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América Latina

Tasas de vacunación alarmantemente bajas en Venezuela

Una enfermera prepara una dosis de la vacuna Sinopharm contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en Caracas, Venezuela. (Reuters / Leonardo Fernández Viloria).
Una enfermera prepara una dosis de la vacuna Sinopharm contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en Caracas, Venezuela. (Reuters / Leonardo Fernández Viloria).

Los gemidos penetraban las paredes de una clínica estatal en un barrio de viviendas destartaladas en el corazón de Caracas. Artemis Parra recibió una vacuna en cada brazo, contra el polio y el sarampión. No tuvo que pagar nada y llenaron algunos huecos en su registro de vacunas. Pero no alcanzaron para satisfacer los requisitos de vacunación de los niños de su edad, informó Prensa Asociada, AP.

Artemis necesitaba otras dos vacunas para protegerse contra una diarrea potencialmente fatal y contra trastornos respiratorios. El gobierno, sin embargo, no tiene esas vacunas y habría que pagar 400 dólares para recibirlas en un consultorio privado, una suma fuera del alcance de su madre, que no tiene trabajo, y su padre, un empleado estatal.

Las autoridades de salud pública vienen advirtiendo desde hace tiempo que en Venezuela, que lleva una década de agitación política y tiene un sistema sanitario que se viene abajo, hay una tasa de vacunaciones alarmantemente baja.

El país no puede comprar vacunas a través de un sistema regional con precios accesibles hasta que salde una deuda de 11 millones de dólares, derivada en buena medida de una lucha por el poder entre el gobierno y la oposición.

Es difícil conseguir estadísticas específicas sobre las tasas de vacunación en Venezuela, donde las instituciones se manejan con mucho secreto y abundan la corrupción y la burocracia. No se publican esas tasas desde el 2015.

Pero un análisis de la AP de datos del gobierno y de estimados de organismos de salud pública indican que el país enfrenta una crisis de vacunaciones cada vez más severa, que la ubica entre las naciones con peores tasas del mundo en lo que respecta a la inoculación de menores contra enfermedades potencialmente mortales.

Muchos niños no han recibido varias de las diez vacunas recomendadas para los primeros 12 meses, que protegen contra 14 enfermedades, incluidas el polio, el sarampión y la tuberculosis. Las vacunas que necesita Artemis, contra el rotavirus y la enfermedad neumocócica, no se aplican desde hace varios años.

Las tasas son más bajas en el interior, lejos de las ciudades grandes. Figuras del gobierno y de la oposición se lanzan acusaciones mutuas, pero la mayoría coincide en que no hay suficientes vacunas para una población que las necesita desesperadamente, en un país abrumado por problemas de abastecimiento.

Las bajas tasas de vacunación hicieron que reapareciesen enfermedades prevenibles, incluidos brotes de sarampión y difteria, una infección grave de la nariz y la garganta.

En el 2016 América fue declarada la primera región del mundo sin sarampión, pero al año siguiente hubo un brote en Venezuela.

Los expertos dicen que la agitación reinante en Venezuela es la principal causante de la crisis de vacunaciones, agravada por la pandemia del COVID-19.

“En situaciones de conflicto, a menudo surgen varias partes que usan los servicios médicos para generar apoyo”, afirmó Katherine Bliss, directora del programa de inmunizaciones del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington. “Esto se puede reflejar también en una desconfianza en las autoridades y en los programas públicos, como los de las vacunaciones”.

Bliss dijo que las tasas de vacunación bajaron en todo el mundo por los confinamientos de la pandemia, y que Venezuela y otras naciones latinoamericanas enfrentaron serios problemas. Por un lado, no pueden financiar los programas de vacunación y por el otro, tampoco satisfacen los requisitos para recibir la ayuda disponible para las naciones pobres.

No sorprende que los déficits más grandes se registren lejos de los centros urbanos, de acuerdo con Bliss, que analizó la crisis de salud pública de Venezuela en el contexto de la crisis que vive el país.

“El acceso equitativo a la salud es muy problemático”, manifestó, destacando que a las zonas rurales y las poblaciones indígenas “les cuesta más acceder a los mismos servicios de calidad que a la gente de regiones más pobladas”.

