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Cuba

Al menos 39 artistas fueron detenidos en las protestas en Cuba, denuncian 66 organizaciones internacionales

Manifestación pacífica contra el régimen comunista frente al Capitolio Nacional de Cuba el pasado 11 de julio.

Al menos 39 artistas fueron detenidos el 11 de julio en las protestas antigubernamentales en Cuba, denuncia una declaración de la Red de Protección de Artistas en riesgo en América Latina y el Caribe, que ha sido respaldada por 66 organizaciones y 81 artistas.


De los 39, tres fueron condenados ya por cargos de desacato: el músico Abel Lescay, el rapero-cantante Randy Arteaga y la escritora y poeta María Cristina Garrido, indica el documento, que inicialmente condena los cargos por supuesto desacato, difamación y desorden público presentados contra los artistas cubanos Maykel "El Osorbo" Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara.

María Cristina Garrido Rodríguez, de 41, recibió una sentencia de 7 años de cárcel por manifestarse en Quivicán, Mayabeque. González Lescay, estudiante del Instituto Superior de Arte (ISA), fue condenado a seis años de cárcel por su participación en las manifestaciones del 11 de julio en la localidad de Bejucal, también en la provincia de Mayabeque y el rapero Randy Arteaga Rivero "Randy AR" fue condenado a cinco años de cárcel por su participación en las protestas en Santa Clara.

Sobre las acusaciones a los artistas del Movimiento San Isidro, la declaración asegura que son "infundadas e indignantes" y que dejan claro que "se les persigue por el ejercicio de su libre expresión".

"Las tácticas que las autoridades han empleado contra los disidentes –vigilancia, acoso, detenciones y el silenciamiento– son evidentes y claramente abusivas", denuncia el texto.

A continuación reproducimos íntegramente la declaración:

DECLARACIÓN CONJUNTA DE CONDENA A LOS CARGOS PRESENTADOS CONTRA MAYKEL "EL OSORBO" CASTILLO PÉREZ Y LUIS MANUEL OTERO ALCÁNTARA

66 organizaciones y 81 artistas envían este mensaje, lanzado por PAR —Red de Protección de Artistas en riesgo en América Latina y el Caribe—, en solidaridad con Maykel "El Osorbo" Castillo Pérez, Luis Manuel Otero Alcántara, y todos aquellos que permanecen injustamente detenidos y acusados por ejercer su derecho a la libre expresión en Cuba.

Las organizaciones y artistas abajo firmantes condenan enérgicamente los infundados e indignantes cargos por supuesto desacato, difamación y desorden público presentados contra los artistas cubanos Maykel "El Osorbo" Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara, por los cuales los fiscales han solicitado la pena de diez y siete años de prisión, respectivamente. Pedimos al gobierno cubano que retire estos cargos, libere a Castillo Pérez y Otero Alcántara y ponga fin de inmediato al constante acoso y abuso contra los artistas.

Castillo Pérez ganó dos Grammys Latinos por su canción Patria y Vida, que critica al actual gobierno y se convirtió en un himno viral durante las protestas masivas en julio de 2021. Otero Alcántara se ha convertido en una destacada voz disidente contra el gobierno cubano a través de su potente arte escénico. Ambos artistas son miembros del Movimiento San Isidro, un colectivo que ha protagonizado diversas protestas contra el gobierno, lo que ha provocado una intensa vigilancia estatal. Como resultado de su arte y activismo, Castillo Pérez y Otero Alcántara se han enfrentado a una campaña sostenida de acoso y persecución desde 2016. Recientemente, Maykel Castillo fue detenido el 18 de mayo tras el éxito de Patria y Vida, mientras que Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio tras su participación en las manifestaciones masivas que recorrieron la isla. Ambos han permanecido encarcelados en prisiones de máxima seguridad desde entonces.

Actualmente, Castillo Pérez y Otero Alcántara están siendo juzgados con una orden formal de apertura de juicio oral dictada el 8 de marzo de 2022. Los cargos contra Otero Alcántara incluyen "ultraje a los símbolos de la patria", "desacato" y "desorden público", mientras que los cargos contra Castillo Pérez incluyen "desacato", "desorden público", "difamación de instituciones y organizaciones y de héroes y mártires" y "atentado". La Conexión de Artistas en Riesgo (ARC) de PEN América, PEN Internacional y CADAL han revisado los documentos legales que muestran que la Fiscalía emitió su solicitud de sentencia de diez años de prisión para Castillo Pérez y siete años para Otero Alcántara.

