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Cuba

A 17 años del fusilamiento de tres jóvenes en Cuba: "Ellos no mataron a nadie, eso fue un escarmiento"

Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac, los tres jóvenes fusilados el 11 de abril del 2003 por el secuestro de una lancha.

Este 11 de abril se cumplen 17 años del fusilamiento de tres jóvenes cubanos que intentaron secuestrar una embarcación en la convulsa Habana del 2003 para huir a Estados Unidos.

Corrían los días de la Primavera Negra, cuando 75 miembros de la oposición en la isla, entre los días 18 y 21 marzo, fueron detenidos para apagar el creciente movimiento disidente en la isla.

Con la ola represiva, el régimen había decidido enviar un mensaje a quienes desde el interior clamaban por cambios, y a aquellos que desde el exterior los apoyaban.

Es en ese contexto, poco menos de un mes después, que Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac trataron infructuosamente de llevarse una embarcación de pasajeros que hacía el recorrido entre el pueblo de Regla, enclavado en el litoral frente a la capital cubana, y La Habana Vieja.

La embarcación, bautizada Baraguá, quedó sin combustible tras un corto recorrido.

Foto de archivo tomada el 3 de abril de 2003 de la lancha de pasajeros Baraguá, que hacía el recorrido entre La Habana y el pueblo de Regla.
Foto de archivo tomada el 3 de abril de 2003 de la lancha de pasajeros Baraguá, que hacía el recorrido entre La Habana y el pueblo de Regla.

Tras el hecho, las autoridades cubanas detuvieron a 10 personas y decidieron imponerles sanciones que fueron desde la pena de muerte y cadenas perpetuas hasta 30, cinco, tres y dos años de prisión.

La suerte de Copello Castillo, Sevilla García y Martínez Isaac fue decidida en un juicio sumarísimo, sin verdaderas garantías procesales, en el que se decidió que serían fusilados.

Apenas nueve días después del proceso judicial, los tres jóvenes fueron ejecutados.

La opinión de muchos analistas fue que la dictadura de Fidel Castro quería evitar, con un castigo ejemplarizante, que ocurrieran otros intentos de secuestro como ese.

La prensa oficialista de la isla se limitó a reportar, dos días antes de que se cumpliera la sentencia, que el tribunal había considerado “probados los hechos, que constituían graves delitos (…) previstos en la Ley 93 contra Actos de Terrorismo, del 24 de diciembre del 2001".

La carta de los artistas

Como parte de su respuesta a la ola de denuncias de prominentes personalidades de la política y las artes en el mundo tras el hecho, el régimen cubano orquestó una maniobra de respuesta, que incluyó la publicación de una carta titulada Mensaje desde La Habana para amigos que están lejos, que fue firmada por conocidas figuras de la cultura nacional.

En la misiva, rubricada por el cantautor Silvio Rodríguez, el escritor Miguel Barnet, la intérprete Omara Portuondo, el pianista Chucho Valdés, el historiador Eusebio Leal y el cantante Amaury Pérez, entre otros personajes ligados a la oficialidad, se aseguraba que “en los últimos días, hemos visto con sorpresa y dolor que al pie de manifiestos calumniosos contra Cuba se han mezclado consabidas firmas de la maquinaria de propaganda anticubana con los nombres entrañables de algunos amigos”.

El texto, fechado el 19 de abril, señalaba además, como es frecuente en el discurso político de La Habana, que se “orquestaba una campaña internacional” contra la isla para “preparar el terreno para una agresión militar de los Estados Unidos contra Cuba”.

Y subrayaba que el país estaba “más amenazado que nunca antes por la superpotencia”, en alusión al gobierno estadounidense.

Del fusilamiento, había una velada referencia a que el régimen se había visto “obligado” a “tomar medidas enérgicas que naturalmente no deseaba. No se le debe juzgar por esas medidas arrancándolas de su contexto”.

Los familiares

En declaraciones a la prensa por esa fecha, Ramona Copello, madre del joven Copello Castillo afirmó: “Un coronel me dijo el jueves que había que esperar que los papeles bajaran del Consejo de Estado, pero al día siguiente, el viernes, amanecieron muertos”.

En declaraciones a Radio Televisión Martí en ese momento, añadió que los familiares nunca fueron oficialmente notificados de la sentencia.

Declaraciones de Julia Estrella Aramburu Taboas
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El pasado miércoles, Julia Estrella Aramburu Taboas, madre y tía, respectivamente, de Maykel Delgado Aramburu y Harold Alcalá Aramburu, quienes fueron condenados a cadena perpetua, declaró a Radio Televisión Martí que pidió al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, a inicios de octubre del 2019, que indultara a ambos por razones de salud.

