Cuba
Oficina de Bachelet responde sobre el 15N: haremos monitoreo remoto en Cuba
La Oficina de Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas, dijo el miércoles a Radio Televisión Martí que vigilará de manera remota la situación de los derechos humanos en Cuba.
A una pregunta sobre la solicitud del grupo Archipiélago de contar con la presencia de observadores de derechos humanos en la próxima marcha cívica del 15 de noviembre, Marta Hurtado, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, dijo en correo electrónico que su oficina actualmente no tiene el mandato de participar en el monitoreo in situ en Cuba.
Numerosos grupos de la sociedad civil cubana han solicitado observadores internacionales para que se garanticen los derechos de los cubanos que decidan manifestarse pacíficamente en la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba, luego que los promotores y ciudadanos que han expresado apoyo a esta iniciativa han sido amenazados, interrogados, despedidos, detenidos, y agredidos física y verbalmente por su compromiso.
La solicitud de Archipiélago a la Alta Comisionada, en la que reclaman su atención y concurso para detener la represión contra los ciudadanos que pretenden manifestarse pacíficamente en Cuba el 15 de noviembre, fue entregada igualmente a Tom Haek, funcionario de la misma instancia que atiende varios países entre ellos Cuba. El texto denuncia que los promotores de la marcha son “víctimas de estigmatización, acoso y represión, pública y personal. Una limitación de derechos que no es insignificante. Y que se suma a la existencia de más de 1000 personas detenidas y/o procesadas por las protestas del pasado 11 de julio".
En la respuesta a Radio Televisión Martí la funcionaria afirmó que "la Oficina continuará dando seguimiento a la situación de los derechos humanos en el país a través del monitoreo remoto, de acuerdo con su mandato en virtud de la Resolución 48/141 de la Asamblea General de las Naciones Unidas".
En su declaración, Hurtado recordó que el 16 de julio de 2021 Bachelet, publicó un comunicado de prensa en referencia a los hechos ocurridos el 11 de julio, en el que "solicitó la pronta liberación de las personas detenidas y destacó la importancia del diálogo y el respeto de los derechos de reunión pacífica y la libertad de opinión y expresión".
"Las normas internacionales de derechos humanos estipulan lo que implican los derechos a la libertad de asociación y la libertad de opinión y expresión. Estos derechos solo pueden limitarse si las restricciones son necesarias, proporcionadas y prescritas por la ley", agrega la declaración de la Oficina de Bachelet.
"Como señaló el Comité de Derechos Civiles y Políticos, la imposición de cualquier restricción debe guiarse por el objetivo de facilitar el derecho. Las restricciones deben ser neutrales en cuanto al contenido y no estar relacionadas con el mensaje transmitido por los manifestantes y no deben ser discriminatorias, menoscabar la esencia del derecho o tener como objetivo desalentar la participación en las manifestaciones", agrega la información.
Por último, afirma que "la Oficina de Derechos Humanos de la ONU está lista para brindar asistencia a las autoridades y otros actores cuando sea relevante".
"Creo que no sea solo un gesto para la galería, como suele decirse", dijo al respecto el opositor Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, organización que apoya al grupo Archipiélago en su convocatoria.
El opositor añadió que, atendiendo a lo difícil que ha sido obtener una respuesta a lo largo de todos estos años de la oficina [de la alta comisionada Bachelet] en relación con los derechos humanos en Cuba, cree que esta declaración "responde ya a una preocupación real en torno al tema".
Cuesta Morúa recordó que el gobierno cubano es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y tiene "una obligación, tanto institucional como moral, de respetar estos valores, y yo creo que ha sido esta una respuesta clave".
La joven habanera Daniela Rojo, integrante del proyecto Archipiélago, estuvo 23 días en prisión por manifestarse pacíficamente el pasado 11 de julio. En su opinión, hace falta la observación in situ, “porque sabemos que ese día pueden cortar el Internet, pueden cortar las comunicaciones, (...) y los videos de los testimonios de la gente no se van a poder subir, como hicieron el 11 de julio, que arrestaban a la gente y les borraban los videos del teléfono", subrayó.