Una revisión a los cargos contra ambos artistas deja claro que se les persigue por el ejercicio de su libre expresión. Su presunta conducta delictiva incluye el uso de la bandera cubana en una serie de fotos, la redacción de un post ofensivo en las redes sociales, la crítica a funcionarios del gobierno y la publicación de memes sobre el jefe de Estado de Cuba. Los casos contra ambos artistas, simplemente, representan un intento obvio de criminalizar su arte y sus opiniones. El objetivo de estos cargos nunca ha sido impartir justicia ni permitir un discurso libre y justo sobre los problemas a los que se enfrenta el pueblo cubano, sino vigilar, acosar, detener y silenciar.
Estos casos forman parte de una campaña más amplia del gobierno cubano para intimidar, silenciar y encarcelar a los artistas y otros creativos que se atreven a criticarlos, una campaña marcada por la represión y las violaciones de los derechos humanos. Desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021, las autoridades cubanas han llevado a cabo una serie de juicios injustos contra quienes salieron a la calle, muchos de ellos son artistas.

Al menos 39 artistas fueron detenidos el 11 de julio, de los cuales tres fueron condenados por cargos de desacato: el músico Abel Lescay, el rapero-cantante Randy Arteaga y la escritora y poeta María Cristina Garrido. Las tácticas que las autoridades han empleado contra los disidentes –vigilancia, acoso, detenciones y el silenciamiento– son evidentes y claramente abusivas.

Castillo Pérez y Otero Alcántara fueron detenidos por primera vez el 18 de mayo y el 11 de julio de 2021, respectivamente, y siguen detenidos mientras avanza el proceso de su juicio. La detención prolongada y las condiciones extremadamente duras de ambos hombres han tenido un grave impacto en su bienestar mental y físico. Tanto Castillo Pérez como Otero Alcántara han enfrentado un deterioro de su estado de salud que requiere atención médica inmediata. Tras su última huelga de hambre en protesta por su injusto encarcelamiento y la manipulación de su libertad por parte de la seguridad del Estado, Otero Alcántara dijo a su pareja que "sufrió una parálisis y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital", y explicó que su estado ha empeorado y que se encuentra en "riesgo constante". La salud de Castillo Pérez también se ha deteriorado drásticamente mientras espera los resultados de una segunda biopsia realizada debido a la inflamación de su garganta y sus ganglios linfáticos.

El hecho de que el gobierno cubano presente cargos penales contra ambos artistas no es justicia, sino opresión. Exigimos que las autoridades retiren todos los cargos contra Maykel “El Osorbo” Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara, y los pongan inmediatamente en libertad. Además, pedimos al gobierno cubano que cese el acoso y las amenazas contra periodistas, escritores y artistas en la isla, y que respete y garantice el derecho internacional de los derechos humanos tal y como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales.

Firman,

Acción Constitucional
ARTICLE 19 México y Centroamérica
Artist Protection Fund
Artistic Freedom Initiative
Artists At Risk Connection (ARC)
ArtsEverywhere
Auckland PEN
Berlín Opus Cuba
Cadal
CIVICUS
Civil Rights Defenders
Center for a Free Cuba
Cuban American National Foundation
Cubalex
Cultura democrática
Democracy Council
Demóngeles, colectivo de artistas
Dansk PEN
Di.Verso
English PEN
Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe
Freedom House
Fundamedios
Fundación Ciudadanía y Desarrollo a la Declaración
Fundación Acceso- Shelter City Costa Rica
Grupo Ánima, colectivo de artistas
Human Rights Foundation
Hypermedia
Irish PEN
Independence Chinese PEN
INSTAR (Instituto de Artivismo Hannah Arendt)
International Institute on Race, Equality and Human Rights
Movies that Matter
Movimiento de San Isidro
New Zealand Society of Authors Te Puni Kaituhi o Aotearoa (PEN NZ) Inc
PEN America
PEN Argentina
PEN Austria
PEN Brazil
PEN Canada
PEN Catalan
PEN Centre of Bosnia & Herzegovina
PEN Chiapas Pluricultural
PEN Chile
PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio
PEN Ecuador
PEN Eritrea
PEN Guatemala
PEN International
PEN Kenya
PEN Nigeria
PEN Norway
PEN Paraguay
PEN Perth
PEN Quebec
PEN Turkey
PEN Uruguay
PEN Zimbabwe
Philippine PEN
Prisoners Defenders
Provea - Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos
Rialta, Alianza Iberoamericana para la Literatura, las Artes y el Pensamiento, A.C
San Miguel PEN
Swedish PEN
Victims of Communism Memorial Foundation
World Organisation Against Torture (OMCT)

