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América Latina

Venezuela en el Informe 2020 de Human Rights Watch

Kenneth Roth, director ejecutivo HRW durante presentación del Informe 2019

El Informe 2020 de Human Rights Watch, presentado por el director ejecutivo d la organización, Kenneth Roth, se hace una exhaustivo análisis sobre la realidad de Venezuela y se califica como “impasse político” la situación que atraviesa el país sudamericano desde el inicio del año, a pesar de que más de cincuenta países han reconocido y apoyado al presidente interino Juan Guaidó.

Sin instituciones gubernamentales independientes que puedan enfrentar al poder ejecutivo y con una Asamblea Nacional despojada de todos sus poderes, Venezuela atraviesa una crisis institucional que se hace patente en la total sumisión de los encargados de administrar justicia.

Represión contra todo elemento crítico,encarcelamientos, vejaciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales, unidos a la falta de medicinas, alimentos y productos de primera necesidad, además del éxodo masivo de los venezolanos, son realidades alarmantes que nos enfrentan a un panorama desolador.

La crisis de los refugiados

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de una población de aproximadamente 32 millones, se calcula que 4, 5 millones han huido del país desde 2014 hasta noviembre de 2019, sin contar con los que no han podido ser cuantificados por la falta de informes por parte de las autoridades.

Las crisis simultáneas en los terrenos político, económico, humanitario y de derechos humanos, son las causas de este éxodo masivo y a ésto, se suma la situación de muchos venezolanos que no han logrado estabilizarse en otros países y acceder a trabajos, escuelas para los hijos y atención médica, lo cual los hace vulnerables al abuso y la explotación.

Persecución de opositores políticos

El Foro Penal, red venezolana de abogados defensores penalistas que trabajan “ad honorem”, han informado a HRW que, en el mes de noviembre, se encontraban en las cárceles e instituciones de los servicios de inteligencia de Venezuela alrededor de 400 presos políticos.

El gobierno de Maduro ha encarcelado e inhabilitado para ejercer cargos públicos a numerosos líderes opositores, como es el caso de Leopoldo López y Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Trece legisladores de la oposición han debido exiliarse y cuatro se encuentran refugiados en embajadas extranjeras en la ciudad de Caracas.

Las fuerzas de seguridad madurista y sus servicios de inteligencia han detenido y torturado a militares acusados de, presuntamente, conspirar contra el gobierno. La represión también ha alcanzado a los familiares de los sospechosos, que también han sido torturados con el fin de obligarles a delatar supuestas conspiraciones.

Represión de protestas

Los grupos armados conocidos como “colectivos”, junto a las fuerzas de seguridad venezolanas, sistemáticamente durante las oleadas represivas de 2014 y 2017, atacaron protestas, incluso en las que han participado decenas de miles de manifestantes. Han disparado municiones antidisturbios a “quemarropa”, golpeado brutalmente a personas que no mostraban resistencia, allanado viviendas de manera violenta y cometido múltiples iniquidades contra detenidos, tales como torturas, golpizas brutales, descargas eléctricas, asfixia y abusos sexuales.

En las manifestaciones de apoyo a Juan Guaidó en 2019, cientos de personas fueron detenidas y varias decenas murieron en los eventos ocurridos en enero y mayo.

En el informe del Foro Penal se contabilizan más de 15.000 personas detenidas desde 2014 en relación con las manifestaciones populares, incluyendo manifestantes, transeúntes y ciudadanos que fueron sacados violentamente de sus hogares si mediar orden judicial. Hasta el mes de noviembre, 8.900 se hallaban en libertad condicional pendientes de juicio y los tribunales militares habían procesado a más de 840 civiles, lo cual es una violación de las disposiciones del derecho internacional.

Presuntas ejecuciones extrajudiciales

Según los informes, desde 2016, efectivos de la policía y de las fuerzas de seguridad han asesinado en Venezuela alrededor de 18.000 personas en supuestos incidentes de “resistencia a la autoridad”. En diciembre de 2017, el ministro del interior, Néstor Reverol, informó que en 2016 ocurrieron 5.995 de estos casos y 4,998 en 2017.

