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América Latina

Jaime Mantilla nuevo director de la SIP

Asamblea General de la SIP

A la presidencia de la SIP el director del diario ecuatoriano Hoy, que se edita en Quito.

En el marco de su 68 Asamblea General, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, escogió a Jaime Mantilla director del diario Hoy, de Quito, Ecuador, como presidente de la organización hemisférica por el período 2012- 2013.

Acompañarán a Mantilla durante su presidencia, Scott C. Schurz, del Herald-Times, Bloomington, Indiana, presidente honorario vitalicio, como primer vicepresidente Elizabeth Ballantine, The Durango Herald, Durango, Colorado, y como segundo vicepresidente Gustavo Mohme, de La República, Lima, Perú.

El Comité Ejecutivo, tiene como presidente a Juan Luis Correa, mientras que como encargado de la profesionalización periodística, el Instituto de Prensa de la SIP, estará dirigido por el presidente del directorio Pierre Manigault, del Evening Post Publishing, Charleston, South Carolina.

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Nicaragua, cada día con menos prensa

Violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua. (VOA/Archivo).

El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, denunció el ataque que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen contra la Iglesia Católica en Nicaragua, principalmente en contra de la Diócesis de Matagalpa.

"El brutal ataque del régimen Ortega-Murillo contra el clero católico, instalaciones radiales y miembros de la comunidad en Sébaco es otro golpe a las libertades de religión y expresión en Nicaragua", escribió el alto funcionario diplomático en su cuenta de Twitter.

Nichols cuestionó además el papel de los agentes de la sancionada Policía, quienes asedian al sacerdote Uriel Vallejos, además de profanar la capilla Divino Niño Jesús de Praga, en donde funcionaba la radio y el canal católico de Sébaco.

También la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que el gobierno de Ortega creó “un nuevo desierto informativo en el interior del país”.

La SIP recalcó que la mayoría de las estaciones “confiscadas” recientemente estaban ubicadas en el departamento de Matagalpa -al norte de Nicaragua- y pertenecían a la Iglesia Católica, crítica de la administración sandinista.

La organización señaló que esto forma "parte de una campaña que pretende eliminar todo vestigio de prensa independiente y representa un nuevo avance sobre la libertad de culto y de pensamiento en esa nación".

"Con un solo golpe, el gobierno de Nicaragua creó un nuevo desierto informativo en el interior del país, donde las estaciones clausuradas prestaban un valioso servicio comunitario a miles de personas. Es obvio que se pretende acabar con todo vestigio de prensa independiente", afirmó el presidente de la SIP, Jorge Canahuati.

(Con información del Departamento de Estado, la SIP y la Voz de América)

Petro deja en manos de Cuba ser sede de diálogos con ELN

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, habla con los estudiantes de la Universidad Externado en Bogotá, el martes 26 de julio de 2022. (AP Foto/Fernando Vergara)

BOGOTÁ (AP) — El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, dejó el viernes en manos de Cuba la decisión de mantenerse como anfitrión de los diálogos de paz con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) que espera reanudar luego de su asunción el 7 de agosto.

La suspensión de la mesa de negociación por parte de Colombia, en cabeza del presidente saliente Iván Duque en 2019, tensó las relaciones diplomáticas con Cuba por el cumplimiento de los protocolos firmados entre el Estado colombiano y los países garantes, que contemplaba que en caso de rompimiento la comandancia guerrillera tendría unos días para volver a sus campamentos.

Duque pidió a Cuba extraditarlos para que cumplieran con sus deudas con la justicia colombiana, pero Cuba no cedió salvaguardándose en los protocolos. En Colombia Duque continuó combatiendo a la guerrilla y exigiendo el cese de actos terroristas y la liberación de los secuestrados como requisito para volver a la mesa de negociación. La causa del quiebre de los diálogos fue un ataque del ELN a una escuela policial en Bogotá en el que murieron 22 personas.

"A Cuba no le fue tan bien, porque lo convirtieron en la excusa para una ofensiva diplomática en ese país", dijo Petro a la prensa tras reunirse en Bogotá con embajadores de América Latina y el Caribe, entre los que se encontraba el representante diplomático de Cuba, Javier Caamaño Cairo.

