Estados Unidos
TPS en la búsqueda de un estado de inmigración más estable
Para muchos beneficiarios de TPS, las esperanzas de un camino hacia la ciudadanía estadounidense se frustraron el lunes cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que ciertos inmigrantes con TPS no pueden obtener tarjetas de residencia o residencia permanente en Estados Unidos.
Rose Tilus tenía 17 años cuando su familia la envió desde Haití a vivir con un pariente en Florida. Los padres de Tilus temían por su seguridad debido a los disturbios políticos y civiles en Haití en ese momento. Dejó a cuatro hermanos.
Eso fue hace 20 años.
Hoy, Tilus todavía vive con miedo. Pero esta vez gira en torno a su estado migratorio en Estados Unidos.
“Mi pensamiento diario es, '¿Qué pasa si me deportan? ¿Qué pasa si me envían de regreso? Así que eso siempre está en el fondo de mi cabeza. ¿Que debería hacer?" Dijo Tilus.
Tilus se encuentra entre los más de 300.000 ciudadanos extranjeros que viven en Estados Unidos y que tienen Estatus de Protección Temporal (TPS). La designación permite que los haitianos y los ciudadanos de otras 11 naciones que cumplan con ciertos requisitos estén protegidos de la deportación y obtengan un permiso de trabajo. Sin embargo, no les da un camino hacia la residencia permanente y la ciudadanía estadounidense.
Por definición, TPS fue diseñado como una protección humanitaria temporal. Como señaló el entonces secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, en 2017, "el TPS, tal como lo establece la ley, es de naturaleza inherentemente temporal, y los beneficiarios deben planificar en consecuencia para que este estado finalmente termine".
Pero para muchos, ese estatus se ha extendido y renovado repetidamente, tiempo durante el cual se han construido vidas en Estados Unidos. En el caso de Tilus, se convirtió en enfermera, sirvió en primera línea contra la pandemia de coronavirus y obtuvo una maestría.
Después de más de una década de vivir de renovación en renovación bajo diferentes administraciones estadounidenses, Tilus dijo a la VOA que se siente atrapada en un agujero e "incapaz de salir".
Para muchos beneficiarios de TPS, las esperanzas de un camino hacia la ciudadanía estadounidense se frustraron el lunes cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que ciertos inmigrantes con TPS no pueden obtener tarjetas de residencia o residencia permanente en Estados Unidos.
La decisión unánime del tribunal impacta a quienes ingresaron a Estados Unidos de manera irregular. Los jueces encontraron unánimemente que obtener el TPS no constituye una admisión legal a Estados Unidos. Uno de los requisitos para ajustar su estado mientras vive en Estados Unidos y convertirse en titular de una tarjeta verde es haber ingresado al país legalmente.
Aunque Tilus no se ve afectada por el caso, ya que ingresó al país con una visa de turista, la decisión es un golpe para los titulares de TPS que ingresaron de forma irregular a Estados Unidos.
El próximo paso podría depender del Congreso, según Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho de inmigración en la facultad de derecho de la Universidad de Cornell.
"El Tribunal señaló que el Congreso podría solucionar el problema mediante la legislación", dijo Yale-Loehr a la VOA. “De hecho, ese proyecto de ley está pendiente en el Congreso. La decisión destaca la necesidad de que el Congreso promulgue una legislación de inmigración para arreglar nuestro sistema de inmigración quebrado", dijo.
Yale-Loehr señaló que algunos titulares de TPS han estado viviendo en el país durante más de 20 años.
Cuando comenzó el TPS
El TPS fue establecido por primera vez por el Congreso de Estados Unidos como parte de la Ley de Inmigración de 1990.
El estatuto primero otorgó al fiscal general de Estados Unidos y, luego, al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la autoridad para designar un país para TPS bajo una o más condiciones. Incluyen un conflicto armado en curso o cualquier otra "condición extraordinaria y temporal" en la que los ciudadanos extranjeros no pueden regresar de manera segura a su país de origen. El DHS fue creado en 2002.
