Derechos Humanos
Zapata Tamayo: Nueve años después subsisten las causas de su muerte
![Orlando Zapata Tamayo, disidente cubano fallecido en una huelga de hambre el 23 de febrero de 2010 en La Habana, Cuba. [Composición].](https://gdb.martinoticias.com/413D5D60-6EEB-4265-A4AB-2CBF5109DFBC_w250_r1_s.jpg)
Se cumplen nueve años de aquel infausto hecho. Un albañil de unos cuarenta años hastiado de las golpizas y humillaciones de los carceleros retó al régimen castrista a que lo respetaran de una vez y por todas o moriría en una huelga de hambre.
Son las fisuras del entramado penitenciario de la isla. Orlando Zapata Tamayo (Santiago de Cuba, 15 de mayo de 1967 - La Habana, 23 de febrero de 2010) murió en aquella huelga. Las causas que lo llevaron a tal desenlace siguen intactas, a saber:
- falta de garantías procesales
- abusos de los carceleros contra los reos políticos y comunes
- intromisión de la Seguridad del Estado en diferentes mecanismos del Control Penal y Reeducación Penal -según establecen las Normas de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior (Minint), estos centros están a cargo directamente de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios (DGEP).
En un breve resumen, así fueron los hechos:
Zapata Tamayo fue detenido arbitrariamente por la Seguridad del Estado luego de la llamada Primavera Negra de 2003. Aunque no estuvo incluido directamente en esa conocida causa contra disidentes cubanos, condenados desde unos meses de cárcel hasta la friolera de algo más de cuarenta años de privación de libertad, acumulados tras varias acusaciones de desacato, desobediencia y desorden público.
En diciembre de 2009, ante la desidia de las autoridades en la Prisión Provincial de Holguín por una brutal golpiza que recibiera semanas atrás de su arresto, decide plantarse en huelga de hambre y el día tres de ese mes, lo envían a la cárcel en Camagüey conocida como Kilo 8, Régimen Especial o "Se me perdió la llave".
En el tramo de 86 días que duró su protesta de inanición, activistas de derechos humanos y sus propios familiares responsabilizaron directamente al entonces Teniente Coronel Julio César Bombino de negarle el agua por 18 días en la cárcel Kilo 8.
Zapata fue trasladado gravemente hacia La Habana el 16 de febrero, cuando ya su cuerpo no respondía a los intentos de los equipos médicos por salvarlo. El 23 de febrero, a media tarde, Zapata Tamayo falleció en la capital cubana.
“Un sistema disfuncional”
La definición viene de la autoría de la abogada cubana Laritza Diversent, Directora de la organización Cubalex, que se viera forzada a salir al exilio y ahora habla desde Estados Unidos. “El sistema de protección y defensa de los Derechos Humanos en Cuba es disfuncional para toda la sociedad, pero para las personas privadas de libertad es peor, porque están expuestas a represalias”.
Diversent apunta a un vacío entre el espacio que hay entre la ejecución de la sanción y la estadía en prisión. “Las prisiones deben de estar administradas por autoridades civiles, no militares, y en el país debe haber un sistema de denuncia de violaciones a los derechos humanos”.
El actual Reglamento del Sistema Penitenciario de Cuba, puesto en vigor el 1 de diciembre de 2016, es específico en los derechos de los "asegurados" sancionados, pero como se ilustra en ejemplos que se exponen más adelante, tales reglas son violadas bajo el halo de la impunidad.
El Reglamento, en su Sección Tercera, referente al régimen disciplinario, establece las medidas de aislamiento como pena máxima. En el Artículo 138, sugiere “Internamiento en celda disciplinaria, con carácter excepcional, por un término de hasta 15 días a los hombres, y hasta de diez días a las mujeres, a los jóvenes y a los mayores de sesenta años”.
En ningún caso –aunque parezca obvio resaltarlo- aparecen los castigos corporales como medidas disciplinarias, sin embargo, a diario, por 60 años, han abundado las denuncias de golpizas, torturas y tratos crueles y degradantes prohibidos por diversos mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos.
