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América Latina

Perú en cerrado balotaje: Castillo saca ligera ventaja a Fujimori

El candidato presidencial Pedro Castillo saluda a sus simpatizantes, en su sede de campaña, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía)

El candidato izquierdista Pedro Castillo acumulaba el lunes una ligera ventaja sobre su rival Keiko Fujimori en un balotaje presidencial que remeció los mercados de Perú.

Según los conteos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 96,3% de las boletas revisadas Castillo sumaba 50,28% y Fujimori 49,71%. La diferencia es de 95.646 sufragios.

Los centros de cómputo seguían recibiendo votos de remotas zonas rurales que fueron transportados incluso en botes y los que llegan en valija diplomática desde el extranjero.

"Nadie puede decir a estas alturas con seguridad quién va a ganar", dijo a la radio local RPP Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica de Perú y exjefe de la ONPE.

En una conferencia de prensa, Fujimori se quejó de que halló "indicios de fraude en la mesa, que para nosotros es considerado inaceptable", y que durante los comicios ocurrieron "una serie de irregularidades" realizadas por personal de su rival, aunque no presentó pruebas.

La candidata presidencial Keiko Fujimori habla el lunes, 7 de junio, desde su sede de campaña en Lima, Perú. (AP Foto/Guadalupe Pardo)
La candidata presidencial Keiko Fujimori habla el lunes, 7 de junio, desde su sede de campaña en Lima, Perú. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

La candidata añadió que faltaba contar votos del extranjero favorables a su candidatura de derecha. "Confiamos que con el recuento de estas actas la votación se va a emparejar", señaló.

Por su parte, la misión de observación electoral de la OEA que visitó Perú solicitó en Twitter que "las eventuales inconformidades se diriman por las vías legales a su alcance".

Por la noche Castillo pidió a cientos de seguidores que mantengan "la más amplia cordura". Sin mencionar a Fujimori, declaró desde un balcón en un local de su partido Perú Libre que iba a ser "el primero" en vigilar que se respete la "voluntad del pueblo peruano" en las urnas.

La bolsa de valores de Lima registró descensos mayores a 7% y, cumpliendo su reglamento, cerró sus operaciones por 20 minutos para luego reabrirlas. El tipo de cambio del dólar también alcanzó un máximo histórico de 3,95 nuevos soles por dólar en el mercado interbancario.

Para calmar la incertidumbre financiera el partido de Castillo emitió un comunicado en el que indicó que, en caso de que lleguen al gobierno, respetarán "la autonomía del Banco Central de Reserva, que ha realizado una buena labor manteniendo la inflación baja durante más de dos décadas".

En el comunicado también se indicó que en el plan de gobierno no se consideran "estatizaciones, expropiaciones, confiscaciones de ahorros, controles de cambios, controles de precios o prohibición de importaciones".

El mapa parcial de los votos en Perú mostraba un país partido en dos.

Castillo dominó de forma abrumadora en las empobrecidas zonas rurales de los Andes y gran parte de la Amazonía. Por su parte, Fujimori fue la candidata de la élite empresarial, dominó la capital al llevarse casi un tercio de la población, y otras ciudades de la costa del Pacífico.

Las ciudades más golpeadas por el terrorismo de Sendero Luminoso durante la guerra interna de 1980 a 2000, la cual dejó casi 70.000 muertos, votaron por Castillo. Fue un resultado adverso para Fujimori, que durante la campaña acusó al profesor de tener nexos con el grupo criminal, pero no presentó pruebas.

Las zonas donde mineras de capitales internacionales buscan expandir proyectos extractivos también votaron casi en su totalidad por el izquierdista. En el distrito más pobre del país, Uchuraccay, el profesor acaparó el 87% de los votos, mientras que en el distrito más rico, San Isidro, Fujimori se impuso por 88%.

Tras concluir los comicios el domingo, la televisora América reveló un conteo rápido de la firma Ipsos Perú que arrojó un empate técnico entre Castillo (50,2%) y Fujimori (49,8%). El margen de error era de un punto porcentual.

El domingo por la noche, Fujimori pidió a sus seguidores mantener la prudencia debido a que "el margen es tan pequeño", mientras que Castillo exigió "el escaneo y la revisión de todas las actas para transparentar y garantizar la verdadera voluntad popular del pueblo peruano".

El ganador de los comicios gobernará por cinco años a partir del 28 de julio.

Ambos candidatos prometen vacunar contra el COVID-19 hasta fines de diciembre. También se oponen al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo. Las diferencias ideológicas entre los dos radican principalmente en el modelo económico y en el manejo de los efectos devastadores de la pandemia.

