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Derechos Humanos

Un activista quiere reunirse con su familia, pero Cuba dice NO

Lidier Hernández, en una imagen compartida en su cuenta de Facebook en diciembre.

Las autoridades cubanas prohibieron al activista Lidier Hernández Sotolongo abordar un vuelo humanitario que partió el sábado del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana con destino a Uruguay, aunque estaba en el registro de pasajeros.

“Desde marzo aproximadamente, la Cancillería de Uruguay está haciendo trámites a mi favor, ya que los movimientos Migración y Democracia, Cubanos Libres en Uruguay y Manos Veneguayas entregaron una carta al presidente uruguayo Luis Lacalle Pou y a su canciller, Ernesto Talvi, en la que expresaron que el gobierno de Cuba me impide salir del país, aunque soy residente uruguayo", dijo a Radio Martí Hernández Sotolongo, uno de los coordinadores del Movimiento Acciones por la Democracia en la nación suramericana.

“El miércoles recibí un correo electrónico de la Embajada uruguaya en la capital cubana con un listado de personas comprendidas en un vuelo humanitario de la aerolínea Copa que saldría el 13 de junio con destino a Uruguay y haría escala en Santo Domingo, República Dominicana y en Ciudad Panamá”, dijo a Radio Martí.

“En esa lista aparecía yo y la misión diplomática recomendaba que gestionáramos, por nuestros medios, el permiso de salida de Cuba”, afirmó el también miembro de la organización Somos Más, que encabeza el opositor Eliécer Avila.

Tras un sinfín de trámites burocráticos, la oficina Nacional de Inmigración y Extranjería informó el viernes que permitiría abandonar el territorio cubano a Hernández Sotolongo. “Tengo la llamada grabada, en la que yo le proporciono todos mis datos al funcionario de esa entidad del Ministerio del Interior. Me comunica que ya puedo salir al exterior”.

Un caso de separación familiar: Lidier Hernández Sotolongo
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“Me puse contentísimo, hice los trámites pertinentes y llegué al aeropuerto de La Habana. Me puse en la fila y dos horas más tarde comenzaron a pasar las personas, previo chequeo del documento de la sede diplomática uruguaya”, explicó.

En la terminal aérea número 3, Hernández Sotolongo fue trasladado de una dependencia para otra por un agente migratorio que lo condujo, finalmente, a la zona de Fronteras.

“Ahí me ponen frente a la cámara, me piden el pasaporte y la cédula de Uruguay y me dicen lo mismo que me dijeron el 15 de febrero de 2020: usted no va a poder viajar hoy”, lamentó el opositor.

El régimen “reguló” al activista, luego de que fuera a visitar a sus padres en Cruces, Cienfuegos. Cuando intentó regresar a Uruguay, el pasado 15 de febrero, la Oficina de Inmigración y Extranjería le informó que tenía restricción de salida por "razones de defensa, seguridad nacional y otras de interés público". Específicamente por su participación “en manifestaciones ante la representación de Cuba en Montevideo”.

“Una vez más se viola mi derecho de libre tránsito y no se me permite regresar a Uruguay donde soy residente legal, donde está mi esposa, donde estaba mi trabajo, donde perdí mi trabajo”, denunció Lidier Hernández Sotolongo en un video difundido en Facebook.

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A la cárcel cuentapropista cubano sin respuesta a su apelación

Una cárcel en Cuba.

El empresario independiente Eldris González Pozo irá este miércoles a cumplir sentencia en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba.

El cuentapropista González Pozo fue condenado a cuatro años de cárcel el pasado 27 de abril y va a cumplir la pena sin siquiera tener respuesta de una apelación que hizo al Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, según dijo a Radio Martí.

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Así en medio de la proliferación de la pandemia del COVID-19 en las cárceles cubanas, un cuentapropista será llevado a una de ellas sin tener los documentos de la apelación a su sentencia.

