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Derechos Humanos

Se agrava la salud de periodista encarcelado Yuri Valle Roca, denuncia su esposa

Lázaro Yuri Valle Roca. (Foto: Estado de Sats vía Facebook)

Se deteriora el estado de salud del periodista independiente y prisionero político Lázaro Yuri Valle Roca, quien cumple cinco años de condena por los presuntos delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia.

La noticia fue dada a conocer a Radio Televisión Martí por su esposa Eralidis Frómeta, que lo visitó en el penal Combinado del Este, en La Habana, este miércoles, donde pudo comprobar que Yuri sufre una infección bucal que le ha provocado la pérdida de piezas dentales, sin recibir asistencia médica especializada.

“Yuri, su estado de salud cada día está más delicado, se ha ido complicando, ayer fue la visita y Lázaro Yuri ha perdido toda la dentadura, cuando él comenzó a sentir problemas con los dientes con sangramiento de las encías, pidió que lo llevaran para ser atendido por un especialista en estomatología, hasta el día de hoy, ya se le han caído casi todos los dientes sin ser llevado al especialista", denunció.

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"Se ha complicado además con el estómago, con una gastritis, tiene la piel lesionada y no hay un especialista que lo vea, continúa con su reforzamiento pulmonar y no lo ha visto ningún médico, ninguno”, señaló la esposa del comunicador.

Frómeta responsabiliza a las autoridades cubanas por la integridad física de Lázaro Yuri.

“El régimen penitenciario está contribuyendo para que la salud de mi esposo ya no tenga una solución, y yo voy a continuar responsabilizando al régimen por la vida y la integridad física de Lázaro Yuri Valle Roca, nos lo están matando, están acabando con nuestros familiares en las cárceles y hasta con nosotros acá afuera también”, enfatizó la también comunicadora.

El 14 de junio de 2021, al siguiente día de haber filmado una lluvia de octavillas que demandaban reformas democráticas en Cuba y de publicarlas en su página de Facebook, Valle Roca fue citado para la estación policial de Zapata y C.

Posteriormente, fue trasladado al Centro de Instrucción de la Seguridad del Estado, en Villa Marista, y más tarde, enviado para el penal Combinado del Este.

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La represión en Cuba es sistemática y generalizada, denuncia Cubalex y llama a los cubanos a no utilizar la violencia

Agente de civil visto en el operativo de represión en Nuevitas.

Según la entidad jurídica independiente Cubalex, en Cuba ocurrieron 116 “incidentes de represión” durante el pasado mes de agosto.

El Centro de Asesoría Legal, fundado por la abogada exiliada Laritza Diversent, presentó suinforme correspondiente al pasado mes, confirmando que la situación de los Derechos Humanos en Cuba continúa deteriorándose; que la represión en Cuba es sistemática, generalizada y continuada y los actos de violencia son organizados a nivel estatal, pudiéndose identificar por los patrones repetitivos en la ejecución de estos.

“El traslado, la detención arbitraria, la citación oficial ilegal o arbitraria, la amenaza o coacción, la situación de las personas privadas de libertad, los interrogatorios, la imputación de cargos, la regulación migratoria y las conclusiones provisionales y petición fiscal, fueron los incidentes de hostigamiento de mayor incidencia. Todos obedecen a una política penal de Estado para desmotivar el disenso y censurar a la ciudadanía” puntualiza Cubalex.

“Además, es preocupante que, en medio de un contexto económico, social y político muy adverso, los agentes del Estado priorizan la represión”, resalta el reporte.

En cuanto a las acciones represivas, Cubalex señala que afectaron mayormente a víctimas de forma aislada y los agentes responsables de los actos represivos en su mayoría pertenecen al Departamento de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior. No obstante, este mes destacó también la intervención de fiscales y jueces, que responden al Ministerio de Justicia.

Cubalex indica que en agosto "se reportaron en redes sociales actos contra instituciones militares, como los incendios al ranchón “Las Antenas” en La Habana y al centro recreativo “Cabarroca” en Matanzas" y por ello hace un llamado a la sociedad cubana a no utilizar la violencia como forma de resolución de conflictos.

