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América Latina

Un año de violencia letal contra la prensa

En Managua, venta del diario La Prensa. (AP/Ariel Leon).

Este 2022 ha sido el año más letal para la prensa en Latinoamérica en las últimas dos décadas, con 38 periodistas asesinados en la región.

Así lo señaló este lunes Paula Roko, coordinadora en la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una reunión con representantes de medios, Gobiernos y entes reguladores en Washington.

"La escalada de la violencia hacia los periodistas es uno de los temas más urgentes para atender a nivel regional", dijo Roko, quien se encarga de monitorear los ataques contra la libertad de prensa en los países latinoamericanos.

Los ataques contra la prensa se dan en un ambiente en que políticos y funcionarios de los propios Gobiernos hablan de manera "estigmatizante" sobre los profesionales de la comunicación, apuntó la experta.

Además de señalar a los medios, los Ejecutivos de la región no investigan de manera adecuada los asesinatos a periodistas: un 95% de los crímenes cometidos este año siguen impunes, explicó Fabián Cardozo, presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc).

"Requerimos acciones", sentenció Cardozo, quien pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que reclame a las naciones que investiguen los crímenes y que enjuicien a los responsables.

El responsable de Fepalc citó "el clima de impunidad, el avance del crimen organizado y la permanente represión a quien investiga" como algunos de los factores de violencia contra los reporteros.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó este lunes los ataques a la prensa y rechazó "cualquier forma directa o indirecta de restricción" contra la libertad de expresión.

"El periodismo no mata, articula palabras, expone ideas y denuncia hechos", dijo Almagro en su intervención ante la reunión, organizada por el Centro de Estudios para el desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (Certal).

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¿Quién es Maikel Moreno, el magistrado venezolano acusado de recibir sobornos en un tribunal de EEUU?

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, durante una conferencia de prensa el 1 de septiembre de 2020 en Caracas. (REUTERS/Manaure Quintero/File Photo).

Maikel Moreno pasó de ser policía y escolta en su juventud a una de las figuras más influyentes del poder judicial venezolano. Es uno de los funcionarios públicos con mayores sanciones de gobiernos extranjeros, y tiene antecedentes penales.

Maikel Moreno, un magistrado venezolano acusado en Estados Unidos de lavar millones de dólares, es una figura pública de dos versiones: para el chavismo, es un abogado leal y diligente, mientras la oposición lo ve como una pieza política que facilita la violación del estado de derecho y la perpetuidad del oficialismo.

La Fiscalía Federal del sur de la Florida acusó el jueves pasado a Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela entre 2017 y 2022, de conspirar para lavar capitales y recibir sobornos a cambio de “usar su posición para resolver casos civiles y criminales”, según denunció el Departamento de Justicia estadounidense en una nota.

De acuerdo con los documentos de la acusación, Moreno, de 57 años, tuvo “el poder de influir” con su autoridad en decisiones judiciales en su país mediante la designación de paneles de jueces en la Corte Suprema o removiendo jueces en tribunales menores.

La Fiscalía estadounidense alega que Moreno recibió entre 2014 y marzo de 2019 más de 10 millones de dólares en sobornos, generalmente de contratistas venezolanos que habían recibido acuerdos con instituciones del gobierno de Nicolás Maduro.

Hace nueve años, antes de ser designado presidente del Tribunal Supremo de Justicia, “recibió un millón de dólares por transferencia a su cuenta bancaria personal en Miami de parte de un contratista venezolano”, afirma el Departamento de Justicia.

El caso en su contra incluye aseveraciones de que ayudó a sobreseer causas criminales y órdenes de captura para acusados en Venezuela, que acordó autorizar la toma judicial de una fábrica de automóviles de General Motors y que llevaba registros en un libro de los “millones de dólares” que habría recibido como sobornos a cambio de sus influencias.

Moreno nació en el estado oriental de Anzoátegui y fue policía del cuerpo de inteligencia del estado venezolano en su juventud, ejerciendo incluso como escolta del expresidente Carlos Andrés Pérez, de acuerdo con el portal de investigación venezolano Poderopedia.

Según reportajes especiales de la prensa en Venezuela y Estados Unidos, Moreno tuvo dos expedientes penales abiertos en su contra a finales de la década de 1980 por los asesinatos de dos hombres: uno en el estado sureño de Bolívar y otro en Caracas. Si bien estuvo detenido por uno de los casos, recibió beneficios procesales para quedar libre.