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43 balseros devueltos a Cuba este fin de semana y ya son más de 300 en mayo (VIDEO)

Embarcación con cubanos a bordo detectada a 65 millas al sur de Marathon, Florida, el 18 de mayo de 2022. (Foto: USCG/Erik Villa-Rodríguez)

La Guardia Costera de EEUU repatrió este sábado a 43 migrantes cubanos a la isla, detenidos cuando intentaban ingresar por mar a territorio estadounidense, para un total de 315 en lo que va de mayo, según informes de esa agencia federal, mientras dos embarcaciones provenientes de la isla fueron interceptadas este domingo en el Sur de la Florida.

Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han detenido a 1.952 migrantes cubanos indocumentados en su intento de llegar a Estados Unidos por vía marítima.

Los migrantes fueron trasladados a bordo del buque guardacostas Bernard Webber, luego de cuatro interdicciones frente a los Cayos de Florida, informó la Guarida Costera, que detalló las operaciones.

Una tripulación de la Guardia Costera de la Estación Aérea Clearwater alertó a los agentes del Sector de Cayo Hueso de una embarcación rústica, el martes, a las 3:45 p. m., a unas 40 millas al sur de Long Key.

Un equipo de Operaciones Aéreas y Marinas de Aduanas y Protección Fronteriza detectó una embarcación rústica, el miércoles, a las 10:50 a.m., a unas 50 millas al sur de Islamorada, en el primero de tres avistamientos ese día.

El mismo equipo informó de otra embarcación, aproximadamente a las 12:15 p. m., a unas 45 millas al sur de Big Pine Key. Horas más tarde, sobre las 3:30 p.m., a unas 65 millas al sur de Marathon, una tercera embarcación con cubanos a bordo fue interceptada por los guardacostas estadounidenses.

"La Guardia Costera y nuestros socios han aumentado las patrullas aéreas y de superficie en los Estrechos de Florida, los Pasajes de Barlovento y Mona", dijo la suboficial Nicole J. Groll, del Séptimo Distrito de la Guardia Costera.

"Estas vías fluviales son peligrosas, impredecibles y el riesgo de pérdida de vidas es grande", añadió.

Siguen llegando

En la madrugada de este domingo, agentes de la Patrulla Fronteriza respondieron a un evento de contrabando marítimo en los Cayos de Florida. Según detalló en Twitter el agente Walter N. Slosar, jefe de patrulla de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), 10 migrantes cubanos fueron detenidos.

“La investigación aún está en curso”, subrayó el oficial.


Horas después, Slosar informó en la red social que agentes de la Patrulla Fronteriza junto a otros oficiales del orden, estatales, federales y locales, respondieron al desembarco de seis migrantes cubanos en Golden Beach, Florida.

Los balseros, detalló, nadaron hasta la orilla cuando su embarcación naufragó cerca de la costa. "No hay heridos que reportar", concluyó el jefe de patrulla de CBP.

Mantendrán restricciones de la pandemia en la frontera entre México y EEUU

Cubanos acabados de cruzar la frontera por Yuma, Arizona, el 18 de febrero de 2022.

Las restricciones relacionadas con la pandemia que afectan a los inmigrantes que solicitan asilo en la frontera sur de Estados Unidos deben mantenerse, según falló un juez el viernes en una orden que bloquea el plan del gobierno del presidente Joe Biden de levantarlas la próxima semana.

El Departamento de Justicia indicó que el gobierno apelará, pero el fallo prácticamente asegura que las restricciones no finalicen el lunes como estaba planeado. Un retraso sería un golpe para los activistas que dicen que el derecho a solicitar asilo está siendo vulnerado, y un alivio para algunos demócratas que temen que el previsible aumento de los cruces ilegales los ponga a la defensiva en un año electoral de mitad de período que ya resulta difícil.