La entidad destaca las protestas antigubernamentales en el municipio Nuevitas, provincia de Camagüey.

“Cualquier persona puede ser víctima de represión sin importar su motivación política o ideología. El Estado se enfoca en reprimir la participación ciudadana y política, así como el ejercicio de derechos fundamentales. El simple hecho de manifestar inconformidad en redes sociales por la propia situación económica, ya es motivo suficiente”, advierte el informe.

El 81.39% de los incidentes de represión identificados constituyen diligencias de investigación de las autoridades durante un proceso jurídico, es decir, son actos regulados en normas legales y utilizados por los agentes del Estado como herramientas para el hostigamiento.

El 18.61% restante fueron prácticas no lesgisladas, algunas las cuales pueden constituir técnicas de tortura o malos tratos.

En los 116 incidentes represivos registrados se identificaron 28 tipologías. El 4.93% de ellas afectó a la ciudadanía pero no se pudo determinar el número de personas afectadas. El resto, 95.07%, afectaron a integrantes de la sociedad civil independiente, entendida de forma amplia.

Del total de incidentes, 38 afectaron a mujeres y 77 a hombres. Se contabilizaron 232 víctimas: 59 mujeres, 106 hombres y 67 personas que no se pudo identificar su sexo biológico o identidad de género.

No obstante, el énfasis represivo del régimen cubano continúa centrándose en los “grupos de riesgo, por la labor que realizan, es decir: activistas, personas defensoras de derechos humanos, opositores y periodistas independientes”, destaca.

En cuanto a los hechos de amenaza o coacción, se identificaron 21 actos represivos de esta tipología: 10 en La Habana, 2 en Villa Clara, Guantánamo, Sancti Spíritus y Camagüey, 1 en Matanzas, Pinar del Río y Ciego de Ávila. Se identificaron 12 en Facebook, 1 por mensajería telefónica, 4 en sitios web de medios de comunicación y 4 en Twitter.

Nuevo informe de OLA asegura que el decreto 349 acrecienta el carácter liberticida del sistema cubano

Artistas del Movimiento de San Isidro, en La Habana, protestan contra la imposición del decreto 349. (FACEBOOK).

El más reciente informe del Observatorio de la Libertad Académica (OLA) evalúa cómo el Estado cubano ha venido armándose de herramientas legislativas para someter la cultura y la intelectualidad a las directrices del poder.

Para esto sitúa como precedente al Congreso de Educación y Cultura de 1971, tras el cual “se desató una persecución sin precedentes” por razones político ideológicas y marcada por “censura, defenestración, cárcel y exilio” contra escritores y artistas.

“Lo complementa el análisis correspondiente al discurso” [de Fidel Castro] en la clausura del evento, que deja claro su propósito de instaurar la ideología marxista-leninista, preparando así el terreno para la entrada en el CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica), indicó a Radio Televisión Martí, Sergio Ángel Baquero, jefe del Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia y coordinador del OLA.

Un análisis comparativo, iniciado en el informe anterior, del Decreto 226 de 1997 y el Decreto 349 de 2018 del Consejo de Ministros concluye que mientras el primero formula contravenciones en materia de servicios artísticos, el segundo extiende “el alcance sancionador hasta materias de política cultural, acrecentando el carácter liberticida del sistema cubano”.

El Decreto 349 tiene “un rango de aplicación ilimitado sobre las personas y el espacio; es decir que cualquier manifestación cultural que ocurra en cualquier espacio, público o privado, puede ser objeto de las contravenciones instituidas”.

También empodera “al Estado para intervenir punitivamente contra cualquier manifestación cultural” molesta a través del Ministerio de Cultura, afirma el dossier del Observatorio de la Libertad Académica.

“Mientras que el Decreto 226 suponía altos niveles de censura y control sobre los servicios culturales, el Decreto 349 establece la ‘administrativización’ del arte que, a partir de su promulgación, no se contemplaría como un derecho, sino como un ‘servicio’ que solo podía ser ejercido en consonancia con lo que el Estado decidiera y autorizara”, recalca OLA.

