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Lituania sale al rescate de cubano deportado desde Bielorrusia (VIDEO)

Lituania sale al rescate de un cubano expulsado de Bielorrusia
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Lituania sale al rescate de un cubano expulsado de Bielorrusia

Roberto Casanueva suspira profundo, deja escapar el peso del alma, un alivio, un consuelo fugaz porque ha pasado lo peor desde que fue expulsado de Bielorrusia poco antes de Navidad, con orden de deportación a Cuba.

Desde el 8 de enero se encuentra en Vilnius, capital de Lituania, gracias a la Fundación BYSOL, que se encarga de la defensa y protección de las víctimas del régimen bielorruso y otras organizaciones.

“Fui rescatado desde Rusia adonde me habían enviado después de que me sacaron de prisión en Bielorrusia. Tenía solamente un mes para estar en Moscú sin registración y en ese tiempo contacté a Andrej Stryzhak, directivo de la Fundación BYSOL, y con la ayuda también de otras organizaciones como Freedom House, obtuve una visa humanitaria para viajar a Lituania”, explicó a Radio Televisión Martí el cubano de 55 años.

Stryzhak se mostró complacido, al tiempo que agradeció a todos los que hicieron posible que Casanueva fuera hoy un hombre libre.

“Roberto Casanueva ha sido evacuado y está a salvo en Lituania. Gracias a todos los que participaron en esta operación. Parece que hubo al menos cincuenta personas que hicieron mucho por su libertad. Ahora Roberto no corre peligro y será su primera buena noche de paz en mucho tiempo”, escribió Stryzhak en su cuenta en Facebook.

En Bielorrusia, nación a la que había llegado hace tres décadas, tras contraer matrimonio con una mujer de ese país, dejó a Christian, Claudia y Alberto, sus tres hijos, y una exitosa carrera como diseñador gráfico.

“Por lo pronto, no es posible reencontrarnos. Lo único que podemos hacer es llamarnos, conversar mediante los chats por la Internet y querernos en la distancia”, dijo el cubano.

Como castigo posterior al cumplimiento de un año de privación de libertad, el gobierno de Bielorrusia le impuso una prohibición de entrada al país por los próximos tres años.

“Mi plan, por lo pronto, es escuchar a las personas que me han ayudado a llegar a este país; escuchar lo que me puedan proponer, qué asistencia puedo recibir. Después de eso, tomaré la decisión de quedarme en Lituania o irme, no sé”, comentó Roberto, que con una sonrisa de felicidad se dice ser un hombre libre nuevamente y reserva palabras de agradecimiento a los medios de prensa que divulgaron su caso y a organizaciones y amistades que lo han ayudado.

Cuando una seguidilla de manifestaciones estremeció a la ex república soviética entre agosto y noviembre del 2020, Casanueva fue parte de un mar de gente que inundó las calles de Minsk para protestar por el resultado de unas elecciones que la oposición tachó de fraudulentas, y que ratificaron como presidente a Alexander Lukashenko, el hombre fuerte que se niega a dejar el poder que ostenta desde 1994 y cuyo gobierno mantiene excelentes vínculos con el de Cuba.

Su permiso de residencia en Bielorrusia estaba vencido y solicitó una prorroga a las autoridades migratorias que le advirtieron que no participara en las manifestaciones porque de ser así, revocarían el documento.

Fue arrestado en noviembre del 2020, cuando se aprestaba asistir a una protesta antigubernamental, y llevado al abominable Centro de Detención Akrestsina, en Minsk. Un año después fue puesto en libertad con orden de deportación, pero como no hay vuelo directo desde Bielorrusia a Cuba, fue enviado a Moscú con un permiso de estancia de 30 días, período que supo aprovechar y proyectar su situación antes de que venciera el plazo.

