Estados Unidos
Gobierno federal de EEUU se queda sin fondos para operar
En una previsible votación del Senado, una medida de financiamiento temporal que necesitaba 60 votos para ser aprobada sólo obtuvo 50. Los demócratas exigen que no se deporte a unos 700.000 jóvenes inmigrantes. El Congreso continúa buscando hoy una solución
El cierre del gobierno federal de Estados Unidos por falta de fondos entró en vigor a la medianoche del viernes, suspendiendo todas las operaciones a excepción de las esenciales y empañando el primer aniversario de la toma de posesión del presidente Donald Trump.
El Director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), Mick Mulvaney, emitió anoche un memorando ordenando a las dependencias del gobierno que comenzaran el cierre.
El memo precisaba que debido a que OMB no tiene una señal clara del Congreso de que actuará para financiar al gobierno, es necesario ejecutar los planes "para un cierre ordenado" debido a la ausencia de asignaciones.
Las negociaciones de último minuto fracasaron cuando los senadores demócratas bloquearon una extensión de cuatro semanas en una votación a última hora, causando el cuarto cierre del gobierno en 25 años. La situación que derivó en el cierre gubernamental careció de drama: La votación del Senado, 50-48 era previsible (se necesitaban 60 votos para aprobar la medida) y, dado que el comienzo de las medidas excepcionales coincide con el fin de semana, muchos de sus efectos inmediatos pasarán desapercibidos por ahora para la mayoría de los estadounidenses.
Se trata del primer cierre del Ejecutivo desde octubre de 2013, cuando el entonces presidente Barack Obama afrontó 16 días de parálisis por el bloqueo que ejercieron los republicanos.
Entonces, Obama mandó a sus casas, suspendidos de empleo, a más de 800.000 trabajadores públicos ─los considerados "no esenciales"─
cerró museos y parques nacionales y canceló tratamientos experimentales en los centros médicos de investigación federales.
El Congreso convocó una sesión extraordinaria para este sábado a fin de empezar a estudiar una versión de la medida de gastos a corto plazo para tres semanas, y de paso aclarar que está trabajando mientras entra en vigor el cierre.
La entrada en vigor del cierre gubernamental no está exenta de riesgos políticos para ambos partidos, que apuestan porque los votantes castiguen al otro en la cita en las urnas de noviembre próximo.
Tras horas de reuniones a puerta cerrada y llamadas telefónicas, el Senado votó a última hora de la noche el plan aprobado previamente por la Cámara de Representantes. Un puñado de demócratas cambiaron el sentido de su voto y respaldaron la medida en lugar de asumir un posible costo político, mientras que cuatro republicanos votaron en contra.
Incluso antes de la votación, Trump se mostró pesimista sobre el resultado y tuiteó "No pinta bien". El mandatario culpó por la situación a los demócratas, quienes, según dijo, querían que el cierre “ayudase a reducir el éxito” de la reforma fiscal que él y los republicanos sacaron adelante el mes pasado. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, calificó más tarde a los demócratas de "perdedores obstruccionistas”.
Un puñado de demócratas cambiaron el sentido de su voto y respaldaron la medida en lugar de asumir un posible costo político, mientras que cuatro republicanos, entre elllos el senador por Arizona Jeff Flake, votaron en contra.
La Seguridad Social y la mayor parte de los programas de bienestar social no se verán afectados por la paralización de las autoridades federales. Las funciones críticas del ejecutivo se mantendrán, y los miembros de los servicios uniformados, inspectores sanitarios y agentes de la ley trabajarán sin sueldo. Pero si no se alcanza un acuerdo antes del lunes, cientos de miles de empleados federales quedarán temporalmente sin trabajo.
La mayoría de los demócratas rechazaron la ley de gastos en un esfuerzo por presionar a la Casa Blanca para lograr un acuerdo que proteja a los inmigrantes “dreamers”, que llegaron al país de forma ilegal cuando eran niños y no tienen los papeles en regla, antes de que el programa que los ampara expire en marzo.
Como era de esperar, ambos partidos se apresuraron para culparse mutuamente.
Los demócratas responsabilizaron a los republicanos, que controlan las dos cámaras del Congreso y la Casa Blanca y han tenido problemas para lograr un consenso interno.