Durante 2018 y los primeros meses de 2019, la cifra de muertes por “resistencia a la autoridad” ascendió a 7.000 de acuerdo a las cifras oficiales dadas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y, aunque aún no se ha recopilado la información precisa, la ACNUDH concluye que muchas de estas muertes pueden deberse a ejecuciones extrajudiciales. Human Rights Watch logró, en 2019, documentar algunas de estas ejecuciones.

En las redadas organizadas entre 2015 y 2017 en los barrios de bajos ingresos, durante la llamada “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP) en la cual participaron las fuerzas de seguridad en conjunto con la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Hubo denuncias generalizadas de ejecuciones extrajudiciales, masivas detenciones arbitrarias, desalojos forzados, destrucción de viviendas, maltrato a detenidos y deportaciones arbitrarias durante las redadas practicadas por las fuerzas del gobierno.

La Oficina de la ACNUDH ha informado que “las autoridades [podrían] haber utilizado a FAES (una fuerza de policía especial creada en 2017 para combatir a organizaciones delictivas y narcotráfico) como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”.

Impunidad por abusos

El informe de HRW destaca que, a pesar de las declaraciones del gobierno venezolano sobre detenciones a los supuestos autores de asesinatos cometidos en manifestaciones de 2017 y 2019, la mayoría de las violaciones de derechos humanos continúan impunes. La Oficina de la ACNUDH señaló en julio de 2019 que, entre los factores que favorecen la impunidad, se encuentran la “falta de cooperación de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas con las investigaciones”, la “manipulación de la escena del crimen” por miembros de la fuerza de seguridad y la inmunidad “de facto” de oficiales superiores, y también la falta de independencia judicial.

El amplio informe de Human Rights Watch destaca también, la situación de Emergencia humanitaria que se vive en Venezuela, con los aumentos de los índices de mortalidad materna en un 65% y la mortalidad infantil en un 30%. La crisis en el sistema de salud, que califica como “absolutamente colapsado”, con el aumento de enfermedades que se pueden prevenir, tales como el sarampión y la difteria y el resurgimiento de enfermedades infecciosas como la malaria y la tuberculosos, unido a los altos niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil entre los venezolanos.

Human Right Watch señala también los graves problemas en cuanto a la libertad de expresión, los riesgos que corren los miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos, la discriminación política, que priva a los ciudadanos de sus empleos, llegando incluso a marginarles en las reparticiones de alimentos, tomando en cuenta sus manifestaciones de simpatías o rechazos hacia el gobierno.

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EEUU ordena confiscar envío de gasolina de Irán a Venezuela

Un buque iraní en la refinería El Palito en Puerto Cabello, Venezuela, el 25 de mayo de 2020. Miraflores Palace/Handout via REUTERS

WASHINGTON- Fiscales de Estados Unidos presentaron a última hora del miércoles una demanda para confiscar la gasolina a bordo de cuatro petroleros que Irán está enviando a Venezuela, en una nueva medida de Washington para aumentar la presión económica sobre los dos países.

Washington ha estado aplicando sanciones para impulsar sin éxito la salida del cargo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, incluyendo medidas contra la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

La escasez de gasolina en Venezuela, que al igual que Irán es miembro de la OPEP, se ha agudizado debido a las sanciones de Estados Unidos y a que el país sudamericano sufre un colapso económico.

En la demanda de incautación, los fiscales federales buscan detener la entrega de gasolina iraní a bordo del Bella y el Bering, con bandera de Liberia, y el Pandi y el Luna, según el documento, mientras que también busca impedir futuras entregas.

La presentación también busca detener el flujo de ingresos a Irán por la venta de petróleo a Irán en medio de la disputa entre los países por el programa nuclear de la república islámica.

Zia Faruqui y otros dos abogados asistentes de Estados Unidos alegan que el empresario iraní Mahmoud Madanipour ayudó a organizar los envíos al cambiar los documentos sobre los petroleros para evadir las sanciones estadounidenses.

