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Cuba

Amnistía Internacional: Díaz-Canel continúa represión en Cuba

Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional

La nueva constitución cubana termina limitando los derechos que pretende proteger, señaló en entrevista EXCLUSIVA para Radio Televisión Martí la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.

El nombre de Erika Guevara Rosas es familiar y esperanzador para quienes en el continente americano intentan defender sus derechos y libertades frente a los abusos de Estados avasalladores y sus agentes.

Los medios suelen buscar el comentario de Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, cada vez que en esta mitad del mundo se suscitan noticias que hunden sus raíces en la situación de los derechos humanos en la región.

Y aunque los abusos en el área se extienden mucho más allá, y tienen orígenes más profundos que los hechos noticiosos y las crisis, la abogada mexicana accedió a hablar con Radio y Televisión Martí sobre varios puntos críticos del mapa hemisférico de los derechos humanos que han estado encendiendo las alarmas.

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Cuba

Ustedes han reportado recientemente que entre las formas que tiene el gobierno cubano para silenciar a sus críticos está crearles causas comunes y acusarlos por ellas. ¿Qué evidencias han tenido a través de los años para llegar a esta conclusión?

Sin duda alguna el sistema represivo del gobierno cubano se ha tenido que ir transformando y modificando al paso de los años, por un lado, por el nivel de presión internacional que existe sobre Cuba a través de los mecanismos internacionales y regionales que le exigen al gobierno una rendición de cuentas ante sus obligaciones en materia de derechos humanos; pero por otro lado, y yo diría que es lo más importante, ya se ha generado una presión interna de personas que valientemente se constituyen como defensoras de los derechos humanos, periodistas críticos y alternativos que dan visibilidad a lo que ocurre en Cuba. Y eso ha forzado a las autoridades a ir transformando su red de represión de diferentes formas.

Y lo que nosotros hemos venido documentando en los últimos años es precisamente un cambio en las formas de criminalización contra los activistas defensores de los derechos humanos, pero también contra la población en general; y una son estas detenciones arbitrarias cortas que tienen la intencionalidad de persuadir a aquellas personas que de alguna forma están manifestando oposición a las políticas de Estado o simplemente están demandando el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Pero lo que hemos visto es que aquellas personas que ocupan un liderazgo particular, o inclusive espontáneo, en la defensa de derechos humanos se convierten en enemigos del Estado, y así son tratados por esta red de represión del gobierno, ahora liderado por el presidente Díaz-Canel. Y en muchos casos hemos podido documentar situaciones de criminalización, es decir, del uso indebido de la justicia para acusar a personas, además, de delitos que constituyen todavía parte de la ley cubana, como los de peligrosidad, cuestiones tan arcaicas y tan reflectivas de esta red de represión, que inclusive afectan a las personas en su habilidad de ejercer su derecho al trabajo, la educación etcétera, porque son estigmatizadas por esta criminalización, y en muchos casos terminan pasando un período importante de tiempo en prisión.

Ustedes han dado un gran apoyo a los artistas que están protestando por el Decreto-Ley 349, que prácticamente criminaliza la actividad artística libre. El señor Díaz-Canel es el responsable porque este decreto-ley se emite ya bajo su administración. Al mismo tiempo, se están tratando de introducir en un proyecto de nueva constitución algunos principios básicos de derechos humanos. Considerando que hay un cuerpo de leyes que criminalizan derechos como la libre expresión, ¿cómo ve laperspectiva de que Cuba se transforme en ese sentido?

Primero, hablar del decreto, que yo creo que es una señal en este mismo proceso de reforma constitucional.

Este Decreto 349, que ha sido publicado en la Gaceta Oficial de Cuba y entra en vigor en diciembre del 2018, efectivamente es uno de los primeros decretos firmados por Díaz-Canel en su rol de presidente de Cuba, y en virtud de él todas las personas con actividades artísticas ─colectivos artísticos, quienes se dedican a la música─ tienen que solicitar una probación del Ministerio de Cultura previa a cualquier actividad o acción relacionada con su actividad artística.

