En el primer caso penal contra un expresidente de Estados Unidos, Donald Trump podría presentarse ante la justicia el martes, acusado de cargos relacionados con pagos realizados durante la campaña electoral del 2016 para silenciar denuncias de encuentros sexuales extramatrimoniales.

Los fiscales en Nueva York investigaron el dinero pagado a la actriz porno Stormy Daniels y a la exmodelo de Playboy Karen McDougal para evitar que las mujeres hicieran públicas las afirmaciones de que habían tenido relaciones sexuales con él.

En un mensaje en su red social, Trump calificó la acusación de “persecución política e interferencia electoral, y dijo que era “completamente inocente”. Asimismo, acusó al fiscal de distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, quien dirigió la investigación, de intentar dañar sus posibilidades de ganar la carrera por la nominación presidencial republicana para el 2024.

La oficina de Bragg dijo que se había puesto en contacto con los abogados de Trump para coordinar su entrega a las autoridades, lo que, según un funcionario de la corte, probablemente ocurriría el próximo martes.

Uno de sus abogados, Joe Tacopina, declaró el viernes en una entrevista con la cadena ABC que Trump no estará esposado cuando se entregue para enfrentar cargos penales, pero que probablemente se le tomarían las huellas dactilares y se sometería a otros protocolos de rutina. Su otra abogada, Susan Necheles, dijo que el expresidente se declarará inocente.

“No sé cómo va a acabar todo esto. No hay un libro de texto para ver cómo acusar a un expresidente de los Estados Unidos en un tribunal penal", advirtió Tacopina en la entrevista.

Los cargos específicos aún no se conocen, ya que la acusación sigue sin ser pública, pero varios medios han informado que Trump enfrenta más de 30 cargos relacionados con fraude empresarial.

La causa se ha centrado en investigar la supuesta falsificación de la contabilidad de la empresa de Trump para hacer pasar el pago a una actriz porno por otro tipo de gasto. Según declaraciones del entonces abogado de Trump, Michael Cohen, él hizo el pago con su dinero, y Trump le reembolsó la suma después de que ganó la elección presidencial.

La Organización Trump registró el pago como gastos legales, una falta que puede ser castigada con una pena de hasta un año de cárcel.

Si quedara probado que la operación fue instrumental en la comisión de otro crimen: por ejemplo, el de financiación irregular de una campaña electoral, pasaría a ser un delito grave.

El presidente Joe Biden se negó a comentar sobre el caso el viernes cuando salió de la Casa Blanca para un viaje a Mississippi. Los aliados de Trump y sus compañeros republicanos, por su parte, criticaron la acusación, alegando que se debe a motivos políticos.

El gobernador de la Florida y posible candidato para la nominación republicana de 2024, Ron DeSantis, dijo en Twitter que “la militarización del sistema legal para promover una agenda política pone patas arriba el estado de derecho. Es antiestadounidense”.

Por su parte, el exvicepresidente bajo el gobierno de Trump y tambien posible candidato a la nominación republican, Mike Pence declaró a la cadena CNN que “esto solo servirá para dividir aún más a nuestro país".

Mientras tanto, los demócratas han señalado que en EEUU nadie está por encima de la ley.

El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, el demócrata Chuck Schumer, en una declaración, expresó que Trump “está sujeto a las mismas leyes que todos los estadounidenses. Podrá valerse del sistema legal y de un jurado, no de la política, para determinar su destino de acuerdo con los hechos y la ley”.

Y la expresidenta de la Cámara de Pepresentantes, Nancy Pelosi, opinó que el gran jurado de Manhattan “ ha actuado sobre los hechos y la ley”.

“Nadie está por encima de la ley, y todos tienen derecho a un juicio para probar su inocencia. Ojalá el expresidente respete pacíficamente el sistema que le otorga ese derecho”, concluyó.

(Incluye información de Reuters y Associated Press)

Un gran jurado de Manhattan, Nueva York, votó este jueves a favor de acusar al expresidente Donald Trump por su papel en el pago de dinero para silenciar a una estrella porno en el año 2016.

La acusación del gran jurado neoyorquino contra Trump, de 76 años, es un desarrollo extraordinario después de años de investigaciones sobre sus negocios y tratos personales.

El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y su equipo estaban investigando si el expresidente de EEUU falsificó registros comerciales relacionados con los pagos de una manera que podría constituir una violación de financiamiento de campaña.

Las conclusiones del gran jurado aún no han sido divulgadas públicamente. Por ese motivo se desconocen los cargos específicos contra el exmandatario.

