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Derechos Humanos

Régimen no da tregua a opositores y civiles detenidos por sublevación popular del 11J

Tensión en una Cuba que sobrepasó los límites de superviviencia (Foto tomada de Facebook)

Continúa el acoso y hostigamiento en contra de miembros de la sociedad civil independiente cubana por su participación en las protestas populares del 11 de julio.

Este jueves, la periodista Camila Acosta cumple dos meses en reclusión domiciliaria y en espera de juicio por los delitos de Desorden Público e Instigación a Delinquir, comenta la comunicadora.

“Dos delitos por los que yo pudiera cumplir una sanción de privación de libertad de tres meses a un año, tengo vigilancia permanente de la Seguridad del Estado, son varios efectivos, casi todos los días son cinco, una patrulla policial que está frente a mi vivienda, desde bien temprano en la mañana hasta las 9 de la noche, que es cuando comienza el toque de queda en La Habana. Y las veces que me han permitido salir, ha sido solamente para visitar a mi abogado, en esos casos siempre me sigue la patrulla policial a todas partes que voy”, contó Camila.

Acoso y presiones contra miembros de la sociedad civil y manifestantes del 11J
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En Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, Daniel Lorenzo Rosales Carballo, un joven evangélico de 17 años de edad que fuera multado por haber participado en las protestas del 11J, permanece aún en una situación complicada, informó la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Martha Beatriz Roque Cabello.

“Además de la multa, lo obligan a ir mensualmente, durante seis meses, a escuchar una charla revolucionaria, bajo la amenaza de que, de no asistir, entonces se procedería a llevarlo a prisión, sancionado por el delito de peligrosidad predelictiva”, explicó la opositora.

Leylandis Puentes Vargas, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue trasladado el martes para la prisión de mayor rigor de Agüica, en el municipio de Colón, Matanzas, al igual que días antes ocurrió con Francisco Rangel Manzano, ambos estaban en unión de Félix Navarro, en la cárcel Combinado Sur, según informó su esposa, Tania Echeverría.

“Me llamó Leylandis y me dijo que los trasladaron a ellos para que no sepan nada de Félix y no puedan informarnos nada a nosotros los familiares, es decir, para evitar que se filtre la información. Nosotros tememos por la vida de ellos, esa es una prisión de máxima seguridad, allí están presos con condenas de cadena perpetua”, enfatizó Tania.

Y desde la Isla de la Juventud, Dayanis Salazar Pérez, alertó sobre la situación del opositor Juan Luis Sánchez González, preso desde el 11 de julio.

“En estos momentos Juan Luis se encuentra en la prisión El Guayabo aquí en la isla, hace ya 59 días, lo acusan de atentado, pero no tenemos ninguna prueba física que demuestre que él cometió este delito”, concluyó Dayanis.

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Amnistía Internacional denuncia intolerancia del régimen cubano y les advierte: "Estaremos vigilando"

Díaz-Canel y sus acompañantes en San Antonio de los Baños, el pueblo que inició la chispa del estallido nacional contra el régimen comunista.

La organización Amnistía Internacional afirmó este viernes que la respuesta negativa del gobierno cubano a las peticiones de la sociedad civil para llevar a cabo la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para el 15 de noviembre, es otro ejemplo más de intolerancia a la libertad de expresión.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, explicó en un comunicado que “grupos de personas de varias provincias del país han estado entregando, en las últimas semanas, solicitudes a los diferentes gobiernos locales para pedir autorización de llevar a cabo marchas pacíficas, organizadas de forma clara y definida en un ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión".

"En lugar de garantizar estos derechos, el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel ha declarado que estas marchas cívicas son ‘ilícitas’ y ‘anticonstitucionales’, violando nuevamente el derecho a la protesta pacífica en Cuba”, dijo la representante.

La prestigiosa organización afirmó que la comunidad internacional no debe olvidar los cientos de personas que fueron detenidas durante las históricas protestas del 11 de julio pasado.

“Amnistía Internacional ha recibido reportes de detenciones arbitrarias de activistas, hostigamiento, acoso y vigilancia, de parte de agentes de seguridad, hacia quienes se han sumado a la convocatoria organizada por el grupo Archipiélago. Esta respuesta de las autoridades es consistente con la política de represión aplicada durante décadas en Cuba, que criminaliza la protesta pacífica y encarcela y maltrata a personas cubanas de toda condición sólo por expresar sus opiniones. Estaremos vigilando la actuación de las autoridades, para denunciar cualquier acto de represión contra quienes se manifiestan”, agregó el comunicado.

“La comunidad internacional no debe olvidar los cientos de personas que fueron detenidas durante las históricas protestas del 11 de julio pasado, simplemente por ejercer pacíficamente su derecho, así como las seis personas presas de conciencia que Amnistía Internacional nombró poco después de los hechos, como un gesto simbólico hacia los muchos cientos más que seguramente merecen esta designación, que deben ser liberados inmediata e incondicionalmente", concluyó.