Para Diversent, que por una década estuvo ligada a la recepción de casos de violaciones en las cárceles cubanas, “el sistema no tiene recursos adecuados para tramitar denuncias contra las autoridades de los centros penitenciarios”.
La primera indefensión jurídica -como pasó con el caso de Zapata Tamayo y otra decena de reos que han muerto en huelgas de hambre- es que ese tipo de protesta es punible, así lo explica Diversent.
“Lo primero (se refiere a las autoridades) es considerar que la huelga de hambre es una indisciplina grave [que] conlleva aislamiento (…) porque supuestamente es una posición de fuerza contra el régimen establecido en el centro penitenciario”, dijo la abogada.
Tres ejemplos concretos
El miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Palma Soriano, Santiago de Cuba, Geordanis Muñoz, relató a Radio Martí cómo fue golpeado en la cárcel de Boniato por el oficial de la Seguridad del Estado, Dainier Suárez Pagán.
Pagán se sirvió de otros oficiales, quienes esposaron al disidente en una oficina de la prisión para propinarle una paliza. “Me esposaron a la espalda y me golpearon. Comienzan a amenazarme, a decirme lo que me iba a suceder, hasta que llegó el momento en que se les fue de control la situación y él [Pagán] me empieza a golpear”, asegura Muñoz.
Las otras golpizas ocurrieron el 13 y 21 de abril de 2017 en la prisión de Boniato, en la 5ta sección. “Para nadie es un secreto que hoy en Cuba todo está predicho por ellos (la Seguridad). Ellos son los que mandan”, concluye el opositor.
En junio de 2017, la señora Damaris Rodríguez, madre de la presa política Lisandra Rivera, denunció a esta publicación que su hija había recibido una golpiza en la prisión Mar Verde, en Santiago de Cuba.
La mujer se dirigió a la cárcel, donde por medio de algunos reos ella y sus familiares constataron que “le dieron una paliza, le rompieron los zapatos y los espejuelos y se la llevaron para una celda de castigo dándole golpes".
Daniel Alfaro Frías, de 53 años de edad y miembro del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT), explicó a este redactor que en su encarcelamiento entre octubre de 2017 y octubre de 2018 en la cárcel Taco-Taco, de Pinar del Río, pudo presenciar un acto verdaderamente dantesco.
Un carcelero, acompañado de otros funcionarios de Orden Interior, golpeó a un recluso común identificado como El Chiqui: "Le fueron arriba, con las esposas le rompieron la cara, la boca, le tumbaron un diente. El oficial conocido por El Bolo fue el primero que le fue arriba delante de otros oficiales de alto rango”, denunció Alfaro.
Vacío legal, testigos incómodos
El impacto en la credibilidad del régimen cubano por la muerte de Zapata Tamayo solo había tenido un precedente parecido, precisamente siete años atrás, cuando fueron condenados a altísimas penas los disidentes que integraron la Causa de los 75.
A la muerte del opositor Zapata Tamayo reaccionaron en condenas contra el gobierno de Raúl Castro la Unión Europea, Estados Unidos, la organización Reporteros Sin Fronteras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, entre otros.
Además del Tte. Coronel Bombino, dos oficiales han sido acusados directamente por defensores de derechos humanos del desenlace fatal de Zapata Tamayo y la represión posterior contra su humilde familia en la localidad de Banes, provincia Holguín.
El entonces Tte. Coronel Roilán Cruz Oliva -en 2010 a cargo de la Sección 21 (Enfrentamiento al enemigo) en la provincia- y según activistas interrogados por él, se jactó varias veces de haber propuesto el traslado del huelguista desde la Prisión Provincial de Holguín a la cárcel Kilo 8 en Camagüey.
Douglas Torres -en aquel año Mayor de la Seguridad del Estado- apareció por varios meses cada domingo al frente de militares y civiles de las Brigadas de Respuesta Rápida que repudiaban a la familia Zapata Tamayo y los opositores que intentaban llegar a Banes como un acto de peregrinaje.
La familia del opositor fallecido se tornó en el principal acusador contra el régimen por las golpizas que le propinaron a éste, las amenzas y la muerte final que encontró al plantarse como acto de rebeldía por los atropellos que sufría.
