Derechos Humanos
Todas las violaciones en juicios del 11JCuba expuestas en la réplica de Cubalex a Bruno Rodríguez
El centro de asesoría legal Cubalex respondió de manera contundente a las alegaciones hechas por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla a través de su cuenta de Twitter, donde declara que “EEUU conoce bien que los actuales procesos judiciales en Cuba se desarrollan con pleno apego a la ley y dentro de estándares internacionalmente aceptados”.
Basándose en testimonios de primera mano, ofrecidos por las víctimas a través de sus familiares, el bufete no gubernamental dirigido desde el exilio por la abogada cubana Laritza Diversent, desmonta las palabras del canciller, partiendo de la no separación de poderes establecida por el régimen desde sus inicios, lo cual coloca en franca desventaja a quienes sostienen una posición contestataria o de rechazo, como es el caso de los prisioneros políticos asociados con las manifestaciones del pasado 11 de julio.
La réplica, titulada "El canciller Bruno Rodríguez miente sobre los juicios en Cuba" , fue escrita por el abogado Alain Espinosa.
Los juicios contra los manifestantes son de carácter militar, con miembros de la policía política como testigos de la acusación y esta “unidad de poder”, afirma Cubalex, “es por naturaleza antagónica a las obligaciones inherentes a los jueces a la hora de ejercer la función judicial […] supone un conflicto real de intereses que se contrapone de manera objetiva al estado de derecho”.
A continuación Cubalex, desglosa en varios incisos las “transgresiones al debido proceso” que se cometen en los juicios a los manifestantes del 11J.
* La gran mayoría de los manifestantes detenidos fueron sustraídos del actuar de la justicia durante días. Las autoridades negaron a los familiares el paradero real de los detenidos, este elemento, según lo regulado en varios de los tratados internacionales de derechos humanos que integran el ordenamiento jurídico nacional, constituye una desaparición forzada de persona, expresamente proscrita por el derecho internacional y por el ordenamiento interno, específicamente por la constitución nacional.
* Imposibilidad de acceso a la defensa letrada, elemento que se vulnera no solo por el impedimento de contar con defensor desde el inicio del proceso, sino también por impedir el acceso a las actuaciones, sin fundamentar la decisión ni notificarla con apego a los establecido por ley, privando al imputado de la posibilidad material de disfrutar del derecho al debido proceso que le asiste como garantía de su seguridad jurídica. Específicamente en cuanto a aportar medios de prueba y solicitar la exclusión de aquellos obtenidos violando lo establecido, y además se viola el derecho de ser informado sobre la imputación que pesa en su contra.
* Irrespeto al derecho del imputado a comunicarse con familiares y allegados, que se manifiesta en muchos casos mediante la prohibición directa como medio de coacción para forzar al detenido a declarar en su contra, o cuando las autoridades de instrucción se abrogan el derecho de actuar como intermediarios entre el imputado y sus allegados a pesar de lo establecido en la legislación procesal que de manera expresa establece que dicha comunicación debe ser directa entre el imputado y sus familiares.
* La aplicación por parte de las autoridades de tratos que atentan contra la dignidad y la integridad física y psíquica de los imputados, muchas veces como forma de coacción para forzarlos a declarar en su contra al momento de la detención. Se ha podido comprobar el uso de métodos como el encierro durante largos períodos en patrulleros expuestos al sol sin permitirles la posibilidad de hidratarse, o en el caso de las mujeres el desnudo total, la revisión forzada de cavidades o el impedimento de aseo personal por varios días en presencia de su período menstrual. En otros casos, por lo general ya asegurados en centros penitenciarios y como métodos de castigos por su condición de opositores, el uso de violencia física que incluye métodos conocidos vulgarmente como la bicicleta, el racimo de plátano o el uso de las shakiras. Todos estos métodos causan graves daños físicos a los imputados, que posteriormente son ocultados por las autoridades mediante la violación de otros derechos dentro de los que se encuentran el recibir visitas o comunicarse. En casos de signos extremadamente visibles son aislados en celdas de castigos hasta que los mismos desaparezcan.