Piden a Bachelet acciones urgentes para garantizar derecho de los cubanos a manifestarse sin ser reprimidos

Michelle Bachelet en la sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrada el 13 de septiembre en Ginebra.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) solicitó este viernes a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que promueva una iniciativa internacional en favor del derecho de los cubanos a manifestarse libremente sin ser reprimidos y exija al gobierno cubano la liberación de todos los prisioneros políticos.

El organismo, por medio de una carta suscrita por Alejandro Gonzalez Raga, su director ejecutivo, ha lanzado un mensaje urgente de alerta, dada la prohibición decretada por las autoridades, la voluntad de los convocantes de mantener la marcha y el peligro de que se repitan acciones violentas contra los manifestantes, como los vividos en julio pasado.

“La respuesta del gobierno ha sido la expulsión de sus centros de trabajo de algunos organizadores y la amenaza de la Fiscalía General de la República de que deberán enfrentar las consecuencias si deciden marchar”, dice el texto.

La carta recuerda la represión desatada en el marco de las protestas de julio, expresando que Bachelet “no debe permanecer en silencio cuando son violados gravemente los derechos de cientos de cubanos, en su gran mayoría jóvenes y entre ellos al menos 27 menores de edad”, en referencia a quienes se mantienen detenidos, y apela a su condición de víctima de la represión bajo la dictadura de Pinochet para pedirle empatía con los “cubanos que sufren por querer ejercer sus derechos”.

Junto a la carta, el OCDH envió un informe jurídico que reafirma la legitimidad de la marcha del 15 de noviembre, basándose en las propias leyes cubanas y en los compromisos internacionales que el gobierno de Cuba está obligado a cumplir, en materia de derechos humanos.

Las respuestas gubernamentales sobre la prohibición, calcadas unas de otras, fueron informadas a los convocantes por las autoridades de cada municipio.

En este sentido, según el informe, queda claro que el intendente municipal (alcalde) «no tiene reconocido ni declarado, dentro del ordenamiento jurídico nacional, facultades legales para la interpretación del alcance y limitación de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución».

Además, «la protesta social es una conjugación de varios derechos humanos, mediante el uso de los espacios públicos. Incluye el ejercicio de las libertades de opinión y expresión, el derecho de reunión, manifestación y asociación».

Para el OCDH, «las opiniones o condiciones políticas de los promotores de la marcha, no los sustrae de su condición humana, ni de sus derechos fundamentales universales. Argumentar la negativa de derechos en tales razones, constituye discriminación».

Documentos adjuntos

Carta a Bachelet
Postura del OCDH acerca de la legitimidad del 15N

CIDH analiza la situación de derechos humanos en el contexto de la protestas en Cuba (VIDEO)

Multitudinaria protesta en San Antonio de los Baños, Cuba.

Activistas cubanos en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablaron sobre la respuesta del gobierno cubano a las protestas del pasado 11 de julio.

La directora de Cubalex, Laritza Diversent, dijo que más de mil personas fueron detenidas durante las protestas, de las cuales más de 500 siguen encarceladas y otras muchas se encuentran bajo arresto domiciliario.

También quiso alertar sobre los esfuerzos del gobierno para limitar la libertad de expresión, señalando que, después de las protestas del 11 de julio, se puso en vigor el Decreto Ley número 35 que legaliza los cortes masivos de acceso a Internet e impone a los operadores o proveedores del servicio público de telecomunicaciones la obligación de monitorear los contenidos en Internet.

“Bajo esta normativa, la transmisión en vivo de una manifestación o la convocatoria online de protesta fue calificada como difusión dañina ciberterrorismo, ciberguerra y subvención social”, señaló Diversent.

Michel Matos, del Movimiento San Isidro, habló de la represión y censura contra los artistas señalando que la detención es un recurso utilizado para callar el disenso de los artistas.

Osvaldo Navarro Veloz, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, declaró que varias fueron las crisis que encendieron el motor de la inconformidad popular reflejada en las calles el pasado 11 de julio, entre ellas, “la crisis de confianza política hacia el Estado y sus instituciones, la de los ingresos que se conecta con la reconfiguración de la pobreza y las desigualdades, la crisis sanitaria, la económica y la de derechos civiles y politicos”.

Marthadela Tamayo, también del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, presentó algunas de las peticiones de los activistas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas, “hacer un pronunciamiento público sobre la respuesta negativa que dio el gobierno cubano a la solicitud popular de realizar otra manifestación pacífica el 15 de noviembre”.

También pidieron a la Comisión seguir de cerca el desarrollo de esa situación y exhortar al gobierno cubano a la apertura de una mesa de diálogo con los manifestantes.

Por su parte, el relator de la CIDH para Cuba, Stuardo Ralón, declaró que una de las cosas que le preocupa a la comisión es una serie de violaciones al debido proceso y de penas desproporcionadas.

“Este tipo de procesos sumarios donde no hay garantías, donde vemos penas de prisión de 18 años de cárcel o de varios años de cárcel en otros casos, simplemente por ejercer un derecho a manifestar que debería estar protegido y garantizado y que, lejos de ello, se pretende poner sanciones con el fin de estigmatizar, de desalentar la voz que exige precisamente esos cambios y esas libertades”, opinó Ralón.