Los nacionales de 12 países están protegidos por TPS: Haití, El Salvador, Siria, Nepal, Honduras, Yemen, Somalia, Sudán, Nicaragua, Myanmar, Sudán del Sur y Venezuela.
Haití, Myanmar (antes conocido como Birmania) y Venezuela fueron designados para TPS después de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo. El Gobierno de Estados Unidos estima que 323.000 venezolanos, 1.600 birmanos y 100.000 a 150.000 ciudadanos haitianos podrían ser elegibles.
La designación de TPS de Haití durará 18 meses. Para Tilus, el miedo y la ansiedad simplemente se posponen, no se terminan.
“Este [estado de protección] se otorga y luego, 18 meses después, es como estar en esta experiencia de pánico (…) Yo lloro mucho. Causa ansiedad y depresión (...) Es el miedo a no saber qué va a pasar”, dijo Tilus.
La primera designación de TPS de Haití se produjo en 2010 después de que un terremoto devastó la nación caribeña, dejando miles de muertos y la desvencijada infraestructura del país destruida. Se produjo una gran crisis humanitaria. La administración anterior de Obama otorgó 18 meses de estatus de TPS a quienes habían estado en Estados Unidos desde el 12 de enero de 2010.
Desde entonces, dijo Tilus, la situación en Haití ha empeorado.
"Cuando hablo con un miembro de la familia, me dicen que tienen miedo de enviar a sus hijos a la escuela debido al secuestro y a que los retengan para pedir un rescate [porque] así es como [los criminales] se ganan la vida (...) Es una tragedia", dijo Tilus.
El 22 de mayo, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, anunció un renovado alivio del TPS para Haití en base a esas condiciones “extraordinarias”.
“Haití está experimentando actualmente serias preocupaciones de seguridad, malestar social, un aumento en los abusos de los derechos humanos, una pobreza paralizante y la falta de recursos básicos, que se ven agravados por la pandemia de COVID-19”, dijo Mayorkas.
La noticia se produjo después de meses de presión por parte de defensores de la inmigración y algunos miembros del Congreso. Revirtió un esfuerzo de la Administración Trump que había dejado a muchos haitianos en el limbo.
En 2017, la Administración Trump anunció que planeaba poner fin al TPS para los haitianos. En una declaración en ese momento, la administración anterior sostuvo que "Haití puede recibir de manera segura los niveles tradicionales de ciudadanos retornados".
Los defensores de los inmigrantes objetaron y se produjeron desafíos legales. Los mandatos judiciales federales bloquearon la medida, lo que permitió a los titulares de TPS de Haití mantener su estatus.
Actualmente, los funcionarios del DHS dicen que aquellos cubiertos por la designación de 2010 podrán presentar una nueva solicitud para TPS, pero el registro aún no está abierto.
Apoyo bipartidista
En mayo, Tilus compartió su historia frente al Subcomité Judicial del Senado sobre Inmigración, Ciudadanía y Seguridad Fronteriza. Explicó a los miembros del Congreso que se encuentra entre los 346.000 trabajadores de la salud indocumentados en Estados Unido y que es una de 130.000 titulares de TPS que han brindado servicios esenciales durante la pandemia.
Argumentó ante los senadores el orgullo que sentía por conseguir una educación superior en Estados Unidos.
"Fue hermoso (…) Increíble que finalmente pudiera hacer esto casi una década después. Podría volver a la escuela. Me sentí como en casa estando en el salón de clases”, dijo.
La capacidad de Tilus de permanecer en Estados Unidos durante al menos otros 18 meses se produjo después de un esfuerzo bipartidista concertado en Washington para redesignar TPS para Haití.
Los senadores estadounidenses Marco Rubio, republicano, y Bob Menéndez, demócrata, en una carta de marzo instaron a la administración a actuar con rapidez: "Los importantes desafíos políticos de Haití han introducido inestabilidad adicional en el país", afirmaron.
Guerline Jozef, de Haitian Bridge Alliance, con sede en California, dijo que obtener la nueva designación de TPS para Haití fue una lucha "larga y dolorosa". Aunque es una "gran" victoria, dijo que la "gran pelea" es en el Congreso.