La demanda dice que desde septiembre de 2018 la Fuerza Quds, un grupo élite de la Guardia Revolucionaria de Irán, ha movido petróleo a través de una red de envíos que ha sido sancionada.

Las ganancias de los envíos respaldan las "actividades nefastas, incluida la proliferación de armas de destrucción masiva y sus medios de entrega, apoyo al terrorismo y una variedad de abusos contra los derechos humanos, en el país y en el extranjero", dice la demanda.

Rusia divulgó reestructuración de deuda con Venezuela

Vladimir Putin con Nicolas Maduro en Moscú

Rusia divulgó este martes los términos de una reestructuración de deuda acordada previamente con Venezuela que muestra que los pagos anuales de Caracas a Moscú se incrementarán en cinco veces a partir de 2023.

Los detalles se incluyeron en un proyecto de ley gubernamental presentado para su ratificación a la cámara baja del Parlamento, o Duma.

No estaba claro qué pasaría con el acuerdo entre Rusia y Venezuela si la Duma rechaza el proyecto de ley.

Caracas tiene que pagarle a Moscú 133 millones de dólares al año desde 2019 al 2022. La cifra aumenta a 684 millones de dólares entre 2023 y 2026, mostró el documento en el sitio web de la Duma.

El acuerdo, firmado por Rusia y Venezuela en 2018, prevé el reembolso de 3.120 millones de dólares en capital y pagos de intereses por 217 millones de dólares.

Ambos países acordaron la reestructuración de la deuda a finales de 2017.

Moscú ha actuado como prestamista de último recurso para Caracas, con el gobierno ruso y el gigante petrolero Rosneft proporcionando al menos 17.000 millones de dólares en préstamos y líneas de crédito desde 2006.

Panamá incauta más de mil paquetes de droga con apoyo de EEUU y Colombia

Soldado del SENAM en Panamá.

Las autoridades panameñas informaron este lunes de que incautaron 1.049 paquetes de droga, detuvieron a cinco colombianos y además decomisaron 2 embarcaciones en dos operaciones realizadas en aguas del Pacífico con apoyo de las Fuerzas Armadas de Colombia y la Guardia Costera de Estados Unidos.

Lancha semisumergible encautada en Panamá
Lancha semisumergible encautada en Panamá

En una de estas acciones, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) decomisó 610 paquetes de droga no identificada y peso total no especificado, dentro de un semisumergible interceptado al sur de Isla Coiba, frente a las costas de la provincia central de Veraguas.

En esta operación, en la que el Servicio Aeronaval contó con el respaldo de las Fuerzas Armadas de Colombia y el apoyo aéreo de la Guardia Costera de Estados Unidos, se detuvo a 3 colombianos que viajaban en la lancha que transportaba la droga.

"En coordinación con patrullajes marítimos @ArmadaColombia y apoyo aéreo @USCG se logra interrumpir el desplazamiento de una embarcación tipo lancha semisumergible de bajo perfil (LPV), 3 aprehendidos y 610 paquetes de presunta sustancia ilícita, al Sur de Isla Coiba, Veraguas", confirmó en sus redes sociales el Senan.

En otra operación, también en aguas del Pacífico, el Servicio Nacional Aeraonaval, en conjunto con personal del Ministerio Público de Panamá (MP), incautó 439 paquetes de droga no determinada y peso no especificado que era transportada en una lancha rápida en Isla San José.

La Isla San José es una de las más de 30 islas que conforman el Archipiélago de las Perlas, localizado en el Golfo de Panamá.

Drogas confiscadas por el SENAM en Panamá.
Drogas confiscadas por el SENAM en Panamá.

Dos hombres de nacionalidad colombiana, no identificados, fueron detenidos por personal de la fiscalía antidrogas del Ministerio Público por su presunta vinculación con el alijo, indicó la entidad investigadora en sus redes sociales.