Los republicanos, por su parte, declararon que la responsabilidad recae en los demócratas tras negarse a proporcionar los votos necesarios para superar el bloqueo en el Senado por su deseo de forzar la aprobación de una ley para proteger de la deportación a más de 700.000 jóvenes inmigrantes.
¿Cómo partes clave del gobierno federal se verán afectadas por el cierre?
Servicio de ingresos internos
Un plan de cierre publicado en el sitio web del Departamento del Tesoro muestra que casi el 44 por ciento de los 80,565 empleados del Internal Revenue Service (IRS), estarán exentos de ser suspendidos durante el cierre. Eso significa que deberán ser enviados a casa casi 45,500 empleados cuando la agencia se está preparando para el inicio de la temporada de presentación de impuestos y asimilando grandes cambios realizados por la nueva ley impositiva del Partido Republicano.
Departamento de Salud y Servicios Humanos
La mitad de los más de 80,000 empleados serán enviados a casa. Los programas clave continuarán funcionando porque sus fondos tienen una autorización continua y no dependen de la aprobación anual del Congreso. Pero pueden ocurrir interrupciones críticas en la vasta jurisdicción de los programas, incluido el de "gripe estacional". Medicare, que asegura a casi 59 millones de personas mayores y discapacitadas, continuará. Y también lo hará Medicaid, que cubre a más de 74 millones de personas discapacitadas y de bajos ingresos, incluida la mayoría de beneficiarios de ancianatos. Los estados continuarán recibiendo pagos por el Programa de Seguro de Salud para Niños, que cubre alrededor de 9 millones de beneficiarios. Sin embargo, el financiamiento a largo plazo para el programa se agotará pronto a menos que el Congreso actúe para renovarlo. En lo profundo de una dura temporada de gripe, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades no podrán apoyar el programa anual de gripe estacional del gobierno. Y la capacidad de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), para responder a los brotes de enfermedades se reducirá significativamente.
El Departamento de Justicia
Cerca de 115,000 empleos encargados de la seguridad pública del Departamento de Justicia, se les permitirá seguir trabajando durante el cierre. El asesor especial del equipo de Robert Mueller que investiga la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016 también continuará trabajando, pero su oficina se cerrará indefinidamente. Los más de 95,000 empleados que están "exentos" incluyen a la mayoría de los miembros de la división de seguridad nacional, abogados estadounidenses y la mayor parte del FBI, la Administración Antidrogas, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Servicio de Alguaciles Federales y la Prisión Federal. Los casos criminales continuarán, así como también los casos civiles que se pospondrán siempre que no comprometa la seguridad pública. La mayoría de los entrenamientos policiales se cancelarán, para el plan de contingencia del departamento.
Departamento de Estado
Muchas de las operaciones del Departamento de Estado continuarán cerradas. El procesamiento de pasaportes y visas, que en gran parte se autofinancia con las tarifas al consumidor, no se cerrará, pero su sede en Washington, DC, con 300 embajadas, consulados y otras misiones diplomáticas en todo el mundo, serán suspendidas.
Departamento de Defensa
Los militares de EE. UU. continuarán luchando en misiones en todo el mundo, incluidos Iraq, Siria y Afganistán. Sin embargo, aunque deben reportarse, no serán pagados hasta que el Congreso apruebe los fondos.
Agencias de inteligencia de los EE.UU.
La mano de obra de 17 agencias de inteligencia de los Estados Unidos se reducirá significativamente. Si bien pueden mantenerse en su lugar de trabajo, no se les puede pagar durante el cierre. En el pasado, sin embargo, se les pagó retroactivamente, incluso si se les ordenó quedarse en casa.
Departamento de Seguridad Nacional
Un vocero del departamento dijo que casi el 90 por ciento de los empleados se consideran esenciales y que continuarán desempeñando sus funciones durante el cierre del gobierno. La mayoría de los empleados de Aduanas, Protección Fronteriza y Administración de Seguridad en el Transporte permanecerán en el trabajo, de acuerdo con el plan de cierre del departamento. El Servicio de Inmigración y Aduanas será del 78 por ciento, lo que significa que más de 15,000 de los empleados de la agencia seguirán trabajando. El Servicio Secreto retendrá a más de 5,700 empleados durante el cierre.
