Estados Unidos
- Agencias
La Guardia Nacional en Baltimore y toque de queda este martes
Al menos 15 agentes resultaron heridos, incluyendo seis que seguían hospitalizados el lunes por la noche, según la policía.
La Guardia Nacional se desplegó el martes de madrugada en Baltimore; policía con escudos bloqueaba las calles y los bomberos apagaban los incendios aún activos mientras una creciente zona de la ciudad sufría los disturbios tras el funeral de un hombre negro que murió bajo custodia policial.
La violencia que comenzó el lunes por la tarde en el oeste de Baltimore –a una milla de donde Freddie Gray fue detenido y trasladado en un furgón policial este mes– se habían extendido a media noche al este de la ciudad y a barrios cerca del centro y el estadio de béisbol.
Se trata de uno de los estallidos de violencia más significativos provocados por una muerte relacionada con la policía desde los días de protestas que siguieron a la muerte de Michael Brown, un hombre negro desarmado que murió abatido a tiros en una confrontación con un agente de policía blanco en Ferguson, Missouri, el verano pasado.
Al menos 15 agentes resultaron heridos, incluyendo seis que seguían hospitalizados el lunes por la noche, según la policía. Dos docenas de personas fueron arrestadas.
Las autoridades estatales y locales prometieron restaurar el orden y la calma en Baltimore, pero pronto se encontraron respondiendo a preguntas sobre si su respuesta inicial había sido la adecuada.
A la alcaldesa, Stephanie Rawlings-Blake, se le preguntó por qué había tardado horas en pedir al gobernador que declarase el estado de emergencia y el propio gobernador insinuó que debería haber acudido antes a él.
"Estábamos todos en el centro de mando en el segundo piso de la Casa del Estado en comunicación constante, y tratamos de contactar con la alcaldes durante bastante tiempo", dijo el gobernador, Larry Hogan, en una rueda de prensa. "Por fin hizo esa llamada, y tomamos medidas de inmediato".
Cuando se le preguntó si la alcaldesa debió haber pedido ayuda antes, sin embargo, Hogan replicó que no quería cuestionar lo que hacían las autoridades de Baltimore. "Están todos bajo un tremendo estrés. Estamos todos en un equipo". Rawlings-Blake dijo que las autoridades creían tener bajo control los disturbios iniciados el fin de semana, "y creo que habría sido inapropiado traer a la Guardia Nacional cuando lo teníamos bajo control".
Pero más tarde el comisario de la policía de Baltimore, Anthony Batts, dejó claro que la situación se había vuelto inmanejable. "Simplemente nos superaban en número y nos flanquearon", explicó. "Necesitábamos tener más recursos ahí fuera". Batts dijo que las autoridades habían tenido un "día muy difícil y decepcionante".
Desde luego, la policía se vio puesta a prueba. Los agitadores incendiaron autos de policía y edificios en varios barrios, saquearon un centro comercial y varias licorerías y lanzaron piedras a la policía antimotines, que respondió de forma ocasional con gas pimienta.
"Comprendo el enfado, pero lo que estamos viendo no es enfado", dijo la alcaldesa. "Es la alteración de una comunidad. La misma comunidad que dicen que les importa, la están destruyendo. No pueden ser las dos cosas".
La secretaria federal de Justicia, Loretta Lynch, en su primer día en el cargo, dijo que enviará a la ciudad a autoridades del Departamento de Justicia en los próximos días. Se impuso un toque de queda diario durante una semana, a partir del martes entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m., informó la alcaldesa, y las escuelas públicas de la ciudad anunciaron que permanecerían cerradas el martes.
La general adjunta de la Guardia Nacional de Maryland, la mayor general Linda Singh, indicó que habría hasta 5.000 efectivos disponibles para las calles de Baltimore.
"Saldremos de forma masiva, y eso significa básicamente que patrullaremos las calles y saldremos a asegurar que protegemos la propiedad privada", dijo Singh en una rueda de prensa el lunes por la noche. La Guardia Nacional seguirá instrucciones de la policía municipal, dijo Singh.
La policía estatal solicitó un refuerzo de 500 efectivos, indicó el coronel William Pallozzi, superintendente del cuerpo. El estado pediría otros 5.000 agentes de seguridad de toda la región del medio Atlántico.