Las autoridades de Panamá decomisaron en el 2019 un total de 90,99 toneladas de drogas, una nueva cifra récord para este país de tránsito de estupefacientes, y detuvieron a 1.013 personas vinculadas con el narcotráfico, el 10 % de ellas extranjeros.

Lancha encautada por el SENAM en Panamá.
Lancha encautada por el SENAM en Panamá.

Expulsa Maduro a embajadora de la UE tras sanciones a funcionarios del régimen

La embajadora de la UE en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa.

El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes en la tarde que la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brilhante Pedrosa, tiene 72 horas para salir del país.

La acción ocurre después de que el Consejo de la Unión Europea impusiera sanciones a 11 funcionarios chavistas, entre ellos, la directiva paralela de la Asamblea Nacional encabezada por el diputado disidente Luis Parra.

Las nuevas medidas europeas elevan a 36 los funcionarios ligados al régimen de Maduro; las sanciones incluyen una prohibición de viajar y el congelamiento de activos. Están señalados de actuar contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, despojando la inmunidad parlamentaria de varios de sus miembros.

Entre los sancionados figuran: Luis Parra, Franklyn Duarte y José Gregorio Noriega, a quienes el Tribunal Supremo de Justicia declaró en mayo como presidente y vicepresidentes del Parlamento y son reconocidos por Maduro, pero no por la mayoría de los integrantes de la Asamblea, que reeligió en enero al líder opositor Juan Guaidó como el jefe del legislativo.

También aparecen en la lista de los sancionados Juan José Mendoza, presidente de la sala constitucional del Tribunal Supremo, y el general José Ornelas, jefe del Consejo de Defensa de la Nación.

Estatal PDVSA se apodera de gasolineras privadas

Colas para reabastecerse de combustible en Maracaibo, Venezuela, mayo 17 de 2019. (Reuters).

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ordenó la entrega en 72 horas de estaciones de servicio en algunas ciudades del país operadas por privados, una medida unilateral que llegó luego que el gobierno autorizó subir el precio de la gasolina y venderla en ciertos sitios en divisas.

La notificación que PDVSA envió por escrito y fue vista por Reuters el sábado, tomó por sorpresa a operadores de las gasolineras que mantuvieron la concesión de estos negocios por décadas, dijeron dos fuentes conocedoras de este proceso.

"En Caracas son una decena (las que han recibido la carta de PDVSA)", dijo una de las fuentes. El desalojo de las estaciones de servicio, añadió, se produce sin recibir ninguna indemnización.

PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de más información. El documento de notificación indica que la petrolera "podrá rescindir el contrato en forma unilateral y en cualquier momento".

El cambio de control de las estaciones surge una vez que el gobierno abandonó este mes los fuertes subsidios a la gasolina que por años la hicieron la más barata del mundo, a la par que recibía por primera vez unos 1,53 millones de barriles de combustible iraní como medida para enfrentar las sanciones de Estados Unidos que dificultan sus operaciones en el extranjero.

Fenegas, la asociación que agrupa a las empresarios de las gasolineras, estaría solicitando reuniones con PDVSA y el ministerio de Petróleo para comprender el alcance de las medidas, agregaron las fuentes.

En los últimos días la petrolera estatal también tomó control de otras 17 estaciones de servicio en el central estado Carabobo y notificó de un cambio similar a cuatro operadores de gasolineras en el oriental estado Sucre.

En el país funcionan unas 1.680 estaciones de servicio, la mayoría propiedad de privados y PDVSA es dueña de unas 200 de ellas, que hasta ahora han venido operando compañías privadas con permisos especiales.

No está claro si PDVSA delegará en otros operadores o asumirá control de la venta de gasolina en las estaciones de servicio que reciben la notificación.

Desde inicios de junio los conductores pueden adquirir 120 litros al mes a un precio subsidiado y el resto deben pagarlo a un precio de 0,5 dólares por litro. El Banco Central había ordenado a los bancos vender las divisas que recibieran de esas ventas en las estaciones de servicio en el mercado cambiario.

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