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América Latina

Venezuela: número uno en suicidios de América Latina

Venezolanos cargando un ataúd. (Archivo)

Ante la crisis humanitaria que vive Venezuela, mientras algunos deciden huir de la grave situación emigrando, otros se suicidan. Según la Organización Mundial de la Salud, Venezuela ocupa el primer lugar en las estadísticas de suicidios en América Latina.

La crisis venezolana aumenta todos los días. Así lo reportan los medios de comunicación y distintas organizaciones no gubernamentales. La economía ha ido en picada, afectando al ciudadano en todas las áreas de su vida, incluyendo la salud mental.

El Observatorio Venezolano de la Violencia reveló en un informe este año que antes de la llegada del chavismo en el año 1999, la tasa de suicidios era entre 4 y 5 personas por cada 100.000 mil habitantes. La estadística cambió con el aumento de la crisis humanitaria que vive el país suramericano, especialmente a partir del año 2015, convirtiendo el suicidio en un fenómeno social.

Aymara Lorenzo entrevistó para Radio Martí a la psicóloga e investigadora en suicidios, Jocelyn Acosta, quien señaló que desde el 2015 los estudios que realiza muestran que la principal emoción reflejada en los venezolanos es la tristeza.

El empobrecimiento, el colapso de los servicios, el deterioro de la calidad de vida, la pérdida de la seguridad social, la falta de trabajo y los pocos espacios de desarrollo generan, según la experta, incertidumbre y desesperanza que no contribuyen a la salud social ni mental de la población. Según la OMS la tasa mundial de suicidios es de 16 por cada 100 mil habitantes. Por el contrario, la media de suicidios en Venezuela este año es de 28 por cada 100 mil habitantes.

La psicóloga afirma que la combinación del sentimiento de tristeza más la situación de recesión económica que vive el país provoca el alza de dos indicadores: la migración y el suicidio. En otras palabras, algunas personas, al tener una mezcla de tristeza o depresión y recesión económica pueden tomar dos decisiones: huir del país o quitarse la vida.

A pesar de estas alarmantes cifras sobre el aumento del suicidio en el país, el régimen de Nicolás Maduro no se pronuncia al respecto. Desde el año 2014, los anuarios de mortalidad en Venezuela dejaron de salir a la luz pública. Y en 2012 fue publicado el último informe del Instituto Nacional de Estadística en materia de suicidios.

Según Acosta, el gobierno conoce la situación y por eso impide que en las actas de defunción figure el suicidio como una causa de muerte.

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La FAES, un organismo policial que atemoriza a los venezolanos (VIDEO)

FAES, el escuadrón que siembra el terror en barrios pobres de Venezuela
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La crisis venezolana aumenta todos los días y el régimen de Nicolás Maduro mueve sus piezas, como en un tablero de ajedrez, pero con las reglas a su manera para aferrarse más al poder.

La agencia noticiosa AFP realizó una investigación que evidencia el abuso de poder por parte de la FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), un organismo creado por Nicolás Maduro en el año 2017 "para combatir el crimen organizado relacionado a la oposición" en pleno desarrollo de las protestas en su contra.

Las acusaciones en contra de este organismo por cientos de venezolanos señalan las más viles torturas y homicidios. Las denuncias son tales que la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exigió la disolución del organismo en un informe después de reunirse con familiares de las víctimas el pasado mes de julio de este año.

Dos de las víctimas mortales de la FAES fueron Johander Pérez y Jesse Pérez. Ruth Pérez, familiar de estos, le dijo a AFP que las víctimas murieron a balazos provocados por la FAES y que cree que los funcionarios se "ensañaron" con los miembros de su familia por las denuncias realizadas por ella. "Yo denuncié porque ellos (FAES) me amenazaron de matar a todos los miembros de la familia y después me iban a matar a mí", aseguró la venezolana a la AFP.

