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Estados Unidos

Gobierno de Biden estudia beneficios para contratistas de compañías como Uber y Lyft

AP Photo/Michael Dwyer

WASHINGTON, 29 abr (Reuters) - El secretario de Trabajo del presidente Joe Biden dijo que la mayoría de los trabajadores de plataformas en Estados Unidos deberían ser clasificados como "empleados" con derecho a beneficios, en lo que podría ser un cambio de política que aumente los costos de empresas que dependen de contratistas, como Uber y Lyft.

Las acciones de Uber caían hasta un 8%, mientras que las de Lyft se hundían hasta un 12%. Doordash bajaba un 9% y Grubhub un 3,3%.

Se espera que el secretario de Trabajo, Marty Walsh, hijo de inmigrantes irlandeses y antiguo miembro de un sindicato, potencie los esfuerzos del presidente Biden para ampliar las protecciones de los trabajadores y consiga una victoria para el movimiento sindical del país.

"Lo estamos estudiando, pero en muchos casos los trabajadores de las plataformas deberían ser clasificados como empleados (...) en algunos casos se les trata con respeto y en otros no, y creo que hay que ser coherente en todos los ámbitos", dijo Walsh a Reuters el jueves en una entrevista, expresando por primera vez su opinión sobre el tema.

"Estas empresas están obteniendo ganancias e ingresos y no voy a envidiar a nadie por ello, porque de eso se trata Estados Unidos (...) pero también queremos asegurarnos de que el éxito repercuta en el trabajador", señaló.

Se espera que la labor de Walsh tenga una gran repercusión en las leyes y reglamentos laborales, incluida la aplicación rigurosa de las normas de seguridad y salud en el trabajo, el pago de horas extraordinarias y la correcta administración de los planes de beneficios para los empleados.

La Oficina de Estadísticas Laborales informó en 2017 que 55 millones de personas en Estados Unidos trabajaban para plataformas -o el 34% de la fuerza laboral- y se proyectaba que aumentarían al 43% en 2020.

El punto de vista de Walsh sobre el asunto podría dar lugar a nuevas resoluciones del departamento, que establece las directrices legales sobre cómo los empleadores tratan a los trabajadores.

Antes de su nombramiento, la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo propuso rescindir una norma adoptada en enero que habría facilitado la clasificación de los trabajadores como contratistas independientes.

Walsh dijo que el Departamento mantendrá conversaciones en los próximos meses con las empresas que emplean mano de obra no contratada para asegurarse de que los trabajadores tengan acceso a salarios consistentes, bajas por enfermedad, atención médica y "todas las cosas a las que un empleado promedio en Estados Unidos puede acceder".

La decisión del Departamento podría tener implicaciones de gran alcance en los servicios de transporte como Uber Inc , Lyft y las aplicaciones de entrega de alimentos como Grubhub Doordash y Postmates. Las empresas no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Los llamados trabajadores "gig" son contratistas independientes que prestan servicios a pedido como conductores, repartidores de comestibles o cuidado de niños, y tienen un tercio más de probabilidades de ser negros o latinos, según una encuesta de Edison Research.

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Estados Unidos donará 345 millones de dólares a la lucha mundial contra COVID-19

Bolsa con ayuda humanitaria enviada por USAID

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) anunció que planeará proporcionar USD 345 millones para asistencia con vacunas vitales, suministros de oxígeno y apoyo de emergencia específico para los focos de COVID-19. Específicamente:

USD 195 millones para ayudar a los países de todo el mundo a fortalecer sus programas de vacunación, incluida la creación de sitios de vacunación, la capacitación de los trabajadores de la salud para administrar vacunas, la identificación de poblaciones prioritarias en riesgo, la lucha contra la desinformación sobre vacunas y más.

USD 50 millones para ampliar el acceso a tratamientos vitales con oxígeno para ayudar a abordar la crisis mundial del oxígeno.

$100 millones para priorizar las intervenciones de respuesta rápida en los países en desarrollo para combatir los aumentos repentinos de COVID-19.

