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Derechos Humanos

Tras denuncia de su madre preso político recibe atención médica en prisión

Cristian Pérez Carmenate. (Foto: Carlos Amel Oliva)

Tras una denuncia realizada por su madre, un activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) recibió asistencia médica en prisión.

Cristian Pérez Carmenate, recluido en la prisión Plan Confianza, en Las Tunas, recibió atención médica este domingo y le fue devuelta la silla de ruedas que las autoridades penitenciarias le habían retirado, dijo a Radio Martí su madre, Yolanda Carmenate, que lo visitó ese día.

"A mi hijo le devolvieron la silla, le habían curado la herida y le habían cambiado el vendaje", aseguró Carmenate. El preso político continúa con "la parálisis que le afecta el andar y el permanecer de pie", agregó.

Brindan atención médica y devuelven silla de ruedas a activista encarcelado
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Alrededor de 72 horas antes, la mujer había denunciado la situación de su hijo luego de haber recibido una llamada del centro penitenciario.

"El día 31 de octubre, la silla de ruedas que él utiliza se la dieron a otro preso", lo que obligó a Pérez Carmenate a permanecer en cama. Además de esto, el brazo operado el 17 de octubre no recibió curas, ni le fue cambiada la venda pese a la suciedad", detalló la madre del reo.

Este miércoles, la señora Carmenate tiene una reunión con las autoridades para pedir una licencia extrapenal por la delicada situación de salud de Pérez Carmenate.

"Tengo despacho con el personal de cárcel y prisiones en la delegación provincial. Yo pido libertad para él, porque ya que no están creadas las condiciones en prisión (...), que lo dejen estar en la casa", reclamó la mujer.

Imagen muestra la fractura sufrida por Pérez Carmenate. (Foto: Carlos Amel Oliva)
Imagen muestra la fractura sufrida por Pérez Carmenate. (Foto: Carlos Amel Oliva)

El activista, que cumple una condena de un año y cuatro meses por el delito de desobediencia, fue golpeado en plena calle el 12 de agosto pasado por agentes de la policía.

Pérez Carmenate permaneció 40 días sin asistencia médica en prisión hasta que fue operado de la lesión en un brazo, el 8 de octubre, en el hospital Clínico Quirúrgico de Las Tunas, y luego regresado a prisión.

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Identifican a vicegobernadora de La Habana como represora del régimen (VIDEO)

Imagen creada por Estado de Sats con la vicegobernadora Yanet Hernández Pérez

El proyecto Estado de SATS, que encabeza en Cuba Antonio Rodiles, denunció en un video publicado en Facebook que la recién designada vicegobernadora de La Habana, Yanet Hernández Pérez, participó en un operativo que la Seguridad del Estado montó frente a la sede del foro opositor en el 2013.

Estado de SATS señala en el video que Hernández Pérez, en ese entonces directora provincial de Educación, reclutó a menores de edad para que participaran en un acto de repudio y la calificó como "Represora".

"Utilizaron a niños y adolescentes, sacados de sus escuelas sin la autorización de los padres, para enmascarar el acto represivo bajo un supuesto evento cultural. Entre los personajes al frente de ese bochornoso y violento evento, estuvo Yanet Hernández, en aquel entonces Directora de Educación, designada ahora vicegobernadora de La Habana", denunció el grupo.

El video muestra la violencia con que fueron arrestados los activistas Kizzy Macías, Calixto Martinez, Walfrido López y Antonio Rodiles, para impedir que celebraran el Día Internacional de los Derechos Humanos.

El 18 de enero fueron designados cargos de gobernadores y vicegobernadores en las 15 provincias de Cuba. Estas posiciones fueron restituidas luego de 60 años siguiendo una nueva estructura de poderes propuesta en la constitución aprobada en 2019.

Los candidatos fueron propuestos por Miguel Díaz-Canel y en la mayoría de los casos era presidentes de las Asambleas Provinciales del Poder Popular.

Relatores de ONU hacen llamado urgente al régimen cubano sobre Quiñones Haces

Roberto Jesús Quiñones Haces en su vivienda de Guantánamo antes de ser detenido. (Cubanet)

Relatores Especiales de Naciones Unidas para la libertad de expresión y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria exigieron la atención urgente del gobierno cubano sobre el caso del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, sentenciado a un año de prisión por supuestos delitos de resistencia y desobediencia.