Respecto a lo que denomina la “fase judicial”, Cubalex expone las violaciones más comunes cometidas por los jueces de estos tribunales:
1- Violación del principio de publicidad de los debates, abrogándose de manera discrecional la facultad de impedir el acceso del público al acto del juicio oral, restringiéndolo a un familiar por acusado, mientras que el acceso de funcionarios de órganos represivos es libre. En este sentido cobra mayor importancia la violación por el hecho de que los jueces ni siquiera cumplen con el requisito legal. Toman una decisión de este tipo, que no solo vulnera los derechos de los acusados, sino que también incide directamente en el principio de transparencia que rige el actuar de los funcionarios públicos, e impide la posibilidad real a los ciudadanos de ejercer control sobre su actuar.
2- Violación al principio de libre apreciación de la prueba, de igual manera restringen de formal discrecional e ilegal la carga de la prueba de las partes, admitiendo en la mayoría de los casos un número extremadamente reducido de pruebas de la defensa, en especial respecto del número de testigos. Mientras en el caso de la fiscalía tanto el número de pruebas como de testigos es ilimitado.
Cubalex señala la “indefensión de los imputados y sus familiares” ante la ostensible parcialidad de jueces y fiscales.
El centro de asesoría legal afirma que las familias sufren por "el injusto e ilegal" proceso al que son sometidos sus familiares, en muchos casos menores de edad que incluso no han arribado a la edad legal para responder penalmente y también por "la imposibilidad material de defensa que genera la parcialidad con que es dirigido el proceso".
Por otra parte, denuncia el hostigamiento al que son sometidos estos familiares por parte de los órganos represivos, en especial la seguridad del estado, "para que se inhiban de ejercer derechos naturales como la libertad de expresión, única forma de visibilizar la situación en la que se encuentran sus familiares en busca de justicia para los mismos".
Tras meses de silencio sobre los juicios a los manifestantes del 11 de julio, la Fiscalía General de la República de Cuba aseguró en un comunicado que ha verificado "el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso" y que "actuará de conformidad con el encargo constitucional, en el marco de la legalidad, con apego al debido proceso, la protección de los intereses del Estado y el respeto al derecho de todos los ciudadanos".
La Fiscalía General recibió 117 expedientes de fase preparatoria sobre los hechos "de mayor connotación", con 790 personas instruidas "por actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden".
De estos, se han presentado a los tribunales 110 expedientes, con 710 acusados. De ellos, el 69 % quedaron en prisión provisional como medida cautelar a la espera de juicio.
(Con información tomada del portal digital Cubalex)
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Consejo de Relatores de Derechos Humanos en Cuba denuncia el caso de tres presos políticos
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, a través del abogado Juan Carlos González Leyva, ha denunciado la situación de tres presos políticos: Taimir García Meriño, Eglis Heredia Rodríguez y Jorge Cervantes.
La presa política, residente de Victoria de las Tunas, fue condenada en el mes de marzo de 2022 a cinco años de prisión por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. La mujer encarcelada por respaldar a un trabajador independiente, a quien inspectores estatales y agentes policiales imponían una elevada multa por vender plantas medicinales, se encuentra recluida en la prisión Granja Cinco en Camagüey.
“Taimir padece de seis enfermedades en estos momentos, muchas de ellas en crisis casi el mes completo. El año anterior fue diagnosticada con la vesícula acodada y ahí estamos esperando todavía que a la dictadura le dé la gana de llevarla a un salón de operaciones. Y bueno de las otras enfermedades, de la presión, de la diabetes... El medicamento hemos tenido que comprarlo en la calle, a altos precios, para poder mantenerla a ella con vida ahí en prisión, debido a que ellos no tienen medicamentos para los encarcelados”, advirtió Holmis Rivas Carmenate, el esposo de la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
En el caso de Eglis Heredia Rodríguez, recluido en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, tras ser condenado en 2014 por el delito de atentado, el relator dijo que estaba "muy enfermo y sin asistencia médica para un cáncer de garganta muy avanzado que le impide hablar".
"Está extremadamente delgado debido a la hambruna y sufriendo malos tratos a manos de la guarnición de ese centro carcelario", agregó González Leyva.
Heredia Rodríguez había sido excarcelado con una licencia extrapenal por un cáncer que sufre en la laringe, pero esta medida fue revocada porque continuó con su activismo.
De acuerdo con el reporte de varios familiares y compañeros de prisión, la policía política le impide las visitas familiares.