Estos fondos fueron anunciados hoy en la reunión del Presidente Biden en la Cumbre Mundial sobre COVID-19: Poner fin a la pandemia y reconstruir de una forma mejor, la mayor reunión de jefes de estado hasta la fecha para abordar la pandemia. El Presidente Biden pidió a los líderes mundiales, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y la comunidad filantrópica que amplíen y mejoren los esfuerzos compartidos para derrotar la pandemia. El Presidente pidió una mayor ambición global para poner fin a la pandemia de COVID-19 en 2022 con una urgencia nueva y enfocada.

USAID y el Departamento de Estado han proporcionado hasta la fecha más de USD 9.800 millones para combatir COVID-19 en más de 120 países. Con este financiamiento adicional, USAID acelerará sus esfuerzos para vacunar al mundo y salvar vidas.

Estados Unidos reitera en ONU su apoyo al acceso sin restricciones de los cubanos a Internet

Los cubanos captaron en sus teléfonos los sucesos del 11 de julio en la isla. (AP/Eliana Aponte, file)

El Gobierno de Estados Unidos se unió este miércoles a otras voces internacionales en la 76 Asamblea General de Naciones Unidas para reiterar su apoyo al acceso sin restricciones de los cubanos a internet, y condenó las acciones del régimen para reprimir la libertad en línea en Cuba.

“Hoy el Gobierno de Estados Unidos se unió a los actores internacionales en #UNGA76 para reiterar su apoyo al acceso sin restricciones de los cubanos a Internet y condenó las acciones para reprimir la libertad en línea en Cuba”, señaló en Twitter la Embajada estadounidense en La Habana.

Un informe de la ONU sobre censura en internet señala que "En América Latina, por ejemplo, solo se registraron cierres en Nicaragua y Venezuela a partir de 2018, pero desde entonces, Colombia, Cuba y Ecuador han adoptado cierres en relación con protestas masivas".

Estados Unidos denunció en septiembre que la censura en Internet implementada por el régimen cubano ha ido en aumento tras las protestas masivas que sacudieron a la isla el 11 de julio pasado.

“Bloqueo de contenido, apagados parciales de internet, nuevas leyes represivas de "ciberseguridad", 2 meses desde que el pueblo cubano protestó pacíficamente por la libertad, el gob. continúa su represión. Deben permitir el libre flujo de información hacia, desde y dentro de Cuba”, señala un tuit del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado reproducido por la Embajada estadounidense en La Habana.

A finales de agosto, los congresistas de Florida María Elvira Salazar y Michael Waltz, y la representante por Nueva York Claudia Tenney, junto a una docena de legisladores republicanos, presentaron ante el Congreso la Ley de Libertad Estadounidense y Acceso a Internet, un proyecto que implementa la “Operación Starfall”, un plan estratégico para brindar acceso a las comunicaciones inalámbricas en el extranjero en medio de apagones, desastres “o cuando los regímenes deshonestos" como Cuba "cierren el acceso a Internet”.

Días antes, el 17 de agosto, el gobierno estadounidense rechazó frontalmente las nuevas medidas anunciadas por Cuba para restringir el internet. "Es una ley de censura" cuyo objetivo es silenciar a la población, advirtió el Departamento de Estado.

Cuba incorporó a su legislación una medida que condena la difusión de "noticias falsas" en la red de redes, tipificándolas como "acciones de alta peligrosidad".

Además, dispuso un “modelo de actuación” con un formulario para ser llenado en caso de que alguien quisiera denunciar estos “incidentes de ciberseguridad” como parte de una serie de normas jurídicas que llegan a un mes de las protestas del 11J.

Pero antes, el 11 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que pertenece al Departamento del Tesoro norteamericano, y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), del Departamento de Comercio, manifestaron su compromiso de “apoyar la libertad de Internet en Cuba”.

Las entidades federales dieron a conocer la Hoja informativa "Apoyar el derecho del pueblo cubano a buscar, recibir e impartir Información a través del acceso seguro y protegido a Internet". El documento destaca "las exenciones y autorizaciones pertinentes para apoyar al pueblo cubano a través de la provisión de ciertos servicios de internet, y servicios de telecomunicaciones relacionados".

