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Cuba

"Ojalá que yo pudiera sacarlo de esa cárcel": familiares de acusados por protesta del 11J denuncian injusticia contra detenidos

Miembros de las fuerzas especiales detienen a un manifestante en La Habana, Cuba, el 11 de julio. (YAMIL LAGE / AFP)

Familiares de los detenidos por participar en las protestas populares del 11 de julio narran a Radio Televisión Martí la dramática realidad que enfrentan sus seres queridos, sobre quienes pesan peticiones fiscales de hasta 25 años de privación de libertad. .

Jaime Alcides Fildo Rodríguez, de 21 años de edad y preso desde el 17 de julio, tiene una petición fiscal de 25 años de privación de libertad por el supuesto delito de desorden público, cuenta su mamá Yuneisy Rodríguez García.

“El lunes de la semana pasada fue que lo pude ver por primera vez desde que se lo llevaron. Comenzó a llorar y me dijo que tratara de sacarlo de allí. Ojalá que yo pudiera sacarlo de esa cárcel. Este viernes cumple 22 años y es un niño que nunca ha tenido problemas legales, y se dedicaba a la venta de pan a domicilio”, señaló su madre.

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También, dijo la mujer, se encuentra en una situación similar su hermana Yaquelín Castillo García, de 47 años de edad, presa desde el 12 de julio, actualmente en la prisión del Guatao, en el municipio La Lisa, con petición fiscal de 20 años de prisión por los presuntos delitos de desacato y desorden público.

“Supuestamente, dicen ellos, un dron registró la voz de mi hermana exhortando a los manifestantes para que tiraran piedras y botellas. Todo esto es muy injusto con los dos. Este país es lo peor del mundo”, concluyó.

Mientras tanto, tres hermanos residentes en La Güinera, en Mantilla, Arroyo Naranjo, han sido acusados de instigación a delinquir, atentado y desorden público, señala su papá, Emilio Román Matos: Emy Yoslán Román Rodríguez, de 18 años de edad, con petición fiscal de 15 años de prisión, quien se encuentra en la cárcel de menores del Guatao; Yosney Emilio Román Rodríguez, de 25 años de edad y con 20 años de prisión en la petición fiscal, en el Combinado del Este, y Mackyani Román Rodríguez, de 23 años de edad, con petición fiscal de 25 años de privación de libertad, en la prisión de mujeres del Guatao.

“Eso es una cosa totalmente injusta, toda esa cantidad de años que les están pidiendo a los muchachos, que solamente participaron en la manifestación como miles y miles de personas. Sin embargo, la policía provocó más daños, y en los papeles de la fiscalía que les llegaron a los encausados de Mantilla, no sale petición fiscal alguna en contra del policía que mató a uno de los manifestantes”, enfatizó Román Matos.

Por su parte, Walnier Luis Aguilar Rivera, de 21 años de edad, que está preso en el Combinado del Este luego de su detención el 18 de julio, tiene una petición fiscal de 22 años por el delito de sedición, y no le han permitido visita familiar hasta el presente, informó su padre Luis Wilbert Aguilar.

“Mi hijo tiene retraso mental, algo que está respaldado por documentos médicos; incluso, se le otorgó la baja del servicio militar por ese padecimiento, y entonces el abogado no puede hacer nada, y le han puesto en el encausamiento una cantidad tremenda de cosas que son inventadas. Es un abuso de ellos” afirmó Aguilar.

También está el caso de Maikel Puig Bergolla, residente en el municipio de Güines, preso desde el 12 de julio, con petición fiscal de 25 años por los supuestos delitos de instigación a delinquir, desacato y desorden público, recluido en la prisión de mayor rigor de Quivicán, en la provincia de Mayabeque, donde lo acaban de castigar por las denuncias sobre su caso que está realizando su familia, reportó su esposa Saily Núñez Pérez.

“Le quitaron el derecho a la visita familiar. Las niñas, hace tres meses que no lo pueden ver. También [le prohibieron] las llamadas telefónicas, porque lo culpan de toda la información sobre su caso que está fluyendo afuera”, apuntó la mujer.