El también activista a favor de los derechos humanos y miembro de la organización opositora Alianza Democrática Oriental fue procesado por un delito de supuesto atentado, debido a una acusación de una inspectora estatal que dijo a la policía que el empresario la había empujado cuando ella supervisaba su pequeña tienda donde vende útiles para el hogar.

Días antes de estos acontecimientos Eldris González Pozo estuvo nueve días en huelga de hambre en protesta por lo que considera una acusación injusta y una represalia debido a su activismo por los derechos humanos.

Consideran caso de Yeilis Torres como detención arbitraria e interpretación "retorcida" del Código Penal de Cuba

La exfiscal cubana y activista de UNPACU, Yeilis Torres Cruz. (Facebook)

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó este domingo la detención de la activista Yeilis Torres Cruz, agredida por el vocero del régimen Humberto López luego de que ella le cuestionara, públicamente, asuntos de su vida privada, tal como él hace con artistas y activistas en sus programas de Televisión.

“Creemos que estamos ante una detención arbitraria, que lo que busca es criminalizar la libertad de expresión y la disidencia. Desde luego, estamos pidiendo que la activista sea puesta en libertad y su caso sea archivado porque entendemos que no se ha cometido ningún delito”, indicó Yaxis Cires, Jefe de Estrategias de la organización con sede en Madrid.

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“Además creemos que hay un error de calificación por parte de la Fiscalía a la hora de considerar al señor Humberto López, que en realidad es un comunicador social o un vocero político, equipararlo como si fuera una autoridad o un representante de la legalidad. En cualquier caso, creemos que hay una interpretación retorcida y políticamente condicionada del artículo que habla sobre el atentado en el Código Penal Cubano”.

La Fiscalía rechazó, la semana pasada, una solicitud de cambio de medida cautelar para la activista encarcelada y acusada de atentado a una figura pública, según confirmó su madre Marisol Cruz Saldívar.

Torres Cruz continúa recluida en el cuartel general del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) de 100 y Aldabó en La Habana.

Coalición por la Libertad de Asociación trata las restricciones y amenazas a ese derecho en Cuba

Niños juegan en una gran cartel de Cuba.

La Coalición por la Libertad de Asociación realizó su primer foro virtual para conversar sobre las restricciones y amenazas a la libertad de asociación que se registran en numerosos países de América Latina, incluyendo Cuba.

Inés Pousadela, investigadora de CIVICUS, una alianza de organizaciones de la sociedad civil, declaró que Cuba es el único país de las Américas que tiene un espacio cívico cerrado, especificando que cuando se habla de espacio cívico se refiere a que haya cabida para el desarrollo y la capacidad de las personas a organizarse y expresar una opinión.

Por su parte, Gerardo Berthin, Director de los Programas de América Latina y el Caribe de Freedom House, señaló que en el último informe de su organización sobre la libertad en el mundo, Cuba salió entre los países con menos puntaje.

“En el caso de Cuba es interesante porque desde el 2013 los datos muestran que ha mantenido un puntaje constante bajo que oscila entre 10 y 14 puntos sobre el máximo de 60 puntos en el área de libertades civiles”, dijo Berthin.

Mientras tanto, la abogada Laritza Diversent, de Cubalex, señaló que, aunque el estado cubano reconoce la libertad de asociación, establece restricciones en la práctica que son “incompatibles con los estándares internacionales”.

“La decisión de que una organización se inscriba está sujeta a la discrecionalidad de las autoridades administrativas y no existen herramientas adecuadas para la revisión en caso de rechazo de estos registros”, aclaró Diversent.

La abogada subrayó además que había que hablar también del derecho a no adherirse a una organización y dijo que en Cuba “se han establecido determinadas prácticas que conllevan estar obligatoriamente integrado organizaciones”.

Opinó que “esto implica un control social, porque los individuos son obligados a integrarse, por ejemplo, al Comité de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas o a los sindicatos u organizaciones estudiantiles”.

Asimismo, declaró que otra parte es el derecho a asociarse sin tener que iniciar un procedimiento de registro: “el simple motivo de crear un grupo”, añadiendo que hay determinadas figuras que pueden ser utilizadas dentro de la ley penal para sancionar a las personas que se asocien supuestamente porque determinada actividad puede considerarse conspirativas contra la seguridad del estado.