Entonces eso es un indicador de cómo sigue habiendo una esfera de represión que va desde las prácticas, porque nosotros hemos documentado en numerosas ocasiones el hostigamiento, las detenciones arbitrarias de artistas independientes en Cuba, y como esas prácticas hoy día se están formalizando en leyes, y en este caso a través del Decreto 349, que en nuestra opinión es una ley que criminaliza, censura, limita la libertad de expresión y que además intenta controlar la expresión artística para que siempre esté destinada a promover o a generar una propaganda de las propias políticas del gobierno.

Yo creo que es importante poner en contexto que este decreto constituye una forma de acoso y de persecución en contra de la expresión artística que, finalmente, constituye parte de las libertades de expresión en cualquier país.

Entonces, en este contexto no podemos dejar de ponerlo en relieve frente a este proceso de reforma constitucional que, en nuestras lecturas preliminares de las reformas propuestas, a primera vista pareciera que busca fortalecer protecciones en materia de derechos humanos. Pero que cuando uno ya empieza a mirar de manera más detallada y empieza a ver el lenguaje que se utiliza en términos de lo que se promueve proteger, encontramos que termina por un lado buscando la protección de derechos, pero por otro lado también limitarlos.

Y le voy a poner un ejemplo muy específico: por un lado la nueva constitución propone que los convenios internacionales ratificados por Cuba serán integrados en las leyes nacionales; y mientras Cuba todavía no ha ratificado una serie de convenciones importantísimas ─es cierto que sí ha ratificado convenciones como aquellas relacionadas con la violencia contra la mujer e inclusive otras para prevenir y responder a la tortura─ cuando uno lee bien el texto, y su naturaleza y espíritu, dice claramente, en la misma oración, cuando afirma que van a integrarlos a la ley local, que la constitución revisará que estas provisiones de las convenciones internacionales estén “domesticadas”, esto quiere decir, que estén en acuerdo a las provisiones de la ley nacional.

Quiere decir que tomarán en cuenta las convenciones pero tendrán que ser “tropicalizadas” en un contexto en que estén en línea con las propias leyes nacionales de Cuba. Y eso ya de por sí contraviene las obligaciones internacionales de Cuba, de que una vez que se ha ratificado un convenio, este tiene que ser parte integral de la legislación y en muchos casos es una legislación “supra”, lo que quiere decir que está por encima de las leyes locales.

Y así lo vamos leyendo en el texto: por un lado habla de protección de derechos, pero por otro lado, en la misma oración, termina limitando esos derechos y mantiene serias limitaciones a la libertad de expresión, uno de los derechos fundamentales que, además abre un proceso para la exigencia y el ejercicio de otros derechos fundamentales.

Recientemente, en la conclusión del Examen Periódico Universal de Cuba en Ginebra, su representante, Marianne Lilljenberg, reiteró el llamado a las autoridades cubanas a que permitan a Amnistía Internacional entrar en Cuba; y el Embajador de Cuba finalmente respondió: no le van a permitir hacerlo. ¿De qué manera cree que afecta la percepción internacional sobre Cuba esta negativa constante a permitir entrar a organizaciones internacionales e incluso a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas?

Primero, decir, que la respuesta del gobierno cubano ante las recomendaciones durante la Evaluación Periódica Universal es un indicador de la continuidad de esta nueva administración frente a todos los actos y políticas anteriores. Lamentablemente, no fue sorpresa escuchar en las palabras del embajador ante Naciones Unidas que Amnistía no es bienvenida en Cuba, siendo el único país en las Américas donde no tenemos acceso. Hemos pedido reiteradamente el acceso de la organización al país, para poder monitorear el pleno respeto de las obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos del gobierno, y nunca nos habían contestado. Así que finalmente hemos tenido una respuesta.