Datos del departamento de salud de Venezuela que hacen un desglose del porcentaje de niños que han sido inmunizados según el programa de vacunas del estado --suministrados a la AP por un individuo del campo de la salud a condición de no ser identificado por temor a represalias-- indican que aproximadamente el 70% de los niños han recibido una dosis contra el sarampión y menos del 30% recibieron la segunda dosis, que es un requisito. En dos estados del sudeste, en la frontera con Brasil, menos del 15% de los niños de esa zona rural, poco poblada, tenían la segunda dosis.

A nivel mundial, el 84% de los niños tienen la primera dosis y el 70% las dos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF.

El gobierno venezolano no respondió a numerosos pedidos de comentario de la AP respecto a la crisis de vacunas, incluida la escasez de dosis, las entregas pendientes, las fuentes de las dosis y los pagos de su deuda.

En lo que respecta a las vacunas contra el rotavirus y la enfermedad neumocócica, oficinas de las Naciones Unidas estiman que la tasa de vacunación en Venezuela es de cero para ambas vacunas y el documento del gobierno obtenido por la AP no menciona ninguna de ellas.

Los países vecinos tienen tasas más altas tanto para el rotavirus como para la enfermedad neumocócica: En Colombia es del 87% y el 89% respectivamente, y en Brasil del 76% y el 79%.

Ninguna de esas vacunas es ofrecida en clínicas como la que visitó Artemis Parra. Los pediatras de los hospitales públicos y el personal de los centros de vacunaciones generalmente recomiendan a los padres que busquen las vacunas en consultorios privados. Pero, como ocurre con la familia de Artemis, los padres rara vez pueden pagar esos costos.

“Estoy loca por ponerle las vacunas”, dijo la madre de Artemis, Adrianny González. “Sería feo tener que hospitalizarla por un virus”.

La clínica es parte de una campaña de vacunación contra el sarampión, la rubeola y el polio. Las vacunas llegaron a principios de junio a través de la Organización Panamericana de la Salud, la rama americana de la OMS, pero no está claro cuándo fueron adquiridas.

Por años, el gobierno venezolano adquirió la mayoría de sus vacunas a través del Fondo Rotatorio de acceso a las vacunas de la OPS. El programa consolida la demanda de los países participantes y hace compras grandes para conseguir mejores precios.

Este año, por ejemplo, las vacunas contra el sarampión, rubeola y paperas costaron apenas 1,55 dólares la dosis. Otras vacunas son más caras: La del rotavirus cuesta 6,50 dólares y las neumocócicas 14,50.

A pesar de la deuda que tiene Venezuela, el gobierno y la OPS consiguieron 4,4 millones de dosis para la campaña de vacunaciones. La OPS dijo que las entregas fueron resultado de la cooperación con el ministerio de salud venezolano, pero no respondió a preguntas de la AP sobre de dónde salieron los pagos. Un funcionario de la OPS insistió en una conferencia de prensa de junio en que Venezuela tiene prohibido comprar vacunas.

A las familias no les importa el origen de las vacunas. Las clínicas ofrecen la posibilidad de proteger a sus hijos sin costo alguno, sin tener que acudir a médicos privados y sin tener que salir del país. Pocos niños venezolanos se hacen controles médicos rutinarios, por lo que los padres a menudo se enteran de la presencia de estas clínicas a través de las redes sociales o en otros sitios donde las familias reciben ayuda, como programas de alimentos del gobierno.

A las cuatro de la mañana de un sábado de mediados de junio, Dimas Campos era el primero en una cola para vacunar a su hija de 19 meses. El personal revisó su tarjeta de vacunas y la mandó a la sala donde las enfermeras las aplicaban. Se escuchaban canciones de niños y había un castillo inflable para que los pequeños jugasen allí antes y después de ser inmunizados.

Campos les contó a otros padres en la cola que había otra forma de conseguir las vacunas que no estaban disponibles en la clínica: Ir a Colombia. Es un viaje de más de 800 kilómetros (500 millas) desde Caracas. Para los afortunados que tienen automóvil, toma unas 13 horas debido al mal estado de las carreteras y los puestos de control militar. Un viaje en autobús toma más tiempo.