También el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba denunció que el opositor de la UNPACU, Jorge Cervantes, fue trasladado de la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba, para la prisión de máxima seguridad de Boniato, en la misma provincia, luego de protestar en huelga de hambre por varios días.
Cervantes está detenido desde el 12 de marzo y actualmente está bajo investigación por delitos contra la Seguridad del Estado.
En su caso aún no se ha hecho una petición fiscal.
"Jorge no acepta abogados porque él dice que eso es por gusto, al pasarse de los 10 días en huelga de hambre en Aguadores lo pasaron para Boniato”, dijo Gretchen Alfonso Torres, esposa del activista.
Denuncian "práctica represiva amplia y diversificada" en Cuba en marzo
Cuba registró en marzo pasado 388 incidentes de hostigamiento por parte de las autoridades, reportó la asesoría jurídica Cubalex, la cifra más alta desde agosto de 2022, cuando la organización comenzó a documentar cada mes las violaciones de derechos humanos en la isla.
"Durante el mes de marzo, Cuba fue testigo de las primeras protestas masivas del año 2024. A pesar de que el régimen cubano negó la represión, los hechos demuestran una práctica represiva amplia y diversificada", señaló la ONG en un informe publicado el martes.
El grupo con sede en Estados Unidos afirmó que algunos de los 388 incidentes de hostigamiento que registró su equipo de monitoreo estuvieron directamente relacionados con la represión de las protestas populares.
Según Cubalex, los incidentes se distribuyeron por todas las provincias y 59 municipios, incluyendo la Isla de la Juventud. En La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas se registró el mayor número de actos represivos.
En el informe, Cubalex identificó los patrones de represión en relación con las protestas de marzo y cómo estas prácticas represivas "constituyen violaciones flagrantes de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución nacional, como la libertad de expresión, reunión, manifestación y asociación para fines lícitos y pacíficos", señala una nota de la organización.
La ONG precisó que para la elaboración del reporte se analizaron 719 registros que incluyen 331 noticias sobre el contexto y 388 eventos de represión ocurridos del 1 al 31 de marzo de 2024, y que los datos se obtuvieron principalmente de publicaciones en Facebook (333), sitios web de noticias (178), la red social X (135) y aportes directos a Cubalex (44).
La organización explicó que la represión en marzo se produjo en un contexto de crisis generalizada, en el que la población cubana volvió a sufrir apagones de más de 15 horas, el deterioro de los servicios públicos como el abasto de agua, el sistema de salud, la recogida de basura y la distribución normada de alimentos "que aparecen cuando las personas se lanzan a la calle a protestar". Mientras, señaló, el régimen invirtió "cuantiosos recursos para organizar eventos de propaganda internacionales, como el Coloquio Patria".
A principios de abril, Cubalex dijo en un comunicado que varios cubanos han sido detenidos, interrogados y amenazados por sus publicaciones en redes sociales tras las protestas de marzo en varias provincias del país.
"Registramos acciones represivas contra ciudadanos y activistas por sus publicaciones en redes sociales. Tales acciones contra la libertad de expresión representan una violación flagrante de los derechos humanos, evidenciando una alarmante tendencia de intimidación por parte del régimen, con el objetivo de silenciar las voces disidentes", señaló la ONG.
Observatorio de Libertad Académica investiga discriminación de género en el sistema educativo cubano
El Observatorio de Libertad Académica (OLA) inició, con su más reciente informe, un perfil de investigación sobre la segregación por orientación sexual en el Sistema de Educación de Cuba.
“Con este informe, el número 38 y el primero del año 2024, el Observatorio de Libertad Académica abre una línea de investigación respecto a la discriminación por cuestiones de orientación de género en el sistema educativo cubano”, dijo a Martí Noticias, Omara Ruiz Urquiola, investigadora principal de OLA.
La entidad, con sede en Miami, repasa los momentos más representativos del afianzamiento de la discriminación por razón de preferencia sexual en el país que generaron comportamientos dañinos para una parte de la población cubana.
Para esto analiza el discurso de Fidel Castro, en marzo de 1963, en el que habló de la necesidad de erradicar hábitos burgueses que mantenían algunos jóvenes rockeros, “vagos” u homosexuales.