La venezolana Ruth Pérez, de 35 años, posa con una foto de su difunto hermano Jesse en Caracas el 11 de octubre de 2019. -
La venezolana Ruth Pérez, de 35 años, posa con una foto de su difunto hermano Jesse en Caracas el 11 de octubre de 2019. -

El modus operandis del organismo es siempre el mismo: llegan en las unidades de patrulla con uniformes negros, pasamontañas en la cara que no permiten ver sus rostros y armas largas. El poder del organismo es tal que los familiares de las víctimas les acusan de manipular la escena del crimen y autopsias.

Mirian, madre de Luis Ariza, aseguró a la AFP que funcionarios del organismo asesinaron a su hijo con un solo disparo directo al tórax. Un funcionario de este cuerpo policialle dijo a la AFP que el joven estaba caminando con un arma en la mano y al omitir la orden de "pare" de los funcionarios fue abatido con un disparo. Luis había estado detenido 3 meses en el marco de las protestas de 2017.

En la terrible historia de Luis, hay muchas piezas que no encajan. El informe de la muerte de Luis lo vincula con un oficio, pero el mismo indica que los cuerpos policiales no registran el arma ni requería a Luis, asegura la AFP. Su familia, sin embargo, asegura que este fue sacado por la fuerza de su vivienda y asesinado a balazos.

Los miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) permanecen en un puesto de control en el barrio de los 70 durante una operación policial el 1 de abril de 2019 en Caracas, Venezuela
Los miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) permanecen en un puesto de control en el barrio de los 70 durante una operación policial el 1 de abril de 2019 en Caracas, Venezuela

A pesar de las acusaciones y denuncias por parte de cientos de venezolanos, el régimen de Maduro parece apoyar las acciones de la FAES o al menos hacer caso omiso de las acusaciones. Incluso, el dirigente chavista tildó al informe presentado por Bachelet comouna mentira y reafirmó su apoyo a la FAES.

La Alta Comisionada comentó su preocupación por que la FAES sea usado como un instrumentopara controlar la sociedad. Así mismo aseguró en el informe quelas "muertes violentas requieren una investigación inmediata para asegurar la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no repetición".

En esta foto de archivo tomada el 1 de abril de 2019, un miembro de las Fuerzas de Acción Especial de Venezuela (FAES) se encuentra en un puesto de control durante una operación de seguridad en el municipio de El Valle, en Caracas.
En esta foto de archivo tomada el 1 de abril de 2019, un miembro de las Fuerzas de Acción Especial de Venezuela (FAES) se encuentra en un puesto de control durante una operación de seguridad en el municipio de El Valle, en Caracas.

Liliana Ortega fundadora de Cofavic, ONG que registra las violaciones a los derechos humanos, aseguró a AFP que la impunidad con respecto a estos casos es de un 98%. "La mayoría de estos casos no supera la etapa inicial, preliminar del proceso en el Ministerio Público, son muy pocos los casos que pasan a juicio y en la mayoría de ellos no hay condenas determinantes por la gravedad de los crímenes, estamos hablando de torturas, de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, es decir crímenes que no son imprescriptibles y que pueden constituir también crímenes de lesa humanidad" dijo la abogada a AFP.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, aseguró que 53 agentes están presos y 695 acusados de violaciones de los derechos humanos desde en “causas abiertas desde el 2017”. La AFP asegura no recibió respuesta al consultar al organismo si existen procesados de las FAES.

A pesar de las declaraciones del Fiscal de que si se regula a este ente policial, los venezolanos temen cada vez que ven una alcabala de la FAES y cruzan los dedos para mo ser protagonistas de estas terribles historias criminalisticas donde el abuso de poder reina sobre cualquier ley o derecho fundamental.

Lula Da Silva libre tras polémico fallo de Corte Suprema de Brasil

El ex presidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva celebra con sus partidarios en las afueras de la cárcel de Curitiba tras salir de prisión la tarde del viernes por orden de un juez federal (Foto: Henry Milleo/AFP).