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Guardia Costera detiene a presunto contrabandista de personas y repatría a 51 cubanos

Una embarcación sospechosa de contrabando de personas fue detectada a 20 millas al oeste de Anguilla Cay, Bahamas. (Foto de Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza)

La Guardia Costera de EEUU repatrió a 51 personas a Cuba este miércoles, luego de cuatro intercepciones en el mar, informó la institución en un comunicado.

Un avión de la dirección de Aduanas y Protección Fronteriza informó al sector de Cayo Hueso de la Guardia Costera, alrededor de las 9:45 AM del domingo, que había detectado una embarcación sospechosa a unas 20 millas al oeste de Cayo Anguila, en Bahamas.

El evento se consideró una presunta operación de tráfico de personas y uno de los sospechos se encuentra bajo investigación de la Patrulla Fronteriza.

El lunes, un avión de la Estación Aérea de la Guardia Costera de Miami reportó al sector de Cayo Hueso, alrededor de las 11:00 AM, sobre una embarcación rústica, aproximadamente a 25 millas de Cayo Largo.

Ese mismo día, sobre la 1:00 PM, la tripulación del guardacostas Charles David, Jr. reportó sobre otra embarcación, a unas 20 millas de Cayo Hueso.

También el lunes, en horas de la noche, Operaciones Aéreas y Marinas de Protección de Aduanas y Fronteras informó de otra embarcación rústica detectada a unas 52 millas de Cayo Hueso.

Las personas interceptadas en estas operaciones fueron repatriadas a Cuba.

El número de cubanos que intenta llegar a las costas estadounidenses ha aumentado considerablemente en los últimos meses, en comparación con años anteriores. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han detenido a 339 migrantes de la isla.

A continuación, la cifra de interceptados en años anteriores:

  • 5,396 en el año fiscal 2016
  • 1,468 en el año fiscal 2017
  • 259 en el año fiscal 2018
  • 313 en el año fiscal 2019
  • 49 en el año fiscal 2020
  • 838 en el año fiscal 2021

Una vez a bordo de un barco de la Guardia Costera, todos los migrantes reciben comida, agua, refugio y atención médica básica, señala el comunicado.

SIP condena acusación contra periodista cubana Claudia Montero

Claudia Montero y Fabio Corchado. (Foto: CubaNet)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció este miércoles acerca de la represión de la dictadura comunista de Cuba contra la comunicadora independiente Claudia Montero Lescaille.

Montero Lescaille ha sido acusada por un presunto delito de "desorden público".

La pareja de Montero, el activista Fabio Corchado Borroto, también fue acusado por el mismo "delito". Ambos están bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria y regulación migratoria que les impide salir del país.

La notificación les fue dada en la Unidad de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) de Zapata y C, en La Habana, adonde fue citada la pareja el pasado sábado.

“Me entero por otra acta que me presentó que se me imponía una medida cautelar de prisión domiciliar. Le pregunto ¿hasta cuándo esta medida cautelar? ‘Hasta que se acabe el proceso’, me respondió. Yo supongo que se refería al proceso de Camila en el que yo estoy implicada y él me dice que cuando termine el proceso, ellos decidirán si se me abre un expediente a mí y a Fabio, de acuerdo a lo que determine la investigación a Camila”, señaló la periodista.

El oficial que interrogó a Montero Lescaille le dijo que la acusación se basa en el contenido contrarrevolucionario de los videos que envía a Cubanet en el exterior.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que el régimen “continúa utilizando la persecución judicial, legal y policial para hostigar e intimidar a los periodistas independientes. Lo venimos observando de forma acentuada desde las protestas del 11 de julio, cuando a muchos periodistas independientes se le aplicó esas mismas medidas y fueron acusados, con o sin sustento judicial, por algún delito".

Montero considera que el hostigamiento podría ser en represalia por acoger en su vivienda durante meses a la periodista Camila Acosta, luego de que esta fuese desalojada del lugar donde vivía.

En ese periodo "tuvimos vigilancia policial y de la SE", relató Montero, quien junto a su pareja son consideradas personas de interés en el proceso contra Acosta, acusada por "instigación a delinquir".