Perú ha registrado buenos datos macroeconómicos en 20 años, pero padece una informalidad laboral mayor al 70% y deficientes servicios públicos de salud y educación.

El país lleva casi tres décadas de gobiernos favorables al libre mercado sin intervención estatal en el sector empresarial debido a la constitución escrita en 1993 bajo el gobierno del padre de la candidata Fujimori, el ahora encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumple condenas por corrupción y por el asesinato de 25 peruanos durante su gestión.

Keiko Fujimori busca mantener el mismo sistema. Castillo anhela reescribir la constitución para modificar el sistema económico.

El coronavirus arrojó a 10 millones de personas a la pobreza que viven con menos de tres dólares al día, decenas de miles de negocios quebraron y hay más de 186.000 muertos, cifra que casi triplica las víctimas del conflicto armado con Sendero Luminoso.

Castillo ofrece, de forma adicional, renegociar los contratos con las multinacionales que extraen minerales, gas y petróleo para que el Estado pueda obtener más ingresos. También asegura que cobrará deudas al fisco de poderosos grupos empresariales que suman más de 2.400 millones de dólares.

"Los millonarios no lo ven como su candidato, como usa sombrero. La gente pobre le ha votado porque promete cambios", dijo Marcelina Quispe, de 56 años, una vendedora ambulante de dulces que caminaba por una calle de la zona financiera de la capital.

Fujimori, para quien la fiscalía ha pedido 30 años de cárcel por presunto lavado de dinero, cuenta con el apoyo de la clase alta, así como de políticos de otros países, entre ellos el opositor venezolano Leopoldo López, el expresidente colombiano Andrés Pastrana y el expresidente boliviano Jorge Quiroga.

Por su parte, el profesor izquierdista tiene el respaldo del expresidente boliviano Evo Morales y de José Mujica, exmandatario de Uruguay.

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El deterioro de los derechos humanos dificulta la celebración de comicios libres en Nicaragua, alerta Michelle Bachelet

Vista de Managua, la capital de Nicaragua. Foto: FAO/Saúl Palma.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió este martes sobre el “preocupante y acelerado deterioro” de la situación de las garantías fundamentales en Nicaragua en el periodo transcurrido de febrero a la fecha.

En una actualización oral sobre la situación en el país centroamericano al Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet afirmó que dicho deterioro “aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre”.

Bachelet recordó que el máximo órgano de derechos humanos de la ONU ha analizado en profundidad la crisis que afecta a Nicaragua y que su Oficina ha emitido recomendaciones al respecto, pero que éstas no se han cumplido.

“Esta crisis no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante”, afirmó.

Frente a este panorama, Bachelet emplazó al gobierno nicaragüense a adoptar un cambio urgente en su curso de acción de cara a las elecciones de noviembre.

Precisó que eso implica, por lo menos “liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente; cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes; reestablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo; y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático”.

También se pronunció por la rendición de cuentas de los responsables de los abusos cometidos desde abril de 2018, fecha que empezaron las manifestaciones de protesta contra el gobierno.

Deploró, asimismo, que el país siga sin contestar las comunicaciones que le ha enviado su Oficina y urgió al Consejo de Derechos Humanos a tomar “todas las medidas a su alcance” para proteger las garantías fundamentales en Nicaragua.

Detenciones sin pruebas

Este mes, la Policía Nacional y el Ministerio Público, detuvieron a cinco precandidatos a la presidencia, al igual que cinco lideresas y tres líderes políticos y dos dirigentes gremiales.

Bachelet explicó que esas detenciones violaron las garantías procesales puesto que se hicieron sin pruebas suficientes y bajo conceptos penales ambiguos planteado en dos leyes, sobre los que su Oficina ya había alertado. Una de las legislaciones se refiere al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y la otra a la defensa de la soberanía.

Además de esas detenciones, la Alta Comisionada listó varias transgresiones de los derechos humanos y políticos, como la disolución de la personalidad jurídica de dos partidos políticos por el consejo Supremo Electoral, sin que fueran oídos sus representantes; y la adopción de una ley de reforma electoral que hace caso omiso de las peticiones de la sociedad civil, no establece salvaguardias para la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales y limita las libertades de expresión, asociación pacífica y participación política.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Archivo.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Archivo.

Transgresión de la legalidad

“Estas son decisiones que infringen los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, dijo.

Agregó que su Oficina continúa documentando casos de detenciones arbitrarias, agresiones y hostigamiento por parte de la Policía Nacional y dio cuenta de un aumento de la persecución selectiva de activistas de derechos humanos, periodistas y opositores en general.