“Mi esposa está cuadrando todo para ir ya”, dijo Campos, quien calcula gastar unos 100 dólares en el viaje para conseguir vacunas gratis en un centro de ayuda humanitaria, comparado con los 400 que tendría que pagar en un consultorio privado en Venezuela. “Uno se monta en el autobús en la noche, llega en la mañana, se vacuna y ya”.

Estos viajes reflejan el efecto de la crisis venezolana más allá de sus fronteras. Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Baylor College of Medicine de Texas, dijo que las bajas tasas de vacunación de Venezuela desestabilizan todo el continente porque ya están surgiendo brotes de sarampión en dos vecinos, Colombia y Venezuela.

“Es un problema de toda América Latina... del hemisferio occidental, realmente”, señaló.

Venezuela y otros países tienen plazo hasta el viernes para colocar órdenes de vacunas del Fondo Rotatorio de la OPS para el año que viene.

El doctor Ciro Ugarte, director de emergencias sanitarias de la OPS, destacó que Venezuela no puede hacer compras.

“La deuda de Venezuela con el fondo rotatorio sigue vigente”, declaró.

Agregó, no obstante, que la OPS trata de ayudar a Venezuela a conseguir vacunas en otros sitios, como donaciones, en otros países participantes en el programa y de varios socios.

En el 2017, Venezuela adquirió 33 millones de dosis y al año siguiente 43 millones, según un informe de la OPS. En el 2019 se atrasó en los pagos y no compró vacuna alguna, solo una pequeña cantidad de jeringas, probablemente para aplicar las dosis que le quedaban o las de ayuda humanitaria.

El análisis de la AP muestra una prolongada baja en las tasas de vacunación en épocas de agitación política. La reducción de las tasas empezó en el 2016, poco antes de que Estados Unidos y otros países impusiesen sanciones económicas para tratar de derrocar al presidente Nicolás Maduro.

El gobierno socialista de Maduro y el sector opositor encabezado por Juan Guaidó se han acusado mutuamente de explotar políticamente el tema de las vacunas y la ayuda.

Estados Unidos dio a Guaidó y a su gobierno paralelo el control de cientos de millones de dólares en bienes. Los desembolsos deben ser aprobados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Funcionarios de esa dependencia dijeron que las preguntas sobre las vacunas, incluida cualquier posible compra encubierta, deben ser hechas a la gente de Guaidó.

El equipo de Guaidó no respondió a preguntas de la AP sobre los pagos por las vacunas y cualquier uso de bienes congelados.

Para el doctor Huníades Urbina, secretario académico de la Academia de Medicina de Venezuela, la política impide a los niños ser vacunados y los bandos se preocupan más por recibir crédito por las compras de las vacunas que por la salud de los menores.

“Quién va a llevarse la batuta o la medalla de que compró la vacuna, el gobierno de Maduro o el gobierno interino de Guaidó?”, preguntó. “Se pierde tiempo porque el dinero está ahí”.

No está claro si funcionarios venezolanos han tratado de comprar vacunas sin usar el mecanismo de la OPS en tiempos recientes. En el pasado adquirieron vacunas a gobiernos aliados y realizaron compras de suministros a través de Cuba. Las sanciones no prohíben las transacciones de artículos vinculados con la salud. Venezuela, por otro lado, también recibe vacunas de otros países y de grupos de ayuda.

En plena pandemia del COVID-19, Venezuela compró dosis y recibió donaciones de China, Rusia y Cuba. Casi la mitad de los 28 millones de habitantes de esta nación está vacunada, de acuerdo con la OPS. Es un porcentaje más alto que el de algunas naciones latinoamericanas y africanas.

Las autoridades dicen que las donaciones no bastan para resolver el tema de las vacunas en Venezuela. Y que los altos precios de la vacuna del rotavirus le neumocócica implican que nadie las donará.

Los expertos dan mayor prioridad a África y a menudo se olvidan de los niveles de pobreza y de inseguridad sanitaria de América Latina, señaló Hotez, el decano de la escuela de medicina.