Diversent mencionó que la Ley 88 o Ley Mordaza “va contra la libertad de expresión pero también contra el derecho de asociación porque impide a las personas asociarse para determinado fin”.

La Coalición por la Libertad de Asociación, que organizó la conferencia virtual, está compuesta por 15 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos humanos en América Latina y el Caribe entre ellas Freedom House, People in Need, CADAL y PROVEA.

Solicitan visa humanitaria para tratar en EEUU a activista de UNPACU

Cristian Pérez Carmenate.
Cristian Pérez Carmenate.
Cristian Pérez Carmenate.

Desnutrido y sin medicamentos para el tratamiento del cáncer en los huesos que sufre permanece el activista y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Cristian Pérez Carmenate, de 48 años de edad.

Su madre y el líder de la organización opositora, José Daniel Ferrer, alertan que la vida del activista corre peligro, y están solicitando la ayuda de los congresistas cubanoamericanos en EEUU para obtener una visa humanitaria, con el propósito que puede recibir la atención médica que requiere.

Hace casi dos meses que Cristian no recibe el tratamiento médico que necesita, porque no hay la medicina en el hospital general Ernesto Guevara de la Serna, en la ciudad de Las Tunas, expresa el opositor.

“Es el mismo tiempo que llevo postrado en la cama sin poder caminar, y con fuertes dolores en la espalda, los huesos, las rodillas, y donde quiera me duele, y mi estado de salud se ha ido deteriorando. El hospital no me da ninguna respuesta sobre el medicamento, simplemente me dicen que no hay, y para colmo tampoco hay dipirona, ni un ibuprofeno para calmar un poquito estos intensos dolores que tengo”, explicó.

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Por su parte, su madre, Yolanda Carmenate, informa que también está desnutrido, pesa menos de 100 libras por falta de alimentos y no hay ambulancias para llevarlo al hospital, por tanto, tienen que usar un vehículo de tracción animal.

“Hace alrededor de 50 días la salud de Cristian se ha ido agravando. Además de la falta de medicinas, los alimentos no son los adecuados. La dieta que recibe por su enfermedad consiste en media de libra de pollo y leche en polvo una vez al mes. También tenemos problema con el transporte con el que contamos; resulta peligroso y doloroso para su organismo”, destacó la opositora.

Mientras, el líder de UNPACU, José Daniel Ferrer García, señala que ellos han recibido el apoyo financiero de exiliados, tanto en Estados Unidos como en Europa, para cubrir los gastos médicos del activista, pero falta la visa humanitaria, que ya fue solicitada en la embajada de los Estados Unidos en la capital cubana.

“La respuesta, directamente de la embajada, no ha llegado, y no sabemos si llegaría sin las gestiones de los congresistas cubanoamericanos, tanto de María Elvira Salazar como de Marco Rubio, que es muy preocupado, solidario y humano, y los demás congresistas también”, apuntó Ferrer.

El 12 de agosto de 2019, Cristian Pérez Carmenate fue golpeado por policías durante un arresto en la capital tunera, provocándole varias lesiones. Pasó 40 días en prisión sin recibir atención médica, y luego de ser operado de un tumor en un brazo, en el hospital clínico quirúrgico, fue regresado a la cárcel Plan Confianza, hasta que en noviembre se le otorgó la Licencia Extrapenal por razones de salud.

Informe de Derechos Humanos alerta sobre una "nueva versión de la Primavera Negra" en Cuba

Una oficial de policía exige identificación a un ciudadano en una calle de La Habana cerrada por coronavirus. (YAMIL LAGE / AFP)

Con decenas de opositores encarcelados, entre los que esperan sanción y los condenados por causas políticas, además de la “hospitalización” forzada durante semanas del artista Luis Manuel Otero Alcántara, mayo fue un mes de marcada represión, denunció el Centro Cubano de Derechos Humanos (CCDH).

