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América Latina

Keiko Fujimori impugna miles de votos en presidenciales de Perú (VIDEO)

La candidata presidencial Keiko Fujimori se retira su mascarilla el miércoles 9 de junio de 2021 durante una conferencia de prensa, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía)

El candidato izquierdista Pedro Castillo seguía liderando el miércoles los comicios presidenciales de Perú por menos de medio punto sobre Keiko Fujimori, quien interpuso acciones jurídicas para anular medio millón de votos por supuestas irregularidades.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 99% de las boletas contabilizadas Castillo sumaba 50,2% y la aspirante de derecha 49,8%, una diferencia de más de 73.000 sufragios.

No es la primera vez que en Perú las presidenciales se dirimen por pocos votos. En 2016, Pedro Pablo Kuczynski obtuvo 41.438 más que Fujimori, quien demoró más de 24 horas en aceptar el triunfo de su contendiente. Ambos se reunieron por primera vez medio año después.

Fujimori afirma desde el lunes que halló "indicios de fraude" presuntamente ejecutado por el partido Perú Libre de Castillo. El miércoles la candidata anunció a la prensa que presentó acciones de nulidad sobre 802 actas electorales que representan 200.000 votos, y señaló que también se impugnaron otras 1.200 actas observadas que significan otros 300.000 votos.

"Está en juego medio millón de votos a nivel nacional", denunció Fujimori. "No se hace por mi candidatura, se hace por el respeto a millones de peruanos".

José Miguel Vivanco, director para las Américas del organismo activista Human Rights Watch, dijo en Twitter que "cualquier denuncia de fraude debe estar acompañada de pruebas serias. El derecho internacional de los DD.HH. exige que se cuente y respete cada voto".

Cientos de simpatizantes de Castillo y Fujimori marcharon por las calles de Lima.

"Queremos que todo sea perfectamente contabilizado, si así gana el comunismo no hay problema", dijo a la televisora local N Vanya Thais, una manifestante que apoya a Fujimori.

A pocas cuadras, simpatizantes del partido de Castillo coreaban "¡Fujimori nunca más!". Uno de ellos, Ángel Vargas, manifestó: "Lo vamos a respaldar hasta las últimas consecuencias", mientras sostenía un letrero con el rostro del profesor.

El Ministerio de Defensa recordó que las fuerzas armadas "no son deliberantes" luego de que una integrante de un programa de televisión local, llamada Alejandra Baigorria, pidió a los uniformados "poner orden" para evitar "que nos roben la democracia un grupo de senderistas y terroristas", en referencia a los millones de peruanos que votaron por Castillo.

La primera ministra Violeta Bermúdez pidió a Castillo y Fujimori orientar "a sus seguidores para que respeten las formas democráticas". Indicó que "una competencia electoral no nos debe conducir a un enfrentamiento entre peruanos porque estamos en un momento de emergencia".

El Tribunal Electoral repartió las credenciales para los 130 integrantes del Congreso unicameral que iniciará su gestión por cinco años desde el 28 de julio, el día de la fiesta nacional. Perú Posible ganó 37 escaños y Fuerza Popular, el partido de Fujimori, obtuvo 24 sillas.

El expresidente boliviano Evo Morales, que apoya a Castillo, se adelantó a felicitarlo y dijo en su cuenta de Twitter: "es la victoria del pueblo peruano, pero también del pueblo latinoamericano que quiere vivir con justicia social".

Por su parte, el presidente argentino Alberto Fernández dijo en Buenos Aires durante una reunión con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que "Perú ha resuelto en democracia cómo va a encarar su futuro". Sánchez agregó que desea "estabilidad" para Perú con el fin de que pueda "salir de este periodo de fuerte inestabilidad que ha sufrido".

En una ceremonia con pastores evangelistas en el municipio de Anapolis, estado de Goiás, el presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo que espera un milagro para que no gane Castillo.

"Perdemos ahora a Perú. Pido un milagro para revertirlo", dijo el mandatario derechista.

A través de su cuenta de Twitter, Castillo pidió el miércoles tranquilidad a sus simpatizantes y les exhortó a no caer "en provocaciones de quienes quieren ver este país en el caos".

En la víspera el profesor rural dijo que si llega a la presidencia será respetuoso "de la democracia, de la constitución actual y haremos un gobierno con estabilidad financiera y económica".