Trump, quien estaba en la Florida el jueves en la tarde cuando se dio a conocer esta noticia, criticó duramente las acusaciones y dijo que sus rivales demócratas están mintiendo.

"Esto es la persecución política e injerencia electoral del más alto nivel en la historia", señaló Trump en un comunicado. "Los demócratas han mentido, engañado y robado en su obsesión por 'cazar a Trump', pero ahora han hecho lo impensable: presentar cargos contra alguien completamente inocente".

"Está previsto que Trump se entregue a las autoridades la próxima semana, según una persona al tanto del asunto que no estaba autorizada a hablar", reporta la Voz de América, VOA.

En este sentido, la Fiscalía confirmó a través de un breve comunicado que se contactó con el equipo legal del expresidente "para coordinar su entrega".

En las semanas previas a su acusación formal, Trump arremetió contra la investigación en sus canales de redes sociales y llamó a sus simpatizantes a realizar protestas en su nombre, lo que obligó a reforzar la seguridad en las inmediaciones de la corte penal de Manhattan.

(Con información de NBC, Reuters, VOA, The Washington Post, The New York Times).

La Casa Blanca condenó este jueves la detención del periodista del diario The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, bajo cargos de espionaje en Rusia, y dijo estar en contacto con el diario y la familia del periodista.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, señaló en un comunicado que también condenan “los continuos ataques y represión del gobierno ruso contra los periodistas y la libertad de prensa".

Mientras, en un comunicado, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que Estados Unidos está “profundamente preocupado por la detención” del comunicador. Señaló que la administración del presidente Joe Biden está en contacto con el Wall Street Journal sobre esta situación.

Blinken dijo que “la máxima prioridad del Departamento de Estado es la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero” y reiteró las advertencias de que los ciudadanos estadounidenses que residan, o hayan viajado a Rusia, deben partir de inmediato.

Gershkovich, de 31 años, ha trabajado en Rusia como periodista durante seis años. Es el estadounidense de más alto perfil arrestado allí desde la estrella del baloncesto Brittney Griner, quien fue liberada en diciembre, después de 10 meses en prisión por cargos de drogas.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia dijo que arrestó a Gershkovich en la ciudad industrial de Ekaterimburgo, "sospechoso de espiar" al recopilar información sobre "una de las empresas del complejo militar-industrial de Rusia".

Fue llevado a Moscú, donde un tribunal ordenó en una audiencia a puerta cerrada que se le mantuviera en prisión preventiva hasta el 29 de mayo.

Gershkovich, que ha estado trabajando para el Wall Street Journal durante poco más de un año, le dijo al tribunal que no era culpable. Su empleador alegó que el caso en su contra se basa en una acusación falsa.

El espionaje bajo la ley rusa puede ser castigado con hasta 20 años de cárcel.

El arresto se produce en un momento de tensiones entre Occidente y Moscú por su guerra en Ucrania y mientras el Kremlin intensifica la represión contra activistas de la oposición, periodistas independientes y grupos de la sociedad civil.

(Incluye información de Reuters y Associated Press)

Un evento organizado por el Departamento de Estado de EEUU buscó subrayar las barreras que enfrentan las mujeres y niñas en todo el mundo, incluyendo las participaciones cívicas y políticas, así como el acoso y el abuso en las plataformas digitales.

WASHINGTON — Bajo la premisa de que “la condición de la mujer es la condición de la democracia”, el Departamento de Estado de EEUU lideró el martes una conversación con representantes de diversos sectores de la sociedad, en el que se enfatizó la importancia de la participación cívica y política de las mujeres en todo el mundo.

“Cuando las mujeres están empoderadas para tomar decisiones, la sociedad se beneficia. Promover la igualdad de género es fundamental para nuestros esfuerzos de promover la democracia”, dijo al iniciar el evento Jennifer Klein, asistente del presidente Joe Biden y directora del Consejo de Políticas de Género de la Casa Blanca.

Klein enfatizó que investigaciones sobre igualdad de género demuestran que la condición de las mujeres y la estabilidad de las naciones que habitan “están indisolublemente unidas”, por lo que el éxito democrático de los países, dijo, depende de su compromiso político.

Esta conversación se realizó en el marco de la Cumbre de la Democracia que se celebra en Washington. El secretario de Estado, Antony Blinken, abrió el panel con un discurso en el que resaltó las amenazas a la que continúan enfrentándose las mujeres.

“Los derechos de las mujeres en muchas partes del mundo están amenazados y atacados por gobiernos represivos que aprueban leyes específicas, restringen las libertades fundamentales de las mujeres, incluido el derecho a la libertad de expresión y asamblea”, apuntó Blinken. “Los actores extremistas apuntan de manera desproporcionada a mujeres y niñas”.

