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América Latina

Tasas de vacunación alarmantemente bajas en Venezuela

Una enfermera prepara una dosis de la vacuna Sinopharm contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en Caracas, Venezuela. (Reuters / Leonardo Fernández Viloria).

Los gemidos penetraban las paredes de una clínica estatal en un barrio de viviendas destartaladas en el corazón de Caracas. Artemis Parra recibió una vacuna en cada brazo, contra el polio y el sarampión. No tuvo que pagar nada y llenaron algunos huecos en su registro de vacunas. Pero no alcanzaron para satisfacer los requisitos de vacunación de los niños de su edad, informó Prensa Asociada, AP.

Artemis necesitaba otras dos vacunas para protegerse contra una diarrea potencialmente fatal y contra trastornos respiratorios. El gobierno, sin embargo, no tiene esas vacunas y habría que pagar 400 dólares para recibirlas en un consultorio privado, una suma fuera del alcance de su madre, que no tiene trabajo, y su padre, un empleado estatal.

Las autoridades de salud pública vienen advirtiendo desde hace tiempo que en Venezuela, que lleva una década de agitación política y tiene un sistema sanitario que se viene abajo, hay una tasa de vacunaciones alarmantemente baja.

El país no puede comprar vacunas a través de un sistema regional con precios accesibles hasta que salde una deuda de 11 millones de dólares, derivada en buena medida de una lucha por el poder entre el gobierno y la oposición.

Es difícil conseguir estadísticas específicas sobre las tasas de vacunación en Venezuela, donde las instituciones se manejan con mucho secreto y abundan la corrupción y la burocracia. No se publican esas tasas desde el 2015.

Pero un análisis de la AP de datos del gobierno y de estimados de organismos de salud pública indican que el país enfrenta una crisis de vacunaciones cada vez más severa, que la ubica entre las naciones con peores tasas del mundo en lo que respecta a la inoculación de menores contra enfermedades potencialmente mortales.

Muchos niños no han recibido varias de las diez vacunas recomendadas para los primeros 12 meses, que protegen contra 14 enfermedades, incluidas el polio, el sarampión y la tuberculosis. Las vacunas que necesita Artemis, contra el rotavirus y la enfermedad neumocócica, no se aplican desde hace varios años.

Las tasas son más bajas en el interior, lejos de las ciudades grandes. Figuras del gobierno y de la oposición se lanzan acusaciones mutuas, pero la mayoría coincide en que no hay suficientes vacunas para una población que las necesita desesperadamente, en un país abrumado por problemas de abastecimiento.

Las bajas tasas de vacunación hicieron que reapareciesen enfermedades prevenibles, incluidos brotes de sarampión y difteria, una infección grave de la nariz y la garganta.

En el 2016 América fue declarada la primera región del mundo sin sarampión, pero al año siguiente hubo un brote en Venezuela.

Los expertos dicen que la agitación reinante en Venezuela es la principal causante de la crisis de vacunaciones, agravada por la pandemia del COVID-19.

“En situaciones de conflicto, a menudo surgen varias partes que usan los servicios médicos para generar apoyo”, afirmó Katherine Bliss, directora del programa de inmunizaciones del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington. “Esto se puede reflejar también en una desconfianza en las autoridades y en los programas públicos, como los de las vacunaciones”.

Bliss dijo que las tasas de vacunación bajaron en todo el mundo por los confinamientos de la pandemia, y que Venezuela y otras naciones latinoamericanas enfrentaron serios problemas. Por un lado, no pueden financiar los programas de vacunación y por el otro, tampoco satisfacen los requisitos para recibir la ayuda disponible para las naciones pobres.

No sorprende que los déficits más grandes se registren lejos de los centros urbanos, de acuerdo con Bliss, que analizó la crisis de salud pública de Venezuela en el contexto de la crisis que vive el país.

“El acceso equitativo a la salud es muy problemático”, manifestó, destacando que a las zonas rurales y las poblaciones indígenas “les cuesta más acceder a los mismos servicios de calidad que a la gente de regiones más pobladas”.

Datos del departamento de salud de Venezuela que hacen un desglose del porcentaje de niños que han sido inmunizados según el programa de vacunas del estado --suministrados a la AP por un individuo del campo de la salud a condición de no ser identificado por temor a represalias-- indican que aproximadamente el 70% de los niños han recibido una dosis contra el sarampión y menos del 30% recibieron la segunda dosis, que es un requisito. En dos estados del sudeste, en la frontera con Brasil, menos del 15% de los niños de esa zona rural, poco poblada, tenían la segunda dosis.

A nivel mundial, el 84% de los niños tienen la primera dosis y el 70% las dos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF.

El gobierno venezolano no respondió a numerosos pedidos de comentario de la AP respecto a la crisis de vacunas, incluida la escasez de dosis, las entregas pendientes, las fuentes de las dosis y los pagos de su deuda.