Departamento del Interior
El Departamento del Interior dijo que los parques nacionales y otras tierras públicas seguirán siendo lo más accesibles posible. Esta posición es distinta respecto a cierres anteriores, cuando la mayoría de los parques se cerraron y se convirtieron en símbolos de alto perfil de disfunción.
Departamento de Transporte
Más de la mitad - 34,600 - de los 55,100 empleados del Departamento de Transporte continuarán trabajando en el cierre. La mayoría de los que se quedan son de la Administración Federal de Aviación, que opera el sistema nacional de control de tráfico aéreo. Los controladores y los inspectores de aviación, oleoductos y seguridad ferroviaria se encuentran entre los que continuarían trabajando, para certificar nuevas aeronaves, entrenar nuevos pilotos de aire, entrenar nuevos controladores y certificarse. En la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, se les pedirá a los investigadores que revisen la situación y se someterán a pruebas. La Administración Federal de Carreteras y la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes, cuyas operaciones se pagan en gran medida con cargo al Fondo Fiduciario Federal de Autopistas, continuarán con la mayoría de sus funciones. Los ingresos del fondo provienen de los impuestos federales y los impuestos al diesel, que se seguirán recaudando.
Institutos Nacionales de Salud
El Dr. Anthony Fauci, jefe de enfermedades infecciosas de la agencia, dijo que las operaciones no se vería afectadas. El NIH es la agencia principal del gobierno responsable de la investigación biomédica y de salud pública en 27 institutos y centros. Su investigación abarca desde estudios de cáncer hasta pruebas y creación de vacunas.
Agencia de Protección Ambiental
El administrador de EPA Scott Pruitt, dijo en un correo electrónico a todos los empleados de la EPA que el organismo tenía "recursos suficientes para permanecer abierto durante un tiempo limitado".
(Con información de AP, EFE, The Hill y VOA)
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La inmunidad presidencial de Trump en manos de la Corte Suprema
La Corte Suprema de Estados Unidos asumirá este jueves un papel determinante en el futuro político del expresidente Donald Trump, favorito por el Partido Republicano a las elecciones presidenciales del 2024.
El expresidente ha solicitado inmunidad judicial en varias acusaciones que buscan procesarlo por sus esfuerzos por anular el resultado electoral de las presidenciales de 2020.
Otras instancias del sistema judicial han rechazado su solicitud de ser protegido de cuatro cargos penales relacionados con las elecciones con el argumento de que estaba sirviendo como presidente.
Los abogados de Trump dijeron a los jueces que un expresidente tiene "inmunidad absoluta contra el enjuiciamiento penal por sus actos oficiales" y alertaron que sin esa protección "la amenaza de un futuro enjuiciamiento y encarcelamiento se convertiría en un garrote político para influir en las decisiones presidenciales más sensibles y controvertidas".
Una decisión rápida de la Corte Suprema podría permitir que el juicio se lleve a cabo antes de las elecciones de noviembre.
Trump no asistirá a los argumentos de la Corte Suprema, integrada por una mayoría conservadora, entre los que se incluyen Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, los tres nombrados por el expresidente republicano. Los miembros de la rama judicial son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado.
En 2020 la misma instancia rechazó varios intentos que buscaron anular los resultados de las elecciones presidenciales que dieron la victoria a Joe Biden, por un margen de 306 a 232 votos en el colegio electoral de EE.UU.
En marzo, la Corte Suprema concedió una importante victoria para la carrera de Trump cuando anuló una decisión judicial que le había excluido de la papeleta electoral de Colorado en virtud de una disposición constitucional relativa a la insurrección por incitar y apoyar el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos perpetrado por sus partidarios.
Desde la histórica sentencia del caso Bush contra Gore, que en 2000 dio la victoria al republicano George W. Bush sobre el demócrata Al Gore, la corte no había desempeñado un papel tan importante en una carrera presidencial.
Los casos de la Corte Suprema son casi completamente de naturaleza apelativa y las decisiones de esta corte no pueden apelarse ante ninguna otra autoridad, ya que la Corte Suprema es la última instancia decisoria en los Estados Unidos en cuanto a las leyes federales. Sin embargo, la Corte Suprema puede considerar apelaciones de las cortes estatales de mayor rango o de los tribunales federales de apelaciones. La Corte también tiene jurisdicción de primera instancia sobre ciertos tipos de casos, incluyendo aquellos que implican a embajadores y otros funcionarios diplomáticos, y casos entre estados.