“No mataron a nadie, eso fue un escarmiento. Fue un capricho de Fidel (Castro). Ellos son sus presos. Les aplicaron los artículos 10 y 11 (del Código Penal), que no tienen nada que ver con ellos porque hacen referencia al uso de elementos químicos y explosivos. Se los impusieron para poder justificar las penas de muerte y las cadenas perpetuas”, subrayó.

“Yo quiero la libertad para ellos. Si me voy a morir, que sea a su lado”.

Maykel Delgado Aramburu y Harold Alcalá Aramburu. (Foto tomada del Facebook de Julia Estrella Aramburu Taboas)
Maykel Delgado Aramburu y Harold Alcalá Aramburu. (Foto tomada del Facebook de Julia Estrella Aramburu Taboas)

Aramburo Taboas, quien es activista de derechos humanos en la isla, ha hecho el reclamo en tres ocasiones y ha considerado que la condena ha sido excesiva porque fueron injustamente sentenciados por “terrorismo”.

De acuerdo con Aramburo Taboas, la petición fue enviada al Ministerio de Justicia con la ayuda del abogado Edilio Hernández.

Julia Estrella Aramburu Taboas (centro), en una foto tomada de su Facebook.
Julia Estrella Aramburu Taboas (centro), en una foto tomada de su Facebook.

Alertó que en marzo, a pesar de que ya había transcurrido el tiempo para que respondieran al pedido, seguía sin recibir respuesta.

La primera petición de Aramburo Taboas, quien también fue citada en enero por el portal Diario de Cuba, tuvo lugar en el 2013 y fue enviada al gobernante Raúl Castro.

Las condenas

Por el intento de secuestro, el régimen cubano, además, sentenció a cadena perpetua a Yoanny Thomas González y Ramón Henry Grillo; impuso treinta años de cárcel a Wilmer Ledea Pérez; condenó a cinco años a Ana Rosa Ledea Ríos; envió tres años a la cárcel a Yolanda Pando Rizo y privó de libertad por dos años a Dania Rojas Góngora.

Desde la isla

Para el opositor Guillermo Fariñas, el fusilamiento de los tres jóvenes fue "un acto de racismo extremo".

El opositor Guillermo Fariñas comenta sobre fusilamiento de tres jóvenes en el 2003
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Fariñas consideró que Fidel Castro tuvo la necesidad de dar un "escarmiento".

Añadió que con esa respuesta, el dictador cubano dejó en evidencia que la decisión de fusilarlos fue “un acto premeditado de venganza de los máximos dirigentes del castrismo para tratar de controlar a las masas inquietas".

Según Fariñas, otra de las razones para ordenar el fusilamiento fue el deseo del "gobierno cubano de mantener avasallada a la juventud", siempre dada a “cuestionar y rebelarse ante todo lo que el gobierno dicta”.

La respuesta final al crimen, subrayó, "solo llegará cuando Cuba se democratice".

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Mantendrán restricciones de la pandemia en la frontera entre México y EEUU

Cubanos acabados de cruzar la frontera por Yuma, Arizona, el 18 de febrero de 2022.

Las restricciones relacionadas con la pandemia que afectan a los inmigrantes que solicitan asilo en la frontera sur de Estados Unidos deben mantenerse, según falló un juez el viernes en una orden que bloquea el plan del gobierno del presidente Joe Biden de levantarlas la próxima semana.

El Departamento de Justicia indicó que el gobierno apelará, pero el fallo prácticamente asegura que las restricciones no finalicen el lunes como estaba planeado. Un retraso sería un golpe para los activistas que dicen que el derecho a solicitar asilo está siendo vulnerado, y un alivio para algunos demócratas que temen que el previsible aumento de los cruces ilegales los ponga a la defensiva en un año electoral de mitad de período que ya resulta difícil.

En la ciudad mexicana de Tijuana, Yesivet Evangelina Aguilar, de 34 años, se cubrió el rostro con las manos y sollozó cuando se enteró de la decisión a través de una reportera de The Associated Press. "Siento que ya no hay esperanza", dijo Aguilar, que huyó del estado mexicano de Guerrero hace casi un año después de que su hermano fue asesinado. "Se siente tan mal".