"Yo considero que sería muy necesario que tuviéramos observadores en el país para que garantizara la paz y la tranquilidad ciudadana, ya que los manifestantes queremos salir de forma pacífica, y ellos han anunciado por todos los medios que nos van a reprimir", concluyó.
En septiembre, una declaración respaldada por decenas de firmantes denunció que el Consejo de Derechos Humanos dio la espalda a los ciudadanos cubanos, al no condenar la ofensiva de represión desatada contra el pueblo en general desde el pasado 11 de julio.
El texto titulado "Del lado de los ciudadanos, no de los Estados", divulgado por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, miembros de distintas organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general, criticó que Bachelet no incluyera a Cuba en su informe global sobre los países que violan los derechos humanos, un hecho que de acuerdo a la declaración constituye una oportunidad perdida para entender las realidades sociales y políticas del país comunista.
[Incluye reporte radial desde Naciones Unidas de nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez y entrevistas de Ivette Pacheco para Radio Martí]
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Nueva regla de asilo en EEUU prohibirá la entrada a represores, dice abogado
Una advertencia de nuevas medidas para obtener asilo en la frontera de Estados Unidos prohibirá la entrada al país de personas con antecedentes penales y afectará a los represores de regímenes como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, dijeron expertos a Martí Noticias.
“Están dándole la discreción a los oficiales de asilo en la frontera de hacer una serie de preguntas que descalificarían a los inmigrantes si participaron en la persecución de otras personas, si han sido convictos o cometido delitos no políticos. Además, tampoco podrán pedir asilo quienes hayan obtenido esta condición en un tercer país o se presuma que sea un peligro para Estados Unidos”, dijo el abogado Ángel Leal.
Hasta este momento, la determinación de elegibilidad para el asilo no se tomaba hasta una etapa posterior del proceso: en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión.
La nueva norma permitiría a los funcionarios considerar estas prohibiciones de asilo y la retención de la expulsión durante la evaluación inicial de miedo creíble, que ocurre pocos días después de entrevistar al inmigrante.
Las nuevas pautas, incluyen a quienes hayan ordenado, asistido o participado en actividades represivas, con lo cual quienes sean miembros de entes represivos como el Ministerio del Interior o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba quedarían descalificados.
En caso de que el migrante mienta a la hora de su entrevista de miedo creíble o esconda información sobre su participación en actividades represivas puede ser denunciado en el futuro y retirados sus beneficios migratorios obtenidos mediante fraude.
Muchos cubanoamericanos se han quejado del número ingente de oficiales del régimen cubano que entran por la frontera sur de Estados Unidos pidiendo asilo tras reprimir y encarcelar disidentes.
El abogado también expresó sus temores por las limitaciones a las que pueden verse sometidos los disidentes cubanos, a los que el régimen encarcela tras la fabricación de delitos comunes.
“Sabemos perfectamente bien que el régimen disfraza la oposición política de delitos comunes. Nos preocupa que las personas que hayan participado en marchas o manifestaciones contra el régimen y que tengan condenas por delitos comunes no puedan obtener asilo”, dijo Leal.
El abogado también aseguró que si el inmigrante entra sin la cita de CBPOne se presumirá que no calificará para asilo.
“Los oficiales también van a preguntar si los inmigrantes pueden ser reubicados en otras partes de su propio país”, agregó Leal.
Los funcionarios de asilo podrán emitir una denegación de solicitudes en cuestión de días, siempre que se trate de individuos sospechosos de vínculos con el terrorismo, amenazas a la seguridad nacional o tengan prohibición penal.
Con esta medida, el DHS considera que se podría expulsar rápidamente a las personas que representan una amenaza para los Estados Unidos.
"La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
CIDH da seguimiento a medidas cautelares en favor de José Daniel Ferrer García
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseveró que el Estado cubano no ha adoptado acciones para proteger la vida e integridad del prisionero de conciencia de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, José Daniel Ferrer, aunque se emitieron medidas cautelares a su favor.