Nuevas detenciones en protestas estudiantiles en EEUU por la guerra de Gaza
Las protestas en universidades en Estados Unidos contra la guerra entre Israel y Hamás obligaron el martes a algunas casas de estudio a imponer las clases virtuales.
NUEVA YORK, EEUU — Los pulsos entre las universidades estadounidenses y las protestas propalestinas de sus alumnos eran cada vez más tensos el miércoles en ambas costas, y la Universidad de Columbia marcó un plazo límite a cientos de personas para que levantaran un campamento, mientras docenas de inconformes seguían atrincherados en dos edificios en un campus universitario del norte de California.
Los dos incidentes formaban parte de unas manifestaciones estudiantiles que ganaban intensidad en todo el país por la guerra de Israel con Hamás. Los estudiantes reclaman que las escuelas corten lazos financieros con Israel y desinviertan de compañías implicadas en el conflicto. Docenas de personas han sido detenidas y acusadas de allanamiento o alteración del orden.
El presidente de Columbia, Minouche Shafik, fijó el martes en un comunicado un plazo límite para llegar a un acuerdo con los alumnos para desalojar el campamento o “consideraremos opciones alternativas”.
Ese plazo pasó sin noticias de un acuerdo. Videos del lugar mostraban a algunos manifestantes retirando sus carpas mientras otros redoblaban sus discursos. Circulaban rumores en internet sobre que el plazo se había retrasado a la mañana, aunque la universidad declinó confirmarlo.
El incremento de la tensión se daba la noche antes de que el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, viajara a Columbia para visitar a los estudiantes judíos y hablar sobre el antisemitismo en los campus universitarios.
En el otro extremo del país, los manifestantes en la Universidad Politécnica Estatal de California, Humboldt, empezaron a utilizar muebles, carpas, cadenas y bridas para bloquear los acceso a un edificio el lunes por la noche. Era un desafío más inesperado en una región conservadora de California, unos 480 kilómetros (300 millas) al norte de San Francisco.
“¡No les tenemos miedo!”, coreaban los inconformes antes de que agentes con material antimotines trataran de abrirse paso en la entrada del edificio, según videos. La alumna Peyton McKinzie dijo que estaba entrando el lunes en el campus cuando vio a la policía agarrar a una mujer por el pelo y a otro alumno al que le estaban vendando la cabeza por una herida.
“Creo que muchos alumnos están en shock por eso”, dijo a The Associated Press.
Tres estudiantes fueron detenidos, según un comunicado de Cal Poly Humboldt, que cerró el campus hasta el miércoles. Un número desconocido de alumnos había ocupado un segundo edificio del campus el martes.
El incremento de las manifestaciones ha obligado a las universidades a buscar un equilibrio entre la seguridad del campus y los derechos de libertad de expresión. Muchas toleraron durante mucho tiempo las protestas, que en su mayoría reclamaban que las universidades condenaran el ataque de Israel a Gaza y desinvirtieran de compañías que venden armas a Israel.
Ahora las universidades imponen una disciplina más estricta alegando motivos de seguridad, mientras algunos estudiantes judíos dicen que las críticas a Israel han derivado en antisemitismo.
Las protestas contra la guerra en la Franja de Gaza llevaban meses bullendo, pero se intensificaron luego del arresto el jueves de la semana pasada de más de 100 manifestantes que habían acampado en el campus de la Universidad de Columbia en Manhattan.
En la Universidad de Nueva York, 133 personas habían sido detenidas y liberadas para el lunes por la noche con orden de comparecer ante una corte bajo cargos de alteración del orden público.
En Connecticut, la policía arrestó a 60 manifestantes —incluidos 47 estudiantes— en la Universidad de Yale, luego de que se rehusaron a abandonar un campamento en el centro del campus.
El presidente de Yale, Peter Salovey, dijo que los manifestantes habían rechazado una oferta para poner fin a la protesta y reunirse con los administradores. Después de varias advertencias, las autoridades escolares determinaron que “la situación ya no era segura”, así que la policía desalojó el campamento y realizó los arrestos.