Ese mismo día, el Senado de Estados Unidos adoptó, en votación oral, la enmienda # 3097 a la Resolución de Presupuesto del Senado que requiere que la Administración Biden facilite el acceso libre, abierto y sin censura a Internet para los cubanos en la isla.

Los senadores republicanos de la Florida, Marco Rubio y Rick Scott presentaron la enmienda, que propone crear un Fondo de Reserva Neutral de Déficit (DNRF, por sus siglas en inglés) en el próximo proyecto de ley de reconciliación que se utilizará para desarrollar y desplegar la tecnología existente en la isla.

El pasado 30 de julio, en una reunión con líderes cubanoamericanos, el presidente Joe Biden, declaró que su Administración estaba "aumentando el apoyo directo al pueblo cubano al buscar todas las opciones disponibles para proporcionar acceso a Internet para ayudar al pueblo cubano a evitar la censura".

En julio, la Casa Blanca publicó el documento Hoja Informativa: Medidas de la Administración Biden-Harris sobre Cuba en el cual se detalla la política del gobierno de Estados Unidos hacia la isla y donde se da especial atención a la Internet libre para Cuba.

El documento detalla que la administración Biden se asegurará que los ciudadanos cubanos tengan acceso a Internet al declarar que “está
colaborando activamente con el sector privado para identificar formas creativas de garantizar que el pueblo cubano tenga un acceso seguro al libre flujo de información en Internet".

Añade que Biden ha hecho un llamado al régimen cubano para que "restablezca y mantenga el acceso a todos los servicios de Internet y telecomunicaciones para todas las personas dentro de su frontera", al tiempo que condena "el uso de cierres parciales o totales de Internet y restricciones de red" que restringen el ejercicio de los derechos humanos.

"La comunidad internacional debe condenar enérgicamente el bloqueo intencional del acceso a Internet”, subraya el documento.

Cuba clasifica como país "no libre" en el reporte más reciente de Freedom House sobre libertad global a la red de redes.

Camino al escritorio de Biden ley bipartidista para apoyar a víctimas del "Síndrome de La Habana"

Embajada de EEUU en La Habana.

Un proyecto de ley para brindar apoyo financiero al personal del Gobierno de Estados Unidos que padece el denominado Síndrome de La Habana iba este miércoles camino al escritorio del presidenteJoe Biden, después de que la Cámara lo aprobara el martes.

La Ley de Ayuda a las Víctimas Estadounidenses Afligidas por Ataques Neurológicos, o Ley HAVANA, es una de las medidas más importantes aprobadas hasta la fecha para abordar los misteriosos incidentes de salud que han afectado a los diplomáticos y otros trabajadores estadounidenses desde al menos 2016, que siguen sin resolverse.

La ley permitiría al Gobierno federal pagar a las personas con lesiones cerebrales en lugares como Cuba o China. El Senado aprobó el proyecto de ley el 7 de junio y enfrentó múltiples retrasos en la Cámara.

Aunque la Casa Blanca no ha dicho explícitamente si Biden lo firmará, ha apoyado esfuerzos adicionales para investigar la causa y los orígenes del Síndrome de La Habana y brindar más ayuda a los estadounidenses que lo afrontan.

La senadora Susan Collins, republicana por Maine, quien ayudó a elaborar el proyecto de ley bipartidista, dijo que había hablado con algunas de las víctimas de lo que dijo eran "ataques atroces".

"Demasiadas víctimas del Síndrome de La Habana han tenido que luchar contra la burocracia para recibir atención para sus lesiones debilitantes", dijo Collins, quien redactó el proyecto de ley con la senadora Jeanne Shaheen, DN.H., y los líderes del Comité de Inteligencia del Senado, el demócrata Mark Warner de Virginia y el republicano Marco Rubio, de Florida.

"Esperamos que avance. Esto le provee ayuda a las personas que han sido lesionadas por estos ataques que ya no solamente representan ataques en La Habana sino también en China y en diferentes partes del mundo y seguimos oyendo de nuevos casos", dijo el senador Rubio sobre el proyecto de ley.