Por orden de un juez federal brasileño, el ex presidente Luis Inacio Lula da Silva salió el viernes de la cárcel de Curitiba, en el estado de Paraná, tras la polémica decisión el jueves de la Corte Suprema de ese país y según la cual ningún condenado debe ir a la cárcel mientras no agote todas las apelaciones posibles.

Lula estaba preso desde abril del año pasado en la penitenciaría federal convicto de corrupción y lavado de dinero. El juez federal Danilo Pereira Júnior emitió la orden la tarde del viernes y dijo que debía cumplirse "con urgencia".

Por decisión dividida de 6 a 5, la Corte Suprema brasileña derogó un fallo de 2016, que permitía encarcelar a un convicto después que su pena fuera confirmada en segunda instancia. En el caso de Lula, aún quedan dos apelaciones pendientes en instancias superiores.

En junio, la Sala Segunda del Tribunal Supremo negó dos recursos de habeas corpus presentados por la defensa del ex presidente.

Entonces los abogados de Lula alegaron que el juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, actuó con prejuicio al declararlo culpable de corrupción y condenarlo el 12 de julio de 2017 a nueve años y seis meses tras las rejas, que empezó a cumplir el 7 de abril de 2018.

En plena operación Lava Jato (Lavado de Autos), la mayor investigación por corrupción en la historia de Brasil y en la cual estuvieron involucradas grandes compañías como Odebrecht y Petrobras, Moro halló culpable a Lula de haber sido sobornado con un apartamento triplex en Sao Paulo.

Un mes después que Lula entrara a la cárcel, el apartamento fue vendido en subasta por más de 600 mil dólares sin que se revelara la identidad del comprador.

Los abogados de Lula, Cristiano Zanin y Valeska Teixeira Zanin Martins, hablan con la prensa al salir de la prisión de Curitiba tras visitar al ex presidente (Foto: Henruy Milleo/AFP). Parana State,
Los abogados de Lula, Cristiano Zanin y Valeska Teixeira Zanin Martins, hablan con la prensa al salir de la prisión de Curitiba tras visitar al ex presidente (Foto: Henruy Milleo/AFP). Parana State,

La decisión de la Corte Suprema el jueves beneficia a unos cinco mil prisioneros que en todo Brasil esperan los resultados de sus apelaciones.

Tanto el fallo como la orden del juez de que Lula fuera puesto en libertad con la mayor urgencia fueron recibidos con júbilo por los partidarios del ex presidente, y también con convocatorias a marchas de protesta el sábado en varias ciudadades del país por parte de sus críticos.

Lula da Silva fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010, seguido por su ferviente partidaria y ex jefa de su gabinete Dilma Rouseff, destituida en 2016.

Con información de Reuters, EFE y redes sociales

Grupo de Lima insta a Cuba a "ser parte de la solución" para Venezuela

Grupo de Lima.

El Grupo de Lima instó este viernes a Cuba a "ser parte de la solución" de la aguda crisis venezolana, en una declaración adoptada en Brasilia en la que reiteró su condena al régimen de Nicolás Maduro y su apoyo al presidente interino Juan Guaidó.

La plataforma, creada en 2017 para buscar una salida democrática a la difícil situación en Venezuela, se reunió este viernes en la capital brasileña y consensuó una declaración de 23 puntos, que en su mayoría condenan al Gobierno "usurpador" de Maduro y piden la celebración de elecciones libres, transparentes y democráticas.

En el décimo punto, el Grupo de Lima "exhorta a los Gobiernos que apoyan al régimen ilegítimo de Venezuela a favorecer la transición democrática" y, "en especial, hacen un llamado a Cuba a ser parte de la solución a la crisis".

También se declaró apoyo "al pueblo venezolano que expresa su repudio a la dictadura a través de manifestaciones pacíficas como la convocada para el próximo 16 de noviembre" y se rechazó la posible anticipación de las elecciones legislativas previstas para diciembre del año próximo.

En ese sentido, el documento condena expresamente "la pretensión del régimen ilegítimo de convocar a unas elecciones parlamentarias anticipadas cuyo único fin es disolver la Asamblea Nacional legítima y democráticamente electa".

