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Estados Unidos

EE.UU. y el Vaticano buscan mediar en conflicto nicaragüense

El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence.

El vicepresidente de EE.UU hablé este viernes por teléfono con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano y "reconoció el liderazgo de la Iglesia Católica y los llamamientos del Papa para la mediación y el proceso de diálogo nacional realizado a principios de este año" dijo la Casa Blanca en un comunicado.

El vicepresidente, Mike Pence, telefoneó hoy al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, para discutir "la preocupación mutua" sobre la crisis que atraviesa Nicaragua, y alabó el papel de mediación de la Iglesia católica en el conflicto.

Pence "reconoció el liderazgo de la Iglesia Católica y los llamamientos del Papa para la mediación y el proceso de diálogo nacional realizado a principios de este año" y, particularmente, "el sacrificio personal" del clero en Nicaragua, indicó la Casa Blanca en un comunicado.

El vicepresidente subrayó el esfuerzo de la Iglesia nicaragüense para "proteger los derechos humanos, defender la libertad religiosa y promover las negociaciones de buena fe" entre la sociedad civil y el Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Pence y Parolin "condenaron la violencia que se ha cobrado cientos de vidas y que cada vez está más dirigida contra la Iglesia, y reafirmaron su apoyo a la Conferencia Episcopal Nicaragüense y a toda la comunidad de fe que se ha mantenido firme en defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad", concluyó la nota.

“Hablé con el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, para condenar la violencia en Nicaragua que cada vez más se dirige a la Iglesia Católica. Reafirmamos nuestro apoyo a toda la comunidad de fe que se ha mantenido firme en apoyo de los derechos humanos, la democracia y la libertad”, dijo el vicepresidente en su cuenta de Twitter

Precisamente hoy, la Iglesia católica de Nicaragua informó de que está desarrollando gestiones para que se retome el diálogo entre el Gobierno de Ortega y la oposición, con el fin de apoyar un grupo de trabajo de doce países creado ayer por la Organización de Estados Americanos (OEA) para buscar soluciones a la crisis.

"Estamos haciendo las gestiones para retomar el diálogo" suspendido desde finales de junio, dijo el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes.

El diálogo, cuyos mediadores y testigos son los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, se instaló a mediados de mayo pasado, pero se ha desarrollado de forma intermitente y permanece suspendido desde el pasado 25 de junio, cuando celebró su última sesión.

Nicaragua atraviesa la crisis más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega como presidente, y que ha dejado entre 317 y 448 muertos, según varios organismos humanitarios, cifra que el propio Ejecutivo calculó el martes pasado en 197.

Las protestas comenzaron el pasado 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia de Ortega, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

(Escrito por Pablo Alfonso, con información de la agencia EFE y redes sociales)

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Congresistas cubanoamericanos preocupados por nombramiento de Zúñiga como subsecretario de Estado interino

Ricardo Zúñiga, durante una conferencia de prensa. (REUTERS/Jose Cabezas)

El enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, fue nombrado subsecretario interino de Asuntos Hemisferio Occidental.

En un mensaje en Twitter, Julie Chung, quien ocupó el cargo hasta el martes, dijo que el “trabajo para fortalecer la democracia, aumentar la seguridad y promover los intereses estadounidenses continuará a cargo de Ricardo Zúñiga”.

El cambio sucede en medio de la represión sin precedentes luego de las protestas del 11 de julio en Cuba y durante la revisión de la administración del presidente demócrata Joe Biden de la política hacia la isla.

El congresista Mario Díaz-Balart (R-FL) reaccionó al nombramiento de Zúñiga en un mensaje en Twitter diciendo que “la administración Biden continúa llenando posiciones sobre el Hemisferio Occidental con arquitectos de la política de apaciguamiento de Obama hacia la dictadura cubana".

Por su parte, en un comunicado, el senador Marco Rubio (R-FL) dijo que “el nombramiento de Ricardo Zúñiga, uno de los artífices de la política de apaciguamiento de Obama hacia La Habana, como subsecretario interino de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, reafirma que el único objetivo de la administración Biden es hacer concesiones a la dictadura cubana. Esta administración sigue fallándole al pueblo de Cuba ya la comunidad cubanoamericana”.

De momento, Zúñiga se encuentra de forma interina en el cargo, mientras que Brian Nichols, actual embajador de Estados Unidos en Zimbabue, debe ser confirmado por el Senado para ser subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental y asumir el puesto.

Zúñiga fue elegido por el presidente Biden en marzo para gestionar la estrategia sobre migración desde las naciones que conforman el Triángulo Norte. El estadounidense de origen hondureño tiene una carrera diplomática de más de 20 años.

Fue el principal asesor del expresidente Barack Obama para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional y formó parte del equipo que impulsó cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba en el 2014.