“Para hacer frente a estos “rezagos del pasado”, Castro creó un programa de formación de maestros para las escuelas revolucionarias, los que estuvieron atravesados por un plan curricular militarizado y enfocado en anular mediante la enseñanza todo conato de disenso. Este proyecto de ingeniera social destinado a crear el hombre nuevo guevariano, se basó también en el uso de teorías científicas obsoletas destinadas a la represión de la comunidad LGTBQ+ y otras expresiones de disidencias culturales o religiosas”, señala el dossier.
Igualmente examina la Resolución 289 del 2019 del Ministerio de Educación que instituye la responsabilidad con los postulados ideológicos del Partido Comunista, lo que patentiza la discriminación en cuanto a las libertades educativas.
Como en los anteriores, este informe visibiliza las historias de víctimas de discriminación en la enseñanza y evidencian los actos contra los derechos humanos cometidos por las autoridades cubanas.
“Decidimos abrir con un caso paradigmático, que es el caso de Kiriam Gutiérrez Pérez”, indicó Ruiz Urquiola.
“Kiriam es una lideresa de la comunidad LGTBQ en Cuba en la lucha por las reivindicaciones de derechos de esta comunidad, históricamente una comunidad postergada, una comunidad maltratada, soslayada”.
“Una estudiante de primera línea, ganadora de concurso nacional, competidora en varias asignaturas en el nivel provincial que no pudo ingresar a la vocacional, la Escuela Lenin. Ella quería ser neurocirujana”, relató la estudiosa.
El informe describe como los sueños de Kiriam fueron tronchados debido a las políticas y prejuicios de los responsables de Educación.
Asimismo, el informe se refiere a Alberto Góngora Mulet, que, durante su etapa de estudiante de Estomatología de la Facultad de Ciencias Médicas de Holguín, fue agraviado por parte de las autoridades.
Este joven “empezó recibiendo reprimendas por el pelo largo y acabó teniendo que soportar injurias que, obviamente, no soportó callado del propio decano de la facultad”, añadió Ruiz Urquiola.
La investigadora subrayó que el problema de la discriminación por cuestiones de género no ha sido aún superado: “Es algo que hay que encarar de una manera científica, de una manera honesta, poniendo la realidad sobre la mesa, analizándonos como sociedad, y como sociedad civil independiente”.
Agregó que "la extirpación de la discriminación por quién te atrae y hacia quién sientes atracción emocional y sexual debe hacerse de una manera consciente, no de una manera superficial por leyes que incluso han sido mal consensuadas y eso trae polarización”.
“Nosotros como sociedad tenemos que revisarnos. Nosotros tenemos que plantear los hechos todos, que tienen que ver con lo que hemos vivido en estas décadas de totalitarismo, de autocracia, lo que estamos viviendo y discutir sobre lo que nos ha pasado, sobre lo que nosotros mismos hemos permitido. para dar el salto para realmente llegar al siglo XXI”, precisó.
"Mi familia está devastada", dice el hermano de uno de los cubanos presos tras las protestas del 17M
Asdrúbal Kindelán Garbey, uno de los cubanos que salió a las calles a protestar el pasado 17 de marzo en Santiago de Cuba, lleva más de una semana detenido tras acudir a una citación a la Unidad de la Policía El Palacete, en Santiago de Cuba.
"Mi familia está devastada", dijo su hermano Randy Kindelán a Martí Noticias. Para él, lo que le están haciendo a Asdrúbal es una muestra más de las injusticias que comete el régimen con quienes piensan diferente.
"Mi mamá no sale de la depresión. Desde que todo esto empezó no ha tenido fuerzas para ir a trabajar y mira que yo le doy ánimos y le digo que tiene que levantarse, que tenemos que seguir para transmitirle la fuerza a mi hermano. Pero ella está devastada, igual que su esposa y su hija. La niña tiene un teléfono de juguete y todos los días pregunta papá, papá, dónde tú estás, papá, ven", explica.
Kindelán fue arrestado por primera vez varios días después de las protestas, cuando los oficiales se llevaron preso a su hijo de 18 años, Cristian Osmauri Kindelán, y él hizo una directa denunciando lo sucedido.
“Ellos van a hacer lo que quieran conmigo. Me pueden detener, me pueden quitar hasta la vida, pero por la libertad de mi hijo yo voy a luchar hasta el final”, aseguró a nuestra redacción poco después de que lo liberaran con una multa de 50 mil pesos.
El pasado 3 de abril lo volvieron arrestar y su hermano dice que ahora lo acusan de "atentado".