Las autoridades estadounidenses impidieron que Aguilar solicitara asilo cuando ella y su hija de 10 años se presentaron en el puerto de ingreso Tijuana-San Diego hace nueve meses. El viernes descansaba en una carpa en el albergue Ágape Misión Mundial, donde gran cantidad de migrantes acampan. Algunos llevan meses o años allí. La vida de Aguilar mientras espera no sólo ha sido aburrida, sino también peligrosa. El jueves por la noche, un migrante fue alcanzado en el cuello por una bala perdida de un tiroteo afuera del albergue.

Desde marzo de 2020, Estados Unidos ha expulsado migrantes más de 1,9 millones de veces bajo el amparo del llamado Título 42, una disposición de salud pública que les niega la posibilidad de solicitar asilo con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19, aunque es un derecho según las leyes estadounidenses y los tratados internacionales.

El juez federal de distrito Robert Summerhays, de Lafayette, Luisiana, ordenó que se mantuvieran las restricciones mientras se tramita en la corte una demanda encabezada por Arizona y Luisiana, a la que se han sumado otros 22 estados.

Summerhays falló que el gobierno de Biden no siguió los procedimientos administrativos que requieren que se dé aviso al público y se abra un periodo para comentarios sobre el plan de poner fin a las restricciones. Y dijo que los estados demandantes argumentaron que sufrirían perjuicios si las restricciones se suspendían.

El juez citó lo que dijo eran las propias predicciones del gobierno de que levantar las restricciones probablemente triplicaría los cruces fronterizos, hasta 18.000 diarios. Eso, agregó, resultaría en el procesamiento de más migrantes en sitios multitudinarios en los que pueden propagarse enfermedades contagiosas. "El registro también incluye evidencia que respalda la posición de los estados demandantes de que un incremento así en los cruces fronterizos elevaría sus gastos en atención médica y servicios educativos. Estos costos no son recuperables", escribió Summerhays.

La Casa Blanca dijo estar en desacuerdo con el fallo pero que lo acatará mientras es apelado. "La autoridad para establecer políticas de salud pública a nivel nacional debería recaer en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y no en una corte de distrito por sí sola", manifestó la secretaria de prensa de la presidencia, Karine Jean-Pierre, en un comunicado.

Ahora el caso pasa a la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito, con sede en Nueva Orleans, que en el pasado ya ha fallado en contra de políticas importantes del gobierno de Biden. Esa corte está dominada por nominados republicanos, incluyendo seis nominados por el expresidente Donald Trump, que también nombró a Summerhays.

El Título 42 afecta principalmente a migrantes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, muchos de los cuales han estado aguardando en localidades fronterizas mexicanas después de que el gobierno estadounidense les negó el derecho a solicitar asilo.

El gobierno mexicano ha accedido a aceptar a migrantes de esos tres países centroamericanos que sean rechazados por Estados Unidos, y el mes pasado también comenzó a aceptar números limitados de cubanos y nicaragüenses.

Unos 15 migrantes cruzaron el Río Bravo (o Grande) de México hacia Eagle Pass, Texas, tras el fallo del viernes. Entre ellos había nicaragüenses que desconocían el Título 42 y estaban complacidos de que en general a sus compatriotas no se les aplica esa política.

El Título 42 es la segunda política importante de la era Trump para disuadir el asilo en la frontera sur de Estados Unidos que es desechada por Biden y revivida por un juez designado por Trump.

Un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles criticó la decisión.
"El Título 42 sólo podría ser utilizado para propósitos de salud pública, pero a los estados que interpusieron esta demanda sólo parecen importarles las restricciones por COVID cuando involucran a solicitantes de asilo, y están usando el caso como un claro intento de manejar la frontera", dijo Lee Gelernt. "Esa hipocresía no debería ser recompensada".

El representante federal demócrata Raul Ruiz, presidente del Caucus Hispano, dijo que el fallo era "indignante, ridículo y erosiona nuestro sistema de asilo".
Pero congresistas republicanos elogiaron la decisión del juez.

"Las cortes están haciendo las cosas bien de nuevo", declaró el senador Kevin Cramer.

Incluso algunos en el partido de Biden respaldaron mantener la restricción por la pandemia.

"La decisión de hoy no modifica el hecho de que hay una crisis en la frontera y debe haber un plan detallado que pueda ser implementado antes de que se levante el Título 42", manifestó el senador por Arizona Mark Kelley, quien intenta ser reelegido.

El mes pasado, la Corte Suprema federal escuchó argumentos acerca de si autoriza que el gobierno obligue a los solicitantes de asilo a aguardar en México sus audiencias en cortes migratorias estadounidenses. Ese caso, que impugna una política llamada "Permanecer en México", se originó en Amarillo, Texas. La política fue restablecida en diciembre por una orden judicial y sigue en vigor en lo que se resuelve el litigio.