El comunicador independiente fue detenido cuando realizaba "actividades periodísticas (...) en la cobertura de un proceso judicial de interés público", señalaron.

En una misiva dirigida al régimen de La Habana el 15 de noviembre, los relatores expresaron "profunda preocupación" por la persistencia de la criminalización por parte de las autoridades hacia "quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión y de prensa" en la isla.

Las autoridades cubanas tuvieron un plazo de 60 días para responder a los relatores de ONU, un período tras el cual se hace pública esta comunicación.

La carta llama la atención, además, sobre la práctica del régimen cubano de "utilizar detenciones como método para la intimidación y hostigamiento de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas", una acción violatoria y arbitraria bajo el derecho internacional.

La carta hace referencia a un reciente informe de la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba, que señala a "agentes estatales" como la principal fuente de amenazas y agresiones contra la prensa.

Esta práctica, subrayan, debe ser desmantelada y sancionada.

"Los actos de violencia contra periodistas vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares y violan los derechos de las personas y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo", afirman los relatores en el documento.

Advierten que de ser verificadas las denuncias sobre este tipo de violaciones en Cuba, "formarían parte de un claro patrón de represión hacia las actividades de los periodistas independientes, y en particular hacia el libre ejercicio de la libertad de expresión" por parte de las autoridades de la isla.

Los relatores exigieron al gobierno cubano, entre otros aspectos, informar sobre "qué medidas han sido adoptadas para garantizar que [los periodistas] puedan llevar a cabo sus actividades sin temor de acoso, estigmatización o penalización de ningún tipo".

En el caso de Quiñones Haces, pidieron a La Habana "proporcionar información sobre los motivos y las bases legales de las detención efectuada, así como sobre las garantías procesales que se siguieron para evitar que la persona privada de libertad fuera sujeta a tratos crueles, inhumanos o degradantes".

Los relatores comunicaron su intención de expresar públicamente estas preocupaciones sobre Cuba "en un futuro cercano", bajo la consideración de que "existe un asunto que justifica una atención inmediata".

Multado por 'afear ornato público' con campaña por libertad de Ferrer

Geordanis Muñoz, en una imagen tomada de su página de Facebook.

"Afear el ornato público" fue el motivo por el que inspectores reunidos en la estación de la Policía de Palma Soriano impusieron una multa de tres mil pesos a un activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) que ha exigido en la calle y en Facebook la libertad del líder de esa organización, José Daniel Ferrer.

Pero antes, la Seguridad del Estado lo declaró "líder negativo de la comunidad", según el testimonio del propio Geordanis Muñoz en entrevista con la reportera de Radio Televisión Martí Idolidia Darias.

Muñoz fue uno de los cuatro activistas de UNPACU citados a comparecer la semana pasada en la estación de policía. Las multas que le han impuesto con argumentos semejantes se elevan a 20,350 pesos, dice. En enero de 2018 terminó de cumplir un año y medio de cárcel por dos condenas, y una de ellas era precisamente no haber pagado multas.

Él y Yosvani García Rusindo fueron multados; a Yeroslandi Calderín Alvarado el delegado del MININT del municipio lo amenazó con que “iba a fabricarle un delito común y lo iba a volver a meter preso, porque en la calle ya se estaba convirtiendo en un peligro para ellos”, y Andrés García Almenares no se presentó.

“La citación aparentemente era por la Policía, por el jefe de Sector, pero cuando llego allí me encuentro que estaba la policía política detrás de esto”, le dijo Muñoz a Darias. “Me levantaron un acta de advertencia por supuesta peligrosidad social pre delictiva; por reunirme según ellos con personas de conducta antisocial, y por ser líder negativo aquí en mi comunidad", agregó.

Concluida esa parte, el segundo jefe de la Policía, “el mayor Miguelito”, lo condujo a un salón donde lo esperaban los inspectores que le impusieron la multa de tres mil pesos por “reincidente”, relata.

“El artículo por el que ellos ponen la multa es ‘afear el ornato público”, declara Muñoz. “Puede ser por llevar un cartel en la mano, puede ser poner algún graffiti, pero en este caso fueron fotos que yo postée en mi cuenta de Facebook con diferentes activistas de aquí de Palma Soriano para sumarnos a la campaña de los 100 días pidiendo la liberación de José Daniel”, manifiesta.

Allí estaban el jefe de la policía política de Palma Soriano, el oficial “Adolfo”, y también el oficial “Wilfredo”, informa Muñoz, que es miembro de la dirección nacional de UNPACU.