Jozef y otros defensores de los inmigrantes continúan presionando por una reforma migratoria integral que proporcione un camino hacia la residencia legal permanente con la posibilidad de ciudadanía para ciertos tipos de inmigrantes, incluidos aquellos con TPS y aquellos traídos a Estados Unidos siendo menores ("Soñadores bajo programa DACA).
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un importante proyecto de reforma a principios de este año, pero las perspectivas de aprobación del Senado parecen escasas.
Plan republicano
Un grupo de legisladores republicanos, entre ellos el senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, y la representante por Florida, María Elvira Salazar, presentó en mayo una guía de principios para un plan de reformas migratorias que incluye una ruta hacia la legalización provisional para inmigrantes indocumentados que llevan tiempo en Estados Unidos y carecen de antecedentes criminales.
Los republicanos sostienen que la propuesta demócrata impulsada por el presidente Joe Biden no conseguiría el apoyo bipartidista necesario en el Congreso para su aprobación. El proyecto republicano es conocido como Plan de Dignidad.
Tilus dijo a la VOA que ya ni siquiera puede concebir volver a vivir en Haití, a pesar de que estar separada de sus padres que aún viven en la nación caribeña tiene un costo emocional.
"La última vez que vi [a mi padre], ya no podía verme porque se había quedado completamente ciego (...) Soy una trabajadora de la salud y no pude ayudarlo", dijo.
Vea todas las noticias de hoy
Corte Suprema de EEUU escucha argumentos sobre afirmación de Trump de inmunidad absoluta
La Corte Suprema de Estados Unidos examinó este jueves si el expresidente Donald Trump cuenta con inmunidad y puede evitar ser procesado por su intento de revertir su derrota electoral de 2020 ante el demócrata Joe Biden.
El juicio del ex presidente por presunta interferencia electoral ha sido retrasado durante meses mientras la Corte considera el argumento de Trump de que los presidentes deberían ser inmunes a las acciones que tomen mientras están en el cargo.
En Nueva York, Trump dijo que quería estar presente en la Corte Suprema pero en vez de eso, tuvo que nuevamente presentarse a una corte de Nueva York, donde está siendo juzgado por cargos de falsificar registros para ocultar información perjudicial a los votantes cuando dirigió pagos monetarios a una actriz de películas para adultos a fin de mantener en secreto sus afirmaciones de que tuvieron relaciones sexuales.
"Creo que en la Corte Suprema que tiene que ver con la inmunidad, escuché que el argumento fue brillante. Pensé que las preguntas del juez eran geniales y todos los presidentes deben tener inmunidad", declaró Trump.
La mayoría de los jueces de la Corte Suprema, que se espera que emita su fallo a finales de junio, no parecían inclinados a respaldar la afirmación de Trump.
Pero al menos cuatro de los nueve magistrados parecieron estar en desacuerdo con un fallo de un tribunal inferior que estipuló que un expresidente no goza de "inmunidad absoluta" frente a un proceso penal después de dejar el cargo.
Los abogados de Trump sostuvieron que los expresidentes tienen derecho a inmunidad absoluta por sus actos oficiales. De lo contrario, dicen, los procesos por motivos políticos de exmandatarios serían rutinarios y los presidentes no podrían asumir el papel de comandante en jefe si tienen que preocuparse por cargos penales.
Por su parte, la fiscalía afirmó que quienes redactaron la Constitución nunca tuvieron la intención de que los presidentes estuvieran por encima de la ley y que, en cualquier caso, los actos de los que se acusa a Trump —incluyendo el participar en un plan para incluir electores falsos en estados disputados ganados por Biden— no son de ninguna manera parte de los deberes oficiales de un presidente.
La inmunidad presidencial de Trump en manos de la Corte Suprema
La Corte Suprema de Estados Unidos asumirá este jueves un papel determinante en el futuro político del expresidente Donald Trump, favorito por el Partido Republicano a las elecciones presidenciales del 2024.
El expresidente ha solicitado inmunidad judicial en varias acusaciones que buscan procesarlo por sus esfuerzos por anular el resultado electoral de las presidenciales de 2020.