En la región del centro-norte de Estados Unidos, un campamento en el campus de la Universidad de Michigan había crecido hasta tener casi 40 tiendas de campaña. Y nueve manifestantes contra la guerra de la Universidad de Minnesota fueron detenidos luego de que la policía desmanteló un campamento frente a la biblioteca. Cientos de personas marcharon en el campus de Minnesota por la tarde para pedir su liberación.
La Universidad de Harvard, en Massachusetts, ha intentado adelantarse a las protestas cerrando la mayoría de las puertas de acceso a su famoso Harvard Yard y limitando el acceso a quienes lleven una identificación de la escuela. La universidad también ha colocado carteles que advierten contra la instalación de tiendas o mesas en el campus sin permiso.
Las protestas en los campus comenzaron tras el letal ataque de Hamás contra el sur de Israel, en el que mataron unas 1.200 personas, la mayoría civiles, y unas 250 personas fueron tomadas como rehenes. En la guerra posterior, Israel ha matado a más de 34.000 palestinos en la Franja de Gaza, según el ministerio de salud local, que no distingue entre civiles y combatientes pero señala que al menos dos tercios de los muertos eran mujeres y niños.
Cuba, entre los países con más residentes y nacionalizados en EEUU en 2023
Cuba está entre los países con más ciudadanos residentes y nacionalizados en EEUU en 2023.
De acuerdo con un informe sobre Política de Nacionalización publicado recientemente, en el país norteamericano había al cierre del año pasado un total de 1.314.330 cubanos, de ellos el 64 por ciento se había naturalizado como ciudadano estadounidense y otro 30% era potencialmente elegible para serlo.
Solo el 6% de los cubanos radicados en EEUU resultó no elegible para obtener la ciudadanía ese año.
Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), en 2023 hubo más de 153.000 entradas irregulares de cubanos a Estados Unidos. Otros 67.000 volaron directamente a territorio norteamericano gracias al programa conocido como Parole Humanitario, implementado en enero de ese año por la administración de Joe Biden.
Esos números, sumados a los más de 313.000 que ingresaron en 2022, representan el mayor éxodo de ciudadanos de la isla de las últimas décadas.
A esta ola migratoria solo le preceden la del Mariel, en la década de 1980, cuando se registró la salida de 130.000; la llamada "Crisis de los balseros", en 1994, con 35.000; y la salida de unos 300.000 poco entre 1960 y 1963 después de la llegada de Fidel Castro al poder.
El Informe Anual correspondiente al año fiscal 2023 indica además que Cuba está entre los 10 países con mayor cantidad de expedientes bajo monitoreo de ICE.
"Un total de 442.624 cubanos están siendo monitoreados por las autoridades migratorias estadounidenses fuera de un entorno de detención, a través de una variedad de mecanismos", recoge el documento.
Fuertes críticas de EEUU por violaciones de los derechos humanos en Cuba: “No hay cambios”
El Departamento de Estado de Estados Unidos criticó la falta de “cambios” en la situación de los derechos humanos en Cuba durante la presentación este lunes de su informe sobre Derechos Humanos en el mundo.
“En Cuba, según informes, más de 1.000 presos políticos están detenidos injustamente y sometidos a malos tratos; sus familiares también son blanco de amenazas”, asegura el reporte, que también llama la atención sobre la situación en Nicaragua.
“En Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo cerró más de 300 organizaciones de la sociedad civil en 2023, lo que elevó el número de organizaciones cerradas a más de 3.500. El régimen también despojó a más de 300 personas de su ciudadanía y mantiene retenidos a más de 100 presos políticos en condiciones atroces”, asegura el texto.
Continúan en Cuba las violaciones a las libertades fundamentales
De acuerdo con el informe del Departamento de Estado, existen denuncias creíbles de ejecuciones arbitrarias o ilegítimas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, y de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del gobierno a los reclusos, además de condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales.
El informe da cuenta además de “graves problemas con la independencia del poder judicial” y severas restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa en la isla. EEUU tomó nota de los cortes de internet, así como sobre las leyes “demasiado restrictivas” contra las organizaciones no gubernamentales y religiosas.
Este informe del Departamento de Estado sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que concede a cada nación.