En lo que respecta a las vacunas contra el rotavirus y la enfermedad neumocócica, oficinas de las Naciones Unidas estiman que la tasa de vacunación en Venezuela es de cero para ambas vacunas y el documento del gobierno obtenido por la AP no menciona ninguna de ellas.

Los países vecinos tienen tasas más altas tanto para el rotavirus como para la enfermedad neumocócica: En Colombia es del 87% y el 89% respectivamente, y en Brasil del 76% y el 79%.

Ninguna de esas vacunas es ofrecida en clínicas como la que visitó Artemis Parra. Los pediatras de los hospitales públicos y el personal de los centros de vacunaciones generalmente recomiendan a los padres que busquen las vacunas en consultorios privados. Pero, como ocurre con la familia de Artemis, los padres rara vez pueden pagar esos costos.

“Estoy loca por ponerle las vacunas”, dijo la madre de Artemis, Adrianny González. “Sería feo tener que hospitalizarla por un virus”.

La clínica es parte de una campaña de vacunación contra el sarampión, la rubeola y el polio. Las vacunas llegaron a principios de junio a través de la Organización Panamericana de la Salud, la rama americana de la OMS, pero no está claro cuándo fueron adquiridas.

Por años, el gobierno venezolano adquirió la mayoría de sus vacunas a través del Fondo Rotatorio de acceso a las vacunas de la OPS. El programa consolida la demanda de los países participantes y hace compras grandes para conseguir mejores precios.

Este año, por ejemplo, las vacunas contra el sarampión, rubeola y paperas costaron apenas 1,55 dólares la dosis. Otras vacunas son más caras: La del rotavirus cuesta 6,50 dólares y las neumocócicas 14,50.

A pesar de la deuda que tiene Venezuela, el gobierno y la OPS consiguieron 4,4 millones de dosis para la campaña de vacunaciones. La OPS dijo que las entregas fueron resultado de la cooperación con el ministerio de salud venezolano, pero no respondió a preguntas de la AP sobre de dónde salieron los pagos. Un funcionario de la OPS insistió en una conferencia de prensa de junio en que Venezuela tiene prohibido comprar vacunas.

A las familias no les importa el origen de las vacunas. Las clínicas ofrecen la posibilidad de proteger a sus hijos sin costo alguno, sin tener que acudir a médicos privados y sin tener que salir del país. Pocos niños venezolanos se hacen controles médicos rutinarios, por lo que los padres a menudo se enteran de la presencia de estas clínicas a través de las redes sociales o en otros sitios donde las familias reciben ayuda, como programas de alimentos del gobierno.

A las cuatro de la mañana de un sábado de mediados de junio, Dimas Campos era el primero en una cola para vacunar a su hija de 19 meses. El personal revisó su tarjeta de vacunas y la mandó a la sala donde las enfermeras las aplicaban. Se escuchaban canciones de niños y había un castillo inflable para que los pequeños jugasen allí antes y después de ser inmunizados.

Campos les contó a otros padres en la cola que había otra forma de conseguir las vacunas que no estaban disponibles en la clínica: Ir a Colombia. Es un viaje de más de 800 kilómetros (500 millas) desde Caracas. Para los afortunados que tienen automóvil, toma unas 13 horas debido al mal estado de las carreteras y los puestos de control militar. Un viaje en autobús toma más tiempo.

“Mi esposa está cuadrando todo para ir ya”, dijo Campos, quien calcula gastar unos 100 dólares en el viaje para conseguir vacunas gratis en un centro de ayuda humanitaria, comparado con los 400 que tendría que pagar en un consultorio privado en Venezuela. “Uno se monta en el autobús en la noche, llega en la mañana, se vacuna y ya”.

Estos viajes reflejan el efecto de la crisis venezolana más allá de sus fronteras. Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Baylor College of Medicine de Texas, dijo que las bajas tasas de vacunación de Venezuela desestabilizan todo el continente porque ya están surgiendo brotes de sarampión en dos vecinos, Colombia y Venezuela.

“Es un problema de toda América Latina... del hemisferio occidental, realmente”, señaló.

Venezuela y otros países tienen plazo hasta el viernes para colocar órdenes de vacunas del Fondo Rotatorio de la OPS para el año que viene.

El doctor Ciro Ugarte, director de emergencias sanitarias de la OPS, destacó que Venezuela no puede hacer compras.

“La deuda de Venezuela con el fondo rotatorio sigue vigente”, declaró.

Agregó, no obstante, que la OPS trata de ayudar a Venezuela a conseguir vacunas en otros sitios, como donaciones, en otros países participantes en el programa y de varios socios.

En el 2017, Venezuela adquirió 33 millones de dosis y al año siguiente 43 millones, según un informe de la OPS. En el 2019 se atrasó en los pagos y no compró vacuna alguna, solo una pequeña cantidad de jeringas, probablemente para aplicar las dosis que le quedaban o las de ayuda humanitaria.