“Obviamente esto es algo que, por una parte es bien misterioso, pero por otra parte creo que vamos a poder solucionar algo. Vamos a saber primero qué fue lo que se utilizó para crear este tipo de daño (...). Y después, obviamente, quién fue el que lo hizo. Lo que yo puedo asegurarle a todo el mundo -y creo que esta audiencia no necesita que lo asegure- es imposible llevar a cabo un ataque utilizando tecnología contra norteamericanos en La Habana y que el régimen no sepa quién lo hizo. Es imposible. Es una de las ciudades más monitoreadas del mundo. O fueron ellos, o ellos lo permitieron. Ellos saben quién es, porque en La Habana ellos monitorean [al personal americano] todo el tiempo. Ninguna organización puede llevar a cabo un ataque en contra de norteamericanos en La Habana y que el régimen cubano no sepa quién fue”, agregó el senador cubanoamericano durante una entrevista con los presentadores Nelson Rubio y Rodrigo Durán, de Radio Mambí.

Por su parte, el senador demócrata Bob Menendez se con gratuló por la aprobación del proyecto de ley con las siguientes palabras: Buenas noticias: La Ley de LA HABANA se dirige al escritorio del Presidente. Me comprometo a brindar el apoyo y los beneficios necesarios al personal estadounidense y a los familiares heridos en ataques alarmantes en La Habana, China y en todo el mundo. Debemos llegar al fondo de esto y responsabilizar a los perpetradores”.

Al menos 200 estadounidenses se han presentado para describir posibles casos del Síndrome de La Habana, informó NBC News la semana pasada, como parte de una ola de nuevos informes que, según funcionarios occidentales, incluyen incidentes recientemente identificados en todo el mundo. Casi la mitad de los casos potenciales involucran a oficiales de la CIA o sus familiares, alrededor de 60 involucran a empleados militares o familiares, y alrededor de 50 estaban vinculados al Departamento de Estado, dijeron dos funcionarios.

Incluyen al menos un diplomático en Vietnam el mes pasado justo antes de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris y un funcionario de la CIA que viajaba a India este mes con el director de la CIA William Burns.

Los primeros incidentes del síndrome médicamente confirmados por el Gobierno de Estados Unidos fueron en La Habana en 2016 y 2017, durante el deshielo entre el dictador Raúl Castro y el presidente Barack Obama. Estados Unidos luego evacuó a diplomáticos de China y confirmó que al menos un estadounidense que trabajaba allí estaba afectado.

En enero de 2019 Canadá decidió retirar a la mitad del personal canadiense en su embajada en Cuba después de que otro diplomático enfermara misteriosamente.

Canadá ha confirmado 14 casos de problemas misteriosos de salud en La Habana desde principios de 2017.

Senado de EEUU busca apoyar a mujeres y niños venzolanos

Migrantes venezolanos en Arauquita, Colombia, entre ellos mujeres y menores de edad, acampan en una estación temporal tras enfrentamientos militares en Venezuela en el mes de abril de 2021.

La resolución pretende brindar apoyo, tanto dentro como fuera de Venezuela, a estos dos grupos demográficos que se han visto especialmente afectados por la crisis humanitaria que afecta al país latinoamericano.

Una resolución bipartidista del Senado de Estados Unidos busca aunar el apoyo a la crisis que viven mujeres y niños en Venezuela, una crisis que se ha agudizado con la pandemia del coronavirus, y la asistencia a los migrantes.

La resolución “expresa la alarma del Congreso ante las crecientes necesidades humanitarias de las mujeres y niños dentro de Venezuela y aquellos que buscan protección internacional en países vecinos”.

Según cifras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 5,4 millones de venezolanos se han visto obligados a salir del país, huyendo de la grave crisis humanitaria en la nación latinoamericana.

La resolución presentada apoya el trabajo de Estados Unidos y la comunidad internacional en defensa de los migrantes venezolanos, pero también enfatiza en cómo las venezolanas han tenido que hacer frente a la grave crisis.