Pero, más importante que el acceso de Amnistía Internacional, nosotros hemos recomendado al gobierno en múltiples ocasiones, a través de las revisiones periódicas universales u otros mecanismos de Naciones Unidas o regionales, que se permita el ingreso de los monitores internacionales, es decir, de los expertos independientes, de los diferentes entes y procedimientos que existen a nivel internacional y a nivel regional precisamente para el monitoreo y la protección de derechos fundamentales. Y lamentablemente, el embajador ha dado asimismo respuesta y ha dicho que no aceptará esa recomendación. Yo creo que efectivamente esto constituye no sólo seguir marcando el aislamiento del país ante la comunidad internacional sino que también aísla a la población de la posibilidad de acceder a otros mecanismos regionales e internacionales para exigir del Estado la rendición de cuentas y, sobre todo, el pleno respeto a los derechos humanos. La imagen que deja Cuba es la imagen que siempre ha dejado ante estos mecanismos y estos espacios y foros internacionales, una imagen de cierre total, de hermetismo, y una imagen que inclusive uno podría calificar de encubrimiento de las violaciones de derechos humanos que puedan estar ocurriendo en el país.

México

El relator de la ONU dijo que había tortura generalizada en el país. ¿Ese sigue siendo el caso en México? ¿Se ha hecho algo para tratar de bajar esos niveles?

Efectivamente, sobre la tortura, que es una práctica generalizada en todo el país, con múltiples denuncias a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también de las comisiones estatales, denuncias que en muy pocos casos son investigadas por las autoridades, nosotros en Amnistía Internacional hemos hecho investigación en los últimos años.

El último informe que sacamos fue sobre la tortura sexual. Entrevistamos a cien mujeres que se encuentran encarceladas, y pudimos documentar casos de tortura en el momento de la detención. Estas mujeres están presas con la única evidencia de su testimonio, de su confesión, que fue sacada bajo tortura: tortura sexual, violencia sexual de muchos tipos, pero sobre todo violaciones que muchas veces son multitudinarias, hechas por agentes del Ejército o de la Policía Federal o estatal.

El propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recientemente ha publicado un informe donde se documentan casos de tortura a las personas que se encuentran acusadas y detenidas, donde se señala que esa tendencia a obtener testimonios y confesiones a través de la tortura se ha convertido en una práctica normalizada por las autoridades precisamente porque hay una total impunidad, no se investigan las denuncias, pero cuando se investigan, son nulos los casos en los que se ha traído a los perpetradores ente la Justicia.

Venezuela

Por último, sobre Venezuela: recientemente en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, cinco gobiernos latinoamericanos y Canadá pidieron al Tribunal Penal Internacional que inicie una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad del gobierno de Nicolás Maduro ¿Qué significado tiene esto y qué perspectivas le ve a que progrese esa petición?

Sin duda alguna Venezuela está enfrentando una gravísima crisis en materia de derechos humanos, las personas allí están enfrentando un contexto de masivas violaciones de derechos humanos en todo sentido: se violan desde los derechos políticos y civiles, con una serie de detenciones arbitrarias por motivos políticos, ya sean líderes de oposición, o también personas que se ven enfrentadas a la criminalización por simplemente oponerse a políticas de manera pública a través de redes sociales.

Pero también se están violentando los derechos económicos y sociales de la mayoría de la población. Hay una crisis humanitaria, una crisis dramática de violaciones a estos derechos, por información inclusive oficial, de los últimos años, en donde se expone información con respecto a la salud que del 2015 al 2016 se habla de un aumento en la mortalidad materna del 65 %, y de la mortalidad infantil, de más de un 30 %. Estos ya son indicadores gravísimos de la situación.

Hemos visto las imágenes dramáticas del flujo masivo de personas saliendo de Venezuela en busca de protección internacional hacia países vecinos. Solo en Colombia ya se calcula que hay 1,2 millones de personas, desde Venezuela, en necesidad de protección internacional; y todos los demás países suramericanos donde están buscando esa protección, que hoy día llega según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados a 2,3 millones de personas en los últimos cuatro años, pero hay referencias de organizaciones locales de derechos humanos que hablan de más de cuatro millones de personas en los últimos cinco años. Estamos hablando de una de las mayores y más graves crisis de refugiados, y de graves y masivas violaciones de los derechos humanos.