Ante esta situación, la Comisión adscrita a la Organización de Estados Americanos adoptó una Resolución de Seguimiento en relación con Ferrer, y advirtió que está en condiciones inadecuadas de reclusión en Cuba.
En la Resolución, se observa la situación actual de riesgo de Ferrer, quien fue detenido el 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba y confinado en una celda de castigo en agosto de ese año.
A partir de marzo de 2023, se mantuvo bajo largos períodos de incomunicación, precisó la Comisión.
Durante meses, surgieron rumores sobre su fallecimiento, y aunque se confirmó que estaba vivo, su familia permaneció sin acceso a información oficial sobre su bienestar.
La Comisión Interamericana considera que la alegada situación de Ferrer García en Cuba implica un grave y urgente riesgo de daño irreparable a su salud, vida e integridad personal.
Por otra parte, la CIDH declaró que a pesar de la vigencia de medidas cautelares emitidas hace casi 12 años a favor del preso político, el Estado cubano no ha adoptado acciones para proteger su vida e integridad.
En consecuencia, el organismo de la OEA decidió:
-Continuar el seguimiento de las medidas cautelares.
-Requerir del Estado que implemente las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de Ferrer se adecúen a normas internacionales.
-Solicitar que el Estado cubano adopte medidas de protección a la salud de Ferrer.
-Requerir al Estado coordinación para que los familiares u otros representantes del preso puedan conocer las condiciones de detención.
-Y requerir del Estado cubano que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la situación actual de José Daniel Ferrer.
Ferrer García era el presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) cuando fue detenido el 11J, al sumarse en Santiago de Cuba al levantamiento popular que tuvo lugar ese día en varias ciudades de la isla. Tras su arresto le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento.
El prisionero político, distinguido por la Fundación Víctimas del Comunismo con la Medalla de la Libertad Truman-Reagan, entre otras distinciones por su defensa de los derechos humanos en Cuba, ha sido reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional.
El opositor, su familia, y numerosas organizaciones internacionales han denunciado en reiteradas ocasiones que lo mantienen en una mazmorra de aislamiento, que es víctima de torturas físicas y psicológicas, y que sobrevive sin medicamentos en condiciones inhumanas, crueles y degradantes.
¿De qué acusan al activista cubano José Antonio Pompa?: Su esposa exige respuestas
El activista José Antonio Pompa López continúa recluido en el cuartel general de la Seguridad del Estado, conocido como Villa Marista, sin que aparentemente se hayan formulado los cargos en su contra.
“Pompa está bajo investigación, pero ni él ni nosotros sabemos de qué delitos lo acusan. Cuando trato de preguntar al instructor, nunca está”, dijo a Martí Noticias su esposa, Suarmi Hernández Vilar, quien pudo visitarlo este jueves.
Según explicó, trató de indagar con el guardia que custodiaba la visita, a un metro de donde sentaron a su marido, y este le respondió que él no sabía del caso.
Su esposo logró decirle que supuestamente un opositor, detenido también en Villa Marista, aseguró que él "le había dado proclamas y un teléfono".
Pompa López fue arrestado el pasado 26 de abril en La Habana Vieja, tras dejar a uno de sus hijos en la escuela. Tras la detención, efectivos del Ministerio del Interior (MININT) realizaron un registro en su vivienda e incautaron dispositivos electrónicos, entre otros bienes.
En esos días, Hernández Vilar comentó al medio Cubanet que en el registro estaban buscando pruebas de la filiación de Pompa al movimiento radicado en Miami, Cuba Primero, "pero él ya se había quitado de eso".
“Está flaco. Lo cambiaron de celda y dice que está peor porque los mosquitos se lo comen vivo y el sol le da todo el día”, apuntó la mujer.
En 2016, José Antonio Pompa López fue sancionado a dos años y seis meses de cárcel por protagonizar una protesta frente al Capitolio de la Habana. En 2019, volvió a ser sancionado a un año de prisión por el cargo de Desórdenes públicos.
A inicios de 2024, el opositor, miembro del partido Cuba Independiente y Democrática, colgó un cartel en el balcón de su vivienda tras ser despedido de su empleo: “SOS. Mis hijos se mueren de hambre”, escribió.
