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Cuba

Ministro que agredió a jóvenes artistas se queda en su puesto; abogado cuestiona la decisión (VIDEO)

Miguel Díaz-Canel junto a Alpidio Alonso, ministro de Cultura.

El ministro de Cultura Alpidio Alonso Grau, ampliamente criticado luego que un video lo mostrara liderando la agresión a un grupo de manifestantes el pasado 27 de enero, permanecerá en su cargo a pesar de las numerosas peticiones para que sea destituido.

Un documento publicado este jueves por el colectivo de artistas y activistas 27N muestra el rechazo de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba a la petición que solicitaba la destitución.

"Luego del análisis realizado le informamos que dicha petición no reúne los requisitos legales previstos en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, la Ley de Revocación y el propio texto constitucional, por tanto, no procede la solicitud y se archiva el asunto, sin otros trámites al respecto", dice la carta.

La respuesta oficial se refiere a los signatarios como "supuestos firmantes" y dice que faltan datos legales como apellidos, números de identidad y especificaciones de residencia permanente en Cuba.

La historiadora de Arte Carolina Barrero y a la curadora Solveig Font acudieron el pasado 3 de febrero al Capitolio para entregar el documento que exige la Revocación de Mandato del Diputado Alpidio Alonso Grau.

El abogado Eloy Viera, que brindó asesoría legal a los miembros del movimiento 27N, aclaró en una discusión en Facebook tras conocer la negativa que el derecho de petición "está reconocido constitucionalmente para los ciudadanos cubanos" y que "la propia Constitución no establece ninguna formalidad para su ejercicio".

"Tampoco existe una ley que regule en Cuba el derecho de queja y petición", añadió el jurista en un debate transmitido por la publicación Rialta en el que participaron Barrero y Font.

"Teóricamente la petición puede formularse incluso verbalmente", dijo el abogado.

Además del ministro de Cultura de Cuba, los viceministros Fernando Rojas y Fernando León Jacomino, fueron identificados entre los funcionarios del Ministerio de Cultura que agredieron a los jóvenes artistas.

El propio viceministro León Jacomino se encargó de aclarar en redes sociales que se trataba de "Trabajadores del MINCULT" que enfrentaron una "provocación contrarrevolucionaria y reafirman disposición al diálogo sin condicionamientos ni chantajes".

Una nota oficial del Ministerio de Cultura dice que los trabajadores "decidieron reaccionar de inmediato. Se congregaron frente a los provocadores y los instaron a retirarse".

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) incluyó en su base de datos de represores a Alonso Grau y León Jacomino, tras la jornada de violencia que protagonizaron frente a la sede del Ministerio de Cultura y los colocó en la categoría de represores violentos”.

Además veintiocho parlamentarios y ex ministros de Cultura de 13 países de América Latina condenaron la actitud agresiva del ministro cubano.

“Como actores públicos en el mundo de la cultura y las artes en América Latina, condenamos el uso de la violencia contra cualquier ser humano, mucho más, aquella ejercida por un funcionario público, como es el caso del ministro de Cultura del régimen cubano”, expresa la Declaración en uno de sus párrafos.

Numerosos ciudadanos cubanos, entre ellos reconocidas figuras del arte, han firmado peticiones para pedir la destitución Alonso Grau.

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¿Por qué sería un error someter a referendo en Cuba el matrimonio igualitario?: HRW explica

El científico cubano y activista gay Ariel Ruiz Urquiola detenido durante la marcha LGBTI, el 11 de mayo de 2019. (Archivo)

Someter a referendo legalizar, o no, el derecho de la comunidad LGBTI+ a contraer matrimonio, sería, en opinión de Juan Pappier y Cristian Gonzáles Cabrera, investigadores de Human Rights Watch, un “error” del régimen cubano que violaría los derechos de los miembros de dicha comunidad, según un artículo publicado en The Miami Herald.

Antes de entrar directamente en el tema de la discriminación que encierra el decidir los “derechos” de un sector de la población en las urnas, ambos investigadores recapitulan sobre la histórica imposibilidad del pueblo cubano de opinar y decidir sobre temas vitales como “votar por la destitución de sus dirigentes o, incluso, de protestar por sus acciones”, lo cual, afirman, está en manos del “Partido Comunista, el único que existe en el país desde 1959”.

Pappier y González aseguran que introducir el derecho al matrimonio gay en el proyecto de Código de Familia, es un “avance positivo”, al igual que la introducción en dicho documento de los “derechos del niño”, y también los “derechos de las mujeres”, pero, someter los “derechos básicos” de un sector de la sociedad al juicio y la decisión del resto, es colocar el tema en el terreno de un “fútbol político entre los defensores de la igualdad y la no discriminación y sus oponentes”.