“¿Por qué Fabio y yo somos parte del proceso de Camila? Porque mi esposo y yo la acogimos en nuestra casa. Entonces a mi cuñado, Víctor Manuel González lo detuvieron el 26 de julio, lo tuvieron una semana en Villa Marista [Cuartel General de la Seguridad del Estado] y lo presionaron tanto que él reconoció que me editaba videos”, indicó Montero a Radio Martí, y agregó que su esposo Fabio Corchado se acogió a su derecho de no declarar ni firmar ningún documento.

Camila Acosta se encuentra bajo prisión domiciliaria a la espera de un juicio, acusada de “instigación a delinquir” después que fuera detenida durante cinco días por reportar las protestas del 11 de julio.

Montero refirió que incluso el agente de la policía política que la interrogó fue el teniente Ernesto, “el mismo que atiende a Camila”.

“Yo estaba preparada psicológicamente porque yo, desde que escogí ser periodista independiente, sabía lo que venía, que, en algún momento, iban a pasar las entrevistas, los interrogatorios y yo siempre mantuve un bajo perfil: no soy activista”, dijo.

Aumentan casos de COVID-19 en Holguín

Barrio en cuarentena en Holguín. (Captura de foto/ACN)

Aumentan los nuevos casos de COVID-19 en la provincia Holguín, según los últimos reportes del Ministerio de Salud Pública de Cuba.

Sobre los factores que pueden estar incidiendo en este repunte de la enfermedad, una residente de la provincia que se identificó como Alejandrina dijo a Radio Martí que la situación ha empeorado debido a la aglomeración de personas en las calles y en el transporte urbano.

“Los ómnibus van muy llenos de personal (…)”, aseguró la mujer, que recientemente se trasladó al hospital Vladimir Ilich Lenin en una guagua repleta, con “una persona encima de la otra, tres veces el personal que le cabe a un ómnibus”.

En su criterio, “la gente [actúa] como que ya se acabó, y el coronavirus no se ha acabado”.

Otros holguineros entrevistados señalaron la indisciplina social como una de las causas del aumento de casos de COVID19, así como las largas colas en establecimientos comerciales.

“En el uso del nasobuco, sobre todo, porque hay personas indisciplinadas, lo mismo en la parada que en el ómnibus. Andan con él en el cuello como si fuera un collarín. En las colas, en cualquier lado”, dijo una residente de la cabecera provincial.

Ramón Zamora, doctor opositor en Holguín
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En opinión del doctor y opositor holguinero Ramón Zamora, en este momento no se están cumpliendo las normas establecidas para evitar los contagios entre otras violaciones.

“Usted llega a un establecimiento y generalmente tienen un saco, ya seco, en el suelo y le echan hasta agua común, como para demostrar que se están cumpliendo las normas, pero la realidad es que no es así. Notas que, dentro, las personas que, incluso, están manipulando el dinero, pues no se lavan las manos”, detalló.

El galeno se refirió, además, a la gran cantidad de viajeros proveniente de Rusia que arriban a la provincia. Afirmó que “se ha demostrado que muchos de ellos” han sido fuente de contagio de coronavirus para la población local.

Según los últimos reportes oficiales de las autoridades de Salud de Cuba, Holguín encabeza la lista de provincias con el mayor número de nuevos casos, 30 el día 5 de diciembre, 22 el día 6 y al cierre de la jornada del martes, 20 personas detectadas con la enfermedad.

Presentarán a Asamblea Nacional de Cuba proyecto de Ley de Amnistía que requerirá de 10 mil firmas

Vista de una sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba. Foto AFP/ Yamil Lage.

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) presentará a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso, según anunció este miércoles en un comunicado.

La iniciativa se presentará como "Proyecto No Más" y necesita recoger al menos 10.000 firmas, en virtud del Artículo 164, inciso k, de la vigente Constitución de Cuba.

Este proyecto de Ley de Amnistía, según explican será confeccionado y avalado por un equipo de abogados y de estudiantes de derecho y no comprenderá solo a los presos políticos y de conciencia sino a las personas encarceladas por Peligrosidad Predelictiva, a la que consideran como "una figura penal racista y discriminatoria y una presunción que se pone por encima de la noción moderna del derecho: la que presume la inocencia antes de la condena por delitos ciertos y probados".