La presión sicológica, las golpizas y el hostigamiento subieron a tal punto, que un año después del suceso, Reina Loina Tamayo Danger -madre del mártir- y su más cercano núcleo familiar, solicitaron y recibieron asilo político, y llegaron a Estados Unidos el 9 de junio de 2011.
En septiembre de 2018, Douglas Torres, que ostentaba ya el grado de Tte. Coronel, fue encontrado culpable de un acto de corrupción, según denunció opositor Déxter Pérez, residente en Holguín. Radio Televisión Martí contactó telefónicamente al represor Torres, quien reconoció haber sido castigado, pero se negó a ofrecer declaraciones.
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"Duras y desproporcionadas", así califica la Unión Europea las sentencias a manifestantes de Nuevitas
La Unión Europea expresó preocupación por las "duras y desproporcionadas" sentencias de esta semana en relación con las protestas populares que tuvieron lugar el 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey.
La declaración del bloque europeo proviene de Peter Stano, principal portavoz de la Oficina del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell.
Refiriéndose a los 14 manifestantes condenados con penas de cárcel de hasta 15 años, en el caso de la joven Mayelín Rodríguez Prado, quien divulgó la represión contra los manifestantes, la Unión Europea recordó que "en el marco de su política de diálogo constructivo, pero crítico, siguen instando a las autoridades cubanas a asegurar el respeto de los derechos humanos".
Además de la condena a Rodríguez Prado, se conoció una sentencia de 14 años de cárcel para José Armando Torrente; 13 años de prisión para Ediolvis Marín Mora y Jimmy Jhonson Agosto; y 11 años de cárcel para Lisdan Cabrera Batista.
Daiver Leyva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Menkel De Jesús Menéndez Vargas, Frank Alberto Carrión Suárez, Frai Pascual Claro Valladares y Lázaro Alejandro Pérez Agosto fueron condenados a diez años de privación de libertad.
Yennis Artola Del Sol fue sancionada a ocho años, Wilker Álvarez Ramírez a cuatro, y Yanelis Valladares Jaime fue absuelta por insuficiencia de pruebas.
Los supuestos delitos por los que fueron encontrados culpables van desde sedición, sabotaje, propaganda enemiga de carácter continuado, actos contra la Seguridad del Estado, atentado y resistencia, hasta encubrimiento.
El gobierno estadounidense calificó este martes de indignantes las duras sentencias contra los manifestantes de Nuevitas, Camagüey, en 2022.
"La dura sentencia esta semana de hasta 15 años de prisión para los cubanos que se reunieron pacíficamente en Nuevitas en 2022 es indignante", expresó en su cuenta de X el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols.
Numerosas agrupaciones de la sociedad civil cubana y varios grupos de derechos humanos condenaron el castigo a los manifestantes y exigieron que se respete el derecho a la protesta.
El grupo de asesoría legal Cubalex, denunció que estas altas condenas y los delitos imputados a los manifestantes reflejan "una aplicación extremadamente severa de la ley", lo que puede interpretarse como un intento de disuadir a la ciudadanía de ejercer su derecho a la protesta contra personas que simplemente buscan garantizar sus derechos y necesidades básicas.
"Las protestas populares en Nuevitas se desarrollaron entre el 18 y 19 de agosto de 2022 y fueron motivadas por exigencias legítimas de mejoras en las condiciones de vida, ante los prolongados apagones de hasta 18 horas diarias. La respuesta del gobierno demuestra una falta de disposición para abordar de manera constructiva las preocupaciones reales de los ciudadanos. El juicio, que fue suspendido en dos ocasiones, se celebró finalmente el 16 de enero de 2024 bajo una fuerte presencia militar y un gran despliegue policial", recordó la entidad.
"Estas sentencias podrían actuar como un factor disuasivo en la sociedad cubana, desalentando futuras manifestaciones y limitando la capacidad de los ciudadanos de abogar pacífica y legalmente por cambios o mejoras. Además, evidencian cómo la ley es empleada como un instrumento de represión política para silenciar la disidencia y suprimir cualquier crítica hacia el gobierno", concluyó Cubalex.