El documento dado a conocer el miércoles está encabezado por el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, y respaldado por sus correligionarios Tim Kaine, de Virginia, Ben Cardin, de Maryland y Dick Durbin, de Illinois, así como por los senadores republicanos Marco Rubio, de Florida y Bill Cassidy de Luisiana.

La criminalidad y el despotismo desenfrenados del régimen de Maduro han dado lugar a la crisis migratoria y de refugiados más severa en la historia moderna de nuestro hemisferio”, señaló el senador Menéndez, quien es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, citado en un comunicado.

En tanto el senador Rubio dijo que “el costo humano de la debacle humanitaria de la narcorregión de Maduro ha resultado en el desplazamiento de 6 millones de venezolanos en todo el mundo”.

Por su parte los demás senadores apoyaron la resolución y pidieron que el gobierno de EE. UU. respalde el proyecto para así proveer de alimentos, albergue y atención médica a los refugiados venezolanos en la región.

El martes el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, destacó en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, cómo su país ha servido de refugio para más de 400.000 venezolanos, para quienes dijo, las autoridades han dispuesto los procesos legales a fin de ofrecerles documentos que les permitan trabajar y tener atención de salud.

Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay son señalados en la resolución encabezada por el senador Menéndez por haber coordinado labores de solidaridad y apoyo bajo en el Proceso de Quito.

Senador Rubio aplaude avance de ley que brinda ayuda a las víctimas de misteriosos ataques a la salud

Marco Rubio, senador Republicano por La Florida

El senador Marco Rubio se unió a la senadora Susan Collins y sus colegas para aplaudir la aprobación unánime de su legislación por parte de la Cámara de Representantes "para apoyar a los servidores públicos estadounidenses que han sufrido lesiones cerebrales por probables ataques de energía dirigida".

“La Ley de Ayuda a las Víctimas Estadounidenses Afligidas por Ataques Neurológicos (HAVANA) autoriza una compensación adicional para las personas lesionadas y se aplica a los empleados del Departamento de Estado de los EEUU o de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a discreción del jefe de la agencia respectiva”, dijo Rubio en un comunicado de prensa.

Esta legislación requeriría que la CIA y el Departamento de Estado informen al Congreso sobre cómo se está utilizando esta autoridad y si se requieren acciones legislativas o administrativas adicionales. El Senado aprobó por unanimidad este proyecto de ley el 7 de junio y la Cámara lo hizo el martes. Con la firma del presidente, se convierte en ley.

Síndrome de La Habana, explicó el senador, es el término “que se le da a una enfermedad que surgió entre más de 40 empleados de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, a partir de 2016”.

Desde entonces, “al menos una docena de diplomáticos estadounidenses en el consulado estadounidense en Guangzhou sufrieron síntomas consistentes con los efectos de la energía de radiofrecuencia dirigida, pulsada y, según el director de la CIA, William Burns, ha habido un par de cientos de casos entre el personal estadounidense. Los informes de prensa indican que algunos de estos casos han ocurrido en suelo estadounidense”.

“Los síntomas han incluido fuertes dolores de cabeza, mareos, tinnitus, problemas visuales y auditivos, vértigo y dificultades cognitivas, y muchos miembros del personal afectados continúan sufriendo problemas de salud años después de los ataques. El HAVANA Act otorgará al director de la CIA, al secretario de Estado y a otros jefes de agencias autoridad adicional para brindar asistencia financiera a quienes sufren lesiones cerebrales como resultado de estos ataques".

Se unieron a Rubio y Collins en la reintroducción de este proyecto de ley bipartidista los senadores Mark Warner (D-VA), Jeanne Shaheen (D-NH), John Cornyn (R-TX), Michael Bennet (D-CO), Roy Blunt (R -MO), Kirsten Gillibrand (D-NY), Richard Burr (R-NC), Martin Heinrich (D-NM), Ben Sasse (R-NE), Dianne Feinstein (D-CA), Tom Cotton (R-AR ), Angus King (I-ME) y Jim Risch (R-ID).

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