Y por supuesto que la Corte Penal Internacional es un espacio que de alguna manera ofrece a la población, sobre todo la venezolana, la esperanza de que pueda haber investigaciones serias sobre estas violaciones a los derechos humanos y que se puedan encontrar responsabilidades penales individuales de los líderes, incluido el presidente Maduro, frente a estas graves atrocidades cometidas en contra de la población.

Ya la fiscalía de la Corte Penal Internacional había abierto una examinación preliminar, antes de la presentación de la denuncia por estos países, y esperamos que la Corte pueda determinar, de manera urgente y lo más pronto posible, si tiene competencia para la investigación, y conocer de estas graves violaciones de derechos humanos y de los crímenes bajo el derecho internacional que se están cometiendo en Venezuela.

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Residente en Uruguay atrapado en Cuba demanda al gobierno por daños y perjuicios (VIDEO)

Lidier Hernández Sotolongo. (Facebook)

Una demanda por daños y perjuicios será interpuesta contra el Estado cubano por el activista Lidier Hernández, quien lleva más de una semana retenido en la isla sin poder salir hacia Uruguay, país donde reside.

Hernández, a quien las autoridades comunicaron este lunes que continúa regulado, hizo el anuncio desde Cienfuegos en su cuenta de Facebook.

"Hoy fui a oficina de trámites y me dicen que sigo regulado (prohibido de salir de Cuba) y que la fecha “no la pueden ver en el sistema”... Que eso “lo sabe quien me puso la regulación”! Así las cosas", escribió.

"Desgraciadamente sigo sin respuestas, sigo sin saber hasta cuando voy a tener prohibido salir de Cuba. Estoy asesorándome con un abogado que está interesado en defender mi caso y voy a comenzar ya el proceso para presentar una demanda contra el Estado cubano por daños y perjuicios", explicó Hernández a través de un Facebook Live.

El joven añadió que la prohibición del gobierno le ha ocasionado daños económicos por gastos que no tenía previstos, y poner en peligro su estabilidad económica al tener que permanecer en la isla por tiempo indefinido. "Hace una semana hoy que debería haberme incorporado a mi trabajo", señaló.

Dijo, además, que la situación en la que se encuentra afecta su vida íntima y su estabilidad psicológica y física a causa del estrés.

En la mañana de este lunes, Hernández comprobó en una oficina de trámites del Ministerio del Interior que sigue "regulado", una categoría bajo la cual no puede salir del país.

Para saber hasta cuándo estará regulado tendrá que hablar directamente "con las personas que me pusieron esta regulación", pero esas personas ya le dijeron el pasado 17 de febrero "que no tenían ningún interés en darme una explicación o documento que avale el por qué tiene prohibido salir de Cuba".

Tras la injusticia cometida en su caso, Hernández se ha solidarizado con el caso de más de 200 "regulados" en la isla. "A mí fui a uno de los últimos que le pasó, no soy yo solo", subrayó.

Hernández reside desde hace más de tres años en Uruguay, donde tiene a su esposa. "El gobierno de Cuba no me deja regresar a donde vivo y donde tengo mi familia por el simple hecho de ejercer mi libertad de expresión".

Aunque el joven emigrado no confía en la legalidad que ofrecen las instituciones cubanas, ha llevado su caso "por los canales pertinentes", a la espera de que "ellos decidan -espero que sea pronto- que yo puedo salir de acá".

Hernández dijo que lleva un año haciendo activismo político en Uruguay "para que esto no le pasara ni a un cubano más", pero "se ve que no ha sido suficiente, (...) que no se ha sumado la cantidad de cubanos suficiente para que este tipo de injusticia termine", concluyó.

En enero de 2020, Hernández compartió imágenes en las redes sociales donde lideraba a un grupo de cubanos que intentaban realizar una protesta pacífica frente al edificio de la embajada de la isla en Montevideo.