Pastor de Palma Soriano preso del 11J es obligado a trabajar a pesar de su enfermedad
El pastor Lorenzo Rosales Fajardo debe cumplir jornadas enteras de trabajo forzado en la prisión La Caoba, en las cercanías del poblado de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, a pesar de sus padecimientos de salud, para los que no está recibiendo atención médica, denunció el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Lleonart Barroso.
El religioso de 52 años fue condenado a siete años de cárcel, procesado por los presuntos delitos de atentado, desacato y desordenes públicos tras su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Palma Soriano.
Su caso mereció un pronunciamiento del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas (ONU) sobre Detenciones Arbitrarias, que en febrero exigió a las autoridades cubanas que le otorgaran la inmediatamente libertad y lo compensaran por la detención arbitraria.
“Las torturas del pastor Lorenzo siguen, porque allí en ese lugar está en realidad en un campo de trabajo forzado, en este campo de trabajo forzado el pastor es obligado a pasar intensas horas del día, las horas de sol, totalmente sin darle ni agua prácticamente. Es una tortura tremenda, su salud ya se está afectando porque está teniendo problemas en los riñones, problemas en la piel. Durante toda la semana pasada no fue llevado a un hospital, ni a un policlínico, ni siquiera a hacerle un análisis para ver cómo estaban sus riñones, que obviamente él se siente mal”, advirtió Lleonart Barroso, luego de recibir la denuncia por medio de Marilidegnis Carballo, esposa del preso político.
El director del Instituto Patmos dijo que este martes la esposa del líder de la iglesia Monte de Sion se dirigirá al centro penitenciario, para intentar conocer de primera mano lo que está ocurriendo.
“Marilidegnis, está tratando de ir hoy a la prisión ahí en La Caoba, para cerciorarse por sí misma y, si es posible, exigir ver a Lorenzo, y asegurarse de que realmente por fin le acaben de hacer un análisis médico. Nosotros pensábamos que cuando el pastor pasó a lo que se llama la mínima, pues iba a tener un respiro", agregó el activista de derechos humanos.
Las fotografías de la violenta detención del pastor muestran la intervención de agentes de la policía y de las Boinas Negras, tropas élite de las Fuerzas Armadas de Cuba.
Luego fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, en medio de pésimas condiciones, según denunciaron anteriormente el propio prisionero y sus familiares.
"Recordemos que incluso la detención de él, justo cuando lo trasladaban hasta la cárcel de Boniato durante una madrugada, fue torturado en el camino, fue golpeado. Hasta el día de hoy sigue padeciendo por algunas piezas de sus dientes, que le desprendieron muelas y demás”, recordó el director del Instituto Patmos.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias también instó a Cuba a realizar una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de Rosales Fajardo y a adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.
En el documento fechado el 16 de febrero de 2024 y hecho público esta semana, el Grupo de Trabajo dictaminó que la privación de libertad del líder evangélico contraviene nueve artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que su arresto y detención se ha debido, esencialmente, "al ejercicio pacífico de su derecho a la reunión y asociación, así como de su libertad de opinión y de expresión, y el ejercicio de su fe".
CIDH destaca violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Cuba en su informe de 2023
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, considera que en Cuba existen "violaciones graves" de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa.
“Esto se basa en tres razones estructurales: 1) continuidad de un modelo político de partido único; 2) concentración de facultades y poderes para la conducción de los asuntos públicos; 3) subordinación de la administración de la justicia al poder politico”, detalla el más reciente informe del organismo, correspondiente a 2023.
Al evaluar la situación de derechos humanos en la isla, la CIDH decidió incorporar a Cuba en el capítulo IV-B, dado que considera que en el país se violan los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana.
La Comisión observó que, aunque la ley permita la libre participación política de las personas ciudadanas, “el Partido Comunista seguiría regulando, controlando y dirigiendo los procesos electorales ”.
“Las personas defensoras de derechos humanos en Cuba enfrentan persistentemente actos de hostigamiento, vulneraciones arbitrarias al derecho a la libre circulación, la libertad, seguridad e integridad personal”, explicaron.