Casi una década después de aquella primera acusación, se graduó como abogado en la Universidad Santa María y, en 2014, logró un doctorado en derecho constitucional en 2014.

Una figura clave

Moreno, con más de 20 años de experiencia en el poder judicial, pasó a formar parte de la Corte Suprema de Venezuela con el apoyo mayoritario del chavismo en el Parlamento.

Según su hoja de vida publicada en el TSJ, dio sus primeros pasos en el poder judicial como alguacil en 1994, antes de ser asesor y consultor de la aerolínea privada Aeropostal, el Consejo Nacional Electoral y la policía del municipio central de Sucre.

Su experiencia como juez se desarrolló en tribunales de Caracas desde 2001, donde lideró casos de tenor político, como la condena contra el excomisario Iván Simonovis, un exasesor de inteligencia del gobierno interino del líder opositor Juan Guaidó, exiliado.

En 2007, de acuerdo con la organización Transparencia Venezuela, Moreno fue destituido como magistrado de la Corte de Apelaciones del circuito penal de Caracas por una decisión adoptada en el caso del asesinato de una abogada, cuyos responsables quedaron en libertad.

Años después, entre 2008 y 2010, ejerció como consejero y ministro consejero de las embajadas en Italia y Trinidad y Tobago, antes de su ascenso a la máxima corte.

Ya como magistrado, llegó a presidir la Sala Constitucional y sus sentencias incluyeron medidas contra las competencias y las decisiones del poder legislativo venezolano, que la oposición había ganado abrumadoramente en las elecciones de diciembre de 2015.

Uno de sus fallos, en 2017, concluyó que el TSJ asumiría las competencias de la Asamblea Nacional por presunto desacato de previas medidas judiciales.

Esa decisión generó críticas en figuras públicas asociadas con el chavismo, como la fiscal general Luisa Ortega Díaz y reanimó las protestas de calle, así como las condenas de la comunidad internacional.

Sancionado y criticado

Moreno presidió por varios años el Tribunal Supremo de Justicia y hoy ejerce como líder de la Sala de Casación Penal. El chavismo, que ganó las votaciones legislativas de 2020 a pesar del veto opositor por presunta ilegalidad, lo reeligió como magistrado el año pasado.

Es uno de los funcionarios públicos de Venezuela con más sanciones internacionales sobre sus hombros. Estados Unidos, la Unión Europea y países como Ucrania, Noruega y Canadá lo han sancionado por presuntamente ayudar a socavar la democracia, violar derechos humanos y respaldar la represión contra manifestantes antichavistas.​

El magistrado también tuvo un rol político clave en la crisis política que inició en 2019 entre acusaciones de usurpación de la Presidencia contra Nicolás Maduro: juramentó al mandatario chavista como tal, ante la resistencia de hacerlo por parte del Parlamento, y respaldó las acusaciones legales contra Guaidó.

Exfuncionarios y asesores del expresidente estadounidense Donald Trump señalaron a Moreno como una de las figuras asociadas con el chavismo que habrían dado su visto bueno a la salida de Maduro del poder en las vísperas del fallido y débil golpe de Estado de abril de 2019, si bien el magistrado venezolano negó toda vinculación con esos planes.

Un año más tarde, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo anunció una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera capturar o enjuiciar a Moreno y su esposa por corrupción y vinculación con el crimen organizado. La oferta sigue vigente.

Acusaciones graves

Dirigentes del chavismo lo han descrito como un abogado respetuoso de las leyes, leal a los principios de la paz y la democracia, si bien la oposición lo señala como el responsable de las decisiones judiciales anticonstitucionales que han sostenido en el poder al madurismo.

José Vicente Carrasquero, politólogo venezolano, precisa que el antichavismo lo ve como una figura judicial clave que ha demostrado “fidelidad” a los intereses del oficialismo y dice creer que, si las instituciones venezolanas fueran “decentes”, estuviera siendo investigado por las graves acusaciones de corrupción en su contra en Estados Unidos.

Durante los últimos dos años, el Departamento de Justicia de EEUU ha señalado a Moreno por los crímenes que la semana pasada actualizó ante la corte de la Florida. Según esas denuncias, los presuntos sobornos que recibió los invirtió en comprar y renovar inmuebles en Italia, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos.

El poder judicial estadounidense precisó recientemente que los dos cargos que enfrenta por conspiración para lavar capitales suponen un máximo de 20 años cada uno, mientras que el par de acusaciones por vinculación con transacciones en propiedades derivadas del crimen incluye penas máximas de 10 años.