Petro, próximo a convertirse en el primer presidente de izquierda en Colombia, señaló que ese mismo protocolo permite que las negociaciones se reanuden en La Habana y extendió la invitación a otros países garantes como Noruega a decidir si mantienen su rol. También indicó que sabe de la disposición de otros países para ayudar en el proceso de paz como España y Chile.

La víspera, Chile se ofreció como sede para las negociaciones de paz. Sin embargo, Petro aseguró que aún no han avanzado formalmente en la propuesta que le hizo el presidente chileno Gabriel Boric a la vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, durante una visita a su país.

Se trata de reanudar un proceso que arrancó en 2017 con el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018). Fue en Quito donde se llevaron a cabo los ciclos iniciales de las negociaciones en los que se lograron ceses al fuego bilaterales y temporales bajo la verificación de las Naciones Unidas. En mayo de 2018, Cuba se convirtió en la nueva sede del diálogo, luego de que Ecuador declinara continuar como anfitrión.

Petro, quien en su juventud militó en la extinta guerrilla M-19, dijo que tiene como un primer objetivo buscar un nuevo cese al fuego bilateral con el ELN, lo que "automáticamente traería menos violencia" a los territorios colombianos. Sin embargo, el ELN no es el único grupo armado en Colombia, persiste el Clan del Golfo, el cártel más peligroso del país, y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que no cumplieron con el acuerdo de paz firmado en 2016 con el Estado.

"El cese bilateral al fuego que yo quisiera que se extendiera a otro tipo de organismos armados que pululan en el país es un buen comienzo porque disminuiría los muertos", dijo Petro, sin embargo, advirtió que con el Clan del Golfo no buscaría una negociación política sino un sometimiento a la justicia.

Además de buscar respaldo para llevar a cabo nuevos acercamientos con grupos armados, Petro abogó por una mayor integración regional en la reunión con los embajadores de países como Chile, Ecuador, Uruguay, Guatemala, Paraguay, Panamá, México, Haití, Argentina, Perú y Cuba.

Aseguró que pueden trabajar de manera coordinada en combatir el cambio climático, el narcotráfico y los delitos trasnacionales, así como dar un salto hacia las energías limpias con un proyecto impulsado por las empresas petroleras estatales de cada país.

Petro se propone abrir relaciones hacia África, fortalecer los lazos con Europa y mantener una buena relación con Estados Unidos. Abogó por no dejar que la "conflictividad mundial en crecimiento con China y Rusia se convierta y haga parte de nuestro territorio. América Latina debe ser siempre un territorio de paz".

Bukele es popular, Pedro Castillo no tanto, dice el sondeo CID Gallup

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. (Reuters/José Cabezas).

Dos encuestas de la empresa CID Gallup divulgadas esta semana arrojaron que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es la persona política más popular en su país y goza de una aprobación del 86%, muy distanciado de sus homólogos de América Latina.

En dos mensajes de Twitter, CID Gallup dijo que las encuestas Persona Política Más Popular y Desempeño de Presidentes Latinoamericanos se hicieron por teléfono del 10 al 19 de mayo entre 1.200 ciudadanos de cada país escogidos como muestra.

Las duras políticas de Bukele contra las pandillas en El Salvador han sido criticadas internacionalmente por gobiernos y organizaciones de derechos humanos, pero tienen un gran apoyo entre la población, que considera que han reducido la violencia en uno de los países más inseguros del mundo.

Con un 86%, la aprobación al desempeño de Bukele es un 17% superior al que le sigue en la encuesta, el presidente Rodrigo Chaves, de Costa Rica, quien obtuvo un 69% de aprobación. El tercero en la lista es el mandatario de República Dominicana Luis Abinader con un 61%.

Curiosamente, el político más popular en Costa Rica no es Chaves, sino Pilar Cisneros, una periodista y diputada a la Asamblea Legislativa que ha sido presentadora de noticieros de televisión.

Cabe destacar que el cuarto puesto (57%) entre los presidentes corresponde a Xiomara Castro, de Honduras, cuyo mandato, al igual que Chaves en Costa Rica, comenzó en el primer semestre de este año.

