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América Latina

Declaración final de la CELAC pide fin del embargo a Cuba  

De izquierda a derecha: Mandatarios de Argentina Alberto Fernández; ministro de Exteriores de Argentina Santiago Cafiero; Barbados, Mia Mottley; Chile, Gabriel Boric; Cuba, Miguel Díaz-Canel, Haití, Ariel Henry, (CELAC-CUMBRE 2023)
De izquierda a derecha: Mandatarios de Argentina Alberto Fernández; ministro de Exteriores de Argentina Santiago Cafiero; Barbados, Mia Mottley; Chile, Gabriel Boric; Cuba, Miguel Díaz-Canel, Haití, Ariel Henry, (CELAC-CUMBRE 2023)

Bajo el llamado a una mayor integración regional y a defender la democracia de la extrema derecha, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebró el martes en Buenos Aires su séptima cumbre marcada por la reincorporación de Brasil al foro y las diferencias ideológicas y crisis políticas que aquejan a varios países sudamericanos.

El presidente argentino y anfitrión Alberto Fernández celebró el regreso de Brasil al foro político de la mano de su tres veces presidente Luiz Inacio Lula Da Silva, luego de que su antecesor, el derechista Jair Bolsonaro, apartó al país hace tres años alegando que se había convertido en un escenario que daba protagonismo a los gobiernos izquierdistas y "autoritarios" de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"Una CELAC sin Brasil es una CELAC mucho más vacía", sostuvo Fernández.

El foro de concertación política nació en 2011 por iniciativa del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para diferenciarse de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuestionada por ese y otros dirigentes izquierdistas por su "alineamiento" con Estados Unidos.

"Brasil está de vuelta en el mundo", destacó Da Silva, histórico dirigente de izquierda que este mes regresó al poder por tercera vez. La cumbre de CELAC en Buenos Aires fue parte de su primera gira al exterior desde que asumió a principios de enero.

"Es importante resaltar que somos una región pacífica, que repudia el extremismo, el terrorismo y la violencia política", acotó el mandatario brasileño semanas después de las violentas manifestaciones de seguidores de Bolsonaro ocurridas en las sedes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de Brasilia.

Al respecto, Fernández -un férreo aliado de Lula en la región- advirtió que la democracia está en riesgo luego de que sectores de la ultraderecha "se han puesto de pie" en algunos países e instó a no permitir que "la derecha recalcitrante y fascista ponga en riesgo la institucionalidad".

"Lo vimos hace pocos días cuando la locura llegó a las calles de Brasilia... y aquí en Argentina también cuando alguien intentó matar a nuestra vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner)", señaló Fernández en alusión al frustrado ataque a la dirigente peronista el 1 de septiembre por el que tres jóvenes están detenidos y procesados.

La cita de CELAC se produce en momentos convulsos en Sudamérica a raíz también de las protestas de disidentes políticos en Perú y Bolivia.

Perú sufre una ola de protestas luego de que Pedro Castillo fue destituido y encarcelado en diciembre tras disolver el Congreso. Las manifestaciones para exigir la renuncia de su reemplazante, Dina Boluarte, han dejado más de medio centenar de muertos.

En Bolivia también ha habido protestas luego de la detención del líder opositor y gobernador de la provincia de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, a fines de diciembre.

Si bien la declaración final de la cumbre no incluyó una referencia directa a las crisis de ambos países, el canciller argentino Santiago Cafiero dijo en una posterior rueda de prensa que durante el cónclave algunas delegaciones se refirieron "a la violación de los derechos humanos que se está llevando adelante en Perú con respecto a la violencia institucional. Para todos fue un tema de relevancia".

"Para el conjunto de los países que integramos CELAC el respeto a los derechos humanos es esencial... Es necesario que aquellos países que están transitando estas situaciones vuelvan a la senda del respeto irrestricto a los derechos humanos", indicó Cafiero.

Fernández instó a "respetarnos en la diversidad" en alusión a las críticas que despierta la participación de los gobiernos de Venezuela, Nicaragua —sus presidentes estuvieron ausentes— y Cuba en la cita entre la oposición argentina. "Todos los que están aquí han sido elegidos por sus pueblos", afirmó el mandatario.

También exhortó a "levantar la voz" en contra de los bloqueos económicos que Estados Unidos aplica a Cuba y Venezuela por ser "un método perverso" contra los pueblos.