En la ciudad mexicana de Tijuana, Yesivet Evangelina Aguilar, de 34 años, se cubrió el rostro con las manos y sollozó cuando se enteró de la decisión a través de una reportera de The Associated Press. "Siento que ya no hay esperanza", dijo Aguilar, que huyó del estado mexicano de Guerrero hace casi un año después de que su hermano fue asesinado. "Se siente tan mal".

Las autoridades estadounidenses impidieron que Aguilar solicitara asilo cuando ella y su hija de 10 años se presentaron en el puerto de ingreso Tijuana-San Diego hace nueve meses. El viernes descansaba en una carpa en el albergue Ágape Misión Mundial, donde gran cantidad de migrantes acampan. Algunos llevan meses o años allí. La vida de Aguilar mientras espera no sólo ha sido aburrida, sino también peligrosa. El jueves por la noche, un migrante fue alcanzado en el cuello por una bala perdida de un tiroteo afuera del albergue.

Desde marzo de 2020, Estados Unidos ha expulsado migrantes más de 1,9 millones de veces bajo el amparo del llamado Título 42, una disposición de salud pública que les niega la posibilidad de solicitar asilo con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19, aunque es un derecho según las leyes estadounidenses y los tratados internacionales.

El juez federal de distrito Robert Summerhays, de Lafayette, Luisiana, ordenó que se mantuvieran las restricciones mientras se tramita en la corte una demanda encabezada por Arizona y Luisiana, a la que se han sumado otros 22 estados.

Summerhays falló que el gobierno de Biden no siguió los procedimientos administrativos que requieren que se dé aviso al público y se abra un periodo para comentarios sobre el plan de poner fin a las restricciones. Y dijo que los estados demandantes argumentaron que sufrirían perjuicios si las restricciones se suspendían.

El juez citó lo que dijo eran las propias predicciones del gobierno de que levantar las restricciones probablemente triplicaría los cruces fronterizos, hasta 18.000 diarios. Eso, agregó, resultaría en el procesamiento de más migrantes en sitios multitudinarios en los que pueden propagarse enfermedades contagiosas. "El registro también incluye evidencia que respalda la posición de los estados demandantes de que un incremento así en los cruces fronterizos elevaría sus gastos en atención médica y servicios educativos. Estos costos no son recuperables", escribió Summerhays.

La Casa Blanca dijo estar en desacuerdo con el fallo pero que lo acatará mientras es apelado. "La autoridad para establecer políticas de salud pública a nivel nacional debería recaer en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y no en una corte de distrito por sí sola", manifestó la secretaria de prensa de la presidencia, Karine Jean-Pierre, en un comunicado.

Ahora el caso pasa a la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito, con sede en Nueva Orleans, que en el pasado ya ha fallado en contra de políticas importantes del gobierno de Biden. Esa corte está dominada por nominados republicanos, incluyendo seis nominados por el expresidente Donald Trump, que también nombró a Summerhays.

El Título 42 afecta principalmente a migrantes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, muchos de los cuales han estado aguardando en localidades fronterizas mexicanas después de que el gobierno estadounidense les negó el derecho a solicitar asilo.

El gobierno mexicano ha accedido a aceptar a migrantes de esos tres países centroamericanos que sean rechazados por Estados Unidos, y el mes pasado también comenzó a aceptar números limitados de cubanos y nicaragüenses.

Unos 15 migrantes cruzaron el Río Bravo (o Grande) de México hacia Eagle Pass, Texas, tras el fallo del viernes. Entre ellos había nicaragüenses que desconocían el Título 42 y estaban complacidos de que en general a sus compatriotas no se les aplica esa política.

El Título 42 es la segunda política importante de la era Trump para disuadir el asilo en la frontera sur de Estados Unidos que es desechada por Biden y revivida por un juez designado por Trump.

Un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles criticó la decisión.
"El Título 42 sólo podría ser utilizado para propósitos de salud pública, pero a los estados que interpusieron esta demanda sólo parecen importarles las restricciones por COVID cuando involucran a solicitantes de asilo, y están usando el caso como un claro intento de manejar la frontera", dijo Lee Gelernt. "Esa hipocresía no debería ser recompensada".

El representante federal demócrata Raul Ruiz, presidente del Caucus Hispano, dijo que el fallo era "indignante, ridículo y erosiona nuestro sistema de asilo".
Pero congresistas republicanos elogiaron la decisión del juez.

"Las cortes están haciendo las cosas bien de nuevo", declaró el senador Kevin Cramer.

Incluso algunos en el partido de Biden respaldaron mantener la restricción por la pandemia.