El resto de los mandatarios no llegan a un 50% de aprobación: Andrés Manuel López Obrador, de México, obtuvo un 39%; Daniel Ortega, de Nicaragua, un 37%, mientras que Iván Duque, de Colombia, y Guillermo Lazo, de Ecuador, comparten un 26%.

Los últimos cuatro son Nicolás Maduro, de Venezuela, con un 23%; Laurentino Cortizo, de Panamá, con un 21%; Alejando Giammattei, de Guatemala, con un 19%, y en último Pedro Castillo, de Perú, con apenas un 19%.

En la encuesta de la persona política más popular en cada país se observan casos como el de Costa Rica, y algunos casos corresponden a figuras o expresidentes que han sido sometidos a procesos por corrupción u otras irregularidades.

Ese es el caso del expresidente panameño Ricardo Martinelli, a quien se ha asociado a una trama de sobornos, y el ecuatoriano Rafael Correa, sobre quien pesan diversas acusaciones y es reclamado por la justicia de su país.

No sorprenden, sin embargo, la presencia de Cristiana Chamorro en Nicaragua, encarcelada por el gobierno de Daniel Ortega, pero que mantiene una popularidad del 54% en el país, y de Gustavo Petro, el presidente electo de Colombia, quien asumirá el cargo a principios de agosto, con un 50%.

Cabe destacar los casos de López Obrador en México, que a pesar de su coeficiente de aprobación del 39% es también la principal figura política de la nación, según la encuesta, con un 38%, y Keiko Fujimori en Perú, que supera al resto de los políticos con solo un 26% de simpatía.

En Venezuela, ni el presidente Nicolás Maduro ni el líder opositor Juan Guaidó son la figura política más popular. La encuesta refleja que ese puesto lo ocupa Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo y miembro del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Exigencia de derechos laborales: principal causa de protestas en Venezuela durante primer semestre de 2022

Un trabajador en Caracas en medio de una protesta (AFP/Juan Barreto).

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 3.892 protestas durante el primer semestre del año, “equivalente a un promedio de 22 diarias”, según el más reciente informe divulgado el martes.

“Esta cifra representa un aumento de 15% en comparación con el mismo período del año pasado”, puntualiza la organización independiente.

De acuerdo al OVCS, un 73% de las manifestaciones, es decir 2.856, estuvieron relacionadas con exigencias de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y destaca que 1.642 de las protestas estuvieron orientadas a la exigencia de derechos laborales.

“La documentación y análisis del OVCS destaca que las protestas laborales continúan liderando el índice (…) las principales demandas de los trabajadores son relacionadas con salario digno y suficiente, que le permita cubrir sus propias necesidades y la de su núcleo familiar”, expone la investigación.

El segundo motivo de protestas, según el Observatorio, fueron debido al colapso de los servicios y la falta de soluciones efectivas y de largo plazo por parte de las autoridades.

El OVCS también resalta que 1.036 manifestaciones estuvieron orientadas a la exigencia de derechos civiles y políticos.

Durante los últimos años, la VOA ha cubierto manifestaciones del personal sanitario, docente, de transporte, así como de pensionados y jubilados que denuncian que sus sueldos como empleados públicos no les permite cubrir sus necesidades más básicas.

El gobierno de Nicolás Maduro no suele informar sobre las protestas en Venezuela.

En el caso de los jubilados y pensionados, el OVCS destaca que el sector se ha mantenido “con una participación activa en aproximadamente 460 protestas realizadas a nivel nacional”.

Luis Cano, presidente del Frente en defensa de jubilados y pensionados de Venezuela, ha denunciado que, para ellos, por ejemplo, recibir atención médica de calidad y consumir proteína se ha vuelto “un lujo”.

“Es bien difícil porque nosotros, aparte de lo que le estamos exigiendo al gobierno en lo que se refiere a que nuestra pensión sea digna, también le estamos exigiendo que eso tiene que ir acompañado de políticas para que el sector público de salud pueda brindarnos atención”, comentó recientemente a la VOA.

El artículo 80 de la Constitución, entre otras cosas, establece que a los ancianos se les debe garantizar “atención integral y beneficios de seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida”. Situación que, asegura, a pesar de la constante presencia en las calles, no se cumple.