El congresista de Maryland Elijah Cummings y otras 200 personas, incluyendo pastores, intentaron sin éxito sofocar la violencia en un momento dado el lunes por la noche, marchando con los brazos enlazados por un barrio salpicado de cristales rotos, latas aplastadas y otros restos. Cuando se acercaron a la línea policial, los manifestantes se pusieron de rodillas. Después, se pusieron en pie y avanzaron hasta ponerse frente a los agentes formados con material antimotines.
Pero la violencia continuó. Los saqueadores prendieron fuego a una licorería y lanzaron bloques de concreto a los camiones de bomberos cuando acudieron a apagar el incendio.
Los disturbios del lunes son el último efecto de la muerte de Gray, y se producen en medio de un debate nacional sobre el uso de la fuerza, tras varios casos muy publicitados en los que hombres negros murieron tras encuentros con la policía, desde la muerte de Brown en Ferguson a las de Eric Garner en Nueva York y Walter Scott en North Charleston, Carolina del Sur.
Gray era negro. La policía ha declinado indicar la raza de los seis agentes implicados en su detención, que están suspendidos con sueldo mientras se investiga el incidente.
Aunque molesta con lo que ocurrió a Gray, la familia del fallecido dijo que la violencia no es la forma de recordarlo. "Creo que la violencia está mal", dijo la hermana gemela del fallecido, Fredericka Gray, el lunes por la noche. "No me gusta nada". El abogado de la familia, Billy Murphy, dijo que esperaban organizar una marcha pacífica más tarde esta semana.
Horas antes de que estallaran los disturbios el lunes, la iglesia baptista de New Shiloh, con capacidad para 2.500 personas, se llenó de personas que acudieron al funeral de Freddie Gray.
Gray fue arrestado el 12 de abril tras establecer contacto visual con agentes y salir corriendo, dijo la policía. Fue reducido, esposado y metido en una camioneta sin cinturón de seguridad. Luego de enfurecerse una vez que estaba dentro del vehículo, se le pusieron esposas también en los pies.
Pidió asistencia médica varias veces incluso antes de entrar en el auto policial, pero los paramédicos no recibieron la llamada hasta después de un viaje de 30 minutos. La policía ha reconocido que el joven debió ser asistido en el lugar donde fue arrestado, pero no explicaron cómo se lesionó la médula espinal. Falleció el 19 de abril.
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La inmunidad presidencial de Trump en manos de la Corte Suprema
La Corte Suprema de Estados Unidos asumirá este jueves un papel determinante en el futuro político del expresidente Donald Trump, favorito por el Partido Republicano a las elecciones presidenciales del 2024.
El expresidente ha solicitado inmunidad judicial en varias acusaciones que buscan procesarlo por sus esfuerzos por anular el resultado electoral de las presidenciales de 2020.
Otras instancias del sistema judicial han rechazado su solicitud de ser protegido de cuatro cargos penales relacionados con las elecciones con el argumento de que estaba sirviendo como presidente.
Los abogados de Trump dijeron a los jueces que un expresidente tiene "inmunidad absoluta contra el enjuiciamiento penal por sus actos oficiales" y alertaron que sin esa protección "la amenaza de un futuro enjuiciamiento y encarcelamiento se convertiría en un garrote político para influir en las decisiones presidenciales más sensibles y controvertidas".
Una decisión rápida de la Corte Suprema podría permitir que el juicio se lleve a cabo antes de las elecciones de noviembre.
Trump no asistirá a los argumentos de la Corte Suprema, integrada por una mayoría conservadora, entre los que se incluyen Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, los tres nombrados por el expresidente republicano. Los miembros de la rama judicial son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado.
En 2020 la misma instancia rechazó varios intentos que buscaron anular los resultados de las elecciones presidenciales que dieron la victoria a Joe Biden, por un margen de 306 a 232 votos en el colegio electoral de EE.UU.
En marzo, la Corte Suprema concedió una importante victoria para la carrera de Trump cuando anuló una decisión judicial que le había excluido de la papeleta electoral de Colorado en virtud de una disposición constitucional relativa a la insurrección por incitar y apoyar el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos perpetrado por sus partidarios.
Desde la histórica sentencia del caso Bush contra Gore, que en 2000 dio la victoria al republicano George W. Bush sobre el demócrata Al Gore, la corte no había desempeñado un papel tan importante en una carrera presidencial.