En Venezuela, una amenaza a las Organizaciones No Gubernamentales

Una maestra en Caracas exige mejor salario y mayores beneficios, el 30 de enero de 2023. (AP Photo/Ariana Cubillos).

Doce Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de Venezuela aseguraron este lunes que enfrentan la "mayor amenaza" a su existencia debido al proyecto de ley de fiscalización de estas organizaciones que lleva adelante la Asamblea Nacional, impulsado por la contundente mayoría oficialista.

El Foro por la Vida, la coalición que agrupa a esta docena de ONG, "rechaza de manera contundente" esta "maqueta legislativa", al considerar que representa "la mayor amenaza registrada en el país" contra su existencia y contra "el accionar libre e independiente" de defensores de derechos humanos y actores humanitarios.

"El proyecto de ley criminaliza la solidaridad al desproteger aún más a los sectores populares venezolanos, que son los principales beneficiarios de la cooperación internacional y de la labor de las ONG", dice un comunicado firmado por los integrantes del foro.

La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (entidad de Naciones Unidas) expresó su profunda preocupación por las posibles implicaciones del proyecto de “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”, adoptada en primera lectura por la Asamblea Nacional el 24 de enero.

“De ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela” alertó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU.

La agrupación de las doce ONG cree que la iniciativa parlamentaria "no es un hecho aislado sino que constituye una política de Estado que, de manera sistemática, está dirigida a restringir, inhibir, criminalizar y perseguir el accionar libre e independiente" de la sociedad civil y actores humanitarios.

"Antes que restricciones, el espacio cívico está urgido de respeto, promoción y protección por parte de las autoridades públicas", remarca el escrito.

De aprobarse esta ley, adelanta la coalición, las ONG ya constituidas serán sometidas a "un nuevo y adicional control autorizatorio previo por parte del Ejecutivo", en el que deberán presentar requisitos "exageradamente intrusivos".

El proyecto inicial de ley contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la instancia de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas.

La propuesta prohíbe expresamente a las ONG "realizar actividades políticas" y "promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones" del Estado.

Amnistía Internacional pide agenda contundente de derechos humanos en Honduras

Xiomara Castro, presidenta de Honduras, cuando era candidata el 20 de noviembre de 2021. (Reuters/Joseph Amaya).

"En su primer año de gobierno la presidenta Xiomara Castro no ha dado cumplimiento cabal a sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Aunque su administración ha tomado algunas acciones puntuales que avanzan en sus compromisos en esta materia, la presidenta deberá ser más contundente para contrarrestar el oscuro legado de los gobiernos anteriores", dijo Amnistía Internacional en una carta abierta a la presidenta.

“Los últimos años en Honduras han estado caracterizados por la violencia estatal, la represión y la impunidad, con gobiernos que han ignorado por completo los derechos humanos. La llegada del gobierno de Xiomara Castro, hace un año, representó una oportunidad histórica para cambiar el rumbo del país y poner los derechos humanos en el centro, pero el cambio no ha sido suficiente para atender la grave crisis que enfrenta la población en Honduras. Ya es hora de rectificar el rumbo”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En el contexto de las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, Amnistía Internacional envió una carta a las personas candidatas a la presidencia con siete puntos mínimos para construir un programa de gobierno basado en los derechos humanos, incluyendo: el respeto al derecho a la protesta pacífica; acabar con la impunidad; crear un entorno seguro para la defensa de los derechos humanos; garantizar el derecho a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva; y eliminar la discriminación y la violencia de género.

A un año de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, Amnistía Internacional ha enviado una nueva carta abierta con algunas de las preocupaciones de derechos humanos que la organización considera urgentes, así como una serie de recomendaciones para que el estado de Honduras cumpla sus obligaciones internacionales en la materia.

“Es de extrema gravedad la violencia que continúan enfrentando las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, en particular aquellas que defienden el territorio y cuidan del medio ambiente. El gobierno de Xiomara Castro debe tomar cartas en el asunto de forma inmediata y priorizar su protección y la investigación de hechos relacionados a ataques y amenazas en contra de personas defensoras y liderazgos comunitarios. También es urgente que cese la intervención de las fuerzas militarizadas de las calles y se proteja, los derechos humanos de grupos históricamente marginalizados, como las mujeres, personas LGBTIQ, los Pueblos Indígenas y Afro-hondureños, entre otros”, afirmó Guevara Rosas.