En el aniversario de la histórica ley de derecho al voto en EEUU

Elecciones en Estados Unidos 2020. Una cola para votar en New Orleans. (AP Photo/Gerald Herbert).

La Ley de Derecho al Voto promulgada en 1965 es considerada como la legislación de derechos civiles más exitosa aprobada por el Congreso de Estados Unidos, que permitió a cientos de miles afroamericanos marginados inscribirse para votar.

Sin embargo, al acercarse a sus 56 años este mes, los activistas de los derechos al voto dicen que la histórica ley se enfrenta a su peor momento existencial, informa la Voz de América, VOA.

El peligro, señalan, está en una ola de restricciones de votación adoptadas por varios estados y la Corte Suprema controlada por los conservadores, que ha deteriorado protecciones legales a la legislación firmada por el presidente demócrata Lyndon Johnson.

"Vemos muchas de las mismas fuerzas, muchas de las mismas prácticas en elecciones que inspiraron la Ley de Derecho al Voto original de 1965”, dijo el exrepresentante demócrata por Texas y excandidato presidencial Beto O'Rourke.

Los líderes y activistas republicanos descartan esas denuncias, insistiendo en que los cambios que se buscan darán más integridad y transparencia al proceso democrático e impedirán la posibilidad de fraudes.

Este año, legisladores republicanos en 49 estados han presentado casi 400 proyectos de ley bajo la idea de reforma electoral que según el Centro Brennan para la Justicia, de tendencia izquierdista, afirma que dificultan a muchos estadounidenses salir a votar.

De esas propuestas, 30 se han convertido en leyes, más que las promulgadas en 2011, cuando los republicanos desplegaron un esfuerzo legislativo similar.

Este impulso frenético, que los críticos afirman que reducirá oportunidades de votación a millones de personas, especialmente afroamericanos y otras minorías, fue desatado por las denuncias infundadas del expresidente Donald Trump de un fraude masivo en la elección de 2020.

Con los demócratas sonando la alarma de restricciones electorales, el presidente Joe Biden denunció en julio en un viaje a Filadelfia, una ciudad considerada como la cuna de la democracia estadounidense, un asalto a los derechos al voto tan duramente conseguidos.

El presidente Lyndon B. Johnson fue el promotor de la de Derecho al Voto promulgada en 1965. Foto de archivo cortesía de la Biblioteca Lyndon Baines Johnson divulgada por Reuters.

Los funcionarios republicanos detrás de las nuevas regulaciones niegan que sean para socavar los derechos de votación y que los requisitos como tarjeta de identificación, restricciones a la votación ausente y otros tienen como objetivo prevenir el fraude y restaurar la confianza pública en las elecciones.

Constitución no garantizaba derecho al voto

La Constitución de EE. UU., ratificada en 1788, no garantizaba originalmente el derecho al voto de toda la población. No fue hasta 1870, después de la Guerra Civil, que la Enmienda 15 dio a todos los ciudadanos varones el derecho a votar “independientemente de la raza, el color o la condición anterior de servidumbre”.

Muchos historiadores consideran que esta fue la mayor expansión de derechos civiles de la historia de Estados Unidos.

Sin embargo, ese logro monumental fue fugaz en la práctica, ya que muchos estados del sur, determinados a mantener a los ciudadanos de la raza negra fuera de las urnas, instituyeron pruebas de alfabetismo y otras barreras para votar, lo que marcó el inicio de una larga lucha por los derechos civiles, precisó la VOA.

Antes de la Ley de Derecho al Voto de 1965 muchos afroamericanos votaban, incluso de los estados del sur. Pero la ley expandió su acceso a las urnas al remover barreras institucionales.

El aumento de inscripciones para votar de afroamericanos llevó a que un gran número de ellos se postularan para cargos públicos y en 1966 Edward Brooke se convirtió en el primer afroamericano en ser elegido al Senado desde los años posteriores a la Guerra Civil.

La ley también tuvo su resistencia, pero en la década de 1960, la Corte Suprema rechazó muchos desafíos legales, mientras el Congreso repetidamente la reafirmó con protecciones para las minorías que hablaban otros idiomas y personas con discapacidades.

Florida se convierte en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos (VIDEO)

Un trabajador de la salud realiza una prueba PCR a un hombre en un sitio de prueba móvil de COVID-19 en el condado de Manatee, en Palmetto, Florida.

MIAMI, EE.UU. - Florida se ha convertido en el epicentro del coronavirus. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) informaron que se habían registrado 21.683 contagios en un solo día, la cifra más alta jamás registrada desde el inicio de la pandemia hace 16 meses.

La situación es más que preocupante, principalmente porque la tendencia va al alza y, también, porque en una semana se había superado la marca de los 100.000 casos positivos acumulados.