En otro de los puntos, la declaración reiteró el desacuerdo del Grupo de Lima con la reciente elección de Venezuela para un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

"Esta elección, hecho lamentable que no debe repetirse, significa un atropello más a los derechos humanos de todos los venezolanos y un socavamiento al sistema internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas", dice el documento.

La declaración también reflejó un acuerdo alcanzado para la celebración de una conferencia en apoyo al "Plan País", diseñado por el equipo del líder del parlamento venezolano, Juan Guaidó, para "reconstruir" a Venezuela.

La cita, que contará con la participación de agentes del mercado financiero global y de inversores internacionales, será realizada en marzo de 2020 en la ciudad colombiana de Barranquilla, al margen de la Asamblea General del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A la reunión realizada en Brasilia, que presidió el canciller brasileño, Ernesto Araújo, asistieron los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Faurie; Colombia, Carlos Holmes Trujillo; Chile, Teodoro Ribera; Guatemala, Sandra Jovel; Honduras, Lisandro Rosales y Perú, Gustavo Meza-Cuadra.

En representación de Guaidó, participó el comisionado para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges, en tanto que, en otros niveles, estuvieron representados los Gobiernos de Canadá, Costa Rica, Guyana, Panamá y Paraguay, que son también miembros del Grupo de Lima.

Confirman tercera muerte en protestas tras polémicos comicios en Bolivia

Protestas contra Evo morales en La Paz, Bolivia.

La muerte de un estudiante el miércoles elevó a tres el número de fallecidos en una de las jornadas más violentas en tres semanas de protestas tras las polémicas elecciones en las que el presidente Evo Morales se declaró triunfador en medio de acusaciones de un supuesto fraude.

Límbert Guzmán, de 20 años, falleció en una clínica después de los violentos choques entre seguidores y opositores de Morales en la ciudad de Cochabamba. Más de 20 personas resultaron heridas, según informes oficiales y médicos.

La semana pasada, dos opositores fallecieron por disparos de bala en choques con seguidores del mandatario en la región oriental de Santa Cruz, bastión de la oposición.

Cocaleros y campesinos afines al mandatario llegaron a Cochabamba, en el centro de Bolivia para apoyar a Morales y desbaratar las barricadas opositoras que bloquean calles y avenidas de la ciudad tras los comicios del 20 de octubre.

Guzmán resultó gravemente herido en uno de los choques con los oficialistas y falleció horas después en un hospital público, según confirmaron sus familiares.

Televisoras mostraron imágenes de la turba en batalla campal en las calles con piedras y palos. Funcionarios del Defensor del Pueblo confirmaron más de 20 heridos.

Los choques se prolongaron hasta el miércoles en la tarde. Las oficinas de una alcaldía cercana a la ciudad fueron incendiadas y la alcaldesa oficialista Patricia Arce fue agredida y retenida por opositores que la acusaron de trasladar gente para enfrentarlos.

Opositor en La Paz para entregar carta a Morales

El miércoles en la noche, la tensión se trasladó a La Paz donde arribó el líder cívico del movimiento opositor Luis Fernando Camacho con fuerte resguardo policial para entregar la carta de dimisión de Morales bajo la acusación de fraude electoral.

Grupos rivales chocaron a la salida del aeropuerto y la policía los trataba de dispersar con equipo antimotines. Manifestantes de ambos se apostaron cerca de la casa de gobierno, que estaba bajo fuerte custodia policial. La carta sería entregada el jueves.

“El mandato es entregar la carta y estoy decidido a cumplirlo”, declaró a la televisora Unitel, que acompañó en el avión al presidente del influyente Comité Cívico de Santa Cruz. Más tarde llamó a la calma. “Venimos a buscar la paz, no buscamos enfrentamientos”. dijo

Es el segundo intento de Camacho de entregar la carta. El lunes seguidores de Morales impidieron que saliera del aeropuerto. El miércoles, militantes de uno y otro bando se apostaron a la salida de la terminal aérea después de que el Ministro de Gobierno Carlos Romero garantizó la llegada del líder opositor desde Santa Cruz

En nueve de las 10 mayores ciudades del país las protestas opositoras se dejaban sentir con cortes de rutas, barricadas callejeras, marchas y reyertas.