Tres de cada cuatro venezolanos viven con menos de 1,95 dólares diarios --la vara para medir la pobreza-- y los precios de los alimentos aumentan constantemente.

“Se expone a los niños de Venezuela con ese uno-dos que representan la malnutrición y la falta de acceso a vacunas”, expresó.

Maduro habla mucho de una supuesta recuperación económica. La inflación mermó un poco --aunque sigue siendo de las más altas del mundo-- y los negocios están repuntando algo. Sin embargo, la ausencia de vacunas revela que la crisis que empezó antes de la muerte de Hugo Chávez, el predecesor de Maduro, no ha sido superada. Dijo que hay familias que enfrentan decisiones imposibles sobre asuntos básicos de sus hijos.

“Tengo un padre que dice, ‘doctor, le pago en 15 días’”, manifestó. “A veces dicen que no tienen dinero para pagar por la consulta. De las tres dosis que debe aplicarse, recibe solo dos, o una”.

Las inmunizaciones para el rotarivus y la neumocócica son la principal preocupación de las autoridades de salud pública. Lavarse las manos y una buena higiene en general pueden ayudar. Pero en toda Venezuela, tanto en los barrios exclusivos de clase alta de la capital como en las comunidades pobres de los Andes y en los balnearios de la costa, el servicio de agua potable no es confiable.

Venezuela no da a conocer tasas de mortalidad desde hace varios años. Datos del 2016 indican que la diarrea e infecciones respiratorias fueron responsables de numerosas muertes de niños. Una investigación de la Johns Hopkins University resaltó la importancia de reducir las tasas de contagios de niños y de muertes.

Algunos padres dicen que saben lo peligroso que es no darse todas las vacunas recomendadas, pero agregan que no tienen otra opción.

“El presupuesto no nos da para ponerle esa vacuna”, dijo Yuberlim Salazar en el centro de vacunaciones. “Me parece injusto guardar el dinero para ponerle la vacuna y no darle comida a mi hija. Prefiero darle comida a mi hija”, informó la AP.

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EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones

La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.
La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.

Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.

La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.

"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.

Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".

"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.

"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.

Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".

Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro

Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.
Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.

La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.

“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.

"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.

El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.

La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".

Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.

"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.

Boric llama a consultas a su embajador en Caracas

Vista general del consulado de Chile en Caracas el 11 de abril de 2024. El presidente chileno llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua.(Foto de Juan BARRETO/AFP)
Vista general del consulado de Chile en Caracas el 11 de abril de 2024. El presidente chileno llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua.(Foto de Juan BARRETO/AFP)

El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.

A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".

"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.

"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.

Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.

Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.

En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.

Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron la campaña “Está pasando de nuevo”.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron la campaña “Está pasando de nuevo”.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.

En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.

“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.

“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.

Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.

“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.

En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.

“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.

Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.

La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com

OEA condena incursión de policía ecuatoriana en embajada mexicana en Quito

La OEA lleva a cabo una reunión extraordinaria para abordar la crisis diplomática entre Ecuador y México, en Washington, D.C., 10 de abril del 2024
La OEA lleva a cabo una reunión extraordinaria para abordar la crisis diplomática entre Ecuador y México, en Washington, D.C., 10 de abril del 2024

Con los votos de 29 países, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena la "intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la Misión".

Ecuador votó en contra y El Salvador se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente.

La resolución reafirma “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados”.

Asimismo reafirma “la obligación que tienen los Estados Parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones”.

También reafirma que “sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.

LA OEA en su resolución, exhortó al Ecuador y México a que, “de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva” y puso a la disposición de ambos gobiernos “los buenos oficios de la Organización de los Estados Americanos para facilitar todo esfuerzo que pueda ser útil”.

En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.

“El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas... Este punto está plasmado en la resolución aprobada por este Consejo”, expresó Mora.

La aprobación abrumadora de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana.

En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional “revisar y actualizar” las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado trasnacional.

Dávalos aseguró que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada de México en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, “no reunía los requisitos” para recibir el asilo.

Asimismo, dijo que México, con su actitud, “socava y desnaturaliza” la figura del asilo y se promueve la impunidad.

Por su parte, en la sesión del martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.

“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.

El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, dijo, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.

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