“No tengo nada de que avergonzarme, ni me arrepiento de lo que hice. Lo haría millones de veces y muchas más. Los resultados de las elecciones en Bielorrusia fueron fraudulentos y la violencia desatada por el gobierno de Lukaschenko es inédita: miles de personas detenidas, golpeadas, hubo muertos y eso no tiene justificación. No me puedo quedar callado, ni decir que soy extranjero y que nada tiene que ver conmigo. Eso no es así”, remarcó.

Asimismo, recordó que los gobiernos totalitarios, verticales, controlan las economías en sus bolsillos y se olvidan de proclamar leyes para ayudar a la población a vivir, no a sobrevivir, “a no vivir de la limosna como pasa en Cuba hoy”.

Por el momento, reside en casa de unos amigos en Vilnius y ha recibido algún dinero proveniente de donaciones.

La Fundación BYSOL abrió en su portal electrónico una cuenta para recibir contribuciones monetarias para ayudar a Casanueva.

“El régimen de Cuba controla a las masas con palabritas, con cancioncitas, diciendo las mismas mentiras. La situación en Bielorrusia es difícil, pero la de Cuba es peor. Tendríamos que multiplicar muchas veces la situación en Bielorrusia para calcular, realmente, como es la de Cuba”, concluyó.

Lituania se independizó definitivamente de la Unión Soviética en 1991, y en 2013 estableció relaciones diplomáticas con Cuba, pero aún no ha abierto embajada en La Habana, tampoco el estado cubano tiene sede diplomática en la capital lituana.

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La cárcel o el exilio, periodistas de CubaNet denuncian presiones de la Seguridad del Estado a su regreso a Cuba

Vladimir Turró Páez. (Foto: CubaNet)

Los periodistas Vladimir Turró y Enrique Díaz, ambos colaboradores de la publicación independiente CubaNet, denunciaron que fueron detenidos temporalmente el miércoles en La Habana y amenazados con ir a prisión, bajo el nuevo código penal vigente en Cuba.

“Yo y mi colega, Enrique Díaz fuimos detenidos en la mañana del miércoles sobre las nueve de la mañana. Estábamos intentando hacer una entrevista referente al tema de los apagones cuando somos interceptados por un auto patrullero que nos pide la documentación nuestra y la documentación de la moto”, dijo Turró a Radio Martí.

Según el comunicador, el oficial de la Seguridad del Estado apareció en la escena en “menos de cinco minutos” y era el mismo que los recibió a su llegada al aeropuerto el pasado 9 de mayo, "cuando regresábamos de una capacitación en Suecia”.

Ambos denunciaron días atrás que habían sido detenidos en el aeropuerto José Martí a su regreso de Suecia, donde asistieron a un curso de capacitación como periodistas.

Según Turró, en esa ocasión los agentes de la Seguridad del Estado les comunicaron que los habían dejado salir de Cuba con la intención de que decidieran no regresar a la isla.

Tras la detención del miércoles Turró relató: “Este oficial nos dice que tenemos que ir hacia la estación de la policía de la 6ta. Unidad de Marianao, donde nos conducen. Allí nos introducen en una oficina, donde estuvimos un promedio de más de cuatro horas, hasta que aparece el otro oficial de la Seguridad del Estado, que es el encargado de reprimirnos directamente, y nos hacen interrogatorios por separado”.

Detenidos y amenazados periodistas del medio independiente CubaNet
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El periodista independiente dijo que le amenazaron con que podían quitarle la moto “por la actividad que yo estoy haciendo, porque era una actividad totalmente ilegal, que, bajo el nuevo código penal podían encarcelarme hasta diez años, porque yo recibo financiamiento desde el exterior. El pago que recibo por mi trabajo en CubaNet, ellos dicen que eso es financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y que pueden encarcelarme con penas de hasta 10 años”.

Turró agregó que el oficial les advirtió que ya tenían que irse de Cuba o, de lo contrario, irían a la cárcel

La Asamblea Nacional cubana aprobó el 15 de mayo el nuevo Código Penal que ha sido denunciado por periodistas, activistas y organizaciones internacionales como una amenaza a la libertad de expresión y prensa.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de retrógrado el nuevo Código Penal que "retrotrae a Cuba a épocas oscurantistas, cuando los funcionarios se distanciaban del pueblo a través de abusos y privilegios".