El Decreto 349 permite reprimir, de forma expedita y sin fiscalización, derechos como la libertad académica, de expresión o la libre emisión del pensamiento, concluye el análisis.

Como ya es habitual, la exposición fundamenta los casos de dos víctimas de discriminaciones por motivos ideológicos que ponen de manifiesto la conculcación de la libertad de cátedra:

“Presenta los casos de Néstor Díaz de Villegas, estudiante del Instituto Preuniversitario Jorge Luis Estrada [en la ciudad de Cienfuegos] quien fue catalogado como contrarrevolucionario y el caso de Remmy Ramsés Hernández, maestro de la Escuela Pedagógica Eduardo García Delgado [del municipio Boyeros en La Habana] que fue cuestionado, discriminado y amenazado debido a su negativa de unirse a la organización sindical del centro docente en el que laboraba”, apuntó Baquero.

"Firme y fuerte, oíste", tres opositoras se plantan en la mayor cárcel de mujeres de Cuba

Lizandra Góngora, María Cristina Garrido y su hermana, Angélica Garrido.

El martes en la mañana, tres presas políticas recluidas en el penal de Mujeres de Occidente, en El Guatao, La Lisa, condenadas por su participación en las protestas populares del 11J, se declararon en protesta en reclamo de derechos.

Se trata de Lizandra Góngora Espinosa, quien cumple 14 años de condena por su participación en las protestas populares en Güira de Melena, provincia de Artemisa, y las hermanas María Cristina y Angélica Garrido Rodríguez, condenadas a siete y tres años de prisión por participar en las protestas en Quivicán, Mayabeque.

Las tres opositoras son miembros de la organización disidente Partido Republicano de Cuba y cumplen sentencia en el centro penitenciario, considerado la mayor cárcel de mujeres en la isla.

La confirmación de la huelga la hizo Góngora Espinosa, en comunicación telefónica con su familia, el lunes en la noche. “Yo tomo la decisión de que el 20 de septiembre de 2022 en la mañana, entrego mi uniforme de presa común, y me vestiré de blanco para ser oficialmente una presa política en su totalidad. Un fuerte abrazo de resistencia”, dijo la opositora y madre de cinco pequeños.

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En la misma llamada, Angélica Garrido reiteró sus convicciones: “Firme y fuerte, oíste. Cuida a los niños”.

Por su parte, desde Quivicán, Luis Rodríguez Pérez, el esposo de Angélica, insistentemente se mantiene llamando este miércoles al puesto de mando de la prisión, sin tener éxito, y durante el día se presentará allí para intentar conocer sobre el estado de las tres opositoras.

“Realmente, fue algo inesperado, me tomó por sorpresa, pero ellas tres se pusieron de acuerdo, no es huelga de hambre total, sino que se rehúsan al uso del uniforme de presos comunes en la prisión, y también a continuar conviviendo con reos comunes. Además se niegan a ingerir los alimentos del penal, solo consumirán la comida que reciben de sus familiares. Ellas son presas políticas, no han cometido delito alguno y por tanto tomaron esta decisión que tendrá consecuencias", dijo el esposo.

"Esto no es tan fácil así, porque ahora las ponen 10 días en celdas de castigo por plantarse, así es el reglamento de prisiones, y en esa condición no pueden recibir sus alimentos, no tienen visita y no se pueda pasar nada para allí”, alertó.

Carta firmada por las presas políticas Lizandra Góngora, María Cristina y Angélica Garrido,
Carta firmada por las presas políticas Lizandra Góngora, María Cristina y Angélica Garrido,

Mientras tanto, el esposo de Lizandra, Ángel Delgado, explica las razones que la llevaron a ella para iniciar este reclamo.