Asimismo, señalaron que las autoridades del Estado continúan realizando detenciones arbitrarias con el fin de obstruir sus actividades o imponiéndoles multas como forma de disuadirlas. “En Cuba, no existen las condiciones mínimas necesarias para garantizar la defensa de los derechos humanos. Por el contrario, se observa que estas actividades se desarrollan bajo un ambiente hostil, que se caracteriza por actos de intimidación y hostigamientos por parte de autoridades estatales y la sujeción a procesos penales injustificados".
La CIDH reiteró el llamado al Estado “para adoptar medidas efectivas a fin de garantizar y proteger a las personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y demás líderes sociales” y le urgió abstenerse “de realizar acciones que interfieran arbitrariamente en el ejercicio de los derechos humanos relacionados con el espacio cívico, así como a garantizar un ambiente propicio" para ello.
El informe reiteró la preocupación de organismo por los presos políticos que cumplen condenas en las cárceles, "ante la ausencia de datos oficiales actualizados sobre la situación de esta población, la elevada tasa de encarcelamiento, las deplorables condiciones de detención que caracterizan las prisiones cubanas, y el empleo de prácticas de tortura y malos tratos”.
Los arrestos domiciliarios, las citaciones y detenciones de periodistas y comunicadores, destacaron, continúan siendo una de las principales tácticas utilizadas por el gobierno para intimidarlos o como forma de inhibir el ejercicio periodístico independiente y crítico
En cuanto a los derechos humanos de las mujeres, la Comisión mostró su preocupación por "hechos de acoso, intimidación y persecución que sufren las defensoras de derechos humanos, así como los desafíos adicionales que enfrentan las que se encuentran privadas de libertad”.
“La Comisión lamenta que el Estado aún no haya ratificado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, principalmente instrumento regional de protección de los derechos de las mujeres. En la misma línea, preocupa la ausencia de legislación especializada para combatir la violencia contra las mujeres en el país”, dijo la CIDH
Por otra parte, la organización reiteró su interés de realizar una visita a Cuba, a modo de iniciar el acercamiento y el diálogo con el Estado, y así brindar el apoyo técnico en materia de derechos humanos en aras de promover el respeto y garantía de los derechos humanos.
El documento, que llamó al levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba “debido a sus impactos en la población", destacó que este no exime al gobierno “de cumplir con sus obligaciones internacionales, ni lo excusa por las violaciones a la Declaración Americana de los Derechos Humanos”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región. Está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
"Están matando de hambre a los presos", condenados por el 11J denuncian condiciones carcelarias
Presos políticos de las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 de la barriada de la Güinera, en el municipio Arroyo Naranjo, condenados por el delito de sedición, denunciaron las precarias condiciones y los abusos que enfrentan en la prisión Combinado del Este, en La Habana.
En comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Roberto Ferrer Gener, con 15 años de sentencia, de 52 años de edad, advirtió que no se le está permitiendo la entrada de alimentos ni de medicamentos.
“Estoy con el tema de la presión, un dolor de cabeza, y problemas de la acidez producto del alimento”, explicó el preso político.
Por su parte José Luis Castillo de la Torre, de 60 años de edad, con condena de 11 años, señala que es diabético, hipertenso y asmático y no le están dando los medicamentos.
“Esto está aquí que no hay ni una pastilla, me habían echado 25 y me bajaron ahora a 11 años. Las chinches me hacen un daño, me tienen lleno de granos, cada vez que te pica, se te infecta”, dijo Castillo de la Torre.
Mientras que su hijo José Luis Castillo Bolaños, también cumple 10 años de condena, en pésimas condiciones en ese centro penitenciario, donde no recibe ni visitas familiares.
“Mayormente para el asma, nosotros no recibimos saco, ni visita, yo si no tengo nada que perder ya porque yo perdí a mi mamá estando ya preso, ella era la que venía a vernos a mí y a mi papá, pueden venir y ver la tarjeta mía que no viene nadie a una visita mía hace más de dos años, ni visitas ni sacos, ni nada”, relató Castillo Bolaños.