Otras instancias del sistema judicial han rechazado su solicitud de ser protegido de cuatro cargos penales relacionados con las elecciones con el argumento de que estaba sirviendo como presidente.
Los abogados de Trump dijeron a los jueces que un expresidente tiene "inmunidad absoluta contra el enjuiciamiento penal por sus actos oficiales" y alertaron que sin esa protección "la amenaza de un futuro enjuiciamiento y encarcelamiento se convertiría en un garrote político para influir en las decisiones presidenciales más sensibles y controvertidas".
Una decisión rápida de la Corte Suprema podría permitir que el juicio se lleve a cabo antes de las elecciones de noviembre.
Trump no asistirá a los argumentos de la Corte Suprema, integrada por una mayoría conservadora, entre los que se incluyen Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, los tres nombrados por el expresidente republicano. Los miembros de la rama judicial son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado.
En 2020 la misma instancia rechazó varios intentos que buscaron anular los resultados de las elecciones presidenciales que dieron la victoria a Joe Biden, por un margen de 306 a 232 votos en el colegio electoral de EE.UU.
En marzo, la Corte Suprema concedió una importante victoria para la carrera de Trump cuando anuló una decisión judicial que le había excluido de la papeleta electoral de Colorado en virtud de una disposición constitucional relativa a la insurrección por incitar y apoyar el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos perpetrado por sus partidarios.
Desde la histórica sentencia del caso Bush contra Gore, que en 2000 dio la victoria al republicano George W. Bush sobre el demócrata Al Gore, la corte no había desempeñado un papel tan importante en una carrera presidencial.
Los casos de la Corte Suprema son casi completamente de naturaleza apelativa y las decisiones de esta corte no pueden apelarse ante ninguna otra autoridad, ya que la Corte Suprema es la última instancia decisoria en los Estados Unidos en cuanto a las leyes federales. Sin embargo, la Corte Suprema puede considerar apelaciones de las cortes estatales de mayor rango o de los tribunales federales de apelaciones. La Corte también tiene jurisdicción de primera instancia sobre ciertos tipos de casos, incluyendo aquellos que implican a embajadores y otros funcionarios diplomáticos, y casos entre estados.
Nuevas detenciones en protestas estudiantiles en EEUU por la guerra de Gaza
Las protestas en universidades en Estados Unidos contra la guerra entre Israel y Hamás obligaron el martes a algunas casas de estudio a imponer las clases virtuales.
NUEVA YORK, EEUU — Los pulsos entre las universidades estadounidenses y las protestas propalestinas de sus alumnos eran cada vez más tensos el miércoles en ambas costas, y la Universidad de Columbia marcó un plazo límite a cientos de personas para que levantaran un campamento, mientras docenas de inconformes seguían atrincherados en dos edificios en un campus universitario del norte de California.
Los dos incidentes formaban parte de unas manifestaciones estudiantiles que ganaban intensidad en todo el país por la guerra de Israel con Hamás. Los estudiantes reclaman que las escuelas corten lazos financieros con Israel y desinviertan de compañías implicadas en el conflicto. Docenas de personas han sido detenidas y acusadas de allanamiento o alteración del orden.
El presidente de Columbia, Minouche Shafik, fijó el martes en un comunicado un plazo límite para llegar a un acuerdo con los alumnos para desalojar el campamento o “consideraremos opciones alternativas”.
Ese plazo pasó sin noticias de un acuerdo. Videos del lugar mostraban a algunos manifestantes retirando sus carpas mientras otros redoblaban sus discursos. Circulaban rumores en internet sobre que el plazo se había retrasado a la mañana, aunque la universidad declinó confirmarlo.
El incremento de la tensión se daba la noche antes de que el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, viajara a Columbia para visitar a los estudiantes judíos y hablar sobre el antisemitismo en los campus universitarios.
En el otro extremo del país, los manifestantes en la Universidad Politécnica Estatal de California, Humboldt, empezaron a utilizar muebles, carpas, cadenas y bridas para bloquear los acceso a un edificio el lunes por la noche. Era un desafío más inesperado en una región conservadora de California, unos 480 kilómetros (300 millas) al norte de San Francisco.