“Miles de personas siguen desplazándose fuera y dentro del país, huyendo de los estragos de la crisis climática, la violencia, la pobreza y las desigualdades. Atender las causas estructurales de estas problemáticas con una perspectiva de derechos humanos es clave para que las personas puedan vivir dignamente en Honduras”, añadió.

Al concluir la misiva, Amnistía Internacional reiteró su interés en entablar un diálogo directo con la presidenta Xiomara Castro y su gobierno y solicita una reunión lo más pronto posible para conversar acerca de los desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta Honduras.

La SIP condena nueva represalia del gobierno venezolano contra El Nacional

Un hombre sostiene un papayo (cometa) con un mensaje de apoyo al periódico El Nacional (AP Photo/Fernando Llano).

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la persecución de los cuerpos de seguridad de Venezuela en contra del jefe de Redacción de El Nacional, José Gregorio Meza, y de otros periodistas del periódico, en aparente represalia por reportajes publicados que incomodan al régimen.

El 25 de enero un fiscal del Ministerio Público (MP) y agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se apersonaron en la vivienda de Meza y lo llevaron detenido "para declarar sobre unos trabajos que se publicaron en El Nacional. Hasta ahora, solo investigación", informó el editor en sus redes sociales. Al día siguiente, Meza fue a la Fiscalía 94 Nacional, donde le devolvieron su teléfono celular, según divulgó en Twitter el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

El presidente editor del periódico, Miguel Henrique Otero, alertó en Twitter sobre la "arremetida" y reveló que el MP también emitió citaciones contra él y otros cinco trabajadores del medio; entre estos, la gerente de Recursos Humanos. Denunció además que las familias de dos periodistas que están fuera del país fueron amenazadas.

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, condenaron "las recientes acciones de acoso contra los periodistas y editores del diario". Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, Estados Unidos, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, coincidieron en señalar: "No hay duda de que el régimen político busca acallar cualquier expresión que resulte contraria a sus intereses o los cuestione".

Otero consideró que la intimidación está relacionada con las investigaciones periodísticas publicadas a principios de enero en la web del diario "sobre los hermanos Santiago José y Ricardo José Morón", presuntos testaferros de Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente de Venezuela. Los hermanos Morón fueron sancionados en 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Otero, quien está exiliado en España, afirmó: "Vamos a seguir trabajando; no nos vamos a silenciar". El Nacional, que ha sido blanco de las presiones del gobierno, solo se publica en su versión digital. Además, desde 2022 están bloqueados el portal del diario y los de otros medios independientes.

Los directivos de la SIP mencionaron que la represión del régimen se ha manifestado también en los más de 300 medios cerrados en la última década y la confiscación de las instalaciones de El Nacional en abril de 2022.

El Índice Chapultepec de la SIP 2021-2022 muestra a Venezuela en el puesto 21, el penúltimo país en la tabla que mide el estado de la libertad de prensa en la región. El Índice Chapultepec es un barómetro anual que mide las acciones institucionales que afectan las libertades de prensa y de expresión en 22 países de las Américas. La medición se hace sobre la base de los principios de las declaraciones de Chapultepec y Salta de la SIP.

El informe sobre Venezuela, presentado en la pasada Asamblea General de la SIP en Madrid, destacó que: "se puede afirmar que dejó de existir el periodismo independiente en el país, desde que el gobierno incrementó la represión a la labor de los periodistas y aumentó la censura mediante el bloqueo y cierre de medios digitales y radioemisoras". La SIP también emitió en esa reunión una resolución en la que instó a "promover reuniones para denunciar esta situación ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo, el Congreso de los Estados Unidos y otros organismos, con el fin de restaurar los derechos vulnerados a la información activa y pasiva del pueblo venezolano".

(Comunicado de la SIP)

Amnistía Internacional expresa su preocupación por Venezuela en carta abierta al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 24 de enero de 2023 en Caracas. (Leonardo Viloria/Reuters).

Amnistía Internacional en una carta abierta firmada por Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de esta organización, expresó su preocupación por la situación de Venezuela en torno a los derechos humanos al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, en el marco de su visita al país.

A continuación el texto completo:

Estimado Sr Volker Türk,

En los últimos años, Amnistía Internacional ha formado parte del esfuerzo colectivo de organizaciones de la sociedad civil venezolanas e internacionales que buscan asegurar la vigencia y continuidad de mecanismos de escrutinio y justicia internacional sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de la población venezolana. Algunas de estas violaciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad, como lo han determinado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (la Misión) y nuestra propia investigación.