El análisis de la AP muestra una prolongada baja en las tasas de vacunación en épocas de agitación política. La reducción de las tasas empezó en el 2016, poco antes de que Estados Unidos y otros países impusiesen sanciones económicas para tratar de derrocar al presidente Nicolás Maduro.

El gobierno socialista de Maduro y el sector opositor encabezado por Juan Guaidó se han acusado mutuamente de explotar políticamente el tema de las vacunas y la ayuda.

Estados Unidos dio a Guaidó y a su gobierno paralelo el control de cientos de millones de dólares en bienes. Los desembolsos deben ser aprobados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Funcionarios de esa dependencia dijeron que las preguntas sobre las vacunas, incluida cualquier posible compra encubierta, deben ser hechas a la gente de Guaidó.

El equipo de Guaidó no respondió a preguntas de la AP sobre los pagos por las vacunas y cualquier uso de bienes congelados.

Para el doctor Huníades Urbina, secretario académico de la Academia de Medicina de Venezuela, la política impide a los niños ser vacunados y los bandos se preocupan más por recibir crédito por las compras de las vacunas que por la salud de los menores.

“Quién va a llevarse la batuta o la medalla de que compró la vacuna, el gobierno de Maduro o el gobierno interino de Guaidó?”, preguntó. “Se pierde tiempo porque el dinero está ahí”.

No está claro si funcionarios venezolanos han tratado de comprar vacunas sin usar el mecanismo de la OPS en tiempos recientes. En el pasado adquirieron vacunas a gobiernos aliados y realizaron compras de suministros a través de Cuba. Las sanciones no prohíben las transacciones de artículos vinculados con la salud. Venezuela, por otro lado, también recibe vacunas de otros países y de grupos de ayuda.

En plena pandemia del COVID-19, Venezuela compró dosis y recibió donaciones de China, Rusia y Cuba. Casi la mitad de los 28 millones de habitantes de esta nación está vacunada, de acuerdo con la OPS. Es un porcentaje más alto que el de algunas naciones latinoamericanas y africanas.

Las autoridades dicen que las donaciones no bastan para resolver el tema de las vacunas en Venezuela. Y que los altos precios de la vacuna del rotavirus le neumocócica implican que nadie las donará.

Los expertos dan mayor prioridad a África y a menudo se olvidan de los niveles de pobreza y de inseguridad sanitaria de América Latina, señaló Hotez, el decano de la escuela de medicina.

Tres de cada cuatro venezolanos viven con menos de 1,95 dólares diarios --la vara para medir la pobreza-- y los precios de los alimentos aumentan constantemente.

“Se expone a los niños de Venezuela con ese uno-dos que representan la malnutrición y la falta de acceso a vacunas”, expresó.

Maduro habla mucho de una supuesta recuperación económica. La inflación mermó un poco --aunque sigue siendo de las más altas del mundo-- y los negocios están repuntando algo. Sin embargo, la ausencia de vacunas revela que la crisis que empezó antes de la muerte de Hugo Chávez, el predecesor de Maduro, no ha sido superada. Dijo que hay familias que enfrentan decisiones imposibles sobre asuntos básicos de sus hijos.

“Tengo un padre que dice, ‘doctor, le pago en 15 días’”, manifestó. “A veces dicen que no tienen dinero para pagar por la consulta. De las tres dosis que debe aplicarse, recibe solo dos, o una”.

Las inmunizaciones para el rotarivus y la neumocócica son la principal preocupación de las autoridades de salud pública. Lavarse las manos y una buena higiene en general pueden ayudar. Pero en toda Venezuela, tanto en los barrios exclusivos de clase alta de la capital como en las comunidades pobres de los Andes y en los balnearios de la costa, el servicio de agua potable no es confiable.

Venezuela no da a conocer tasas de mortalidad desde hace varios años. Datos del 2016 indican que la diarrea e infecciones respiratorias fueron responsables de numerosas muertes de niños. Una investigación de la Johns Hopkins University resaltó la importancia de reducir las tasas de contagios de niños y de muertes.

Algunos padres dicen que saben lo peligroso que es no darse todas las vacunas recomendadas, pero agregan que no tienen otra opción.

“El presupuesto no nos da para ponerle esa vacuna”, dijo Yuberlim Salazar en el centro de vacunaciones. “Me parece injusto guardar el dinero para ponerle la vacuna y no darle comida a mi hija. Prefiero darle comida a mi hija”, informó la AP.

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La oposición venezolana gasta millones en litigios por los activos del estado, pero no alcanza

Un anuncio de la compañia Citgo.

La oposición al gobierno de Nicolás Maduro ha pagado 44,8 millones de dólares a firmas internacionales de abogados para tratar de ganar decenas de litigios donde están en juego 40.000 millones de dólares en activos de la República en el extranjero, de acuerdo con un informe del procurador especial asignado para esos oficios.