EEUU asegura en su reporte que los cubanos no pueden cambiar su gobierno pacíficamente mediante elecciones libres y justas, y que las autoridades de la isla mantienen restricciones graves e irrazonables a la participación política, además de una “grave corrupción gubernamental”.
Otro de los puntos tomados en cuenta por Estados Unidos fueron las llamadas misiones médicas en el exterior, a las que calificó como “trabajo forzoso patrocinado por el Estado”.
“El gobierno no tomó medidas significativas para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos”, dijo el Departamento de Estado.
El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez, respondió al informe acusando al Secretario de Estado, Antony Blinken, de “no preocuparle” los derechos humanos de cubanos y palestinos.
“Le preocupan los derechos de los productores de armamento y sus objetivos de dominación y saqueo”, escribió Rodríguez en X.
Decenas de activistas respondieron a las palabras de Rodríguez en X publicando imágenes de represión.
Venezuela también ha mantenido su régimen autoritario sin cambios
El Departamento de Estado también fue muy crítico con el régimen de Nicolás Maduro, al que acusó de casos de torturas, abusos y desapariciones de personas.
“La Defensoría del Pueblo, afín a Maduro, no publicó estadísticas sobre denuncias de tortura por parte de la policía durante el año. Varias ONG denunciaron casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes”, señala el informe dado a conocer por el secretario Blinken.
“Grupos de derechos humanos y el FFM denunciaron que representantes de Maduro seguían influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de forma selectiva y subjetiva”, añade el documento.
Preocupación por Ucrania y Gaza
Este informe del Departamento de Estado sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que concede a cada nación. El reporte se elabora desde 1977.
En el documento, Estados Unidos también mostró su preocupación por las crisis en el mundo, especialmente los “crímenes de lesa humanidad” cometidos en Ucrania por los ocupantes rusos y la muerte de decenas de miles de civiles palestinos en la ofensiva israelí contra Hamás, considerada por el gobierno estadounidense una organización terrorista.
Departamento de Justicia de EEUU crea norma de prestaciones para empleados afectados por Síndrome de La Habana
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dado a conocer la creación de una "norma provisional final" en beneficio de empleados, exempleados y sus familiares que presenten lesiones cerebrales calificadas como "incidentes de salud anómalos", asociadas con el llamado “Síndrome de La Habana”.
La norma, que entrará en vigor el próximo 20 de mayo, contempla a "personas que experimentan consecuencias a largo plazo, incluyendo potencialmente una incapacidad para trabajar de manera remunerada”, se basa en la llamada HAVANA Act de 2021 y explica en qué circunstancias y formas serán compensados los trabajadores afectados.
Debido a la numerosa y variada naturaleza de esas lesiones cerebrales, la norma se aplicaría de manera bastante amplia y las compensaciones, que se otorgarán como “pago único”, oscilan entre 153.000 y 204.000 dólares.
“El Departamento (de Justicia) cree que esta cantidad es la máxima con la que se puede compensar razonablemente a cada solicitante, al tiempo que garantiza los fondos para el número total de solicitantes que cree que, probablemente, recibirán pagos", explica la norma.
Para los aquejados de “afectaciones anómalas que sufran de incapacidad para trabajar o necesiten cuidados personales a tiempo completo”, la norma contempla el derecho a un “pago adicional”.
La semana pasada, senadores de ambos partidos pidieron a la administración del presidente Joe Biden reevaluar las conclusiones sobre el Síndrome de La Habana, después que un reportaje de CBS News generara preocupaciones en Washington sobre la presunta culpabilidad de Rusia.
"No hay mayor prioridad que la salud y la seguridad de los empleados del gobierno estadounidense y de sus familiares que comprometen sus vidas para promover los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos", escribieron los legisladores en carta al presidente.
El llamado “Síndrome de La Habana” salió a la luz pública en 2016, cuando empleados estadounidenses en la Embajada de EEUU en la capital cubana dijeron experimentar síntomas neurológicos que incluían fuertes dolores de cabeza, náuseas, desequilibrio físico y pérdida de audición, entre otros, llamados luego por las autoridades y la comunidad científica “Incidentes Anómalos de Salud” o AHIs, por sus siglas en inglés.
Más adelante, miembros del cuerpo diplomático norteamericanos ubicados en embajadas de China, Vietnam, Colombia, Rusia y otros países de Europa reportaron padecer síntomas similares.
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