“¡No les tenemos miedo!”, coreaban los inconformes antes de que agentes con material antimotines trataran de abrirse paso en la entrada del edificio, según videos. La alumna Peyton McKinzie dijo que estaba entrando el lunes en el campus cuando vio a la policía agarrar a una mujer por el pelo y a otro alumno al que le estaban vendando la cabeza por una herida.
“Creo que muchos alumnos están en shock por eso”, dijo a The Associated Press.
Tres estudiantes fueron detenidos, según un comunicado de Cal Poly Humboldt, que cerró el campus hasta el miércoles. Un número desconocido de alumnos había ocupado un segundo edificio del campus el martes.
El incremento de las manifestaciones ha obligado a las universidades a buscar un equilibrio entre la seguridad del campus y los derechos de libertad de expresión. Muchas toleraron durante mucho tiempo las protestas, que en su mayoría reclamaban que las universidades condenaran el ataque de Israel a Gaza y desinvirtieran de compañías que venden armas a Israel.
Ahora las universidades imponen una disciplina más estricta alegando motivos de seguridad, mientras algunos estudiantes judíos dicen que las críticas a Israel han derivado en antisemitismo.
Las protestas contra la guerra en la Franja de Gaza llevaban meses bullendo, pero se intensificaron luego del arresto el jueves de la semana pasada de más de 100 manifestantes que habían acampado en el campus de la Universidad de Columbia en Manhattan.
En la Universidad de Nueva York, 133 personas habían sido detenidas y liberadas para el lunes por la noche con orden de comparecer ante una corte bajo cargos de alteración del orden público.
En Connecticut, la policía arrestó a 60 manifestantes —incluidos 47 estudiantes— en la Universidad de Yale, luego de que se rehusaron a abandonar un campamento en el centro del campus.
El presidente de Yale, Peter Salovey, dijo que los manifestantes habían rechazado una oferta para poner fin a la protesta y reunirse con los administradores. Después de varias advertencias, las autoridades escolares determinaron que “la situación ya no era segura”, así que la policía desalojó el campamento y realizó los arrestos.
En la región del centro-norte de Estados Unidos, un campamento en el campus de la Universidad de Michigan había crecido hasta tener casi 40 tiendas de campaña. Y nueve manifestantes contra la guerra de la Universidad de Minnesota fueron detenidos luego de que la policía desmanteló un campamento frente a la biblioteca. Cientos de personas marcharon en el campus de Minnesota por la tarde para pedir su liberación.
La Universidad de Harvard, en Massachusetts, ha intentado adelantarse a las protestas cerrando la mayoría de las puertas de acceso a su famoso Harvard Yard y limitando el acceso a quienes lleven una identificación de la escuela. La universidad también ha colocado carteles que advierten contra la instalación de tiendas o mesas en el campus sin permiso.
Las protestas en los campus comenzaron tras el letal ataque de Hamás contra el sur de Israel, en el que mataron unas 1.200 personas, la mayoría civiles, y unas 250 personas fueron tomadas como rehenes. En la guerra posterior, Israel ha matado a más de 34.000 palestinos en la Franja de Gaza, según el ministerio de salud local, que no distingue entre civiles y combatientes pero señala que al menos dos tercios de los muertos eran mujeres y niños.
Cuba, entre los países con más residentes y nacionalizados en EEUU en 2023
Cuba está entre los países con más ciudadanos residentes y nacionalizados en EEUU en 2023.
De acuerdo con un informe sobre Política de Nacionalización publicado recientemente, en el país norteamericano había al cierre del año pasado un total de 1.314.330 cubanos, de ellos el 64 por ciento se había naturalizado como ciudadano estadounidense y otro 30% era potencialmente elegible para serlo.
Solo el 6% de los cubanos radicados en EEUU resultó no elegible para obtener la ciudadanía ese año.
Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), en 2023 hubo más de 153.000 entradas irregulares de cubanos a Estados Unidos. Otros 67.000 volaron directamente a territorio norteamericano gracias al programa conocido como Parole Humanitario, implementado en enero de ese año por la administración de Joe Biden.