Castillo tiene como asesor en temas económicos a Pedro Francke, un economista peruano que trabajó en el Banco Mundial, quien la víspera dijo que un gobierno del izquierdista respetará la propiedad privada, los ahorros de las personas y continuará la autonomía del Banco Central de Reserva "para asegurar que la inversión en el Perú no se dispare".

La misión electoral de la OEA felicitó el lunes al país por la organización de los comicios en medio de la pandemia y la polarización política, y pidió que "las eventuales inconformidades se diriman por las vías legales a su alcance".

El mapa de los votos en Perú muestra a un país dividido. Castillo dominó de forma abrumadora en las empobrecidas zonas rurales de los Andes y gran parte de la Amazonía. Por su parte, Fujimori fue la candidata de la élite empresarial, la capital y otras ciudades de la costa del Pacífico.

Si Fujimori pierde sumaría su tercera derrota. La hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, preso por corrupción y asesinato durante su gestión (1990-2000), se postuló sin éxito en 2011 y 2016.

El ganador de los comicios recibirá el poder del presidente interino Francisco Sagasti y gobernará por cinco años a partir del 28 de julio.

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Colombia: más de 813.000 migrantes venezolanos han completado su documentación

Migrantes venezolanos en una carretera.

El Gobierno de Colombia informó el jueves de los avances que ha tenido el proceso de inscripción de migrantes venezolanos para acogerse al Estatuto Temporal de Protección, que comenzó a inicios de mayo.

Según datos de Migración Colombia, “más de 813.000 ciudadanos venezolanos han completado la primera etapa del estatuto temporal de protección”.

A inicios de enero de 2021 más de 1 millón 742.000 venezolanos estaban en situación irregular en ese país, tras la crisis humanitaria causada por la grave crisis económica y la inestabilidad social bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, indicó en un mensaje en video que en medio del proceso se han hecho “más de 800.000 caracterizaciones socioeconómicas de migrantes venezolanos en salud, educación y condición de vulnerabilidad”.

A la fecha el 44% de los registros completados para la primera fase han sido por personas radicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta y Barranquilla.

El funcionario explicó que debido a que no todos los migrantes cuentan con los dispositivos tecnológicos necesarios, el Gobierno colombiano trabaja en colaboración con entidades como la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a fin de implementar puntos de atención presenciales.

Según datos de ACNUR, 5,4 millones de venezolanos han salido de su país en busca de refugio debido a "la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales".

CPJ reacciona a orden de tribunal salvadoreño a revista de retirar reportaje

Natalie Southwick, coordinadora regional del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ.

“Las autoridades salvadoreñas deben rescindir de inmediato una orden judicial que requiere que el sitio web de noticias independiente Revista Factum retire un artículo”, exigió el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) el jueves, sobre una orden emitida por un Tribunal salvadoreño.

El CPJ considera que el tema es de “interés público", de ahí que las autoridades de El Salvador “deben permitir que los medios de comunicación informen libremente”.

Según la orden judicial, y una publicación hecha en Twitter por el Ministerio Público de ese país, su único objetivo con la orden es “evitar la instrumentalización de la violencia que sufrieron las víctimas de este asesino”.

El reportaje denominado “Asesino de Chalchuapa confiesa cómo mataron a 13 víctimas en el último caso”, revela las declaraciones del expolicía Hugo Ernesto Osorio Chávez, principal sospechoso de asesinar a las víctimas que fueron encontradas sepultadas en su lugar de residencia. Además, cita el testimonio de un testigo protegido, pero no nombra víctimas ni testigos.

En el mandato, según el CPJ, los fiscales acusaron al medio de comunicación de haber cometido múltiples violaciones de la Constitución y el código penal salvadoreño, incluida la violación del debido proceso en “una investigación penal en curso” relacionada con la tumba y el derecho a la privacidad de las "víctimas indirectas" del crimen.

CPJ y el medio afectado afirman que la orden judicial no cita las leyes específicas bajo las cuales la revista o su personal pueden ser procesados.

Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, reaccionó al tema diciendo que “si las autoridades salvadoreñas están realmente preocupadas por la integridad de un caso penal en curso, deberían aclarar exactamente qué secciones del informe de la Revista Factum ponen ese caso en peligro, en lugar de emitir una prohibición general”.