Boteros ganan terreno con protesta por nuevas regulaciones

Almendrones en La Habana. (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)

La falta de transporte debido al paro de los boteros en Mayaquebe, Artemisa y La Habana contra regulaciones del gobierno que consideran injustas, ha provocado una gran acumulación de personas en terminales y puntos de recogida, y la protesta de estos.

Los transportistas privados controlan la mayoría del traslado de pasajeros en esas provincias, razón por la que las autoridades, con el propósito de disminuir tensiones, han decidido no aplicar en la práctica esas regulaciones, dijo a Radio Martí desde Mayabeque, Esteban Hernández González, delegado para la región occidental de la Coalición de Cuentapropistas de Cuba.

Según Hernández González, "el gobierno ha flexibilizado, y le ha indicado al parecer a la policía y a los inspectores reducir un poco la presión sobre los transportistas para que poco a poco se vayan incorporando, porque la situación se puso muy tensa y el Estado no tuvo como responder a la demanda de transporte".

Las regulaciones provocaron, señaló el cuentapropista, "una paralización de casi 70 por ciento del transporte privado". En estos momentos "alrededor del 50 por ciento" se habría incorporado a sus labores, añadió.

Boteros afirman que el gobierno ha tenido que ceder ante su protesta
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En estos momentos los choferes privados están cobrado sin tope salarial y la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos está a la espera de una respuesta al manifiesto que les entregaron a las autoridades del Ministerio de Transporte, explicó Hernández González.

"Los transportistas están cobrando lo que estaba previsto antes y a veces hasta más (...). La respuesta [de las autoridades del Transporte] ha sido dejar hacer para evitar que las cosas se pongan más malas", afirmó.

Desde la capital, el botero Rafael Alba Macías comentó que ya no hay presencia de policías e inspectores en piqueras y puntos de control. "Ya se han quitado un poco (...) y los boteros han empezado a trabajar".

En la primera semana de su puesta en marcha se aplicaron multas por el valor de miles de pesos y se retiraron decenas de licencias a las transportistas que no estaban cumpliendo con la disposición, dijo en entrevista con el diario estatal Juventud Rebelde, el director de transporte en la Habana, José Conesa González.

Entre los puntos que rechazan los transportistas se encuentran el tope de precio al pasaje, la prohibición de recoger turistas extranjeros y la limitación del número de pasajeros que pueden llevar.

Denuncian cerco policial a viviendas de miembros de UNPACU

Continúa el operativo en la sede de UNPACU en Santiago de Cuba.

Opositores que integran la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) permanecen desde hace varias semanas con sus viviendas vigiladas por efectivos policiales en diferentes puntos de la ciudad de Santiago de Cuba.

También en otras partes de la isla miembros del grupo opositor reportan acoso por parte de las autoridades, según dijo a Radio Martí el coordinador de UNPACU, Ovidio Martín Castellanos.

Declaraciones de Ovidio Martín Castellanos a Radio Martí
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"Desde horas de la mañana el cerco ha sido completamente visible, frente con frente a nuestra vivienda, los agentes de la policía política reprimiendo a quien pueda en un momento determinado llegar", dijo Castellanos.

Los agentes tienen la orden de evitar que los activistas que intenten solidarizarse con la situación de los miembros de UNPACU apresados desde el 1 de octubre puedan llegar a las distintas sedes de la organización opositora, agregó.

En el caso de otros integrantes de UNPACU, Castellanos asegura que "el régimen les ha puesto agentes" a vigilar sus viviendas para evitar que se reúnan.

En La Habana, señaló Castellanos, el coordinador del movimiento en la capital Zaqueo Báez Guerrero se encuentra en la misma situación. "Cada vez [las autoridades de régimen] se ponen más agresivos en contra de los que luchamos pacíficamente por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos", concluyó.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

"Yo soy el que acusa", la campaña con la que Ferrer responde a sus inculpadores

Campaña en redes sociales #YosoyelqueAcusa, impulsada desde prisión por José Daniel Ferrer. (@liettysrachel)

Desde la celda de castigo en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, ha respondido a sus acusadores con el llamado a una campaña en la que denuncia los crímenes cometidos por el régimen durante 60 años en el poder.