El consejo entiende que para que Cuba vuelva a estar entre las naciones civilizadas es necesario el despoblamiento de sus cárceles y que exista una sintonía entre el Código Penal, los derechos constitucionales, la Carta Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario Internacional.

El Proyecto de Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso busca "la convivencia sana de la diversidad y la pluralidad como la participación ciudadana en el impulso del derecho, nuestros derechos, desde abajo".

"Cuba ocupa el tercer lugar, después de Estados Unidos y de China, en cantidad de presos y presas en las cárceles respecto de la población. Un título que no honra a la sociedad cubana dentro de la comunidad internacional. Más prisiones que hospitales y universidades no es la cifra proporcional de un país de justicia y bienestar", apunta el CDTC.

La semana pasada el Consejo retomó la idea de propiciar un diálogo nacional entre cubanos, antes propuesto por el Movimiento San Isidro para motivar a la ciudadanía con la idea de buscar un nuevo proceso constitucional.

"Después del 11 de julio, obviamente lo que está en juego es la legitimidad misma de la Constitución de 2019 y lo que buscamos con esta iniciativa es concitar esa presión ciudadana para una nueva Constitución en Cuba”, explicó a Radio Martí Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del CDTC.

Denominada “Cuba11J”, la iniciativa tiene como objetivos también lograr unas elecciones libres, justas y pluralistas, instrumentar la elección directa, promover una reforma hacia una economía social de mercado, exigir la liberación o amnistía de todos los presos políticos y una reforma laboral, entre otros propósitos.

Piden entre tres y ocho años de privación de libertad a opositores de Isla de Pinos

Foto Archivo. Un tribunal en Cuba durante la pandemia.

La Fiscalía Municipal de Isla de Pinos solicitó entre 3 y 8 años de privación de libertad para cuatro manifestantes del 11 de julio, miembros del Partido Autónomo Pinero (PAP).

Ramón Salazar Infante, Martha Pérez Acosta y Francisco Alfaro Diéguez, los tres en libertad bajo fianza, están acusados de “desórdenes públicos”, delito por el que el órgano acusatorio les pide a cada uno, 3 años de privación de libertad y Juan Luis Sánchez, en prisión preventiva en el penal conocido como “El Guayabo”, está imputado de “atentado” y tiene una petición fiscal de 8 años de prisión.

La fecha del juicio no ha sido fijada.

“Nosotros somos un partido opositor, pacífico y el gobierno, junto con la Seguridad del Estado nos está imponiendo sanciones como personas que estamos violando [las leyes]. Todo lo hicimos porque pensábamos que teníamos algún respaldo de la ley, pero no ha sido así”, lamentó Pérez Acosta en conversación con Radio Televisión Martí.

“En este país estamos sometidos por la dictadura de este sistema que no nos permite manifestarnos de manera pacífica. Nuestra organización tiene todo un programa bien claro, en el cual hemos trabajado durante 16 años, incluso las autoridades pineras conocen cuáles son nuestras perspectivas hacia el futuro que es trabajar para la sociedad”, indicó la opositora.

Según las Conclusiones Provisionales del Estado, los acusados “en compañía de otros ciudadanos se organizaron en la casa de Ramón para salir gritando palabras y frases que convocaban a la alteración del orden”.

Susana Sánchez, hermana Juan Luis Sánchez declaró, recientemente que “él iba caminando para un lugar que se llama Sierra Caballo, que queda cerca de donde estaban iniciándose las protestas en Nueva Gerona”, cuando vio que más de cinco agentes policiales estaban golpeando a un joven; “él intervino para evitar que le siguieran dando golpes”.

“Pero vino por detrás, un policía le pegó y él (su hermano) respondió con un golpe en defensa propia”.

El documento oficial, firmado por la Fiscal Oravia Torres Cabrera, asegura que Sánchez González trató de evitar que los oficiales de la policía detuvieran a uno de los manifestantes, “se interpuso” ante el oficial y, “sin mediar palabra, le propinó un golpe por el mentón que le causó un hematoma, lesión que no requirió tratamiento médico”.

Alrededor de 11 activistas del Partido Autónomo Pinero resultaron detenidos ese día y liberados en las semanas siguientes con multas o bajo fianza.

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