Así mismo Southwick apuntó que no pueden utilizar “afirmaciones vagas para justificar la censura de un artículo completo y deben revertir esta decisión de inmediato para evitar sentar un precedente peligroso".

La Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa se realizará en Madrid

Acciones represivas en Venezuela contra la prensa (Reuters).

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció en un comunicado "que realizará su 77ª Asamblea General del 28 al 31 de octubre en Madrid, España, lo que marcaría el retorno a las actividades presenciales de la organización tras dos años de reuniones virtuales a consecuencia de la pandemia".

"Aún tenemos por delante un largo camino hacia la recuperación, particularmente en los países de América Latina", aseguró el presidente de la SIP, Jorge Canahuati Larach.

Agregó, sin embargo, que "estamos complacidos de volver al formato de reuniones presenciales ya que son nuestra fortaleza, parte de nuestra cultura, y necesarias para seguir trabajando con eficiencia por la libertad de prensa y el futuro de nuestra industria".

La reunión de la SIP se celebrará en el Hotel Meliá-Castilla de Madrid. Una caída en las tasas de infección en España, así como el avance en la aplicación de vacunas ha permitido el levantamiento de los toques de queda en esa nación que inició la reactivación de su infraestructura turística, incluyendo la organización de conferencias internacionales.

"Confiamos en que, en los próximos cinco meses, hasta fines de octubre, nuestro hemisferio seguirá logrando avances importantes en la erradicación del Covid-19 lo cual nos permitirá llegar más fortalecidos a nuestro encuentro en Madrid", aseguró Canahuati, presidente del Grupo Opsa, de Honduras. Canahuati destacó la flexibilidad y el apoyo logístico del Hotel Meliá-Castilla para la realización del evento.

La última reunión presencial de la SIP antes de la pandemia tuvo lugar en octubre de 2019 con la celebración de su 75 asamblea general en Coral Gables, Florida. Durante la emergencia sanitaria, la SIP realizó virtualmente una asamblea anual, dos reuniones semestrales y tres conferencias sobre temas digitales, SIPConnect.

El comunicado añadió que la SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

Blinken elogia resolución OEA que condena al régimen de Ortega en Nicaragua

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blonken, durante una conferencia de prensa. Saul Loeb/Pool via REUTERS

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo en un comunicado que una abrumadora mayoría de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos enviaron el martes “un claro mensaje de apoyo al pueblo nicaragüense y su lucha por elecciones libres y justas, el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas”.

El secretario de Estado señaló que la resolución aprobada condena la represión del régimen del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo en Nicaragua y pide la liberación inmediata de los cuatro candidatos presidenciales detenidos recientemente, junto con más de 130 presos políticos más.

También concluye que, “a raíz de la reciente represión del régimen y la falta de una reforma electoral significativa, no existen las condiciones para unas elecciones libres y justas en noviembre”.

Blinken reiteró que Estados Unidos apoya firmemente el llamado del Consejo Permanente de la OEA para que el presidente Ortega “tome medidas urgentes para restaurar el pleno respeto de los derechos humanos y crear las condiciones para elecciones libres y justas”.

Asimismo opinó que “es hora de que el régimen Ortega-Murillo cambie de rumbo, respete tanto su propia constitución como sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana, y permita al pueblo nicaragüense ejercer plenamente sus derechos, incluido el derecho a elegir a sus líderes en elecciones libres y justas”.

El jefe de la diplomacia estadounidense declaró además que Estados Unidos espera continuar trabajando con los estados miembros de la OEA, así como con otros gobiernos democráticos de todo el mundo, incluidos los socios en la Unión Europea, para presionar por una mayor libertad para el pueblo nicaragüense.

Blinken expresó que a través de la votación, los miembros de la OEA dejaron claro que las acciones de Ortega y Murillo no tienen cabida en este hemisferio, dado los compromisos compartidos con la democracia y los derechos humanos.

El martes, en una votación de 26 países a favor, tres en contra y cinco abstenciones, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución expresando su preocupación por el hecho de que el gobierno de Nicaragua no ha implementado medidas de reforma electoral consistentes con los estándares internacionales aplicables para asegurar que las elecciones programadas para noviembre de 2021 sean libres y justas.