“Si seguimos así, no sé dónde vamos a ir a parar”, dijo la Dra. Nuria Lawson, cirujana general del hospital Palmetto en la ciudad de Hialeah (Florida), en declaraciones a la Voz de América.

La semana pasada, los CDC recomendaron el uso de mascarillas en espacios cerrados en aquellas zonas donde haya una gran alta tasa de transmisión del virus, lo que representa más del 40 por ciento de los condados de Estados Unidos. Al mismo tiempo, los expertos sanitarios están vigilando muy de cerca la evolución de esta nueva ola de contagios, que se ha agravado con la aparición de la variante delta, mucho más contagiosa.

Florida se convierte en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos
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Sin restricciones en Florida

El gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, tiene la potestad de impulsar un paquete de medidas restrictivas para frenar el brote de contagios. Sin embargo, el responsable de la administración del estado se ha negado en rotundo a imponer restricciones ante este escenario “preocupante”, según describieron funcionarios del gobierno federal.

“No van a haber cierre de escuelas, no van a haber restricciones ni mandatos (contra el Covid-19) en el estado de Florida”, manifestó DeSantis durante un evento el viernes en un restaurante abarrotado de gente sin mascarillas.

Récord de hospitalizaciones

El escenario no es nada esperanzador por otra razón: las hospitalizaciones. Y es que después de romper récords de contagios en un solo día en Florida, el número de pacientes hospitalizados a consecuencia de la pandemia del coronavirus volvió a contabilizar más de 10.000 en un día.

Según datos facilitados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Florida tenía 10.207 ingresadas en hospitalizas por complicaciones derivadas de este mortal virus.

El último récord se había tenido el 23 de julio de 2020, con 10.170 pacientes hospitalizados. En ese momento, Florida se había vuelto a convertir en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, pero los funcionarios estaban especialmente preocupados porque no había tratamiento médico ni vacunas disponibles.

La solución: las vacunas

Ahora, un año después, hay tres vacunas aprobadas de emergencia por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés): la de Pfizer-Biontech, Moderna y Johnson & Johnson. Los médicos estaban esperanzados en estas medicinas para combatir la crisis sanitaria. Pero lo cierto es que, según han admitido desde los CDC, el problema es que, a pesar de estar disponibles para toda la población sin costo alguno, la gente no se quiere vacunar.

La Casa Blanca, por su parte, también ha expresado su preocupación por el estancamiento de vacunaciones en el país y ha exhortado a los que aún no se han vacunado a que se pongan las dosis. “Estamos ante la pandemia de los no vacunados”, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el jueves.

Menos de la mitad de la población estadounidense no tiene la pauta completa de vacunación y, hasta ahora, hay 90 millones de personas en el país que no se han inoculado la dosis. Los expertos sanitarios que están monitoreando la situación insisten en que las vacunas son efectivas para frenar los brotes, sobretodo de la variante delta.

Aunque sí que es cierto que se han dado casos de contagios de personas vacunadas, los médicos subrayan que hay muy pocas posibilidades de complicaciones severas o incluso la muerte.

"Estamos viendo brotes de casos en partes del país que tienen una baja cobertura de vacunación porque las personas no vacunadas están en riesgo. Las comunidades que están totalmente vacunadas por lo general van bien", decía la Dra. Rachel Walenski, directora de los CDC, en una comparecencia pública.

El Dr. Carlos Rivero, un médico general que ha estado tratando numerosos casos de coronavirus desde que estalló la pandemia, también defiende que la vacuna es la mejor solución aunque avisa que si no se consigue la popular “inmunidad de rebaño” -con más del 80 por ciento de la población vacunada- muy “difícilmente nos encaminaremos al final de la pandemia”.

“Contra más cantidad de personas se vacunen, nosotros vamos a ver un número mucho más bajo de personas infectadas. Que es lo que queremos lograr, porque cuando tengamos un número muy bajo de personas infectadas es cuando realmente podemos volver a lo que era la vida normal”, explicó a la VOA.

Senado aprueba por unanimidad resolución en apoyo del movimiento pro democracia en Cuba

Bob Menéndez, senador demócrata por Nueva Jersey, USA.

El Senador Bob Menéndez (D-NJ) solicitó este martes ante el Senado la aprobación unánime a una resolución bipartidista y bicameral que condena la respuesta violenta del régimen cubano a miles de personas que salieron a las calles para reclamar pacíficamente el respeto a los derechos humanos básicos y el fin de la dictadura en Cuba.

“El pueblo cubano, en esta hora sin precedentes de incertidumbre, necesita nuestro pleno apoyo a esta resolución. El Senado sumará su voz a los esfuerzos en curso y fortalecerá la solidaridad de Estados Unidos con el pueblo cubano y sus esfuerzos para restaurar la democracia y los derechos humanos en su país”, dijo Menéndez en un discurso ante el Senado.