Denuncian que seguridad del Estado en Pinar del Río confiscó donación de medicamentos para opositores enfermos

Julio César Góngora

El miércoles en la tarde, la Seguridad del Estado interceptó en la ciudad de Pinar del Río al activista José Rolando Cásares cuando éste se dirigía a realizar la entrega de un paquete con medicamentos, enviado desde Miami a través de una agencia, y destinado a dos periodistas independientes en delicado estado de salud.

La policía política del régimen condujo al activista hasta la sede provincial del Ministerio del Interior, donde le confiscaron los paquetes de medicinas y se negaron a entregarle un acta firmada de los fármacos ocupados. Cásares declaró a Radio Martí que también presentará una queja formal ante la Fiscalía Militar Provincial.

“Llegando a la jefatura provincial, inmediatamente procedieron a quitarme los medicamentos de Julio Cesar Góngora y de Roberto Blanco Gil, otro periodista independiente que padece de diabetes y al que también le habían mandado algunas medicinas, entre estas Insulina. Fueron confiscados, además, frascos de Ibuprofeno, Azitromicina, parches y cremas para los dolores musculares, gasa antiséptica, y otros materiales de cura, cosas que están en falta en el país y que ni el mismo sistema de salud pública (MINSAP) tiene disponible para los enfermos en la isla”, denunció el activista.

“Eso es una forma arbitraria por parte del departamento de la Seguridad del Estado, a la que estoy denunciando e incluso, estoy preparando una queja para entregarla en la Fiscalía Militar Provincial, es una falta de respeto para una persona que ante todo es un ser humano, que es lo principal”, afirmó.

Poicía política "confisca" medicamentos enviados a enfermos
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Mientras tanto, Góngora alertó que lleva muchos meses siendo hostigado por parte de la policía política y responsabilizó a las autoridades cubanas por su integridad física.

“Primero que nada, mi vida depende de los medicamentos, yo soy parapléjico, sufro de una herida abierta, soy cardiópata, tengo además una afección pulmonar, y padezco la enfermedad celíaca de la piel, son padecimientos crónicos que traen muchas complicaciones, ellos simplemente están cometiendo arbitrariedades, violando todos los derechos de una persona discapacitada, confinado en una silla de ruedas", declaró.

"En mi caso, me tienen sitiado, cercado, con vigilancia constante y no dejan que nadie se acerque a mí, recientemente, incluso utilizaron el hospital provincial Abel Santamaría y el personal médico para hacerme un interrogatorio dentro de la institución médica", agregó.

"En el caso de Roberto Blanco Gil, si no le llegan los medicamentos puede sufrir un coma diabético y morirse también. La dictadura cubana y la Seguridad del Estado nos están sentenciado a muerte en nuestras casas estando enfermos”, alertó el comunicador.

Realizan petición a favor de más de 5.000 menores separados de sus padres de manera forzosa por el régimen cubano

Javier Larrondo denuncia situación de médicos cubanos separados de sus hijos por el régimen cubano.

Grupos que amparan a los médicos cubanos que han huido de la isla hicieron pública este viernes una petición a la comunidad internacional a favor de más de 5.000 menores separados de sus padres de manera forzosa, como consecuencia de la llamada "ley de los ocho años" del Gobierno comunista.

"Acabemos con la esclavitud de las misiones médicas cubanas", reclamó Javier Larrondo, presidente de la organización Prisioners Defenders, durante una teleconferencia en Miami (EE.UU.) en la que se pidió acabar con la "separación forzosa impuesta por el Gobierno cubano".

Larrondo recordó que las leyes cubanas imponen ocho años de impedimento de entrada al país a los funcionarios, entre ellos los médicos, que decidan no regresar a la isla tras cumplir "misiones" en el extranjero.

A estos que no regresan, el Gobierno en la isla los considera "desertores" y prohíbe la salida a sus hijos y cónyuges por el tiempo que fija la ley.

Las misiones médicas consisten en el envío de profesionales sanitarios a países que así lo solicitan al Gobierno cubano. A lo largo de los años, más de 40.000 profesionales han cumplido misiones en 164 países de África, América, Oriente Medio y Asia.

El presidente de Prisioners Defenders señaló que los médicos cubanos en misiones extranjeras, que ven retenidos sus pasaportes y títulos profesionales, trabajan en "condiciones de esclavitud" y reciben solo entre el 5 y el 20 % de lo que Gobiernos e instituciones extranjeras pagan por sus servicios al Gobierno cubano.