"El mes de mayo vino acompañado, además de flores, de una nueva versión de la Primavera Negra", subraya en el informe la coordinadora de la organización, la opositora Martha Beatriz Roque Cabello.

Además del elevado número de opositores que están pendientes de juicio, el reporte recalca la cifra de "13 nuevos presos políticos, que es la mayor que se reporta de una vez, desde marzo del 2003".

Los encarcelados son: Delvis Sardiñas Mora, Yuisán Cancio Vera, Luis Ángel Cuza Alfonso, Thais Mailén Franco Benítez, Esteban Lázaro Rodríguez Lopez, Inty Soto Romero, Orestes Varona Medina, Yeilis Torres Cruz, Roberto Perdomo Fuentes, Maykel Castillo Pérez (Osorbo), Carlos Alberto Álvarez Rojas, Waldo Hernández Batista y Cándido Chacón Puñales.

El informe incluye, además, el caso de una familia de 4 personas sancionada a 1 año de limitación de libertad por presuntas amenazas, 24 presos pendientes de ser enjuiciados, 8 a los que ya les hicieron juicio y están en proceso de apelación, y 6 activistas ya sancionados y dentro de prisiones, esperando nuevos juicios.

"Procesar opositores se ha convertido en la última forma que ha adoptado la dictadura, de reducir al mínimo a los que no apoyan el sistema. No importa cuán conocida sea la persona que se lleva a los tribunales, el problema es hacerle juicio y mantenerlo entre rejas. En particular todos aquellos que estuvieron vinculados a la canción Patria y Vida, a raíz de la popularidad que ha alcanzado", señala Roque Cabello.

El informe subraya el sitio permanenente que la policía política impone a varios activistas en sus viviendas. "No les permiten salir de sus casas, so pretexto de que están con una medida cautelar; sin embargo, no les hacen entrega de algún documento emitido por el instructor, el fiscal o el tribunal local", denuncia.

Entre los presuntos delitos atribuidos a los activistas por las autoridades, el reporte menciona el impago de multas, desacato, desorden público, desobediencia, propagación de epidemias, actividad económica ilícita y peligrosidad predelictiva.

El dólar por las nubes y la escasez rampante

En su acápite de "Problemas sociales y la crisis", el reporte del CCDH menciona la falta de liquidez del Estado, que anunció "que no tenía dólares ni para el cambio en los aeropuertos".

"Cada día aumenta la cantidad de productos y servicios que se ofertan en MLC, en detrimento del peso cubano, lo que ha contribuido, entre otros aspectos, a que en el mercado informal, a fin de mes el dólar se cambiaba a 1 x 60, algo que reconoció el Ministro de Economía, con la tendencia al alza en junio", destaca el reporte.

El precio de los alimentos se ha disparado en el mercado negro. Una libra de carne de puerco en La Habana, por ejemplo, cuesta ya 100 pesos, un valor que en el interior del país asciende a 150 pesos. La leche en polvo ha llegado a costar 300 pesos, reconocen hasta los medios estatales, añade el texto.

Mientras, la zafra de este año "ha sido quizás la peor en la historia de Cuba", con apenas 816 mil toneladas de azúcar, para un cumplimiento de solo el 68% del plan.

El CCDH menciona, además, el congelamiento de obras en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, "lugar tan cacareado como centro de soluciones de los problemas del país" que, señala, "no ha reflejado los resultados que se esperaban". En el lugar, "se ha detenido la construcción de las casas de sus directivos, ya que a los trabajadores les deben 3 meses de salarios".

El informe concluye que la llamada "Tarea Ordenamiento" ya cumple 5 meses de su implementación "y no se ve la luz al final del túnel". Las medidas establecidas, como la modificación de las tarifas eléctricas, de agua, teléfonía fija y de gas, y el aumento del pago de los comedores para ancianos, "no mejoran la vida del cubano promedio".

"El régimen plantea que no se podían seguir postergando las transformaciones, pero lo cierto es que todo este tiempo ha sido de sufrimiento para la sociedad", concluye el texto.

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