La SIP lamentó que la nueva legislación criminalice las libertades de prensa y expresión, así como de asociación y reunión.

"El Código tiene elementos parecidos a pertrechos militares, que el régimen podrá usar para atacar y minar la información y las opiniones independientes de los disidentes. Los ciudadanos ni siquiera podrán usar con libertad las redes sociales ni convocar a sus amigos a protestar", denunció.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

Jurista alerta de maniobra del régimen tras excarcelaciones: "Han pasado a ser delincuentes"

Un hombre es detenido durante una manifestación contra el gobierno del presidente cubano Miguel Díaz-Canel en La Habana, el 11 de julio de 2021.

El abogado independiente Sergio Osmín Fernández Palacios alertó en relación con las supuestas excarcelaciones de un grupo de presos políticos sancionados por participar en las protestas populares que se desarrollaron el 11 de julio en más de 50 localidades de la Isla.

“Varias personas privadas de libertad, a razón de la manifestación del 11 J, están siendo excarceladas por la dictadura o sencillamente están saliendo de pase, regresando a sus hogares, con sus familias, pero esto no es motivo de alegría plena”, dijo.

Este miércoles, el tribunal provincial de Villa Clara cambió el régimen de internamiento a 7 de los manifestantes de Santa Clara, que habían sido condenados a penas inferiores a 5 años de prisión, a trabajo correccional con internamiento y sin internamiento.

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Para acogerse a la nueva medida se les permitió regresar a sus casas hasta que se les asigne el centro penitenciario abierto en el que extinguirán sus penas.

El abogado independiente cubano Sergio Osmín Fernández Palacios. (Foto: CubaNet)
El abogado independiente cubano Sergio Osmín Fernández Palacios. (Foto: CubaNet)

Igual ocurrió el mismo día con varios de los sentenciados del barrio La Guinera ,y antes, con la joven de Cárdenas Lázara Karenia González y el rapero Richard Adrián Zamora Brito que ahora tendrán que internarse en uno de estos correccionales.

“Sucede que esas personas que no han obtenido sentencias absolutoria firmes, sino sentencias condenatorios firmes, están ahora extinguiendo las injustas penas que les fueron impuestas por el tribunal sancionador a través de las llamadas sanciones subsidiarias a la sanción privativa de libertad en conformidad con lo previsto en la ley aplicable. Es decir, si bien esas personas ahora no están internadas o recluidas en centros penitenciarios, siguen siendo personas sancionadas e incluso con delitos comunes”, puntualizó el jurista.

Según el nuevo Código Penal, las alternativas a la privación de libertad son aquellas que no excedan de cinco años, y se identifican las de trabajo correccional con internamiento, reclusión domiciliaria, trabajo correccional sin internamiento y limitación de libertad; mientras que la de servicio en beneficio de la comunidad también tiene el carácter de alternativa, y se puede aplicar cuando la de privación de libertad no exceda los tres años.

“De modo que, a los efectos jurídicos de la dictadura, esas personas pasan a tener antecedentes penales. Dicho de una manera más grave pero certera, han pasado a ser delincuentes, logrando así la dictadura tergiversar la motivación social, política e ideológica que llevó a esas personas a involucrarse en la referida manifestación, orgullo de quienes nos oponemos al retrógrado totalitarismo, a la dictadura de partido único en Cuba”.

El cambio de régimen para estos jóvenes ocurre poco tiempo después de que el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas determinara que el gobierno cubano viola lo establecido en la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.

Tras el informe presentado por el gobierno cubano, Sébastien Touzé, vicepresidente del Comité, enfatizó en el arresto de más de 50 menores durante y después del estallido social.

En Cuba, angustia por los constantes apagones

Un hombre cubano en las calles de La Habana. (Yamil Lage/AFP).