Enrique Sánchez Falcón, designado hace dos años por el Parlamento electo en 2015 para asegurar la protección, control y recuperación de activos del Estado venezolano, presentó hace tres semanas un reporte donde precisa los montos pagados y adeudados a bufetes legales extranjeros, pero además advierte de la ausencia de defensores en casos urgentes, porque el dinero no alcanza para contratar abogados.

Venezuela enfrenta 201 demandas en el extranjero que podrían afectar su patrimonio. Se trata de 139 juicios por un total demandado de 24.569 millones de dólares, y 62 arbitrajes por 15.571 millones de dólares. En total, la oposición encara litigios donde están en juego 40.141 millones de dólares, de acuerdo con las cuentas de Sánchez Falcón.

Los partidos antichavistas de Venezuela argumentan desde enero de 2019 que Nicolás Maduro usurpa la presidencia tras ganar unas elecciones fraudulentas un año antes, y afirman que la única institución legítima del país es la Asamblea Nacional electa en 2015.

El presidente de ese Parlamento, Juan Guaidó, se juramentó como mandatario encargado del país suramericano y encabeza desde entonces un gobierno interino que reconocen hasta 50 gobiernos del mundo, entre ellos Estados Unidos y los de la Unión Europea.

Con la venia de licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno de Estados Unidos, la oposición venezolana ha podido administrar así activos fuera de las fronteras de su nación, entre ellos Citgo, en Norteamérica, y Monómeros, en Colombia.

Esas responsabilidades políticas y gerenciales heredaron de golpe al antichavismo reclamaciones en cortes de Estados Unidos, Reino Unido y Jamaica, y procesos arbitrales sobre acreencias o presuntas indemnizaciones por acciones de los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, que el procurador especial valora como “irresponsables e ilícitas”.

Entre los casos en cuestión, destacan el litigio sobre el oro en Inglaterra, el riesgo de pérdida de control sobre Citgo Petroleum por reclamos de la empresa Crystallex y el arbitraje por la expropiación de las acciones de ConocoPhillips en proyectos en Venezuela.

La administración opositora precisa que el gobierno interino de Guaidó y los entes descentralizados, como las juntas ad hoc del Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela, pagaron 16,3 millones de dólares a firmas legales durante la gestión del anterior procurador especial, José Ignacio Hernández, y 28,6 millones en la de Sánchez Falcón.

Hasta julio de 2022, se adeudan 18,7 millones de dólares a bufetes de abogados, detalla el funcionario venezolano en su rendición de cuentas. En total, la oposición ha pagado y adeuda 63,6 millones de dólares en facturas de gestiones legales para defender activos.

Según Sánchez Falcón, se trata de “una cantidad bien pequeña” si se compara con los montos e intereses “que están en juego” en esos litigios sobre los activos de Venezuela.

Falta de dinero

El procurador especial de la oposición aclaró a la prensa que las decenas de litigios sobre activos en el exterior están “identificados”, si bien su despacho y los entes descentralizados, como las juntas antichavistas del BCV y PDVSA, no actúan en todos.

Sánchez Falcón denunció “la falta de disponibilidad presupuestaria” para contratar firmas de abogados, una asignación que depende de la comisión delegada del Parlamento de 2015, donde participan representantes de las bancadas partidistas de ese poder legislativo.

¿La razón? Falta de dinero. “Sería absolutamente imposible con los recursos con los cuales estamos actuando, pero, en todo caso, están identificados y es posible de actuar en caso de que existan peligros para los intereses y derechos del Estado venezolano”, manifestó.

Sánchez Falcón dice haber solicitado, “casi rogado”, que la comisión delegada del Parlamento opositor de 2015 apruebe un presupuesto integral dirigido a atender los litigios. Su propuesta ha sido “sistemáticamente ignorada”.

“Es una irresponsabilidad dejar al Estado venezolano en indefensión por dejar de pagar 20 o 30 millones, cuando se están arriesgando 40.000 millones de dólares”, advirtió en julio.

Entre las firmas contratadas, el funcionario del gobierno interino opositor menciona a Arnold & Porter, Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP, Sullivan & Cromwell, Paul Hastings LLP y Hogan Lovells, esencialmente para casos en cortes de Estados Unidos.

En su rendición de cuentas, detalla que hay varios casos pendientes de asignación de abogados, como el de Rusoro Mining contra la República y PDVSA, por 1.360 millones de dólares, en una corte de Delaware, Estados Unidos, y el de Bandes y empresas mixtas petroleras contra Novo Banco, en Lisboa, donde están en juego $1.352 millones.

La oficina de Sánchez Falcón dice haber buscado alternativas a la falta de dinero. Una es contratar firmas de abogados bajo la modalidad “contra resultados” en 30 juicios en Estados Unidos contra venezolanos por corrupción con fondos públicos de su país.