De acuerdo con datos de la sociedad civil, hasta el 14 de junio, 9 mujeres y 115 hombres permanecían privados de su libertad en el contexto de la actual crisis.

Estigmatización y amenazas

Bachelet informó que las autoridades y algunos medios progubernamentales han hecho declaraciones públicas en las que estigmatizaron a los opositores. Este hostigamiento se extendió a amenazas en las redes sociales.

El clima de terror propiciado por estas acciones inhibe el ejercicio de los derechos fundamentales cruciales para que haya un proceso electoral libre, creíble y equitativo, subrayó.

Otras transgresiones reportadas por la Alta Comisionada fueron los feminicidios y los ataques armados contra comunidades indígenas en la costa norte del Caribe.

Antes de concluir, Bachelet solicitó que se autorice el regreso de su Oficina a Nicaragua para monitorear la situación y contribuir a la solución de la crisis que atraviesa el país.

La SIP condenó la detención del periodista Miguel Mora, precandidato a la presidencia de Nicaragua

Miguel Mora, periodista y candidato presidencial.

La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condenó la detención del periodista Miguel Mora, precandidato a la presidencia de Nicaragua para las elecciones de noviembre próximo.

La organización hemisférica dijo en un comunicado que hace un llamado urgente a la comunidad internacional a unir esfuerzos y repudiar la represión del gobierno de Daniel Ortega contra todo indicio de oposición y de crítica independiente.

Mora, periodista y ex director del canal 100% Noticias, fue detenido el 20 de junio y es el quinto precandidato encarcelado, además de activistas, empresarios, banqueros y exguerrilleros sandinistas, destaca la nota.

La SIP precisó que el régimen de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ha marginado del espectro político y social a un total de 18 personas utilizando una ley que criminaliza a la oposición.

Miguel Mora, el quinto candidato a la presidencia arrestado por el régimen de Daniel Ortega

Presencia policial en Nicaragua, frente al hogar de Cristiana Chamorro, una de las candidatas arrestadas antes de las elecciones. (Inti Ocon / AFP)

El periodista y aspirante a la presidencia de Nicaragua, Miguel Mora, fue arrestado el domingo por la noche en su residencia en Managua.

Mora es el quinto precandidato presidencial que es detenido por el gobierno de Daniel Ortega, informó la Voz de América, VOA.

El político es acusado, al igual que la mayoría de los opositores arrestados en las últimas semanas, de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”, según lo que establece el artículo 1 de la Ley No. 1055, conocida como “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia”.

“Nuevamente estoy reportando la segunda detención de Miguel Mora”, señaló la directora de 100% Noticias Lucía Pineda Ubau en una transmisión en vivo desde Costa Rica, lugar donde se encuentra exiliada tras haber salido de prisión en junio de 2019.

La primera vez que Mora fue detenido fue el 21 de diciembre de 2018, cuando fuerzas gubernamentales allanaron su canal de televisión y lo arrestaron junto a la jefa de prensa, Ubau. Ambos pasaron casi seis meses en prisión, acusados de “incitar al odio”, y posteriormente fueron liberados bajo una Ley de Amnistía.

Ubau exigió el respeto a la integridad física de Mora, así como de su esposa, la también periodista Verónica Chávez, y sus dos hijos, uno de ellos con discapacidad.

Los arrestos comenzaron hace tres semanas en Nicaragua. Primero fue Cristiana Chamorro, a quien una juez de Managua ordenó prisión domiciliar y que fuera inhabilitada para optar a algún cargo público, tras iniciarse una investigación en contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que dirigía.

La comunidad internacional ha demandado el cese a las aprehensiones contra los críticos a Ortega, quien controla todos los poderes del Estado desde que llegó al poder en 2007.

La expresidenta costarricense Laura Chinchilla, una de las voces más críticas contra Ortega, denunció que “el régimen amparado en las sombras y el silencio de las calles asalta la privacidad y detiene a un periodista y dirigente político más”.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) también hizo la denuncia en su cuenta de Twitter.

Mientras, el sacerdote nicaragüense Edwin Román expresó su solidaridad hacia Mora “y los más de un centenar de presos políticos” en el país.

“Ellos no son monedas de cambio, si están pretendiendo algunos arreglos. ¡Respeto a su dignidad!”, escribió el religioso en su cuenta de Twitter.

Con el arresto a Mora el número de personas detenidas por razones políticas ascienden a 18 hasta este lunes 21 de junio.

El autor Sergio Ramírez denuncia "injusticia dictatorial" en Nicaragua

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes 2017.