Cubanos manifestaron a Radio Martí su desesperación por los constantes apagones, que en algunos casos traen como consecuencia la falta de agua potable en las viviendas.

Desde Playa Baracoa en el municipio Bauta, provincia Artemisa, Dayana Araluce dijo que "son más las horas sin electricidad, que las que se puede disfrutar del servicio".

Según Dayana, con los cortes eléctricos "las personas tienen que estar pendientes de sus equipos electrodomésticos, muchos de ellos en servicio desde hace décadas".

La provincia Camagüey por estos días es una de las más afectadas con los apagones y una residente en el municipio Esmeralda comentaba a Radio Martí que "con apagones de 8 horas enfrentamos grandes dificultades a la hora de cocinar los alimentos, muchas veces la elaboración se tiene que hacer con carbón".

"En Cabañas, municipio Mariel provincia Artemisa, la situación es crítica entre apagones y la falta de agua potable desde hace más de 10 días". Desde allí, el opositor Moisés Leonardo Rodriguez así lo manifestó a Radio Martí.

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El portal oficialista Cubadebate informaba que la Unión Eléctrica, UNE, prevé afectaciones en el servicio eléctrico por déficit de generación, precisando que para el horario pico de este jueves se pronosticaba la entrada al sistema de la unidad 8 de la Central termoeléctrica Máximo Gómez, en el municipio Mariel, provincia Artemisa.

Más de 140 años de privación de libertad se acumulan en solo 15 de los manifestantes de La Güinera

Antimotines recorren La Güinera el 12 de julio de 2021, un día después del levantamiento nacional contra el régimen comunista. (AFP/Yamil Lage).

Los resultados del juicio de casación a 15 condenados del barrio habanero La Güinera, participantes de las protestas del 11 de julio, fueron entregados este miércoles a sus familiares por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo.

La decisión del tribunal fue desestimar los recursos de casación establecidos contra la sentencia 9 del 16 de marzo del 2022 vista en el recinto del Tribunal del municipio 10 de Octubre.

La legislación establece “la casación como el recurso que se usa contra sentencias, autos u otras resoluciones dictadas por los tribunales provinciales. Es aplicable a la Ley quebrantada para restablecer el derecho vulnerado”.

“Soy madre de Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, sentenciado a 10 años de privación de libertad. Por el delito de sedición. En estos momentos mi hijo tiene 21 años, pero tenía 20 años en el momento que lo sancionaron”, dijo a Radio Televisión Martí, Migdalia Deleidid Gutiérrez Padrón.

“A pesar de tener claras las intenciones de este gobierno y saber que no teníamos ninguna probabilidad de ganar, la confirmación de nuestros temores nos devastó a todas las madres, hermanas y esposas de los condenados. No puedo concebir que el fiscal, un cubano, como yo y mi hijo, llegue a ese grado de servilismo al que ha llegado este señor”.

“El fiscal dijo que mi hijo se encontraba en el lugar incitando a las personas. Creo que los juicios de los manifestantes fueron una farsa. Mi hijo ni fue, ni participó en la manifestación. A él lo recogieron el día del primer juicio en diciembre porque estaba en libertad bajo fianza. ¡Libertad y justicia para mi hijo que lo sentenciaron a diez años injustos!,” pidió Gutiérrez Padrón.

Además de Cabrera Gutiérrez, Dayron Martín Rodríguez y Miguel Páez Estiven recibieron sentencias de 22 años de privación de libertad; Alexander Guillermo Martínez Amoroso, 18 años; Lázaro Zamora González, 18; José Luis Sánchez Tito, Frank Aldama Rodríguez, 16 años; Alexis Sosa Ruiz y Orlando Carvajal Cabrera, 12 años; Dianyi Liriano Fuentes y Elier Padrón Romero, 10 años; Jesús Enrique Vázquez Cabrera, 8 años y Karen Vázquez Pérez, 7 años.