Esos números, sumados a los más de 313.000 que ingresaron en 2022, representan el mayor éxodo de ciudadanos de la isla de las últimas décadas.
A esta ola migratoria solo le preceden la del Mariel, en la década de 1980, cuando se registró la salida de 130.000; la llamada "Crisis de los balseros", en 1994, con 35.000; y la salida de unos 300.000 poco entre 1960 y 1963 después de la llegada de Fidel Castro al poder.
El Informe Anual correspondiente al año fiscal 2023 indica además que Cuba está entre los 10 países con mayor cantidad de expedientes bajo monitoreo de ICE.
"Un total de 442.624 cubanos están siendo monitoreados por las autoridades migratorias estadounidenses fuera de un entorno de detención, a través de una variedad de mecanismos", recoge el documento.
Fuertes críticas de EEUU por violaciones de los derechos humanos en Cuba: “No hay cambios”
El Departamento de Estado de Estados Unidos criticó la falta de “cambios” en la situación de los derechos humanos en Cuba durante la presentación este lunes de su informe sobre Derechos Humanos en el mundo.
“En Cuba, según informes, más de 1.000 presos políticos están detenidos injustamente y sometidos a malos tratos; sus familiares también son blanco de amenazas”, asegura el reporte, que también llama la atención sobre la situación en Nicaragua.
“En Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo cerró más de 300 organizaciones de la sociedad civil en 2023, lo que elevó el número de organizaciones cerradas a más de 3.500. El régimen también despojó a más de 300 personas de su ciudadanía y mantiene retenidos a más de 100 presos políticos en condiciones atroces”, asegura el texto.
Continúan en Cuba las violaciones a las libertades fundamentales
De acuerdo con el informe del Departamento de Estado, existen denuncias creíbles de ejecuciones arbitrarias o ilegítimas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, y de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del gobierno a los reclusos, además de condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales.
El informe da cuenta además de “graves problemas con la independencia del poder judicial” y severas restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa en la isla. EEUU tomó nota de los cortes de internet, así como sobre las leyes “demasiado restrictivas” contra las organizaciones no gubernamentales y religiosas.
Este informe del Departamento de Estado sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que concede a cada nación.
EEUU asegura en su reporte que los cubanos no pueden cambiar su gobierno pacíficamente mediante elecciones libres y justas, y que las autoridades de la isla mantienen restricciones graves e irrazonables a la participación política, además de una “grave corrupción gubernamental”.
Otro de los puntos tomados en cuenta por Estados Unidos fueron las llamadas misiones médicas en el exterior, a las que calificó como “trabajo forzoso patrocinado por el Estado”.
“El gobierno no tomó medidas significativas para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos”, dijo el Departamento de Estado.
El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez, respondió al informe acusando al Secretario de Estado, Antony Blinken, de “no preocuparle” los derechos humanos de cubanos y palestinos.
“Le preocupan los derechos de los productores de armamento y sus objetivos de dominación y saqueo”, escribió Rodríguez en X.
Decenas de activistas respondieron a las palabras de Rodríguez en X publicando imágenes de represión.
Venezuela también ha mantenido su régimen autoritario sin cambios
El Departamento de Estado también fue muy crítico con el régimen de Nicolás Maduro, al que acusó de casos de torturas, abusos y desapariciones de personas.
“La Defensoría del Pueblo, afín a Maduro, no publicó estadísticas sobre denuncias de tortura por parte de la policía durante el año. Varias ONG denunciaron casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes”, señala el informe dado a conocer por el secretario Blinken.
“Grupos de derechos humanos y el FFM denunciaron que representantes de Maduro seguían influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de forma selectiva y subjetiva”, añade el documento.
Preocupación por Ucrania y Gaza
Este informe del Departamento de Estado sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que concede a cada nación. El reporte se elabora desde 1977.
En el documento, Estados Unidos también mostró su preocupación por las crisis en el mundo, especialmente los “crímenes de lesa humanidad” cometidos en Ucrania por los ocupantes rusos y la muerte de decenas de miles de civiles palestinos en la ofensiva israelí contra Hamás, considerada por el gobierno estadounidense una organización terrorista.
Foro