Recordó, a modo de ejemplo, que el Gobierno de México pagaba a cada uno de estos médicos 400 dólares, pero pagaban a Cuba casi 11.000 dólares.

Precisamente el pasado 6 de mayo, se explicó hoy, los denunciantes sostuvieron una reunión de una hora con el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, donde interpusieron una denuncia en noviembre para exponer las situaciones de "maltrato, torturas y secuelas que esto representa para más de 5.000 niños que lo sufren en la actualidad".

En aquella reunión presentaron un estudio que desgranó 191 testimonios de "separación materno-filial", en la mayoría de casos conformados por profesionales de la salud y que en el 76 % fueron declarados desertores en base a la ley de los 8 años.

Señalaron que los niños de entre 1 y 5 años conforman la mayoría de esa muestra, y que el 70 % de los menores, en general, sufren secuelas emocionales a causa de la separación familiar.

La primera transmisión de Radio Martí

Desde Washington D.C., capital de los Estados Unidos, un día como hoy hace 37 años, nacía la primera transmisión al aire de Radio Martí.

Integrada por profesionales cubanos y de otras nacionalidades, Radio Martí se ha esforzado en cumplir la misión de informar al pueblo cubano de todo el acontecer noticioso en Cuba, Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo.

Durante casi cuatro décadas, Radio Martí, elemento principal de la Oficina de Transmisiones a Cuba, ha trabajado sin cesar por romper el bloqueo informativo del régimen cubano.

Les invitamos a escuchar la primera tranmisión de Radio Martí, el 20 de mayo de 1985, en las voces de Humberto Medrano y de Moisés López, quien en vivo dio el primer muy buenos días al pueblo de Cuba.

La primera transmisión tuvo entre sus titulares el anuncio del Gobierno cubano de suspender los acuerdos migratorios con EEUU, como reacción al lanzamiento de la emisora y las palabras del presidente Ronald Reagan para definir a Radio Martí como un esfuerzo "para contrarrestar la histeria de guerra difundida por el gobierno comunista de Fidel Castro."

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Obispos de EEUU aplauden medidas de Biden hacia Cuba

Obispo David Jay Malloy de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB).

El presidente del Comité de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) elogió el jueves el levantamiento de algunas restricciones a Cuba por parte de la administración Biden, anunciadas esta semana por la Casa Blanca.

“Elogiamos el interés renovado de la administración en reiniciar el compromiso de Estados Unidos con Cuba. Reconociendo que quedan puntos de discordia entre nuestros dos países, el aislamiento punitivo de Cuba no ha producido el cambio económico y social que Estados Unidos ha buscado lograr”, dijo el obispo David J. Malloy de Rockford, Illinois, quien preside el comité de política internacional de la USCCB.

“Los obispos de EE. UU., incluidos los obispos cubanoamericanos, junto con la Santa Sede y los obispos de Cuba, continúan enfatizando la importancia vital del compromiso bilateral y las relaciones comerciales mutuamente beneficiosas entre Estados Unidos y Cuba como la clave para un cambio transformador en la isla”, afirmó el obispo Malloy en un comunicado.

El religioso dijo que la ampliación de las oportunidades de viaje para los ciudadanos estadounidenses, “así como el levantamiento de las onerosas limitaciones a las remesas", fortalecerán los lazos familiares, económicos y sociales de ambos países.

"La sociedad civil y el sector privado en desarrollo de Cuba dependen del liderazgo proporcionado por la participación activa de la sociedad civil estadounidense en Cuba”, opinó el obispo.

La Administración Biden anunció el lunes la intención de facilitar la reunificación familiar restableciendo el Programa de Permisos para la Reunificación de Familias Cubanas (Cuban Family Reunification Parole, CFRP); fortalecer los lazos familiares y facilitar los contactos educativos para el pueblo estadounidense y el cubano ampliando los viajes autorizados en apoyo al pueblo cubano; autorizar vuelos programados y chárter a lugares distintos de La Habana; reanudar los viajes grupales (people-to-people); incrementar el apoyo a emprendedores cubanos independientes; ampliar el acceso de los emprendedores a las microfinanzas y la capacitación y eliminar el límite actual a las remesas familiares de USD 1000 trimestral para cada par de emisores-receptores y autorizar las remesas con fines de donación (es decir, no destinadas a familiares) que apoyan a emprendedores cubanos independientes, entre otras medidas.

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