La resolución también condena inequívocamente el arresto, el hostigamiento y las restricciones arbitrarias impuestas a posibles candidatos presidenciales, partidos políticos y medios independientes y pedir la liberación inmediata de los posibles candidatos y de todos los presos políticos.

Por su parte, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, rechazó la resolución que, según dijo, “se pretende imponer al Estado soberano de Nicaragua” y la declaró “inadmisible, de nulidad absoluta y sin ningún efecto vinculante para el gobierno de Nicaragua”.

Coche bomba deja 36 heridos en unidad militar de Colombia; hipótesis apuntan al ELN y disidencias FARC

El área donde ocurrió la explosión en Cúcuta, Colombia.

La explosión de un carro bomba en una brigada del Ejército de Colombia en la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, dejó el martes 36 personas heridas.

El presidente Iván Duque dijo que fue un ataque “demencial” y mencionó una recompensa de 500 millones de pesos y la participación directa de Estados Unidos en la investigación.

Duque declaró que están en investigación dos hipótesis: una apunta al frente 33 de las disidencias de las FARC y otra a guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá señaló que "un reducido número de militares estadounidenses se encontraba en la base militar colombiana de Cúcuta" y aclaró que no presentan heridas de consideración.

"Rechazamos y repudiamos este acto terrorista y vil que buscó atentar contra los soldados de Colombia en la Brigada", dijo Diego Molano, Ministro de Defensa de Colombia.

"Treinta y seis personas resultaron heridas. Tres de ellas presentaron algún nivel de gravedad, una de ellas ya fue intervenida quirúrgicamente", aseguró Molano al revelar que 29 de los heridos están hospitalizados.

Molano explicó que dos hombres condujeron una camioneta Toyota blanca al interior de la brigada militar después de hacerse pasar por funcionarios públicos y que se registraron dos explosiones del mismo vehículo.

"La hipótesis inicial es que el ELN está detrás de este acto demencial y vil. También es materia de investigación la involucración de las disidencias de las FARC", aseguró Molano.

El Gobierno acusó a finales de marzo a las disidencias de las FARC de un ataque con un carro bomba que dejó 43 personas heridas y ocho casas destruidas en el departamento del Cauca, en el suroeste del país.

En enero de 2019 un carro bomba explotó al interior de la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional en Bogotá, en un ataque de la guerrilla del ELN que dejó 22 muertos y que frustró las posibilidades de un diálogo de paz con ese grupo rebelde.

En febrero de este año Cuba alertó a Colombia acerca de un posible atentado fraguado por el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), en una movida que expertos entrevistados por el diario El Tiempo interpretan como "un desmarque" de La Habana con las guerrillas que le valieron la vuelta a la lista de países patrocinadores del terrorismo.

​En el documento, entregado por el embajador cubano José Luis Ponce Caraballo a la Cancillería colombiana, se asegura que la acción armada la ejecutaría el Frente de Guerra Oriental cuyos cabecillas se encuentran en Venezuela.

"Nuestra embajada en Colombia recibió una información, cuya verosimilitud, no podemos evaluar, acerca de un supuesto ataque militar por parte del Frente Oriental de Guerra del ELN para los próximos días en Bogotá", aseguraba la carta del embajador cubano.

Aunque la Dirección Nacional del grupo guerrillero ELN precisó en un comunicado que “después de verificar con todas las estructuras guerrilleras del Ejército de Liberación Nacional, clarificamos que la información que recibió la Embajada de Cuba en Bogotá no hace parte de los planes militares del Eln, y es posible que se trate de un falso positivo montado por la inteligencia militar del Estado”, Colombia ratificó la responsabilidad de los guerrilleros que están en La Habana.

Los miembros del Comando Central del ELN, en Cuba, "son responsables de la ejecución de directrices emitidas por la Dirección Nacional del ELN y de las conclusiones del Quinto Congreso de esa organización que incluyen acciones de alto impacto y de terrorismo en centros urbanos" dijo entonces la cancillería.

Bogotá reiteró en ese momento "la urgente necesidad de una respuesta favorable de parte del Gobierno de Cuba en relación con las extradiciones de miembros del ELN que son requeridos por la Justicia colombiana conforme al derecho internacional".

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