"La decisión de hoy no modifica el hecho de que hay una crisis en la frontera y debe haber un plan detallado que pueda ser implementado antes de que se levante el Título 42", manifestó el senador por Arizona Mark Kelley, quien intenta ser reelegido.

El mes pasado, la Corte Suprema federal escuchó argumentos acerca de si autoriza que el gobierno obligue a los solicitantes de asilo a aguardar en México sus audiencias en cortes migratorias estadounidenses. Ese caso, que impugna una política llamada "Permanecer en México", se originó en Amarillo, Texas. La política fue restablecida en diciembre por una orden judicial y sigue en vigor en lo que se resuelve el litigio.

Denuncian que seguridad del Estado en Pinar del Río confiscó donación de medicamentos para opositores enfermos

Julio César Góngora

El miércoles en la tarde, la Seguridad del Estado interceptó en la ciudad de Pinar del Río al activista José Rolando Cásares cuando éste se dirigía a realizar la entrega de un paquete con medicamentos, enviado desde Miami a través de una agencia, y destinado a dos periodistas independientes en delicado estado de salud.

La policía política del régimen condujo al activista hasta la sede provincial del Ministerio del Interior, donde le confiscaron los paquetes de medicinas y se negaron a entregarle un acta firmada de los fármacos ocupados. Cásares declaró a Radio Martí que también presentará una queja formal ante la Fiscalía Militar Provincial.

“Llegando a la jefatura provincial, inmediatamente procedieron a quitarme los medicamentos de Julio Cesar Góngora y de Roberto Blanco Gil, otro periodista independiente que padece de diabetes y al que también le habían mandado algunas medicinas, entre estas Insulina. Fueron confiscados, además, frascos de Ibuprofeno, Azitromicina, parches y cremas para los dolores musculares, gasa antiséptica, y otros materiales de cura, cosas que están en falta en el país y que ni el mismo sistema de salud pública (MINSAP) tiene disponible para los enfermos en la isla”, denunció el activista.

“Eso es una forma arbitraria por parte del departamento de la Seguridad del Estado, a la que estoy denunciando e incluso, estoy preparando una queja para entregarla en la Fiscalía Militar Provincial, es una falta de respeto para una persona que ante todo es un ser humano, que es lo principal”, afirmó.

Poicía política "confisca" medicamentos enviados a enfermos
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Mientras tanto, Góngora alertó que lleva muchos meses siendo hostigado por parte de la policía política y responsabilizó a las autoridades cubanas por su integridad física.

“Primero que nada, mi vida depende de los medicamentos, yo soy parapléjico, sufro de una herida abierta, soy cardiópata, tengo además una afección pulmonar, y padezco la enfermedad celíaca de la piel, son padecimientos crónicos que traen muchas complicaciones, ellos simplemente están cometiendo arbitrariedades, violando todos los derechos de una persona discapacitada, confinado en una silla de ruedas", declaró.

"En mi caso, me tienen sitiado, cercado, con vigilancia constante y no dejan que nadie se acerque a mí, recientemente, incluso utilizaron el hospital provincial Abel Santamaría y el personal médico para hacerme un interrogatorio dentro de la institución médica", agregó.

"En el caso de Roberto Blanco Gil, si no le llegan los medicamentos puede sufrir un coma diabético y morirse también. La dictadura cubana y la Seguridad del Estado nos están sentenciado a muerte en nuestras casas estando enfermos”, alertó el comunicador.

Realizan petición a favor de más de 5.000 menores separados de sus padres de manera forzosa por el régimen cubano

Javier Larrondo denuncia situación de médicos cubanos separados de sus hijos por el régimen cubano.

Grupos que amparan a los médicos cubanos que han huido de la isla hicieron pública este viernes una petición a la comunidad internacional a favor de más de 5.000 menores separados de sus padres de manera forzosa, como consecuencia de la llamada "ley de los ocho años" del Gobierno comunista.

"Acabemos con la esclavitud de las misiones médicas cubanas", reclamó Javier Larrondo, presidente de la organización Prisioners Defenders, durante una teleconferencia en Miami (EE.UU.) en la que se pidió acabar con la "separación forzosa impuesta por el Gobierno cubano".

Larrondo recordó que las leyes cubanas imponen ocho años de impedimento de entrada al país a los funcionarios, entre ellos los médicos, que decidan no regresar a la isla tras cumplir "misiones" en el extranjero.