El secretario de Estado agregó que no solo en las “autocracias” se les niegan los derechos de igualdad a las mujeres, sino que también sucede en países donde no tienen las mismas oportunidades de estudiar o trabajar, o donde las periodistas, políticas y activistas son objeto de acoso y abuso.

“Frente a estas fuerzas, las mujeres y las niñas están liderando la lucha por sus derechos y por los derechos humanos y la democracia en todo el mundo, y están demostrando la importancia de tener mujeres en una mesa de toma de decisiones”, agregó.

Alejandra Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), participó del panel convocado por la cartera de Exteriores estadounidense y resaltó que una de las labores más importantes de los últimos años en el Hemisferio Occidental, es “ponerle apellido a la democracia”.

“La democracia no es solo una acción afirmativa. Es una cuestión de justicia. Si somos la mitad de la población, entonces deberíamos estar representadas en ese mismo nivel”, apuntó Mora.

La también ex ministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica, agregó que la violencia política es una de las “barreras estructurales” a las que se enfrentan las mujeres en el mundo.

“No hay democracia sin mujeres”, sentenció Mora, quien aseguró que las mujeres pueden llevar a la esfera pública habilidades aprendidas de negociación, empatía, cuidado e integración a la sociedad.

El reto de la participación en redes sociales

El rol de las redes sociales en la búsqueda de la equidad de género tuvo protagonismo en la conversación por ser, según Klein, herramientas no solo de comunicación sino de intercambio de ideas y construcción de movimientos.

Sin embargo, dicha participación en las redes sociales presenta en sí un riesgo de violencia de género. “Esto incluye la desinformación de género para disuadir a las mujeres de participar en la esfera pública”, dijo Klein.

“El efecto escalofriante del acoso y abuso en línea contra las mujeres líderes no es un daño individual aislado, pone en peligro nuestra democracia y no puede pasar desapercibido”, agregó.

Con el fin de atajar el abuso, durante la Cumbre de 2022 se anunció la Alianza Global para la acción contra el acoso y el abuso por Internet por motivos de género. Un año después, Blinken aseguró que la alianza firmada por 12 países ha tenido impactos como el aumento de recursos para capacitaciones a defensores de los derechos humanos y personas que trabajan con sobrevivientes de acoso en línea.

Representantes de países como Sudáfrica, Suiza e Inglaterra, también participaron de la discusión.

En una audiencia ante el Comité Judicial del Senado celebrada este martes, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, defendió su gestión migratoria en medio de críticas a las medidas restrictivas impuestas en la frontera con México.

Mayorkas, de origen cubano, dijo que no se ha tomado ninguna decisión con respecto a los informes de que la administración Biden está considerando detener a las familias migrantes que cruzan ilegalmente a Estados Unidos mientras se prepara para poner fin a las restricciones de Covid-19 en la frontera sur, hecho que sería un cambio importante después de que a fines del 2021 los funcionarios dejaran de retener a las familias en los centros de detención.

"Nosotros terminamos la detención familiar en marzo del 2021, además no se ha tomado ninguna decisión y buscamos fomentar un ambiente de trabajo donde las personas puedan presentar sus ideas (...) muchas ideas no llegan a nada y otras se convierten en política", declaró Mayorkas.

Mayorkas agregó que los funcionarios de Seguridad Nacional están trabajando en cómo manejar un aumento esperado de emigrantes en la frontera, una vez que se levanten en mayo las restricciones de Covid-19 que han estado vigentes desde el 2020.

En su intervención, Mayorkas reconoció que los movimientos de migración en el continente americano han llegado ahora al nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial y detalló que para hacer frente a ese desafío su departamento ha aumentado el personal de la Patrulla Fronteriza, ha invertido en nueva tecnología, ha trabajado con los países aliados en Latinoamérica y desarrollado nuevos procesos para reducir la migración irregular en la frontera.

Destacó en ese sentido el programa humanitario para migrantes de Cuba, Haití Nicaragua y Venezuela y la imposición de mayores consecuencias para quienes crucen la frontera sin autorización.

El funcionario añadió que se ha visto una reducción de un 95% en los arrestos de individuos de esos países en la frontera.

Por su parte, el miembro de mayor rango del Comité, el senador Lindsey Graham, republicano por el estado de Carolina del Sur, acusó al Departamento de Seguridad Nacional de no tener el control operativo de la frontera y criticó a Mayorkas por no abordar la crisis de fentanilo que cruza la frontera sur.

(Con información de agencia EFE)