Si bien desde el año 2019 su Oficina ha contado con presencia en el terreno, con un doble mandato de informar sobre la situación de derechos humanos en el país y otro de cooperación técnica, en Amnistía Internacional mantenemos una seria preocupación por la forma en que las autoridades venezolanas mantienen vigente una política de represión contra toda forma de disidencia o critica al gobierno y de impunidad rampante alrededor de las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Adicionalmente, continúa deteriorándose el acceso de la población a los derechos económicos y sociales. Por ello, nos permitimos sugerirle tenga a bien prestar especial atención a los siguientes aspectos en su visita al país:

- Cierre del espacio cívico y estigmatización de la defensa de derechos humanos

La sociedad civil venezolana, las personas defensoras de derechos humanos y activistas, el personal de ayuda humanitaria y, en general, todas las personas que trabajan en favor de los derechos humanos en Venezuela realizan sus labores bajo constantes amenazas, intimidaciones y ataques que buscan silenciarles y neutralizar sus denuncias. Desde hace años, las autoridades venezolanas han utilizado distintos mecanismos administrativos, judiciales y de propaganda para frenar la labor de estas personas, erosionando el espacio cívico, el acceso a la justicia y la independencia de los poderes públicos.

Recientemente, ha resurgido la posibilidad de que se apruebe una ley de fiscalización y regulación de la cooperación hacia organizaciones no gubernamentales. Dicha iniciativa, que durante años ha servido de amenaza en contra de personas defensoras de derechos humanos y personal humanitario, tiene como finalidad controlar, supervisar arbitrariamente, amedrentar e impedir la labor de las organizaciones no gubernamentales en el país. Consideramos de máxima prioridad que su Oficina interceda para ponerle freno a esta iniciativa en virtud del grave riesgo que conllevaría para organizaciones de derechos humanos, organizaciones de trabajo humanitario, víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos, cuyas labores son esenciales para la defensa y protección de los derechos fundamentales en Venezuela. Referencia: AMR 53/6371/2023 Volker Türk Alto Comisionado para los Derechos Humanos Organización de las Naciones Unidas 26 de enero del 2023 www.amnesty.org

- Liberación de las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos

Las organizaciones de derechos humanos y su propia Oficina han documentado el uso de las detenciones arbitrarias para silenciar las críticas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo con las distintas organizaciones en el país que se dedican a la defensa legal de estas personas, en la actualidad alrededor de 300 personas se encuentran aún detenidas arbitrariamente por estos motivos, y cientos de personas que han sido objeto de detenciones en el pasado, aún cuentan con fuertes restricciones a la libertad. Ello, al estar sometidas a procesos penales arbitrarios y sin garantías judiciales. Las autoridades venezolanas deben poner fin a la política de represión y de detenciones arbitrarias sistemáticas.

Resulta de particular preocupación las detenciones del periodista Roland Carreño o de personas defensoras de derechos humanos, como Javier Tarazona, coordinador de la organización no gubernamental FUNDAREDES, quien se encuentra detenido arbitrariamente desde el 2 de julio de 2021, como retaliación de su labor de defensa de los derechos humanos. Amnistía Internacional reitera el llamado a que se ponga fin de inmediato e incondicionalmente a tales detenciones, y que se proteja su salud e integridad durante el tiempo que estén privados de la libertad.

Es de señalar que estas detenciones constituyen una violación grave de los derechos humanos, pero también envía un mensaje desalentador y atemorizante al resto de personas que defienden los derechos humanos en Venezuela. Por lo tanto, cualquier intento de avanzar hacia una mejora de la situación en Venezuela debe tomar en cuenta la liberación de las personas detenidas por motivos políticos y en especial de las personas defensoras de derechos humanos.

- Fortalecimiento de la presencia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y otros mecanismos de escrutinio internacional

Amnistía Internacional ha acompañado al movimiento de derechos humanos de Venezuela en la búsqueda de mecanismos para el escrutinio internacional sobre la grave situación de derechos humanos en este país. Por ello, la organización ha acompañado los llamados de establecimiento de mandatos específicos para su Oficina y también del establecimiento de la Misión, con miras a que ambas instancias puedan de manera complementaria incidir en la prevención de violaciones de derechos humanos y aumentar las probabilidades de procesos de rendición de cuentas.