"Yo soy el que acusa", espeta el prisionero de conciencia a las autoridades que este domingo han puesto finalmente fecha al juicio en su contra por los supuestos delitos de lesiones, privación de libertad y atentado.

La vocera de UNPACU, Katerine Mojena, dio a conocer la campaña en Twitter.

Miembros de UNPACU y activistas de otras organizaciones opositoras en la isla se han sumado a la convocatoria de Ferrer en las redes sociales, con el uso del numeral #YoSoyElQueAcusa.

"Como madre de su hija, por todo los años que estuve a su lado luchando, día tras día, porque fui testigo de todos los actos de terror contra él, nuestras familias, nuestros hermanos y por su lucha constante me uno a esta campaña y a todas las que tenga que unirme, por su libertad", escribió en Twitter la expareja de Ferrer, Liettys Rachel Reyes Tur.

"(...) el régimen castrista y otro juicio amañado que se sabe que tiene carácter de juicio político. Empieza la farsa. Justicia para Ferrer", dijo en Twitter Sandra Bajaña.

Una de las hijas del líder opositor, Martha Beatriz Ferrer Cantillo, escribió un largo post en Facebook en el que denuncia el "juicio arbitrario" que el régimen prepara contra su padre.

La joven cuestiona a las autoridades "(...) si ustedes golpean a mujeres hombres y niños que se enfrentan a su dictadura, [ustedes] que asaltan y roban los hogares de los opositores pacíficos, que roban los alimentos y medicinas de nuestros hijos y hermanos, que privan de su libertad a hombres y mujeres que pacíficamente luchan por una Cuba libre, que mienten, difaman y calumnian porque es la única manera que tienen para seguir en el poder (...) Que falta de respeto, que cinismo más grande querer acusar a mi padre de los delitos que ustedes, sus miembros del partido Comunista y de la policía política cometen día tras día".

"Yo acuso a la dictadura de Raúl Castro por intento de asesinato, por mantener a mi padre en una celda fría y húmeda, semidesnudo. Por privar a todos los cubanos de sus derechos y libertades", concluye Ferrer Cantillo.

125 aniversario del Grito de Baire: última guerra contra el dominio español en Cuba

ARCHIVO. Las tropas del Ejército Libertador.

Hoy 24 de febrero se conmemora el 125 aniversario del Grito de Baire, gesta independentista que dio inicio a lo que José Martí llamó "la guerra necesaria" contra la metrópolis de España.

Desde el exilio Martí, fundador y máximo representante del Partido Revolucionario Cubano, había organizado la insurrección apoyándose en las figuras más cimeras de las guerras anteriores.

El 24 de febrero de 1895 los complotados en diversos pueblos del Oriente cubano acataron la orden de alzamiento recibida desde el exterior.

Baire, un pequeño barrio de Jiguaní, fue el lugar elegido para reiniciar la lucha, por lo que el Grito de Baire es sinónimo de 24 de Febrero.

Organizado principalmente por José Martí desde el exilio con la ayuda de otros patriotas, el levantamiento tuvo lugar simultáneamente en 35 puntos del oriente de Cuba.

Martí había enviado indicaciones a Juan Gualberto Gómez para que el levantamiento fuera simultáneo y por tanto más efectivo.

Muchos patriotas conocidos, como Bartolomé Masó, Quintín Banderas y Juan Gualberto Gómez se levantaron ese día en la isla y otros llegaron más tarde del exterior para unirse a la lucha.

La guerra fue la última contra el dominio español en Cuba y en ella perecieron las principales figuras de la lucha independentista cubana, como el propio Martí, Antonio Maceo, José Maceo, Flor Crombet y algunos otros.

Antes de que finalizara el año, la guerra se extendía hasta el occidente del país.

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