Como puntos de apoyo a esta opinión, Pappier y González consideran que, al estar el poder absoluto en manos del régimen, que se arroga el derecho de anular la “libertad de expresión, el respeto de la voluntad popular en las urnas dependerá, en última instancia, de la administración”.

“Lo que también es preocupante es el alarde político de someter a votación popular los derechos individuales, incluido el derecho de las parejas gays y lesbianas a no ser discriminadas”, decisión que, señalan, se originó a partir de las protestas realizadas en 2019 por los miembros de la comunidad LGBTI+, exigiendo la “redefinición del matrimonio para incluir a las parejas del mismo sexo en el proyecto de una nueva constitución”.

“No debería haber diferencias cuando está en juego el derecho de las parejas del mismo sexo a no ser discriminadas”, argumentan ambos defensores de los derechos humanos en el artículo publicado en The Miami Herald.

Régimen cubano anuncia plan de venta de divisas a empresas estatales y privadas

Una mujer cambia dólares en una calle de La Habana. (Yamil Lage/AFP/Archivo)

El gobierno cubano planea establecer un sistema cambiario para la venta de divisas a empresas nacionales, estatales y privadas, al tiempo que pactaría con ellas niveles de producción y precios de sus productos para comercializarlos en moneda nacional.

“No lo llamamos mercado cambiario. Se trata de un esquema secundario de asignación de divisas en el que se pueda vender a actores económicos estatales y no estatales a un tipo de cambio superior a 24, pero inferior al informal, lo que nos va a permitir respaldar producciones que luego se venderán a la población en moneda nacional”, dijo este sábado ante la Asamblea Nacional el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández.

Sobre la venta de divisas a la población, el funcionario dijo que esta es “una pieza faltante en el diseño”, y aludió a la brecha entre el tipo de cambio oficial y el del mercado negro, en el que un dólar puede llegar a costar 125 pesos cubanos.

Más adelante, señaló, se podrá restablecer la venta de divisas a la población, “pero no es hoy, ni mañana”, aclaró.

“No es cierto ni podemos sacar a priori la conclusión de que el tipo de cambio informal es el tipo de cambio de equilibrio de la economía. Ese es un mercado muy finito en transacciones. Ese mercado no tiene como oferta los principales ingresos del país que provienen del níquel y el turismo. Ni tiene como demanda las principales del país, los combustibles, alimentos, etc.”, subrayó el ministro.

Según Gil Fernández, el objetivo será generar un esquema secundario que se implementará de manera selectiva y gradual y controlada, para ir “aumentando la oferta en moneda nacional, la recogida de liquidez, y avanzando en el equilibrio monetario del país”.

En un recuento ante el Parlamento del primer trimestre de 2022, el ministro mencionó otras medidas encaminadas a reanimar la economía, entre ellas, aumentar el comercio electrónico en MLC, potenciar la participación del sector no estatal como proveedor de las tiendas en divisas, y bajar los precios y mejorar la capacidad de compra de los cubanos.

Cuba atraviesa una profunda crisis económica, agravada por dos años de pandemia y la subsecuente afectación a su principal renglón, el turismo. Para este año, el gobierno de la isla espera alcanzar los 2.5 millones de visitantes. En los primeros cuatro meses del año, han arribado al país 450.000 turistas, aseguró Gil Fernández.

Cuba prorroga otra vez exención arancelaria de alimentos, aseo y medicamentos

Cubanos residentes en EEUU arriban cargados de equipaje al aeropuerto de La Habana. (Archivo)

La Aduana General de la República de Cuba volvió a prorrogar una medida que favorece la importación de alimentos, productos de aseo y medicamentos, libre del pago de aranceles, por parte de viajeros que arriban al país.

La medida se prorrogará hasta el 31 de diciembre de 2022, "atendiendo a que se mantienen las condiciones" que la fundamentaron, dijo la Aduana en un comunicado que reproducen los medios estatales.

De acuerdo con la nota oficial, la "importación sin carácter comercial de alimentos, aseo y medicamentos, por la vía de pasajeros como equipaje acompañado, sin límites en valor, cantidades y libre de pago de aranceles” continuará a partir del 1 de julio, fecha en que vencía la anterior disposición.

La Aduana aclara que esta exención tendrá "carácter temporal", y para su beneficio, los viajeros deberán diferenciar estos productos, en el equipaje acompañado, de los artículos de otra naturaleza.

La medida fue aprobada en julio de 2021, tras las protestas que sacudieron la isla, y en las que los cubanos exigieron, además de una mejoría en sus condiciones de vida, la libertad para decidir su destino y el del país.

