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América Latina

El Senado de Argentina rechaza ley del aborto

Argentina aguarda expectante la definición de los senadores sobre el aborto

El Senado de Argentina rechazó en la madrugada del jueves un proyecto de ley para legalizar y despenalizar el aborto en las 14 primeras semanas de embarazo, tras un debate que dividió profundamente al país natal del papa Francisco.

Tras un una sesión de más de 15 horas, los senadores rechazaron la propuesta por 38 votos contra 31. La decisión podría tener resonancia en toda Latinoamérica, una región en la que la Iglesia Católica ha perdido influencia y autoridad moral por la secularización, una casta eclesiástica poco conectada con la realidad y una avalancha de escándalos de abusos sexuales.

Tras un una sesión de más de 15 horas, los senadores rechazaron la propuesta por 38 votos contra 31.

Durante horas, miles de activistas proaborto, ataviados con pañuelos verdes que simbolizan su causa, y detractores, con prendas azul celeste, desafiaron la intensa lluvia y el frío en Buenos Aires para seguir el debate en las pantallas gigantes instaladas en el exterior del Congreso.

Las concentraciones fueron en gran parte pacíficas pero, tras la votación, pequeños grupos de manifestantes se enfrentaron con la policía, arrojando bombas incendiarias y prendiendo barricadas. Los agentes respondieron con gases lacrimógenos.

Impulsada por una ola de manifestaciones de grupos de mujeres, la Cámara de Diputados había aprobado la medida el 14 de junio y el presidente del país, el conservador Mauricio Macri, dijo que la firmaría si superaba el trámite en el Senado pese a defender una posición provida.

"No importa cuál sea el resultado, hoy ganará la democracia", declaró Macri antes de la votación.

Argentina aguarda expectante la definición de los senadores sobre el aborto
Argentina aguarda expectante la definición de los senadores sobre el aborto



Argentina permite el aborto únicamente en casos de violación o cuando la vida de la madre esté en peligro. Miles de mujeres, en su mayoría pobres, son hospitalizadas cada año por complicaciones relacionadas con abortos ilegales.

en 2016 que en el país se realizaban hasta medio millón de abortos clandestinos cada año

Los partidarios la ley sostienen que legalizar la interrupción del embarazo salvaría la vida de muchas mujeres que se someten a peligrosos abortos ilegales. El Ministerio de Salud estimó en 2016 que en el país se realizaban hasta medio millón de abortos clandestinos cada año, que daban como resultado la muerte de docenas de mujeres. La Iglesia y otros grupos contrarios apuntaron que la propuesta viola la ley argentina, que garantiza la vida desde el momento de la concepción.

En los últimos años, Argentina ha estado a la vanguardia de los movimientos sociales en la región. En 2010 se convirtió en la primera nación latinoamericana en legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo y, más recientemente, la campaña Ni Una Menos contra la violencia hacia las mujeres se convirtió en un fenómeno global.

El polémico debate ha dividido a los argentinos, enfrentando a médicos conservadores e Iglesia con grupos y doctores feministas. Mientras miles de personas esperaban la decisión de la cámara alta en las calles protegidos por paraguas, otros participaban el miércoles en la noche en una “misa por la vida” en la Catedral Metropolitana de la capital, el templo del papa Francisco durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires.

“No se trata solo de las creencias religiosas, sino de una razón humanitaria”, señaló el cardenal Mario Polo, arzobispo de Buenos Aires, a los fieles. “El cuidado de la vida es el primer derecho humano y un deber del Estado".

El papa Francisco comparó este año la práctica con "lo que hacían los nazis" para cuidar la pureza de la raza, "pero con guantes blancos" y pidió a las familias que “acepten a los hijos que Dios les da”. Activistas estiman que, desde 1983, más de 3.000 mujeres murieron por abortos clandestinos en Argentina.

“Reconozcamos que estamos ante una tragedia de salud pública porque decir 3,030 mujeres muertas por abortos clandestinos es una tragedia”, dijo Magdalena Odarda, senadora por la provincia de Río Negro.

“Acá no se decide aborto sí o aborto no. Se decide aborto en un hospital, como debe ser en un estado laico, o aborto clandestino, con un perejil, con una percha, con cualquier cosa que realmente pone a la mujer en una situación humillante, degradante, una verdadera tortura”, manifestó.

En Argentina, muchas mujeres emplean misoprostol para poner fin a un embarazo no deseado en el primer trimestre de gestación. El fármaco solo se vende con receta médica, pero su costo lo deja fuera del alcance de las mujeres con pocos recursos.

Muchas de ellas utilizan un tubo intravenoso con una percha de alambre afilada o una aguja de tejer para intentar romper el saco amniótico dentro del útero. Otras toman infusiones de hierbas, se insertan dudosas píldoras no abortivas o mezclas de sustancias toxicas en la vagina que pueden causarles úlceras, hemorragias y, en última instancia infecciones graves e incluso la muerte.

Durante meses, cientos de médicos celebraron protestas contra el aborto y, en una de ellas depositaron sus batas blancas en el exterior de la Casa Rosada. Del otro lado, feministas y otros colectivos organizaron manifestaciones más multitudinarias en apoyo de la ley, con los participantes vestidos a menudo con el color verde que simboliza el movimiento o con capas rojas y tocas blancas como los personajes de la novela convertida en serie de televisión "The Handmaid's Tale" (“El cuento de la criada”).

Colectivos internacionales de derechos humanos y feministas han seguido de cerca la votación y figuras como la actriz estadounidense Susan Sarandon y la autora de "The Handmaid's Tale", Margaret Atwood, respaldaron la causa proabortista.