Los casos de la Corte Suprema son casi completamente de naturaleza apelativa y las decisiones de esta corte no pueden apelarse ante ninguna otra autoridad, ya que la Corte Suprema es la última instancia decisoria en los Estados Unidos en cuanto a las leyes federales. Sin embargo, la Corte Suprema puede considerar apelaciones de las cortes estatales de mayor rango o de los tribunales federales de apelaciones. La Corte también tiene jurisdicción de primera instancia sobre ciertos tipos de casos, incluyendo aquellos que implican a embajadores y otros funcionarios diplomáticos, y casos entre estados.
Nuevas detenciones en protestas estudiantiles en EEUU por la guerra de Gaza
Las protestas en universidades en Estados Unidos contra la guerra entre Israel y Hamás obligaron el martes a algunas casas de estudio a imponer las clases virtuales.
NUEVA YORK, EEUU — Los pulsos entre las universidades estadounidenses y las protestas propalestinas de sus alumnos eran cada vez más tensos el miércoles en ambas costas, y la Universidad de Columbia marcó un plazo límite a cientos de personas para que levantaran un campamento, mientras docenas de inconformes seguían atrincherados en dos edificios en un campus universitario del norte de California.
Los dos incidentes formaban parte de unas manifestaciones estudiantiles que ganaban intensidad en todo el país por la guerra de Israel con Hamás. Los estudiantes reclaman que las escuelas corten lazos financieros con Israel y desinviertan de compañías implicadas en el conflicto. Docenas de personas han sido detenidas y acusadas de allanamiento o alteración del orden.
El presidente de Columbia, Minouche Shafik, fijó el martes en un comunicado un plazo límite para llegar a un acuerdo con los alumnos para desalojar el campamento o “consideraremos opciones alternativas”.
Ese plazo pasó sin noticias de un acuerdo. Videos del lugar mostraban a algunos manifestantes retirando sus carpas mientras otros redoblaban sus discursos. Circulaban rumores en internet sobre que el plazo se había retrasado a la mañana, aunque la universidad declinó confirmarlo.
El incremento de la tensión se daba la noche antes de que el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, viajara a Columbia para visitar a los estudiantes judíos y hablar sobre el antisemitismo en los campus universitarios.
En el otro extremo del país, los manifestantes en la Universidad Politécnica Estatal de California, Humboldt, empezaron a utilizar muebles, carpas, cadenas y bridas para bloquear los acceso a un edificio el lunes por la noche. Era un desafío más inesperado en una región conservadora de California, unos 480 kilómetros (300 millas) al norte de San Francisco.
“¡No les tenemos miedo!”, coreaban los inconformes antes de que agentes con material antimotines trataran de abrirse paso en la entrada del edificio, según videos. La alumna Peyton McKinzie dijo que estaba entrando el lunes en el campus cuando vio a la policía agarrar a una mujer por el pelo y a otro alumno al que le estaban vendando la cabeza por una herida.
“Creo que muchos alumnos están en shock por eso”, dijo a The Associated Press.
Tres estudiantes fueron detenidos, según un comunicado de Cal Poly Humboldt, que cerró el campus hasta el miércoles. Un número desconocido de alumnos había ocupado un segundo edificio del campus el martes.
El incremento de las manifestaciones ha obligado a las universidades a buscar un equilibrio entre la seguridad del campus y los derechos de libertad de expresión. Muchas toleraron durante mucho tiempo las protestas, que en su mayoría reclamaban que las universidades condenaran el ataque de Israel a Gaza y desinvirtieran de compañías que venden armas a Israel.
Ahora las universidades imponen una disciplina más estricta alegando motivos de seguridad, mientras algunos estudiantes judíos dicen que las críticas a Israel han derivado en antisemitismo.
Las protestas contra la guerra en la Franja de Gaza llevaban meses bullendo, pero se intensificaron luego del arresto el jueves de la semana pasada de más de 100 manifestantes que habían acampado en el campus de la Universidad de Columbia en Manhattan.
En la Universidad de Nueva York, 133 personas habían sido detenidas y liberadas para el lunes por la noche con orden de comparecer ante una corte bajo cargos de alteración del orden público.
En Connecticut, la policía arrestó a 60 manifestantes —incluidos 47 estudiantes— en la Universidad de Yale, luego de que se rehusaron a abandonar un campamento en el centro del campus.