Santa Cruz, un reducto opositor y motor agroindustrial del país, permanecía casi paralizada por la huelga convocada por el poderoso Comité Cívico.

Desde el martes los opositores realizan plantones en las puertas de las oficinas públicas y bloquean algunos pasos fronterizos.

Se espera que la próxima semana una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluya una auditoria de los comicios del 20 de octubre, pero la oposición la oposición la rechaza bajo la sospecha de que avale el resultado. La misión llamó a los ciudadanos a entregar pruebas del supuesto fraude. La oposición pide la renuncia de Morales y la convocatoria a nuevas elecciones con otro Tribunal Electoral. El mandatario anticipó que no dimitirá y acusó a los opositores de confabular para derrocarlo.

OEA hace llamado a la calma

La misión de la OEA emitió la noche del miércoles un comunicado en el que llamó a la calma y a la paz social.

Estas son las mayores protestas que afronta Morales en sus casi 14 años en el poder.

El mandatario llegó debilitado a los comicios por escándalos de corrupción, acusaciones de autoritarismo y su empeño en reelegirse pese a un referendo que le negó esa posibilidad, lo que encendió el rechazo ciudadano a pesar de su buena gestión económica.

Líder de protestas en Bolivia planea volver a La Paz mientras aumenta la violencia

Luis Fernando Camacho es recibido por sus seguidores en Santa Cruz.

El líder de las protestas en Bolivia, que prometió marchar a La Paz para exigir la dimisión del presidente Evo Morales, intentará por segunda vez llegar a la capital el miércoles, mientras aumentan los enfrentamientos entre partidarios del gobierno y la oposición.

Luis Fernando Camacho ya había tratado de llegar a La Paz el martes, pero se le impidió salir del aeropuerto en El Alto, donde se congregaron partidarios del gobierno. Un avión de la fuerza aérea lo llevó de vuelta a Santa Cruz.

Camacho ha dicho que volará al principal aeropuerto de la capital en la zona cercana de El Alto, con la intención de entregar una carta que redactó con la renuncia de Morales, tras una disputada elección que ganó el líder de izquierda el mes pasado.

El nuevo intento probablemente aumente una tensión que ha aumentado tras semanas de largas protestas y huelgas, después de la elección del 20 de octubre. Las hostilidades aumentaron el martes en la noche en La Paz, con choques en las calles entre partidarios de Morales y la oposición.

Con pocas señales de alguna solución política, el enfrentamiento ha empeorado. El miércoles, los titulares de los diarios denunciaban la violencia y apuntaban a un costo económico de 167 millones de dólares. "Bolivianos contra bolivianos", decía la portada de un diario local.

Wilfredo Chávez, viceministro de Seguridad Ciudadana, dijo en una entrevista por televisión que el gobierno desplegará un "mayor contingente policial" para que controle la situación en el aeropuerto de El Alto si Camacho regresa.

"Si el señor viene vamos a dar todas las medidas para garantizar su transitabilidad", dijo Chávez.

Morales ganó la votación del mes pasado con una ventaja apenas superior a 10 puntos porcentuales sobre su principal rival, Carlos Mesa, obteniendo un triunfo directo que evita una segunda vuelta.

Sin embargo, la victoria fue empañada por una suspensión de casi 24 horas en el recuento, que, cuando se reanudó, mostró un cambio brusco de tendencia a favor de Morales.

Gobiernos de otros países han llamado a la calma y respaldan una auditoría de la elección por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), que previamente ha recomendado la realización de una segunda vuelta. Morales ha aceptado que la auditoría sea "vinculante", pero muchos en la oposición ahora piden su alejamiento del poder.

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