Amnistía Internacional considera indispensable fortalecer la presencia de su Oficina en el terreno, no sólo con capacidades financieras y recursos humanos, sino con el respaldo institucional para que su labor de denuncia en el país tenga un real efecto disuasorio de prevención de violaciones graves de derechos humanos y sirva de protección para las personas que defienden derechos humanos en el país.

Asimismo, es fundamental que la valiosa labor de asistencia técnica, monitoreo y denuncia que ha llevado a cabo por años su Oficina, también sostenga una observación rigurosa y pública sobre cómo las autoridades avanzan o retroceden respecto de las recomendaciones hechas en años anteriores. De lo contrario, se corre el riesgo de que la falta de seguimiento a su implementación erosione la importancia y credibilidad de su mandato.

Para aumentar el escrutinio y monitoreo sobre Venezuela, también resulta de suma importancia que se realicen gestiones pertinentes para que los procedimientos especiales de las Naciones Unidas visiten el país. Tal como fue acordado con su antecesora en el cargo, Michelle Bachelet, Venezuela había asumido un compromiso de diez visitas para los próximos años. Al respecto, es de señalar que no solo se han concretado apenas tres visitas, sino que además ninguno de los mecanismos que han obtenido invitación oficial por parte de Venezuela corresponden a mandatos de monitoreo de derechos civiles y políticos. Por lo tanto, consideramos una prioridad que su Oficina insista con las autoridades para que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, la Relatoría Especial contra la Tortura y la Relatoría Especial para Personas Defensoras de Derechos Humanos, así como otros mandatos relacionados con derechos civiles y políticos puedan visitar el país en un futuro cercano. Por otra parte, Amnistía Internacional valora como un hito el trabajo realizado por la Misión instalada por el Consejo de Derechos Humanos en 2019 y cuyo mandato ha sido renovado hasta 2024. La organización hace un llamado a que los esfuerzos de documentación de violaciones de derechos humanos de su Oficina funcionen de manera complementaria y coordinada con la Misión. Esta Misión tiene como mandato la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos y ha establecido que hay elementos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, por lo que los esfuerzos de su Oficina de documentar y brindar cooperación técnica al gobierno venezolano, deben –al menos- y en función www.amnesty.org de mantener coherencia entre ambos mandatos, considerar la naturaleza sistemática y generalizada de las violaciones de derechos humanos y su correspondencia con una política que se deriva del más alto nivel gubernamental.

En conclusión, las autoridades venezolanas continúan con la férrea política de represión de la disidencia que amenaza con silenciar a aquellas personas que son consideradas críticas al gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, la situación de acceso a los derechos económicos y sociales se precariza aún más día a día, obligando a la población a reclamar sus derechos, por lo que la coexistencia de estas realidades pone en riesgo y vulnerabilidad a las personas que están a merced de la arbitrariedad de las autoridades.

Como consecuencia a la grave crisis de derechos humanos y la emergencia humanitaria compleja, para finales del 2022, la Plataforma de Coordinación Interinstitucional para Refugiados y Migrantes de Venezuela estimaba que 7.13 millones de personas venezolanas han abandonado el país, el 84% buscando protección en 17 países de América Latina y el Caribe. La mayoría de estas personas han enfrentado diversos obstáculos en el acceso a su derecho a solicitar asilo o recibir protección internacional, en muchas ocasiones experimentan violaciones a los derechos humanos, que van desde la violencia basada en género, la falta de acceso a servicios básicos de salud y educación, hasta la muerte y desaparición forzada.

La Oficina que Usted dirige tiene un rol privilegiado de acceso frente a otras instancias internacionales, y esto, a nuestro entender, debe ponerse al servicio de la protección de las víctimas y sobrevivientes que buscan justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, dentro y fuera del país, así como de las personas que defienden los derechos humanos en Venezuela.

Finalmente, Amnistía Internacional le hace un atento llamado para que Usted y su Oficina intercedan por el mantenimiento del espacio cívico; la protección de personas defensoras de derechos humanos; la liberación de personas detenidas por motivos políticos y personas defensoras de derechos humanos, como el preso de conciencia Javier Tarazona; la protección de activistas sindicales y trabajadores, así como otros activistas sociales, que fuertemente reivindican su derecho a un salario y condiciones de vida dignas. Asimismo, que aboguen por el fortalecimiento y apertura del escrutinio internacional a través de la presencia de su Oficina en el país; también por la invitación efectiva de procedimientos especiales y órganos de tratado relevantes para las denuncias de la sociedad civil; y que se establezca un diálogo y retroalimentación con el mandato de la Misión internacional e independiente de determinación de los hechos.

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