En contraposición, su colega uruguayo Luis Lacalle Pou respondió que "hay países acá que no respetan la democracia, los derechos humanos ni las instituciones". Y recalcó: "No tengamos una visión hemipléjica según afinidad ideológica".

El mandatario uruguayo también reclamó dejar a un lado las discusiones ideológicas y avanzar en acuerdos comerciales que mejoren la calidad de vida de los países de la región.

"¿No será momento de sincerar estas relaciones y que desde CELAC se impulse una zona de libre comercio entre nuestros países? Desde México hasta el sur de América del Sur. ¿No podremos avanzar en ese sentido?", planteó el mandatario uruguayo de centro-derecha.

"Muchas de nuestras economías son complementarias. Estoy seguro de que podríamos avanzar en ese sentido".

"Practiquemos con la acción lo que decimos en nuestros discursos. Para que este tipo de foros subsistan en el tiempo tienen que generar esperanzas y esta se genera sobre el camino andado", acotó.

El mandatario cubano Miguel Díaz Canel participó del encuentro, mientras su par de Venezuela, Nicolás Maduro, desistió en medio de las peticiones de opositores argentinos para que fuera detenido por la orden de arresto que pesa sobre él en Estados Unidos por presunto narcotráfico y envió a su canciller.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tampoco acudió y envió a representantes de su gobierno.

En la declaración final, los miembros de la CELAC respaldaron que haya "diálogo y negociación" entre el gobierno venezolano y la oposición, "fomentado por los gobiernos de México y Noruega". También pidieron el fin del embargo comercial a Cuba, pero no hubo mención a Nicaragua.


En tanto que el presidente colombiano Gustavo Petro exhortó a fortalecer el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. "¿Por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos en vez de estar en esta mesa?", reclamó.

Petro recalcó que recientemente invitó a Maduro a reingresar a ese sistema e invitó a un "pacto democrático en el que las derechas y las izquierdas no crean que cuando llegan al poder es para eliminar físicamente a su contrincante… En Latinoamérica no tiene que haber un solo preso político".

Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, convocó a sus pares "a establecer responsabilidades compartidas frente a los flujos migratorios".

"No podemos responder de manera individual. Tenemos que abordarlo en conjunto, regionalmente", insistió. Y propuso "reactivar durante el primer semestre de este año las reuniones sobre migraciones de la CELAC, que han estado paralizadas varios años".

Otro ausente de peso fue el mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien fue un fuerte impulsor de la CELAC al inicio de su mandato, pero declinó viajar a Buenos Aires por compromisos internos.

Entre los mandatarios que asistieron también estuvieron Luis Arce (Bolivia), Xiomara Castro (Honduras) y Mario Abdo Benítez (Paraguay).

En tanto, el gobierno de Estados Unidos -invitado al encuentro, aunque que no es miembro de la CELAC- envió al asesor presidencial especial para las Américas, Christopher J. Dodd.

En el cierre del encuentro, San Vicente y Granadinas —uno de los países más pequeños del continente— asumió la presidencia pro-témpore de CELAC.

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Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela

La Corte Penal Internacional busca esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. En la foto, una protesta el 4 de mayo de 2017, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.
La Corte Penal Internacional busca esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. En la foto, una protesta el 4 de mayo de 2017, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.

El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.

"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.

La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.


En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.

El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.

La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.

El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y al fiscal jefe de Venezuela, Tarek William Saab, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el 22 de abril de 2024.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y al fiscal jefe de Venezuela, Tarek William Saab, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el 22 de abril de 2024.

La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.

Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.

La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.

EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones

La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.
La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.

Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.

La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.

"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.

Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".

"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.

"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.

Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".

Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro

Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.
Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.

La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.

“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.

"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.

El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.

La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".

Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.

"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.

Boric llama a consultas a su embajador en Caracas

Vista general del consulado de Chile en Caracas el 11 de abril de 2024. El presidente chileno llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua.(Foto de Juan BARRETO/AFP)
Vista general del consulado de Chile en Caracas el 11 de abril de 2024. El presidente chileno llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua.(Foto de Juan BARRETO/AFP)

El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.

A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".

"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.

"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.

Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.

Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.

En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.

Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron la campaña “Está pasando de nuevo”.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron la campaña “Está pasando de nuevo”.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.

En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.

“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.

“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.

Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.

“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.

En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.

“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.

Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.

La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com

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