El abogado Juan Carlos González Leyva, que preside el Consejo de Relatores, llama la atención sobre la situación de Luis Alberto López Marrero, de 28 años de edad con sentencia de 11 años y 4 meses.
“Se encuentra en una galera de la prisión Combinado del Este, padeciendo la hambruna, malos tratos por parte de la Seguridad del Estado y los carceleros, y la carencia de todo tipo de derechos. Marrero fue acusado por la Seguridad del Estado de un delito de sedición, no estaba integrado a ninguna organización disidente, y su casa está en Arroyo Naranjo, La Habana”, reportó González Leyva.
Finalmente, en lamentables condiciones se encuentra el preso del 11J, Levys González Piedra, en un campamento de trabajo forzado en Bayamo, a donde fue trasladado desde la carbonera donde laboraba.
Allí se plantó en protesta por las malas condiciones de vida y de trabajo.
El condenado a cinco años de cárcel por los delitos de atentado y desacato por su participación en la manifestación del poblado de Bayamo denunció su situación: “Yo estaba en el carbón, pasando un hambre allí en el monte, que no había ni medicamentos ni nada, yo tuve el problema ese del carbón porque ya no aguantaba más, están matando a los presos de hambre".
"Allí hasta el oficial ese le metía bofetadas a los presos, no pude soportar eso y allí me moleste, les dije abusadores, explotadores, rápido me mandaron una patrulla y me trasladaron para acá, y ahora estoy trabajando para la construcción, limpieza, agricultura, hay de todo allí, el hambre es dura", declaró el preso político.
En el informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de Cuba, la delegación de La Habana afirmó que "la mejora del sistema penitenciario cubano seguía siendo una prioridad y que se habían adoptado numerosas medidas para garantizar unas condiciones de vida dignas, de conformidad con las normas internacionales".
Informe revela secretismo en las elecciones municipales en Cuba
A lo largo de los primeros meses de 2024, tuvieron lugar en Cuba numerosas elecciones para cubrir vacantes en las Asambleas Municipales del Poder Popular, en un proceso electoral poco transparente, revela un informe de Transparencia Electoral publicado por DemoAmLat.
Entre enero y febrero de 2024 se reportó la realización de numerosas elecciones para cubrir escaños municipales, sin poner a disposición del público los reportes de las asambleas de nominación que especifiquen lugar, fecha y hora; nombres y apellidos de los miembros de la Comisión Electoral de Circunscripción que actuaron en la asamblea; número de electores del área y número de los asistentes; candidatos que fueron propuestos, con expresión de sus nombres y apellidos, así como de cada uno de ellos, su edad, sexo, estado civil, último grado de escolaridad vencido, estudios que realiza, calificación profesional, ocupación actual, organizaciones a las que pertenece, lugar de su residencia y número de votos obtenidos; nombres y apellidos del candidato nominado y constancia de que aceptó la nominación; y firmas de los miembros de la Comisión Electoral de Circunscripción y del candidato nominado.
"La organización de las votaciones fue aún más opaca: no hubo prácticamente aviso previo, no se reportó una campaña para pedir el voto en los medios de comunicación, ni tampoco la legalmente obligatoria publicación de las biografías de los candidatos (confeccionadas por las Comisiones de Candidaturas) para su distribución a la vista del público. En última instancia, el único reporte de que estos procesos tuvieron lugar se vio en las publicaciones en redes sociales por parte del ente electoral durante la realización de la votación misma y después, sin que siquiera se reportaran los resultados", denuncia la investigación.
El Consejo Electoral Nacional (CEN) en Cuba incurrió en "graves deficiencias en cuanto a la transparencia, la independencia y la legitimidad de los procesos electorales".
Entre los múltiples errores en este proceso el informe destaca la llamada "influencia vertical del régimen sobre la gestión electoral", por la falta de separación entre el Estado, el Partido Comunista de Cuba y las autoridades electorales. También la falta de observación electoral independiente, de libertades políticas durante los procesos electorales y de transparencia en la comunicación sobre las vacantes producidas y los procesos electorales subsiguientes.
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