Esa estrategia consistirá en pedir indemnizaciones o acordar con las autoridades judiciales de Estados Unidos la recuperación de parte de los montos “sin costo alguno”, explicó.

Sánchez Falcón confirmó que ya se han recibido ofertas y “se están suscribiendo” contratos con bufetes legales en 25 de esos 30 casos en cortes estadounidenses.

Otra iniciativa de Sánchez Falcón es designar a una firma de abogados especializada en arbitrajes internacionales para que atienda casos de tribunales que pudieran desconocer la representación de la República de Venezuela por parte del gobierno interino de Guaidó.

Ese bufete podría crear una estrategia con base en “solicitudes estandarizadas” para exigir que se reconozca al interinato de Guaidó o, en su defecto, que se suspendan los litigios.

Pero ese tema presupuestario y de defensa de activos pasa por un acuerdo de los partidos que componen el Parlamento de 2015. La comisión delegada convocó este jueves a una sesión especial para recibir la rendición de cuentas del procurador, donde se prevé que se ventilen sus advertencias sobre la falta de fondos para atender los litigios en el extranjero.

Mientras, el oficialismo pone como una de sus condiciones para retomar las negociaciones en Ciudad de México que la oposición devuelva los recursos y activos en el extranjero que, a su entender, se ha “robado”.

(Artículo de la Voz de América)

Polémica en Honduras por contratación de médicos y pedagogos cubanos (VIDEOS)

Médicos cubanos. (Foto del Ministerio de Salud Pública de Cuba)

Ha generado polémica la inminente llegada a Honduras de una brigada compuesta por ochenta y seis médicos y un número indeterminado de educadores procedentes de Cuba, contratados por el gobierno del país centroamericano.

José Manuel Matheu, ministro de Salud de Honduras, “no precisó cuánto se le pagaría a los especialistas cubanos, pero señaló que será menos que lo que perciben los hondureños, a los que, además, se les paga quince salarios anuales, entre otros beneficios. A los cubanos se les pagará doce meses”, informa un cable de la Agencia EFE.

“El problema es que muchos de los especialistas hondureños no quieren ir a muchos de los sitios donde se les necesita, como a la Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios, en el Caribe, fronterizo con Nicaragua, por ser una región remota”, agregó el ministro.

El acuerdo de colaboración entre ambos países es a nivel de Estado y no de ministerio.

El doctor Ramsés Sierra, secretario del Colegio Médico de Honduras, explicó que el acuerdo con el gobierno de Cuba "es potestad de la presidenta" Xiomara Castro.

La doctora Johana Bermúdez, diputada del Congreso Nacional, dijo al noticioso hondureño Notifides que esta colaboración “no es gratis” ya que el Estado pagará “un subsidio, un estipendio" a Cuba.

La representante considera que es un “gasto innecesario. Con “ese dinero que el Estado de Honduras va a pagar, aumentemos la beca a los médicos residentes, si tenemos médicos residentes que no se les paga, pues, aumentemos la beca”, insistió Bermúdez.

El secretario del Colegio Médico de Honduras explicó, también a Notifides, que la contratación debería ser de profesionales de especialidades que no tienen en Honduras.

"Eso sería lo más lógico […] que vengan a ayudarnos a formar el personal para que nosotros podamos tener esos especialistas”, dijo.

El doctor Tito Alvarado dijo al informativo HCH Televisión Digital que “no es un contrato de médicos cubanos que va a hacer Honduras sino una colaboración del gobierno cubano para países como Honduras por una paga simbólica”.

El Dr. Alvarado afirmó haber trabajado con médicos cubanos y recalcó que son incansables y solidaridarios.

HCH señaló que “la educación y la salud están en el ojo del huracán”.

Marcial Solís, ministro de Educación de Honduras, recordó a ese medio que el contrato de educadores y médicos cubanos “no es un ejercicio nuevo en el país”.


“En el año 2006, en el marco del acuerdo que firmó el magisterio con el gobierno del expresidente Manuel Zelaya, se declaró una jornada nacional de alfabetización; teníamos indicadores muy parecidos a los que tenemos ahora mismo y se logró reducir (el analfabetismo) a un 6% y algunos municipios se declararon libres de analfabetismo”, apuntó Solís.

De acuerdo con el ministro, el programa “Yo sí puedo”, creado por el régimen cubano “en estos doce años, después del golpe de Estado, que fueron expulsados los asesores, ha cambiado y ha mejorado muchísimo por ejemplo, en Nicaragua.”

El ministro de Educación hizo énfasis en que los educadores cubanos no vienen a enseñar directamente a la población, sino como asesores del sistema de educación nacional y agregó que el debate pendiente es por qué el analfabetismo creció tras la expulsión de los profesionales cubanos.