"No puede ser otra cosa que no sea represalia, porque el no cometió ningún delito de atentado. Para eso lo primero que hay que hacer es agredir a alguien. Lo que le duele a la Seguridad del Estado, en particular el mayor Oscar, y a su jefe, el teniente coronel Abel, es la directa que hizo", explica.
Según cuenta, a Asdrúbal le dijeron que había tomado "un mal camino al denunciar" y querían que se retractara. En el video el cubano explicaba que había estado junto a su hijo, y su niña de tres años en brazos, durante la manifestación y que la Policía intentaba culpar al joven de delitos que no cometió.
"Mi familia nunca ha estado en una situación de este tipo porque nosotros siempre hemos sido personas correctas. Con nuestro pensamiento, con nuestros ideales, pero es que tener pensamiento e ideales no es un delito en ninguna parte del mundo, solamente en Cuba".
Randy Kindelán cree que la justicia les está fallando. "Cuando tú entras una prisión ya no sabes lo que pueda pasar con tu vida". No obstante, aclara, "queremos denunciar lo que está ocurriendo para que el mundo tenga otra prueba más de todas las injusticias que se cometen en Cuba".
"Algún día, cuando lleven a los dirigentes a a una Corte Internacional, tendrán una prueba más. Quiero que el mundo entero vea que nosotros, los ciudadanos de a pie que no tenemos cargo, que no tenemos familiares militares, que no tenemos nadie que nos respalde, estamos desnudos con las leyes que inventa la dictadura".
CIDH otorga medidas cautelares a favor de activista cubano Julio César Góngora
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el jueves medidas cautelares en favor del activista pinareño Julio César Góngora Millo, colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.
El organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicita al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del opositor; que adopte las medidas de protección que resulten necesarias para que pueda continuar realizando sus labores de defensa de derechos humanos, sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos, y actos de violencia, entre ellas, que el Estado le brinde las atenciones médicas correspondientes para que pueda realizar sus labores, entre otras disposiciones.
Desde el occidente cubano, Góngora agradeció la gestión de la CIDH: "Significa muchísimo, no solo para mí, somos muchos con situaciones precarias de salud en Cuba sin asistencia médica".
"Estoy reclamando porque no me cierran la herida, me han negado todos los tratamientos quirúrgicos, estoy postrado en una cama, inválido con una cistostomía hecha, yo fui al hospital nada más que por un absceso y ellos me picaron todo eso y se llevaron la uretra, la vejiga y me tuvieron que poner una manguera por la barriga. Esa herida tenían que cerrarla ellos desde los seis meses y se me niega todo tipo de operación, con esa herida abierta con riesgo para la vida, con una pelvis expuesta, me tienen sancionado a muerte aquí en mi casa, lentamente, porque simplemente no hacen nada absolutamente nada, esa herida como único se corrige es con un tratamiento quirúrgico y sin embargo el sistema cubano dice que no me opera, me han negado la operación", detalló.
"Incluso me han trancado en una consulta para interrogarme al lado de la dirección del hospital Abel Santamaría de Pinar del Río -el oficial Otoniel, Alejandro de nombre operativo y Yoel-, enfermo con una herida abierta con toda mi situación, se me han negado y decomisado los medicamentos. Yo estoy en estos momentos curándome con los apósitos que necesito porque la herida es muy grande, gracias al Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH)", aseguró el activista cubano.
También en la capital pinareña, el opositor José Rolando Cásares, confirmó el acoso en contra de Julio César que ha incluido hasta la confiscación de las ayudas.
“Hace dos meses y medio fui a llevarle unos medicamentos, fue después que vine de la visita a los Estados Unidos, llegando aquí a Pinar del Río fui con mi esposa y fuimos detenidos y nos quitaron los medicamentos”, explicó el también comunicador independiente.
Por su parte el abogado Yaxis Cires, asesor de estrategia del OCDH, agradeció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la gestión a favor del activista.
“Nosotros agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creemos que la resolución que ha dictado la CIDH en favor de Julio César es muy clara, en la exigencia del cese de la represión por parte de la policía política, en la exigencia de una atención médica adecuada, para que la salud de Julio César, no se vea todavía más deteriorada de la situación en la que se encuentra en estos momentos”, concluyó el asesor del OCDH.
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