El presidente de Yale, Peter Salovey, dijo que los manifestantes habían rechazado una oferta para poner fin a la protesta y reunirse con los administradores. Después de varias advertencias, las autoridades escolares determinaron que “la situación ya no era segura”, así que la policía desalojó el campamento y realizó los arrestos.
En la región del centro-norte de Estados Unidos, un campamento en el campus de la Universidad de Michigan había crecido hasta tener casi 40 tiendas de campaña. Y nueve manifestantes contra la guerra de la Universidad de Minnesota fueron detenidos luego de que la policía desmanteló un campamento frente a la biblioteca. Cientos de personas marcharon en el campus de Minnesota por la tarde para pedir su liberación.
La Universidad de Harvard, en Massachusetts, ha intentado adelantarse a las protestas cerrando la mayoría de las puertas de acceso a su famoso Harvard Yard y limitando el acceso a quienes lleven una identificación de la escuela. La universidad también ha colocado carteles que advierten contra la instalación de tiendas o mesas en el campus sin permiso.
Las protestas en los campus comenzaron tras el letal ataque de Hamás contra el sur de Israel, en el que mataron unas 1.200 personas, la mayoría civiles, y unas 250 personas fueron tomadas como rehenes. En la guerra posterior, Israel ha matado a más de 34.000 palestinos en la Franja de Gaza, según el ministerio de salud local, que no distingue entre civiles y combatientes pero señala que al menos dos tercios de los muertos eran mujeres y niños.
Cuba, entre los países con más residentes y nacionalizados en EEUU en 2023
Cuba está entre los países con más ciudadanos residentes y nacionalizados en EEUU en 2023.
De acuerdo con un informe sobre Política de Nacionalización publicado recientemente, en el país norteamericano había al cierre del año pasado un total de 1.314.330 cubanos, de ellos el 64 por ciento se había naturalizado como ciudadano estadounidense y otro 30% era potencialmente elegible para serlo.
Solo el 6% de los cubanos radicados en EEUU resultó no elegible para obtener la ciudadanía ese año.
Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), en 2023 hubo más de 153.000 entradas irregulares de cubanos a Estados Unidos. Otros 67.000 volaron directamente a territorio norteamericano gracias al programa conocido como Parole Humanitario, implementado en enero de ese año por la administración de Joe Biden.
Esos números, sumados a los más de 313.000 que ingresaron en 2022, representan el mayor éxodo de ciudadanos de la isla de las últimas décadas.
A esta ola migratoria solo le preceden la del Mariel, en la década de 1980, cuando se registró la salida de 130.000; la llamada "Crisis de los balseros", en 1994, con 35.000; y la salida de unos 300.000 poco entre 1960 y 1963 después de la llegada de Fidel Castro al poder.
El Informe Anual correspondiente al año fiscal 2023 indica además que Cuba está entre los 10 países con mayor cantidad de expedientes bajo monitoreo de ICE.
"Un total de 442.624 cubanos están siendo monitoreados por las autoridades migratorias estadounidenses fuera de un entorno de detención, a través de una variedad de mecanismos", recoge el documento.
Fuertes críticas de EEUU por violaciones de los derechos humanos en Cuba: “No hay cambios”
El Departamento de Estado de Estados Unidos criticó la falta de “cambios” en la situación de los derechos humanos en Cuba durante la presentación este lunes de su informe sobre Derechos Humanos en el mundo.
“En Cuba, según informes, más de 1.000 presos políticos están detenidos injustamente y sometidos a malos tratos; sus familiares también son blanco de amenazas”, asegura el reporte, que también llama la atención sobre la situación en Nicaragua.
“En Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo cerró más de 300 organizaciones de la sociedad civil en 2023, lo que elevó el número de organizaciones cerradas a más de 3.500. El régimen también despojó a más de 300 personas de su ciudadanía y mantiene retenidos a más de 100 presos políticos en condiciones atroces”, asegura el texto.
Continúan en Cuba las violaciones a las libertades fundamentales
De acuerdo con el informe del Departamento de Estado, existen denuncias creíbles de ejecuciones arbitrarias o ilegítimas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, y de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del gobierno a los reclusos, además de condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales.
El informe da cuenta además de “graves problemas con la independencia del poder judicial” y severas restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa en la isla. EEUU tomó nota de los cortes de internet, así como sobre las leyes “demasiado restrictivas” contra las organizaciones no gubernamentales y religiosas.
Este informe del Departamento de Estado sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que concede a cada nación.