Según el noticioso hondureño Notifides, la base de esta polémica es que en Honduras “hay más de diez mil médicos desempleados y es injusto que, habiendo personal cualificado aquí, se contraten de otros países”.

No obstante, cabe señalar que la contratación de brigadas de profesionales por parte de Cuba está bajo el escrutinio de organizaciones defensoras de los derechos humanos en el mundo y que varias veces se ha señalado al régimen de la isla como uno de los países promotores del tráfico de mano de obra esclava, utilizando a sus profesionales.

Sacerdote nicaragüense exiliado: en Nicaragua "no existe libertad religiosa"

El sacerdote Edwin Román a la entrada de la iglesia San Miguel Arcángel, en la ciudad de Masaya, Nicaragua. (Foto archivo VOA).

El sacerdote católico Edwin Román —uno de los más críticos en Nicaragua— cumplió este 3 de agosto el primer año de haber tomado la decisión de exiliarse en Estados Unidos.

La decisión la tomó después de unas declaraciones de la vicepresidenta Rosario Murillo, en donde dijo a un medio oficialista que él había profanado el templo que dirigía para “reunirse con un criminal”, en alusión al obispo monseñor Silvio Báez, también crítico de Murillo.

Tras este tiempo el panorama parece empeorar a juicio del padre Román, quien indica que en Nicaragua ya no existe libertad religiosa.

En Nicaragua ya se contabilizan dos sacerdotes encarcelados, mientras que otros se encuentran bajo investigación y detenidos en una localidad al norte del país por supuestamente generar zozobra.

“En Nicaragua no existe libertad religiosa, libertad de expresión, libertad de circulación ni de movilizaciones cívicas. Se vive reprimido. Ni siquiera los allegados a la dictadura pueden llegar al aeropuerto y tomar un avión”, subraya Román a la Voz de América.

El gobierno ha dicho por medio de un comunicado emitido por la Policía Nacional que la última investigación que empezó a un religioso, en este caso contra monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, quien permanece encerrado desde el 4 de agosto en una casa cural, junto a cinco sacerdotes más y dos seminaristas, se da por supuestamente “intentar organizar grupos violentos incitándolos a ejecutar “actos de odio en contra de la población”.

Sin embargo, el padre Edwin Román tiene otra interpretación y menciona que en Nicaragua representa cárcel a todo lo que representa oposición y asegura que “para la dictadura somos opositores políticos”, aunque recalca que no tienen interés por ningún puesto en el gobierno.

“No buscamos ningún puesto terrenal. Nos basta servir, y dar la cara por el pueblo, salir a su defensa sin importar a quien. Nos debemos a los hijos de Dios que somos todos los seres humanos”.

Con la medida de Ortega contra Álvarez y contra la Iglesia en Nicaragua en general, el sacerdote Román considera que “en el lenguaje de la dictadura se está quemando su último cartucho”.

“Los profetas siempre van a incomodar, porque a los perseguidores les acusa su conciencia”, considera Román, quien dirigía una iglesia en la ciudad de Masaya, una de las ciudades bastión de las protestas contra Ortega en 2018.

La semana pasada la vicepresidenta Murillo se refirió, sin mencionar, a monseñor Álvarez y lo acusó de “manipular símbolos religiosos” al cargar con la imagen del Santísimo en la cercanía de la casa cural, que es donde permanece retenido.

“Los únicos perseguidores y manipuladores de signos religiosos han sido la esotérica “primera dama” y el dictador Daniel Ortega. Han perseguido a la Iglesia católica desde los años 80’. El régimen ha intentado confundir al pueblo de Dios, pero éste conoce la voz de sus pastores”, responde Román ante la acusación.

El sacerdote considera que “la dictadura ha pretendido alzarse con la autoridad de ser muy religiosos, promoviendo políticamente altares a la Inmaculada Concepción de María (La Purísima), o con sus 'nacimientos', en diciembre, sin nacer ellos a una vida nueva”.

“A propósito, no tienen ninguna autoridad religiosa para hablar de Dios. ¿Quién se las ha dado?”, cuestiona Román al respecto.

Directora de USAID: “Reconocemos a Juan Guaidó y apoyamos las negociaciones”

Samantha Power, directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (Greg Nash/Mancomunada via REUTERS).

El gobierno estadounidense reiteró su reconocimiento al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y dio su respaldo a las negociaciones que arrojen “resultados” en esa nación, según dijo la directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power.

La funcionaria estadounidense se refirió en esos términos a la crisis venezolana luego de reunirse durante una hora en Bogotá con el presidente Gustavo Petro, quien este domingo asumió su cargo. “Necesitamos ser parte de la solución con responsabilidad”, manifestó Power en una conferencia de prensa celebrada en el Hotel Gran Hyatt.