Marlon Brando Díaz Oliva, 5 años de trabajo correccional con internamiento y Leoalys De La Caridad Valera Vázquez, 5 años de trabajo correccional sin internamiento.

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Noraidys Romero Alarcón no ha podido salir de la cama, enferma de dolor, porque su hijo Elier Padrón Romero estaría por una década en la cárcel. “Queríamos tener fe, que todo se arreglaría. Porque ¿qué hizo en realidad mi hijo? Lo que es un crimen es haber tronchado las vidas de tantas personas, sin que existiera un verdadero delito”.

En una carta, a la que nuestra redacción tuvo acceso, desde el penal Combinado del Este, Padrón Romero denunció la mala atención a los presos y el incumplimiento por parte de los guardias de las regulaciones instituidas en el reglamento:

“La comida es mucho menor cantidad que la que nos pertenece, frecuentemente nos castigan en la celda de aislamiento cuando defendemos nuestros derechos. Nos proporcionan muy poca atención médica y los mandos nos califican como los reclusos más malos y peligrosos de la prisión. No permiten a los otros reos hablar con nosotros”, escribió el joven de 26 años, condenado a 10 años de prisión.

Cierran proceso contra periodista Camila Acosta, acusada de "desórdenes públicos" por reportar las protestas del 11J

Camila Acosta. (Foto: CubaNet)

Luego de más de 10 meses de reclusión domiciliaria, acusada de presuntos "desórdenes públicos" por reportar las protestas del 11 de julio en La Habana, la periodista cubana Camila Acosta ha quedado libre cargos y el caso cerrado, según explicó en un artículo para el portal digital CubaNet, con el que colabora.

Acosta detalló que este miércoles, 25 de mayo, fue citada a la estación policial de Aguilera, en el municipio Diez de Octubre, donde un oficial de la Seguridad del Estado le impuso una multa de 1.000 pesos cubanos bajo el “criterio de oportunidad”, previsto en la Ley 143, Artículo 17, Inciso b, que "permite a las partes resolver las diligencias sin llegar a tribunales".

Le comunicaron, además, sobre la confiscación de varios bienes que las autoridades le incautaron un día después de su detención: dos laptops, un disco duro, dos teléfonos, cinco memorias flash, agendas de trabajo, libros, la blusa que llevaba puesta el 11J, 50 USD y 20.000 CUP.

Estos bienes, algunos de los cuales ni siquiera le pertenecían, no fueron "utilizados para la comisión del delito u obtenidos como resultado de él" y, con apego a la ley, no deberían estar sujetos a decomiso.

"No hubo delito y tampoco ninguno de los equipos embargados se utilizaron para la comisión de él; aun así, se impuso la sanción", subrayó la periodista. Pero el oficial de la policía política argumentó que contenían material “contrarrevolucionario”.

Acosta, que tiene un plazo de tres días para pagar la multa, reitera que no cometió un delito, solo hacía su trabajo de reportera cuando fue detenida. "No me arrepiento de haberlo hecho y lo volvería a hacer. Informar no es un delito, tampoco manifestarse pacíficamente", afirmó.

Aunque la multa la libra de ir a juicio, y de enfrentar una posible sentencia de tres meses a un año de prisión, la comunicadora señala que pagarla significa "aceptar una medida arbitraria, o que cometí ese supuesto delito".

La periodista concluye que, con el cierre de este proceso en su contra, solo "finaliza una etapa" que "abre paso a otra aún peor".

"El nuevo Código Penal es más criminal que el anterior, y dota al régimen de herramientas represivas que atentan directamente contra los periodistas independientes, la oposición y la sociedad civil en general. El calvario está lejos de acabar", concluyó.

Cuba está entre los países del hemisferio donde más se ha agudizado la represión contra los periodistas, dijo en un informe reciente la Sociedad Interamericana de Prensa, que también ha criticado el nuevo Código Penal por su criminalización de la labor de la prensa independiente en la isla, una preocupación a la que se unen el Comité para la Protección de los Periodistas y Amnistía Internacional.

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