Esta es la primera multa del 2020, precisó el activista, que en octubre de 2019 recibió una advertencia de la policía política por no haber pagado multas anteriores que también le impusieron luego de salir a las calles a participar en acciones cívicas de su grupo opositor.

“Prácticamente ellos me están diciendo: no te salvas con esta”, indica.

Cuatro activistas de UNPACU citados amenazados y multados
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Muñoz asegura que ninguno de los activistas pagará las multas. Todos se niegan por considerarlas arbitrarias, y sostienen que ejercer derechos y libertades reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos no es un delito.

Censurado de nuevo el rapero El Osorbo

Maykel Castillo Pérez, El Osorbo. Fotograma de su tema "Por ti, Señor". (YouTube)

El régimen cubano prohibió el sábado en La Habana el concierto del rapero Maykel Castillo Pérez, El Osorbo, a favor de los cubanos que esperan en la frontera de México para pedir asilo en Estados Unidos.

“Cuando llegamos, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, el pintor Yaser Castellanos y yo, al lugar donde se celebraría el concierto, la Seguridad del Estado me fue arriba a mí, me montaron en una patrulla, me llevaron al Punto 30 y luego para la unidad policial ubicada en la calle Zanja en Centrohabana”.

El evento estaba previsto celebrarse en un inmueble ubicado en las calles Acosta y Compostela, en la Habana Vieja, lugar que antiguamente albergaba un cine, pero que ahora gestiona el músico Pachito Alonso y su familia, puntualizó el artista Luis Manuel Otero Alcántara.

“Ese sitio es de Pachito Alonso y su familia. Era un antiguo cine que se lo dieron a esa familia para hacer un centro cultural privado o estatal. Ese tipo de invento que están haciendo aquí ahora en Cuba. Nosotros llegamos hasta el local y tocamos la puerta, pero nos impidieron entrar porque, supuestamente, no había abierto todavía. Por eso nos cogió la Seguridad del Estado”, dijo Otero Alcántara.

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El Osorbo explicó a Radio y TV Martí que la policía política lo mantuvo preso durante el tiempo que debería durar el concierto. “Mi concierto era desde las 8 de la noche hasta las 12. A las 12 y 30 me soltaron sin ningún cargo”.

El agente apodado Enrique advirtió al artista que no se le permitirá ningún espacio público, denunció El Osorbo. “Lo que no queremos es que usted cante nada, ni levante la voz por nadie. Usted aquí no va a cantar en ningún lugar.”

En el concierto acompañarían a El Osorbo otros músicos que no fueron arrestados, entre ellos el rapero Eliécer Márquez “El Funky”, quien confirmó a esta periodista que, al menos la noche del sábado, las actividades del centro cultural fueron suspendidas por la Seguridad del Estado

Maykel El Osorbo salió, recientemente, de la cárcel, donde cumplía una condena por atentado que le fue impuesta tras haber ofrecido el 21 de septiembre de 2018 un concierto en La Madriguera, sede de la Asociación Hermanos Saíz, en el que, junto a otros artistas, se pronunció contra el Decreto 349.

La UNPACU recuerda a Wilman Villar Mendoza, activista que murió tras una extensa huelga de hambre

Wilman Villar Mendoza, activista de la UNPACU.

Este 19 de enero se cumplieron 8 años de la muerte del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Wilman Villar Mendoza, que cumplía una condena de privación de libertad en la cárcel de Aguadores, justo en la misma celda donde ahora se encuentra confinado el líder de la organización, José Daniel Ferrer.

Activistas de la UNPACU recordaron el caso Villar Mendoza este domingo, con mensajes difundidos en Twitter. En el marco de este "tuitazo", han pedido el fin del presidio político en Cuba.

La oposición cubana acusó al régimen de Raúl Castro de ser responsable de la muerte del joven de 31 años, quien falleció en el hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba tras una huelga de hambre de 50 días que inició en prisión en protesta por su encarcelamiento.

Tras la muerte de Villar el Gobierno de La Habana lo calificó de "recluso común" y dijo que "ni era disidente ni estaba en huelga de hambre".

El activista fue detenido el 14 de noviembre de 2011 cuando participaba en una protesta de la Unión Patriótica de Cuba en la localidad santiaguera de Contramaestre, donde residía, y días después, se le sometió a un "juicio sumario" por delitos de desacato y atentado a la autoridad.

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