Díaz-Canel le desea éxito a Putin en su invasión a Ucrania (FOTOS)
El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, le deseó éxitos a Vladimir Putin en su invasión a Ucrania, de acuerdo con múltiples reportes de la prensa estatal rusa.
"Deseamos a Rusia éxito en la realización de la operación militar especial", dijo Díaz-Canel en Moscú en un encuentro con Putin tras el desfile militar que conmemora la victoria de la Unión Soviética sobre Alemania nazi.
El régimen ruso ha utilizado el eufemismo “operación militar especial” para designar la invasión a gran escala lanzada sobre Ucrania el 24 de febrero de 2022 y que ya entra en su tercer año.
"Ustedes son nuestros amigos y hermanos. Rusia siempre podrá contar con el apoyo de Cuba", añadió Díaz-Canel.
Ucrania ha denunciado el reclutamiento de miles de hombres cubanos para luchar del lado ruso como mercenarios. Aunque inicialmente el régimen cubano intentó desligarse del reclutamiento, el embajador de Cuba en Rusia, Julio Antonio Garmendía Peña, dijo que La Habana, un tradicional aliado de Moscú, no haría nada para impedirlo.
Díaz-Canel también condenó lo que consideró "manipulación geopolítica” llevada a cabo “por el gobierno de Estados Unidos y la amenaza de que la OTAN se acerque a las fronteras de Rusia”, uno de los pretextos de Putin para la invasión, que ha reiterado La Habana en todos sus canales de oficialistas.
El régimen cubano pasa por una de sus peores crisis económicas y ve en Rusia un importante proveedor de petróleo y gas, así como de turismo.
Díaz-Canel llegó a Moscú en compañía de su esposa Lis Cuesta y el canciller, Bruno Rodríguez, convirtiéndose en el único gobernante occidental en participar en el desfile militar en Moscú y brindar apoyo explícito al jefe del Kremlin.
El gobernante cubano dijo en sus redes sociales que había servido como mensajero de Raúl Castro, quien envió cartas al presidente Putin y al jefe del Partido Comunista, Guennadi Ziugánov.
Díaz-Canel participó en el Consejo Supremo de la Unión Económica Euroasiática, un grupo de países ex soviéticos que orbitan alrededor de Moscú y donde intentó -sin éxito según la mayoría de los analistas- pedir inversiones y confianza en el mercado cubano.
Una madre del 11J se planta ante la sede del MININT por el paso a mínima de su hijo
“De aquí no me voy, exigiendo la mínima de mi hijo Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez”, expresa en un Facebook Live Migdalia Gutiérrez Padrón, madre del preso político de las protestas del 11 de julio de 2021.
Decidida a permanecer frente a las dependencias de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior (MININT) en 15 y K, El Vedado, en la capital cubana, Gutiérrez Padrón, dijo que no cederá en su “plante” hasta que sus requerimientos sean atendidos por las autoridades del régimen cubano.
Su hijo de 23 años está cumpliendo una condena de 10 años de privación de libertad por el delito de sedición tras manifestarse en La Güinera, Arroyo Naranjo, durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
La madre del 11J se quejó de no tener información sobre la medida que daría el paso a régimen de menor severidad o “mínima”, como popularmente se le conoce y a la cual, todos los prisioneros, independientemente de su causa, tiene derecho, de acuerdo con el Código Penal cubano.
"Yo, como madre de Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, no me voy de aquí afuera y me declaro plantada aquí afuera por la mínima de mi hijo”, dijo la señora.
“A toda la Seguridad del Estado, al órgano represivo de la Seguridad del Estado por la mínima de mi hijo. ¡Libertad!”, gritó la mujer desesperada por ver un cambio de medida en el caso de su hijo
Gutiérrez es una de las madres que firmó la "Carta de petición ciudadana para una Ley de Amnistía", entregada en la sede del Parlamento, en el Capitolio Nacional y la más reciente “Carta al pueblo cubano y al mundo en nombre de las madres de los presos políticos del 11J”.
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