años, y los obligaron a desalojarla bajo amenazas de perder la propiedad de la vivienda.

Todo esto, dijo Acosta, ha coincidido con la crisis sanitaria que vive el país por la pandemia de coronavirus. "Mientras algunos han estado enfocados en el aislamiento social, en no salir a la calle, yo he estado en medio de mudanzas".

La joven, natural de la Isla de Pinos, reside en la capital del país desde hace casi 10 años, cuatro de ellos rentada, lo que -aclara- no es un delito.

"Estoy actualmente viviendo como si fuera una fugitiva, porque cada vez que la Seguridad del Estado da conmigo amenazan a los propietarios de esa vivienda", subrayó.

Acosta dijo que cuando ella trabajaba como periodista para el oficialismo "eso nunca fue un problema", pero sus dificultades empezaron a partir de que comenzara a hacer periodismo independiente.

La periodista dijo que aunque no existe ninguna ley que ampare el proceder de la policía política en este caso, los agentes a cargo siguen recurriendo a "amenazas macabras" contra sus arrendatarios.

Según Acosta, el represor identificado como Alejandro se lo dejó bien claro hace unos meses "que todo esto que me estaban aplicando no era porque hacía bien, sino muy bien, mi trabajo. Así, muy cínicamente, me lo dijo. Y que iba a ir en aumento".

La joven reportera, colaboradora del portal Cubanet, señaló que lo que persigue la Seguridad del Estado con este hostigamiento continuo es que ella "abandone el periodismo independiente o me vaya del país". Acosta dejó claro que no hará "ni lo uno, ni lo otro".

Acosta ha sido víctima de multas y acosos por parte del régimen también debido a su activismo a favor de la libertad de expresión y prensa en Cuba. En mayo pasado, la joven anunció la creación del Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión (MOLE) para enfrentar la aplicación del Decreto Ley 370, que censura la publicación de contenidos en internet.

"No podemos permitir otra Primavera Negra", exigen garantías a libertad de prensa en Cuba

El aparatoso arresto del periodista y escritor Raúl Rivero el 20 de marzo de 2003 en su vecindario en Centro Habana.

Una nueva campaña de recogida de firmas, instalada en la plataforma avaaz.org exige el cese de la represión contra quienes ejercen las libertades de prensa y expresión en Cuba.

La petición "Garantías para ejercer los derechos a las libertades de prensa y expresión en Cuba" demanda también la eliminación de los recursos legales que restringen y criminalizan el ejercicio del periodismo en la isla y el establecimiento de garantías jurídicas para ejercer las libertades de prensa y expresión, "que deberán incluir leyes de transparencia y protección de fuentes; y la liberación inmediata de Roberto de Jesús Quiñones Haces".

El llamado, suscrito por periodistas de más de una decena de publicaciones sobre asuntos cubanos, denuncia el aumento de la represión física, jurídica y psicológica contra quienes participan en proyectos periodísticos y comunicativos que funcionan de manera independiente del Estado y del Partido Comunista de Cuba y al margen de las publicaciones oficialistas.

"Detenciones arbitrarias y encarcelamientos, allanamientos y registros de viviendas particulares, confiscación y ocupación de equipos, interrogatorios, prohibiciones de salir del país, cerco de domicilios para impedir la cobertura de noticias, campañas de difamación, acoso físico y digital, hackeo de cuentas personales, bloqueo y ataques cibernéticos contra sitios digitales, amenazas de prisión, intimidación a familiares y estigmatización social, son algunas de las acciones represivas que sufren periodistas, blogueros y comunicadores independientes", apunta la petición.

Los firmantes critican los medios de prensa donde "las agendas y rutinas productivas de los medios estatales están permeadas por el poder político y son intervenidas por sus funcionarios con frecuencia; lo cual constituye una fuente inagotable de conflictos de intereses, en los que la balanza siempre se inclina a favor de los intereses del poder político y no de los intereses de la sociedad".

"La existencia de medios estatales -que no por estatales son públicos- no alcanza para afirmar que en Cuba se respetan las libertades de prensa y expresión. Las libertades de prensa y expresión son derechos de todos los ciudadanos por igual, no privilegios de dirigentes del Estado, el Gobierno y el Partido, que aseguran representar la voluntad de todo un pueblo, pero prohíben la manifestación de cualquier voluntad que difiera de la que representan", señalan.

Los firmantes alertan: "No podemos permitir que ocurra otra Primavera Negra como la de 2003, cuando el Estado cubano detuvo a 75 ciudadanos, entre quienes había periodistas independientes y defensores de derechos humanos, y les impuso condenas de hasta más de 20 años de privación de libertad. Y aunque para 2011 ya habían sido excarcelados, los instrumentos legales que se emplearon para juzgarles continúan vigentes. Si bien en el propio Código Penal existen varios artículos que atentan contra las libertades de prensa y expresión, consideramos que la Ley de reafirmación de la dignidad y soberanía cubanas (Ley 80) y la Ley de protección de la independencia y la economía de Cuba (Ley 88), de 1996 y 1999, respectivamente, constituyen las amenazas más serias en este sentido".

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