A estos que no regresan, el Gobierno en la isla los considera "desertores" y prohíbe la salida a sus hijos y cónyuges por el tiempo que fija la ley.

Las misiones médicas consisten en el envío de profesionales sanitarios a países que así lo solicitan al Gobierno cubano. A lo largo de los años, más de 40.000 profesionales han cumplido misiones en 164 países de África, América, Oriente Medio y Asia.

El presidente de Prisioners Defenders señaló que los médicos cubanos en misiones extranjeras, que ven retenidos sus pasaportes y títulos profesionales, trabajan en "condiciones de esclavitud" y reciben solo entre el 5 y el 20 % de lo que Gobiernos e instituciones extranjeras pagan por sus servicios al Gobierno cubano.

Recordó, a modo de ejemplo, que el Gobierno de México pagaba a cada uno de estos médicos 400 dólares, pero pagaban a Cuba casi 11.000 dólares.

Precisamente el pasado 6 de mayo, se explicó hoy, los denunciantes sostuvieron una reunión de una hora con el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, donde interpusieron una denuncia en noviembre para exponer las situaciones de "maltrato, torturas y secuelas que esto representa para más de 5.000 niños que lo sufren en la actualidad".

En aquella reunión presentaron un estudio que desgranó 191 testimonios de "separación materno-filial", en la mayoría de casos conformados por profesionales de la salud y que en el 76 % fueron declarados desertores en base a la ley de los 8 años.

Señalaron que los niños de entre 1 y 5 años conforman la mayoría de esa muestra, y que el 70 % de los menores, en general, sufren secuelas emocionales a causa de la separación familiar.

Tres grupos opositores de Cuba son reconocidos con el Premio Libertad

Activistas del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR). Foto de Facebook de José Díaz Silva

El Movimiento Opositores por una Nueva República, el Movimiento San Isidro y la Asociación Yorubas Libres de Cuba recibieron el jueves el Premio Libertad Pedro Luis Boitel por su lucha por la libertad y la democracia en Cuba.

El Premio, creado en 2001 por una coalición de organizaciones no gubernamentales de Europa junto al Directorio Democrático Cubano, fue entregado en Miami por el opositor cubano Jorge Luis García Pérez "Antúnez".

Antúnez destacó que el "aguerrido" Movimiento San Isidro representa la "conciencia cívica de la sociedad" y encarna la "pérdida del miedo" de enfrentar al régimen castrista.

El cantante y cofundador de Movimiento San Isidro Eliecer Márquez Duany, "El Funky", uno de los intérpretes de la canción "Patria y Vida", recibió el premio y dijo que está "triste" al saber que sus "hermanos están en prisión", en referencia a Luis Manero Otero Alcántara y Maykel "Osorbo" Castillo.

Info Martí | A 50 años de la muerte de Pedro Luis Boitel
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José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, también se encuentra en prisión en Cuba, su galardón fue recibido en su nombre por Ramón Saúl Sánchez, presidente del grupo del exilio Movimiento Democracia.

El opositor y preso político encarceldaso en el Combinado del Este de La Habana recibió la noticia del reconocimiento a través de una llamada telefónica, según dijo a Radio Martí su esposa, la activista Lourdes Esquivel.

Esquivel expresó: “A nombre de José Díaz Silva, recibió el premio en Miami el activista Ramón Saúl Sánchez. Mi esposo se encuentra bien de ánimo en la cárcel aunque no ha tenido visitas, quiero agradecer a todas las personas que nos han facilitado y que han hecho posible este reconocimiento”.

La semana anterior Díaz Silva estuvo siete días castigado en prisión, sin derecho a llamar por teléfono a sus familiares y con restricción para tomar el sol en el patio del Combinado del Este.

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Díaz Silva fue trasladado para la prisión de máxima seguridad el 2 de abril, luego de que se le revocara la sentencia que había emitido en su contra, en septiembre de 2021, el Tribunal Municipal de Boyeros, de dos años de trabajo correccional sin internamiento por el presunto delito de “amenaza”.

Fue acusado por una vecina que irrumpió en su patio para robar unos plátanos de su cosecha.

El propio Díaz Silva y otros miembros de la oposición han señalado que este castigo es político, pues se debe al apoyo activo que ha dado en los últimos meses a muchos de los familiares de los presos del 11 de julio.

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