La funcionaria, la de mayor rango en la delegación enviada por el gobierno de Estados Unidos para la asunción de Petro, estuvo acompañada en su interacción con periodistas por Juan González, director principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, y el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU, Gregory Meeks.

“Estados Unidos y el gobierno de Biden reconocemos a Juan Guaidó y apoyamos las negociaciones, que necesitan producir resultados que pongan a la gente de Venezuela más allá (alejada) de la situación horrible que han vivido durante demasiado tiempo por la dictadura y la represión, por esos malos manejos severos a nivel económico”, expresó.

La Casa Blanca y otras 50 sedes gubernamentales del mundo reconocen a Guaidó como mandatario encargado de Venezuela desde enero de 2019, cuando se juramentó como tal apoyado por el Parlamento, denunciando que Nicolás Maduro usurpaba el poder.

Power valoró que no hay “un sistema que tenga una peor administración” y haya causado “una tristeza más evidente” sobre millones de personas que prefieren huir de su país buscando seguridad y oportunidades, manifestó en referencia al gobierno de Maduro.

Insistió en que el “interés común” de la región ante la crisis venezolana es enfrentar las causas que derivaron en semejante diáspora. “Eso solamente se va a dar a través del camino de la negociación para salir de esta crisis de inseguridad política y económica”, expresó.

Las declaraciones de Power se suman a otras recientes de diferentes voceros del poder ejecutivo estadounidense a favor de la reactivación de las negociaciones entre la oposición y el oficialismo en Venezuela para lograr una elección justa, libre y transparente en ese país.

Desde marzo pasado, el gobierno de Biden ha enviado dos delegaciones a conversar directamente con Maduro en el Palacio de Miraflores, en Caracas, sobre una posible reanudación de cooperación energética, las sanciones económicas contra el oficialismo y la demanda de la Casa Blanca de que liberen a estadounidenses detenidos en Venezuela.

Trabajo conjunto

Las afirmaciones de Power sobre Venezuela ocurren una semana después de que el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, visitara esa nación suramericana.

El alto funcionario de la ONU se reunió esos días con Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020 -de mayoría chavista-, funcionarios oficialistas, el delegado jefe de la oposición en los diálogos de Ciudad de México y voceros de ONG.

Griffiths se declaró esperanzado porque la economía, a su entender, “está mostrando signos de recuperación”, a pesar de que “siguen existiendo significativas necesidades humanitarias” en la nación suramericana.

Power, por su lado, reveló en Bogotá que expresaron el deseo del gobierno de Biden de seguir materializando un trabajo conjunto con Colombia, ahora presidida por Petro.

“Después de décadas de conflicto, sabemos que la gente de Colombia merece una paz duradera y continuamos apoyando la implementación de acuerdos de paz”, aseguró.

Tanto Power como el congresista Meeks remarcaron que Estados Unidos sigue siendo el socio más importante de Colombia y agradecieron a esa nación por su asistencia humanitaria a centenares de miles de venezolanos que han llegado a su territorio.

Meeks dijo esperar que las conversaciones de Petro con Maduro para la reanudación de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia incluyan el tópico del “camino de elecciones libres y justas”. “Ayudar a que suceda esto, ayuda a todo el hemisferio”, opinó.

Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda al comandante militar, General Luis Fernando Navarro, en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, el 7 de agosto de 2022. (César Carrión/Colombian Presidency/Handout via REUTERS).

Gustavo Petro se convirtió este domingo en el 42 presidente de Colombia, en una toma de posesión catalogada como histórica, no solo por ser el primer presidente de izquierda del país suramericano, sino porque recibió la banda presidencial con el apoyo de organizaciones feministas, de izquierda, indígenas, afrodescendientes, sindicales y étnicos, y de una mayoría en el Congreso.

Durante la ceremonia, Gustavo Petro, de 62 años, caminó rumbo a la Plaza de Bolívar en compañía de su esposa y sus hijos. Con el canto al unísono "¡Sí se pudo, sí se pudo!" y "Petro, amigo, el pueblo está contigo", la ciudadanía saludó al presidente.

Tras el himno nacional, Roy Barreras, presidente del Congreso de Colombia, tomó juramento al nuevo mandatario. La senadora izquierdista María José Pizarro, en medio de lágrimas, le impuso la banda presidencial.

"Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar", dijo el nuevo presidente de Colombia.

El presidente Petro, tras su discurso del inauguración el pasado domingo.
El presidente Petro, tras su discurso del inauguración el pasado domingo.

En su discurso inaugural, Petro invitó a los grupos armados “a dejar las armas en las nebulosas del pasado” y a “aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia”.

Además, Petro señaló que es necesario cambiar la política contra las drogas. "Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado, que ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados durante estos 40 años, y que deja 70.000 norteamericanos muertos por sobredosis cada año, que la guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los Estados" y "ha llevado a los Estados a cometer crímenes”, agregó.