Actualmente en Venezuela, tras el aumento anunciado en marzo por el presidente Nicolás Maduro, el salario mínimo mensual que percibe el sector público, incluyendo pensionados, es el equivalente en bolívares a unos 30 dólares y de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), solo para cubrir la canasta básica alimentaria, en mayo se requerían 382 dólares mensuales.

Una extradición que prende alarmas en la comunidad venezolana de España

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La reciente decisión del ejecutivo español de extraditar al venezolano Ernesto Quintero, reclamado por el gobierno de Nicolás Maduro por presuntos delitos de estafa, ha causado un gran revuelo entre la comunidad venezolana residente en el país ibérico.

“Ese es el gran miedo que tenemos muchos que huimos de nuestro país o que nos expatriaron" dijo a la Voz de América desde Madrid el opositor Jesús Alemán, quien explicó que estuvo preso en la cárcel de Los Llanos, en Venezuela, y actualmente tiene una orden de búsqueda y captura. "Lo que sucedió con Ernesto nos prende las alarmas, porque esto abre las puertas a que cualquier persona que se esté refugiando en España pueda ser devuelta” añadió.

El joven, de 29 años, que es cofundador de la ONG Refugiados Sin Fronteras, la cual lucha por los derechos de refugiados y migrantes, comparó el caso de Quintero con el de Claudia Patricia Díaz, extesorera de Venezuela y apodada como “la enfermera de Hugo Chávez”, quien fue extraditada en mayo desde España a EEUU por presunta conspiración por blanquear dinero:

“A la enfermera de Chávez la estaba solicitando la dictadura venezolana y no se la dan a la dictadura venezolana porque la Audiencia Nacional dice que 'su vida corre riesgo en Venezuela'. ¿Cómo tomas una decisión con una persona y con otras tomas otra y la entregas a las garras de la dictadura?”

Por otra parte, Alemán denunció que el hecho de ser enviado a una cárcel venezolana puede tener “consecuencias muy graves”, como la tortura, el aislamiento, o incluso la muerte.

En la misma línea se muestra la abogada defensora de DDHH y directora ejecutiva de Casla Institute, Tamara Sujú, quien habló con la VOA desde República Checa y calificó la extradición de Quintero como un hecho “insólito”.

“No es un delincuente ni una persona que haya asesinado ni matado a nadie, sino que a simple vista se ve como un caso de retaliación” afirmó a la vez que declaró que en el país liderado por Nicolás Maduro “no hay Estado de derecho”, sino “una institucionalidad de la tortura y represión sistemática contra cualquiera que se le opone”.

Asimismo, Sujú expuso el caso de la hispano-venezolana María Delgado Tabosky, quien lleva tres años detenida en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) por presuntos delitos como terrorismo y traición a la patria. La abogada explicó que las “torturas blancas, psicológicas y malos tratos” que ha recibido Delgado han sido denunciadas por la ONU y por el Instituto Casla ante la fiscalía española.

“A España le consta cómo el régimen tortura y detiene de forma arbitraria, sino que se lo pregunten al mismísimo Zapatero, quien sabe y está empapado de la situación de cómo tratan a los presos políticos porque él ha estado allá” explicó la letrada venezolana sobre el antiguo presidente socialista de España.

Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expone que las 52 prisiones del país liderado por Nicolás Maduro están minadas de problemas “complejos” de hacinamiento, corrupción, desnutrición y violaciones de derechos fundamentales a decenas de miles de hombres y mujeres detenidos”.

“Indignación y estupor ha causado, en la extensa y masiva comunidad venezolana en España, la extradición a Venezuela del compatriota Ernesto Quintero”, afirmó a través de Twitter el embajador en España del gobierno interino de Juan Guaidó, Antonio Ecarri, tras conocer la noticia. El diplomático también calificó el proceso como “un grave precedente que preocupa e indigna a todos” y advirtió haber “pedido explicaciones a las autoridades”.

Por otro lado, varios políticos españoles de tendencia derechista también condenaron la extradición.

Acusado por presunta estafa

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) anunció que el ciudadano venezolano Ernesto Quintero, extesorero de la compañía ABA Servicios Financieros, implicada en delitos de presunta estafa, fue imputado por los delitos de estafa continuada, legitimación de capitales, apropiación de recursos y valores, así como asociación para delinquir en perjuicio de multiplicidad de víctimas.