Ralón dijo que son de importancia los movimientos de manifestaciones y de protesta pacífica que se están realizando en forma espontánea por la ciudadanía y que “las voces de las organizaciones de la sociedad civil evidencian y visibilizan que hay necesidad de un cambio de régimen a una apertura democrática para que se pueda hablar de derechos humanos en la isla”.

Naciones Unidas declara “arbitraria” la privación de libertad de Denis Solís y Luis Robles

Luis Robles protestó en diciembre de 2020 con un cartel en La Habana en apoyo a Denis Solís. (Captura de video/Facebook)

Naciones Unidas ha declarado “arbitraria” la privación de libertad de los activistas cubanos Denis Solís González y Luis Robles Elizástegui.

“Es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, indica el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, dado a conocer este miércoles por Cuban Prisoners Defender (CPD), la organización que denunció los hechos.

En este sentido, Naciones Unidas “urge” al gobierno de Cuba a adoptar “las medidas necesarias para remediar la situación” de Solís y Robles, “sin dilación”. Asimismo, exhorta al régimen cubano a “adherirse al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

“El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a Denis Solís y Luis Robles inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización”, añade el dictamen.

Para Javier Larrondo, presidente de CPD, la decisión “es de la máxima importancia, pues ambos casos son la raíz de las reivindicaciones del Movimiento San Isidro y el Movimiento 27N”.

ONU se pronuncia sobre violación de derechos fundamnetales a Denis Solís y Luis Robles
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“Todo lo que ha acontecido desde entonces, como las manifestaciones del 11 de julio, ha sido, de una manera u otra, marcado por estos dos casos”, apuntó el activista en declaraciones a Radio Televisión Martí.

En su opinión, “Naciones Unidas da así un espaldarazo a la inminente manifestación del 15N en Cuba, que las autoridades han prohibido”.

El dictamen del Grupo de Trabajo insta además al gobierno de Cuba a llevar a cabo “una investigación exhaustiva e independiente” sobre el caso y a adoptar “las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”.

Asimismo, remite el caso a los relatores especiales de la ONU que investigan la independencia de jueces y abogados, la tortura y los derechos culturales, para que tomen las medidas correspondientes.

Según el organismo, la decisión será mencionada en su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos.

Esta misma semana, el Tribunal Popular de La Habana denegó una cuarta solicitud para un cambio de medida cautelar a favor de Robles Elizástegui, por lo que permanecerá en prisión provisional hasta el día del juicio.

Robles fue detenido cuando protestaba pacíficamente en el boulevard de San Rafael, en La Habana, pidiendo la libertad del rapero Denis Solís. La Fiscalía le pide seis años de privación de libertad por los supuestos delitos de "propaganda enemiga y desobediencia".

Solís fue liberado el pasado 11 de julio, tras ocho meses de prisión.

Luis Robles "angustiado" por su caso, mientras régimen ratifica medida de prisión provisional

Luis Robles Elizastigui. (Imagen publicada en redes sociales)

El Tribunal Popular de La Habana denegó una cuarta solicitud para un cambio de medida cautelar a favor del preso político Luis Robles Elizástegui, por lo que el joven permanecerá en prisión provisional hasta el día del juicio.

Landy Fernández, hermano de Robles, dijo a Radio Martí, que el detenido se siente "desesperado y angustiado" porque su situación no ha cambiado desde que fue encarcelado. "Un día la Seguridad del Estado le dice que la Fiscalía es quien lo tiene detenido, y otro día un fiscal le dice que la Seguridad del Estado es quien lo tiene ahí", señaló.

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La solicitud del cambio de medida, negada el 14 de octubre, fue presentada por el abogado de Robles Elizástegui ​basada en las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo, quien después del levantamiento popular del 11 de julio afirmó que "todos los cubanos tienen derecho a manifestarse". Sin embargo, el Tribunal Popular de La Habana ​negó la solicitud por considerar que "no había suficientes razones" para otorgar una medida cautelar.

Robles Elizástegui, quien no está afiliado a ningún grupo opositor, fue multado primeramente con 1,000 pesos y detenido en Villa Marista. Luego fue trasladado a la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana.

El auto de denegación entregado al abogado del joven indica que tendrá que seguir detenido hasta el día de juicio, pautado para el mes de diciembre, luego de que fuese suspendido uno previo por la manifestación del 11 de julio.

Fernández aseguró que su madre presentó una queja por la decisión del Tribunal, y la respuesta que recibió fue el mismo documento entregado al abogado.

Robles fue detenido cuando protestaba pacíficamente con un cartel en el boulevard de San Rafael, en La Habana, pidiendo la libertad del rapero contestatario Denis Solís, encarcelado en ese momento.

La Fiscalía pide al manifestante seis años de privación de libertad, por los delitos de "propaganda enemiga y desobediencia".

Según denuncias desde prisión, el joven ha sido llevado en varias oportunidades a celda de castigo y ha sido víctima de aislamiento.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

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