El nuevo presidente enumeró una serie de propuestas de su gobierno, entre ellas varias reformas a la salud, tributarias, a las pensiones y la educación, y dijo que ha "priorizado en el presupuesto la infraestructura de la educación, de la salud, del agua potable, de los distritos de riego y de los caminos vecinales".

“Los impuestos no serán confiscatorios, simplemente serán justos”, agregó, al señalar que la desigualdad que vive el país es “aberrante”.

El mandatario también recalcó la importancia de la igualdad de género, del cambio climático y el cuidado de la selva amazónica.

Sobre una tarima en frente del Congreso, cuyas columnas fueron adornadas con flores y plantas exóticas, el líder de la izquierda pidió que hiciera presencia la espada de Bolívar -robada el 17 de enero de 1974 por la guerrilla del M-19 y entregada tras pactar la paz, en 1990- como símbolo de la búsqueda de la paz, y posteriormente tomó juramento de la primera vicepresidenta afrodescendiente de Colombia, Francia Márquez.

El evento de toma de posesión contó con la participación de 60 delegaciones nacionales e internacionales. Unas 100.000 personas y 1.000 artistas participaron.

Desde horas de la mañana, diferentes grupos de danza y música actuaron en tarimas dispuestas en inmediaciones de la plaza, donde los ciudadanos disfrutaron de ritmos folclóricos.

Luis Carlos Montenegro, representante del movimiento "Vamos por los derechos" dijo que vivió el evento “con alegría, con festividad, con colores” y que velarán porque se respete los derechos de activistas y defensores de derechos humano en su país.

La colombiana Sara Cruz le dijo a la VOA que ahora van a lograr “lo que hemos soñado durante muchos años”.

La joven Catalina Frayle señaló que “hay mucha felicidad. Los jóvenes estamos muy conscientes de todos los años que hemos intentado que esto cambie, y es emoción, es felicidad de sentir que vamos a llegar a un mejor lugar”.

Antes de la asunción oficial, Petro asistió a varias ceremonias simbólicas. En la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte del país, los indígenas aruhacos le dieron su “bendición”. Uno de los mamos -la máxima jerarquía de la comunidad- le pidió dar respuesta a las demandas de la sociedad y le entregó un bastón que representa la sabiduría.

Entre los invitados estuvieron el Rey Felipe VI de España; los presidentes de Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Argentina, República Dominicana, Honduras y Costa Rica; el canciller de Brasil, Carlos Alberto França; el vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo; el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa Jr. y la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez, entre otros. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no fue invitado dadas las profundas diferencias políticas con Duque.

Por Estados Unidos asistió Samantha Power, directora de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID).

El dispositivo de seguridad para la posesión incluyó 15.000 miembros de la Fuerza Pública, 10.000 policías y 5.000 miembros del ejército.

Las propuestas de Petro

La banda presidencial que portará Petro lleva consigo los desafíos de sortear la creciente violencia que ha cobrado la vida de más de 560 defensores de derechos humanos desde 2016, la inflación más alta de las últimas dos décadas y la búsqueda de consensos en un país dividido.

Petro prometió una nación con menos desigualdad, que garantizará los derechos de todos sus ciudadanos -especialmente de los más vulnerables- y que dará prioridad al medio ambiente.

Las iniciativas del nuevo gobierno se centran en la justicia racial, la defensa de los derechos de las mujeres, los derechos humanos y el cuidado de la vida y el territorio.

La economía, la inflación, la inseguridad, la desigualdad, la violación a los derechos humanos y las trabas de acceso a la salud y la educación serán los retos principales del presidente.

Una de sus banderas ha sido conseguir “la paz total”, en un país donde, según cifras de la Comisión de la Verdad, durante cinco décadas de conflicto han sido secuestradas 50.770 personas, 121.768 han desparecido y 450.664 han sido asesinadas.

A pesar de la firma del acuerdo de Paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aún el país está sumergido en la violencia. Petro ha propuesto iniciar el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y someter a la justicia las bandas criminales que se nutren del narcotráfico.

Sus promesas también incluyen una reforma al sistema de pensiones y la suspensión del otorgamiento de licencias mineras en favor de las energías renovables, lo que ha generado polémicas e el gremio empresarial.

Por otro lado, algunos opositores han señalado temores de que con Petro en el poder Colombia se pueda convertir en una "segunda Venezuela”, ya que el exalcalde de Bogotá anunció que restablecerá relaciones con el país vecino.

Analistas dijeron a VOA que con el restablecimiento de relaciones con Venezuela esperan una reactivación económica en la zona de la frontera.

Tras ser elegido, Petro buscó el diálogo con sus críticos y opositores y consiguió una mayoría en el Congreso, necesaria para sacar adelante diferentes reformas, entre ellas la tributaria, que busca aumentar los impuestos a las clases más altas y darle recursos a programas sociales.​

(Con información de la VOA y AP).

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