Tras su aprobación, periodistas, artistas y otros miembros de la sociedad civil dijeron que la disposición no era suficiente: "No queremos migajas, queremos libertad", respondieron a lo que consideraron una "mínima concesión" del gobierno cubano a los reclamos de la ciudadanía.

La isla vive una prolongada crisis económica que se profundizó durante la pandemia de coronavirus, con la paralización de su principal fuente de ingresos, el turismo.

Detienen a otro grupo de migrantes cubanos en sector fronterizo de Arizona

Migrantes detenidos cerca de Lukeville, Arizona, en la frontera Sur de EEUU. (Foto: Twitter/@USBPChiefTCA)

Un grupo de 95 personas procedentes de Cuba y Perú fue detenido el viernes en Arizona, junto a migrantes de otros países, informó la Patrulla Fronteriza.

"En una noche, los agentes de la Estación Ajo encontraron dos grandes grupos cerca de Lukeville, AZ. De los 119 migrantes detenidos, 95 eran ciudadanos de Cuba o Perú. El resto del grupo estaba formado por ciudadanos brasileños, guatemaltecos y chilenos", dijo en Twitter el jefe de patrulla del sector de Tucson, John R. Modlin.

El miércoles pasado, otro grupo de 67 migrantes, en su mayoría cubanos, fue interceptado en el mismo sector fronterizo. Según el agente Modlin, en el grupo viajaban adultos y niños.

Más de 32.000 cubanos fueron puestos bajo custodia de las autoridades migratorias en marzo pasado, indican estadísticas del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, (CBP, por sus siglas en inglés).

Según estimaciones del gobierno federal de EEUU, para finales de octubre de este año, 155.000 cubanos habrán llegado a suelo norteamericano, en un éxodo que superará al del puente marítimo del Mariel, en 1980, en el que alrededor de 125.000 cubanos llegaron a territorio estadounidense.

El gobierno de EEUU ha reiterado los peligros de la emigración irregular, mientras busca junto a los países involucrados una solución a la crisis migratoria en la frontera Sur.

Recientemente, el CBP lanzo la campaña “Dígale no al Coyote”, para educar a los migrantes y evitar que caigan en manos de los traficantes de personas. “Los contrabandistas usan mentiras para atraer a quienes son vulnerables a emprender un viaje peligroso que a menudo termina con su expulsión del país o desemboca en una muerte", advierte esa agencia federal.

Cinco jóvenes de La Güinera que protestaron el 11J salen de prisión: "Les dieron la libertad, pero no por completo"

Tribunal Popular de 10 de Octubre, donde se juzgó a los manifestantes del 11J de La Güinera, en La Habana. ( YAMIL LAGE / AFP)

Cinco de los jóvenes manifestantes del 11 de julio residentes en La Güinera fueron excarcelados este viernes, informó Emilio Román Matos, padre de Emy Yoslán Román.

En declaraciones a Radio Televisión Martí, Emilio Román Matos confirmó que, junto a su hijo, también fueron beneficiados con el cambio de medida Marlon Brando Díaz Oliva, de 20 años; Marcos Antonio Alfonso Breto y Frank Daniel Roy Sotolongo, de 19, y Yensy Jorge Machado González, de 18 años.

Román Matos explicó que el cambio de medida fue trabajo correccional con internamiento, por 5 años. "Estamos esperando que los llamen para ver el campamento donde los mandaron", agregó.

"Les dieron la libertad, pero no por completo", confirmó.


El padre del manifestante del 11J dijo que cuando fue a buscar al joven a la prisión, después de haber recibido la llamada, pudo ver que los familiares de los otros jóvenes encarcelados también estaban esperando que salieran.

Los jóvenes tenían una petición fiscal de 15 años y habían sido condenados a 7 y 9 años de privación de libertad.

La periodista Darcy Borrero Batista, quien forma parte de la organización independiente Justicia 11J, declaró que ha realizado el acompañamiento del caso de Emi Yoslán y sus hermanos y este ha sido presentado ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

"Hoy, además, el Comité contra la Tortura emitió su informe periódico con recomendaciones a Cuba. Esto significa que durante las últimas dos semanas el Estado cubano ha estado sujeto a revisiones muy serias, que desde hace varios años no se realizaban. Los menores privados de libertad son un asunto clave sobre el que cada uno de estos grupos de expertos internacionales demandaron información precisa y desglosada", declaró Borrero Batista.

Al enterarse de la noticia de la excarcelación de su hijo, Román Matos aseguró estar "contento", más no del todo, pues sus otros dos hijos, Osney Emilio Román y Mackyani Yosney Román, están cumpliendo 12 años de cárcel, aunque la Fiscalía pedía una pena de 20 y 25 años para ellos, respectivamente.

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