La resolución también se está ofreciendo en la Cámara de Representantes con la misma base bipartidista, agregó el senador cubanoamericano.

El senador Rick Scott (R-FL) propuso añadir una enmienda a la resolución en condena al comunismo, declarando que es “una ideología fallida que no hace más que conducir al sufrimiento y la opresión”.

“El comunismo no funciona, el socialismo no funciona. El pueblo de Cuba clama por la libertad. Están denunciando el opresivo régimen comunista que ha traído la ruina a su nación durante más de 60 años. Este repugnante asalto al pueblo de Cuba no puede quedar sin control. Aprecio mucho los esfuerzos de mi colega por condenar las atrocidades del régimen, pero a esta resolución le falta una cosa. Estas atrocidades están indiscutiblemente ligadas al comunismo”, declaró Scott.

Sin embargo, Menéndez presentó su objeción a la enmienda diciendo que, aunque estaba de acuerdo con lo expresado por el senador de la Florida, enmendar la resolución solo atrasaría su aprobación, que, en su opinión, es de urgencia.

“Esta resolución es una fuerte reprimenda de las acciones recientes del régimen. Y también logra la oportunidad bipartidista que necesitamos para la aprobación del Senado. Llega un momento en el que tenemos que anteponer las acciones a las palabras. Hoy el Senado tiene la oportunidad de actuar”, opinó Menéndez.

El senador Scott anunció que permitiría que la resolución avance, añadiendo que siempre estará con el valiente pueblo de Cuba, “que lucha por su libertad, y contra el brutal régimen comunista”, palabras que el senador Menéndez agradeció.

La objeción fue retirada posteriormente y la resolución fue aprobada por el pleno del Senado.

Senadores presentan un proyecto de ley para impulsar investigación de la Casa Blanca sobre el “Síndrome de La Habana”

Vista de la Embajada de EEUU en La Habana. REUTERS/Alexandre Meneghini

Las senadoras Jeanne Shaheen (D-NH), miembro principal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y Susan Collins (R-ME) dieron a conocer este martes un nuevo proyecto de ley bipartidista para reformar la investigación y la respuesta del gobierno de Estados Unidos a los presuntos ataques dirigidos contra sus diplomáticos en Cuba, conocido como “Síndrome de La Habana”

La medida busca también mejorar el acceso a la atención médica de las personas afectadas.

Específicamente, la Ley de Respuesta a Emergencias de Amenazas Energéticas Dirigidas instruye al presidente para que designe a un alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional como Coordinador Interagencias de Incidentes de Salud Anómalos, para organizar la respuesta de todo el gobierno, y requiere la designación de un funcionario superior en las agencias relevantes involucradas con un fin similar.

Además, exige el desarrollo y orientación de la fuerza laboral para aumentar la conciencia sobre esta amenaza, y promover procesos para que las personas informen sobre una posible exposición a estos ataques. También establece un mecanismo interinstitucional seguro para que el personal de todas las agencias informe sobre sospechas de exposición y mejore el acceso a la atención médica.

Por último, autoriza $45 millones en fondos para apoyar los esfuerzos de respuesta del gobierno, de los que $30 millones deben ser utilizados estrictamente en la provisión de atención para el personal afectado y mejoras de la capacidad médica.

En un comunicado, la senadora Shaheen dijo que los “servidores públicos heridos por ataques energéticos dirigidos deben ser tratados con la misma urgencia que cualquier otro estadounidense herido en el cumplimiento de su deber. No deberían tener que pasar por obstáculos burocráticos para acceder a la atención que necesitan, lo que agrava el sufrimiento que ya han soportado”.

Por su parte, la senadora Collins dijo que “las lesiones que han sufrido muchas víctimas de probables ataques de energía dirigida son importantes y les alteran la vida. Mientras se concentran en su salud, no deberían tener que luchar contra la burocracia para recibir el apoyo que merecen”.

Cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo, el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan nombró a un alto funcionario responsable de coordinar la respuesta federal, un paso que, según los funcionarios de la administración, muestra que la Casa Blanca se está tomando el asunto en serio. El proyecto de ley Shaheen-Collins codificaría esa posición en ley.

En junio, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de Ley de Ayuda a las Víctimas Estadounidenses Afligidas por Ataques Neurológicos, conocida como The Havana Act 2021, en referencia a extraños incidentes que afectaron la salud de varios diplomáticos, empleados y sus familiares, y que fueron reportados por primera vez por personal estadounidense y canadiense en La Habana, en 2016. El proyecto de ley aún tiene que aprobarse en la Cámara de Representantes.

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