EEUU asegura en su reporte que los cubanos no pueden cambiar su gobierno pacíficamente mediante elecciones libres y justas, y que las autoridades de la isla mantienen restricciones graves e irrazonables a la participación política, además de una “grave corrupción gubernamental”.
Otro de los puntos tomados en cuenta por Estados Unidos fueron las llamadas misiones médicas en el exterior, a las que calificó como “trabajo forzoso patrocinado por el Estado”.
“El gobierno no tomó medidas significativas para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos”, dijo el Departamento de Estado.
El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez, respondió al informe acusando al Secretario de Estado, Antony Blinken, de “no preocuparle” los derechos humanos de cubanos y palestinos.
“Le preocupan los derechos de los productores de armamento y sus objetivos de dominación y saqueo”, escribió Rodríguez en X.
Decenas de activistas respondieron a las palabras de Rodríguez en X publicando imágenes de represión.
Venezuela también ha mantenido su régimen autoritario sin cambios
El Departamento de Estado también fue muy crítico con el régimen de Nicolás Maduro, al que acusó de casos de torturas, abusos y desapariciones de personas.
“La Defensoría del Pueblo, afín a Maduro, no publicó estadísticas sobre denuncias de tortura por parte de la policía durante el año. Varias ONG denunciaron casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes”, señala el informe dado a conocer por el secretario Blinken.
“Grupos de derechos humanos y el FFM denunciaron que representantes de Maduro seguían influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de forma selectiva y subjetiva”, añade el documento.
Preocupación por Ucrania y Gaza
Este informe del Departamento de Estado sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que concede a cada nación. El reporte se elabora desde 1977.
En el documento, Estados Unidos también mostró su preocupación por las crisis en el mundo, especialmente los “crímenes de lesa humanidad” cometidos en Ucrania por los ocupantes rusos y la muerte de decenas de miles de civiles palestinos en la ofensiva israelí contra Hamás, considerada por el gobierno estadounidense una organización terrorista.
Departamento de Justicia de EEUU crea norma de prestaciones para empleados afectados por Síndrome de La Habana
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dado a conocer la creación de una "norma provisional final" en beneficio de empleados, exempleados y sus familiares que presenten lesiones cerebrales calificadas como "incidentes de salud anómalos", asociadas con el llamado “Síndrome de La Habana”.
La norma, que entrará en vigor el próximo 20 de mayo, contempla a "personas que experimentan consecuencias a largo plazo, incluyendo potencialmente una incapacidad para trabajar de manera remunerada”, se basa en la llamada HAVANA Act de 2021 y explica en qué circunstancias y formas serán compensados los trabajadores afectados.
Debido a la numerosa y variada naturaleza de esas lesiones cerebrales, la norma se aplicaría de manera bastante amplia y las compensaciones, que se otorgarán como “pago único”, oscilan entre 153.000 y 204.000 dólares.
“El Departamento (de Justicia) cree que esta cantidad es la máxima con la que se puede compensar razonablemente a cada solicitante, al tiempo que garantiza los fondos para el número total de solicitantes que cree que, probablemente, recibirán pagos", explica la norma.
Para los aquejados de “afectaciones anómalas que sufran de incapacidad para trabajar o necesiten cuidados personales a tiempo completo”, la norma contempla el derecho a un “pago adicional”.
La semana pasada, senadores de ambos partidos pidieron a la administración del presidente Joe Biden reevaluar las conclusiones sobre el Síndrome de La Habana, después que un reportaje de CBS News generara preocupaciones en Washington sobre la presunta culpabilidad de Rusia.
"No hay mayor prioridad que la salud y la seguridad de los empleados del gobierno estadounidense y de sus familiares que comprometen sus vidas para promover los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos", escribieron los legisladores en carta al presidente.
El llamado “Síndrome de La Habana” salió a la luz pública en 2016, cuando empleados estadounidenses en la Embajada de EEUU en la capital cubana dijeron experimentar síntomas neurológicos que incluían fuertes dolores de cabeza, náuseas, desequilibrio físico y pérdida de audición, entre otros, llamados luego por las autoridades y la comunidad científica “Incidentes Anómalos de Salud” o AHIs, por sus siglas en inglés.
Más adelante, miembros del cuerpo diplomático norteamericanos ubicados en embajadas de China, Vietnam, Colombia, Rusia y otros países de Europa reportaron padecer síntomas similares.
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