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, afirmó que en su país existe una “injusticia dictatorial” e hizo un llamado “a la solidaridad internacional” con los opositores encarcelados en las últimas semanas por el gobierno de Daniel Ortega.

“La mano torpe de la injusticia dictatorial en Nicaragua está persiguiendo y tomando como rehenes a gente justa, mujeres y hombres dignos de todas las condiciones sociales y aterrorizando sus hogares”, escribió en su cuenta de Twitter Ramírez, ex vicepresidente durante el primer gobierno de Ortega (1985-1990) y disidente del gobernante Frente Sandinista.

“Identificado plenamente con ellos, hago un llamado a la solidaridad internacional”, agregó el laureado autor de “Castigo Divino” y “Margarita está linda la mar”, entre una vasta obra literaria.

El propio Ramírez, de 78 años, fue citado recientemente por la Fiscalía para declarar en una investigación por supuesto lavado de dinero contra la periodista y aspirante presidencial opositora Cristiana Chamorro, bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio.

Recientemente los gobiernos de Argentina y México anunciaron que realizan gestiones junto a Estados Unidos como “facilitadores” de un diálogo con Ortega a fin de resolver la grave crisis política que sacude al país a sólo cinco meses de las elecciones del 7 de noviembre.

Ambos gobiernos latinoamericanos apelaron a la “no intervención” en los asuntos internos de Nicaragua, posición que fue rechazada por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).

“Penoso comunicado de México y Argentina sobre la situación en Nicaragua. Una cosa es buscar una salida negociada a esta crisis y otra muy distinta es decir estos disparates”, opinó José Miguel Vivanco, director de HRW.

“El principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado no se aplica a las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Es inaceptable que los gobiernos de Alberto Fernández en Argentina y Andrés Manuel López Obrador en México decidan no acompañar a las numerosas víctimas de la crisis de derechos humanos en Nicaragua”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

La noche del jueves la policía giró una orden de captura contra el empresario Gerardo Baltodano y el exministro de Educación, Humberto Belli, hermano de la reconocida poeta Gioconda Belli, también opositora al gobierno. Las casas de ambos fueron allanadas pero ellos no se encontraban ahí, dijeron familiares.

“Se metieron 30 hombres (policías) y estuvieron tres horas buscando, se llevaron computadoras y documentos”, dijo a The Associated Press Gioconda Belli al confirmar el allanamiento. Aseguró que a su cuñada, que estaba en la casa, “no la maltrataron”.

También se denunció el arresto de Pedro Vásquez Cortedano, de 59 años, chofer de Cristiana Chamorro. Su esposa Norma Vega dijo que la detención ocurrió el pasado martes, un día después de rendir declaración ante la Fiscalía.

Vásquez es la cuarta persona detenida en el caso de Chamorro. Los exempleados de la organización no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, fueron arrestados el 28 de mayo y se les dictó prisión preventiva por 90 días.

“Estas privaciones de la libertad se suman a las más de 120 personas presas políticas que por meses y años sufren de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, declaró en un comunicado el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.

La ayuda internacional a los refugiados de Venezuela

Refugiados venezolanos esperan ser admitidos en Perú (Cris Bouroncle / AFP).

La Conferencia Internacional de Donantes, organizada por Canadá, consiguió recaudar la semana pasada 954 millones de dólares para ayudar a los 5,7 millones de refugiados y migrantes venezolanos que están desplazados en Latinoamérica.

En una entrevista con la agencia de prensa Efe, la ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Karina Gould, se mostró satisfecha del resultado de la conferencia.

En declaraciones a la Voz de América, dijo que "la crisis de migración de venezolanos en la región de América Latina es una de las crisis más grandes en el mundo. La segunda más importante de hecho. Entonces nosotros tenemos como objetivos primero, ante todo, alzar la visibilidad de la crisis, recoger fondos para que los migrantes venezolanos puedan estar bien integrados en los países de recepción y tercero, demostrar la solidaridad con los migrantes venezolanos para hacerles saber que mundo está con ellos".

Gould también expresó preocupación por las mujeres y niñas que son parte del éxodo. "Tienen necesidades diferentes, y también hemos visto un aumento en violencia basado en el género o violencia sexual; y el acceso a los servicios de salud reproductiva y sexual son muy importantes. Y nosotros queremos asegurar que los migrantes y en particular las migrantes tienen acceso a todos los servicios que necesitan".

Por su parte, la delegación de la Unión Europea se comprometió a aportar 147 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria inmediata, ayuda al desarrollo a medio y largo plazo e intervenciones de prevención de conflictos para los refugiados y migrantes venezolanos y las comunidades de acogida.

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