Saab aseguró se ha intentado politizar el caso en el que se han judicializado 4 de 25 personas investigadas y expuso que, “se ha vuelto una práctica habitual en España autodenominarse perseguido político para tratar de evadir la acción de la justicia”.

“En delitos de corrupción, estafa, legitimación de capitales y otros similares. Son lamentables los casos de muy connotados corruptos, por ejemplo, una ex tesorera que han utilizado esta artimaña y han logrado evadir la justicia”, afirmó en declaraciones transmitidas por el canal del Estado.

Saab dijo que, en febrero de este año, el dirigente opositor Leopoldo López “salió en defensa” de Quintero y se le dio trato opositor “cuando no se le conoce militancia política alguna” y celebró que, en este caso, “el intento de politización no pudo” contra la evidencia presentada por el Ministerio Público (MP)

Además, evaluó como un “importante precedente”, el hecho de que España haya acreditado la investigación del MP y dijo esperar que “lo hagan con otros prófugos que se encuentran allá”.

El artículo 6 del Tratado de Extradición entre Venezuela y España establece que “no se concederá la extradición por delitos considerados como políticos o conexos con delitos de esta naturaleza”.

“Tampoco se concederá la extradición si la Parte requerida tuviere fundados motivos para suponer que la solicitud de extradición fue presentada con la finalidad de perseguir o castigar a la persona reclamada en razón de su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas o bien que la situación de aquella pueda ser agravada por estos motivos”, continúa.

Garantías en Venezuela

Consultado por la Voz de América, Zair Mundaray, exfiscal del MP de Venezuela, considera que ninguna persona debería ser extraditada a Venezuela mientras se mantenga “un sistema ideado, diseñado para la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos” y evalúa la extradición de Quintero como un precedente negativo.

Para el abogado, la situación se pudo haber resuelto de una manera jurídica “más cónsona” y “garantista de los derechos fundamentales”, mediante la aplicación del “principio de extraditar o juzgar”, previsto en el Tratado de Extradición entre Venezuela y España.

Expone que España pudo haber solicitado a Venezuela “todo el acervo probatorio” de la investigación y someterlo a juicio en ese país, borrando así “cualquier atisbo de posibilidades de que haya alguna violación al debido proceso”.

Mundaray explica que los tratados internacionales deben ser interpretados pro homine (a favor de las personas, del ser humano) y tutelar cualquier derecho o amenaza de violación del derecho y añade que, por ese motivo, las decisiones que se toman en materia de extradición son de carácter jurídico y pasan por una suerte de control político.

El abogado recuerda que países como EEUU, Colombia no extraditan a “nadie pedido por Venezuela”, partiendo de razonamientos coherentes con su política exterior.

Además, alerta que Venezuela ha venido “afinando las fórmulas de persecución, simulando supuestos delitos ordinarios para lograr que las personas sean sometidas a procesos de extradición y que se cumplen con los supuestos en materia internacional y burlar al concierto de naciones de que las personas podrían tener eventualmente procesos justos”.

En la actualización del informe de 2020 presentado en marzo de este año, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM), que no es reconocida por el Estado venezolano, resaltó que se “necesitan esfuerzos concertados para abordar los problemas estructurales derivados de la falta de independencia judicial y la interferencia de los actores políticos en el sistema de justicia”.

“La Asamblea Nacional anunció que llevaría a cabo un paquete de reformas relacionadas con el sistema de justicia. La Misión considera que una reforma legal, por sí sola, es insuficiente si no se implementa de modo adecuado”, acotó Marta Valiñas, presidenta de la FMM.

En noviembre del año pasado, la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.

Quintero llegó a España en 2018 y fue detenido por la Guardia Civil en Madrid el 10 de febrero de 2021 cuando se dirigía a su trabajo. El exempleado de bolsa recurrió varias veces su posible deportación, pero finalmente el recurso de súplica del acusado no fue atendido por la Audiencia Nacional.

El ministerio del Interior también denegó varias solicitudes de asilo por parte de Quintero. Su mujer y su hija, que se encuentran en España, sí que consiguieron obtener la protección temporal.

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