“Ella me dijo que ya tomó esa decisión porque a ella la tienen que tratar como presa política, no como presa común, y que todos esos delitos por los que las condenaron fueron fabricados por la seguridad del estado, algo que se demostró en el juicio. También reclaman que se acaben los abusos, la suspensión continua de visitas y pabellón, sumado a la cantidad de años de cárcel que le impusieron a Lizandra con cinco niños menores, entonces ella no está de acuerdo con nada de eso y por tanto decidió plantarse”, explicó Delgado.

Volverá a prisión uno de los “Niños del 11J”

Yudinela Castro y su hijo, el preso político menor de edad Rowland Castillo Castro (Facebook)

Rowland Castillo, uno de “los niños del 11J”, como se dieron a conocer los casos de los menores de edad detenidos y condenados por participar en las manifestaciones antigubernamentales del verano de 2021, deberá regresar a prisión el próximo 6 de octubre, según dio a conocer en las redes sociales la activista Carolina Barrero.

En los últimos días varios de los detenidos que se habían beneficiado de un régimen de menor severidad han sido regresados a la cárcel.


Rowland, que fuera arrestado junto a otros menores de edad por manifestarse en la conocida “Esquina de Toyo”, en La Habana, durante el levantamiento popular ocurrido en Cuba el 11 de julio de 2021, recibió una citación de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado conminándole a presentarse en la cárcel conocida como Jóvenes de Occidente.

Según Barrero, la noticia le llegó de primera mano a través de una conversación telefónica sostenida con Yudinela Castro, madre del joven y con el propio Rowland, quienes le comunicaron que, de acuerdo con el requerimiento, Castillo será “trasladado a la Correccional con Internamiento, donde deberá permanecer durante cinco años”.

“Prisión, trabajo forzado y adoctrinamiento, así castiga el régimen la voluntad de cambio democrático de los jóvenes, ampliamente expresada en las protestas de 2021 y 2022. No habrá un lugar donde no lo denunciemos, no habrá hora del día en que no hagamos por su libertad. No habrá manera de reconocerles tamaño valor”, declaró la activista, obligada a exiliarse en España.


Rowland Castillo Castro, que fuera condenado en marzo a 18 años de cárcel junto a otro grupo de menores de edad por el supuesto delito de “sedición”, fue excarcelado al igual que otros sancionados tras celebrarse el juicio de casación el pasado mes de mayo en el Tribunal Provincial de 10 de Octubre.

"Hoy quedó demostrado que ellos juegan con las vidas de niños, los condenan un día a 18 años en prisión y al otro día los excarcelan a cumplir 5 años en sus casas. El objetivo de eso solo puede ser el escarmiento colectivo, porque queda demostrado que ni son peligrosos ni cometieron ningún delito. Y como ellos, todos los manifestantes", comentó en aquel momento la activista de Justicia 11J Salomé García Bacallao.

María Teresa Pérez, abuela de Rowland Castillo, dijo a Radio Martí que el joven "no tuvo mala conducta ni nada".

"A nosotros nos ha tomado de sorpresa, imagínese, estamos como locos", dijo Pérez, quien lamenta que su nieto tenga que volver a una cárcel, después que se había reintegrado a Escuelas Superiores de Perfeccionamiento Atlético (ESPA) provincial, donde estudiaba deporte antes de ser detenido por manifestarse en julio del pasado año.

"Él es (practica) lucha libre desde los cuatro años, yo tengo sus medallas aquí y es matrícula de la escuela porque nunca le quisieron dar baja y ahora comenzaron las clases y él está en entrenamiento pero, bueno, de nada le sirvió", lamentó la señora.

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Yanaisy, la madre de Castillo Castro, durante el tiempo en que su hijo estuvo encarcelado, se vio sometida a todo tipo de presiones por parte de la policía política cubana, quienes llegaron incluso a detenerla durante dos semanas en la tristemente célebre cárcel de 100 y Aldabó.

Por otra parte, Rolando Castillo, padre de Rowland, cumple una condena de dos años de privación de libertad por compartir el post publicado por uno de los amigos de su hijo en el cual declaraba que también participó de las manifestaciones junto a sus amigos y no lo habían encarcelado por ser nieto de un alto oficial de la Seguridad del Estado, lo cual no consideraba justo.

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