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América, dijo que Argentina tenía una "oportunidad histórica" para proteger los derechos de las mujeres, mientras que Amnistía Internacional recordó a los legisladores que "El mundo está mirando”. México, Brasil, Uruguay y Ecuador organizaron el miércoles protestas en favor de la despenalización del aborto en Argentina.

En los últimos años, en la región proliferaron las iniciativas para aliviar o restringir la interrupción del embarazo.

En Cuba, Guyana, Puerto Rico y Uruguay el aborto es legal

En el vecino Chile, la Corte Constitucional ratificó el año pasado una medida que aboliría la prohibición total del aborto, permitiéndolo en tres supuestos: cuando la vida de la mujer está en peligro, cuando el feto no es viable o en casos de violación. Chile era el último país de Sudamérica con un veto total, una situación vigente aún en algunas naciones de Centroamérica.

En Cuba, Guyana, Puerto Rico y Uruguay el aborto es legal en las primeras semanas de gestación, algo que también ocurre en la Ciudad de México.

"Es una pena que no hayamos podido abordar un consenso porque el problema va a seguir existiendo exactamente como existía antes de que abordáramos esta discusión”, dijo la expresidenta de Argentina Cristina Fernández, que ahora funge como senadora en la oposición. The Associated Press Almudena Calatrava contribuyó a este despacho.

The Associated Press

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Miguel Mora, el quinto candidato a la presidencia arrestado por el régimen de Daniel Ortega

Presencia policial en Nicaragua, frente al hogar de Cristiana Chamorro, una de las candidatas arrestadas antes de las elecciones. (Inti Ocon / AFP)

El periodista y aspirante a la presidencia de Nicaragua, Miguel Mora, fue arrestado el domingo por la noche en su residencia en Managua.

Mora es el quinto precandidato presidencial que es detenido por el gobierno de Daniel Ortega, informó la Voz de América, VOA.

El político es acusado, al igual que la mayoría de los opositores arrestados en las últimas semanas, de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”, según lo que establece el artículo 1 de la Ley No. 1055, conocida como “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia”.

“Nuevamente estoy reportando la segunda detención de Miguel Mora”, señaló la directora de 100% Noticias Lucía Pineda Ubau en una transmisión en vivo desde Costa Rica, lugar donde se encuentra exiliada tras haber salido de prisión en junio de 2019.

La primera vez que Mora fue detenido fue el 21 de diciembre de 2018, cuando fuerzas gubernamentales allanaron su canal de televisión y lo arrestaron junto a la jefa de prensa, Ubau. Ambos pasaron casi seis meses en prisión, acusados de “incitar al odio”, y posteriormente fueron liberados bajo una Ley de Amnistía.

Ubau exigió el respeto a la integridad física de Mora, así como de su esposa, la también periodista Verónica Chávez, y sus dos hijos, uno de ellos con discapacidad.

Los arrestos comenzaron hace tres semanas en Nicaragua. Primero fue Cristiana Chamorro, a quien una juez de Managua ordenó prisión domiciliar y que fuera inhabilitada para optar a algún cargo público, tras iniciarse una investigación en contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que dirigía.

La comunidad internacional ha demandado el cese a las aprehensiones contra los críticos a Ortega, quien controla todos los poderes del Estado desde que llegó al poder en 2007.

La expresidenta costarricense Laura Chinchilla, una de las voces más críticas contra Ortega, denunció que “el régimen amparado en las sombras y el silencio de las calles asalta la privacidad y detiene a un periodista y dirigente político más”.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) también hizo la denuncia en su cuenta de Twitter.

Mientras, el sacerdote nicaragüense Edwin Román expresó su solidaridad hacia Mora “y los más de un centenar de presos políticos” en el país.

“Ellos no son monedas de cambio, si están pretendiendo algunos arreglos. ¡Respeto a su dignidad!”, escribió el religioso en su cuenta de Twitter.

Con el arresto a Mora el número de personas detenidas por razones políticas ascienden a 18 hasta este lunes 21 de junio.

El autor Sergio Ramírez denuncia "injusticia dictatorial" en Nicaragua

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes 2017.

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, afirmó que en su país existe una “injusticia dictatorial” e hizo un llamado “a la solidaridad internacional” con los opositores encarcelados en las últimas semanas por el gobierno de Daniel Ortega.

“La mano torpe de la injusticia dictatorial en Nicaragua está persiguiendo y tomando como rehenes a gente justa, mujeres y hombres dignos de todas las condiciones sociales y aterrorizando sus hogares”, escribió en su cuenta de Twitter Ramírez, ex vicepresidente durante el primer gobierno de Ortega (1985-1990) y disidente del gobernante Frente Sandinista.

“Identificado plenamente con ellos, hago un llamado a la solidaridad internacional”, agregó el laureado autor de “Castigo Divino” y “Margarita está linda la mar”, entre una vasta obra literaria.

El propio Ramírez, de 78 años, fue citado recientemente por la Fiscalía para declarar en una investigación por supuesto lavado de dinero contra la periodista y aspirante presidencial opositora Cristiana Chamorro, bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio.

Recientemente los gobiernos de Argentina y México anunciaron que realizan gestiones junto a Estados Unidos como “facilitadores” de un diálogo con Ortega a fin de resolver la grave crisis política que sacude al país a sólo cinco meses de las elecciones del 7 de noviembre.

Ambos gobiernos latinoamericanos apelaron a la “no intervención” en los asuntos internos de Nicaragua, posición que fue rechazada por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).

“Penoso comunicado de México y Argentina sobre la situación en Nicaragua. Una cosa es buscar una salida negociada a esta crisis y otra muy distinta es decir estos disparates”, opinó José Miguel Vivanco, director de HRW.

“El principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado no se aplica a las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Es inaceptable que los gobiernos de Alberto Fernández en Argentina y Andrés Manuel López Obrador en México decidan no acompañar a las numerosas víctimas de la crisis de derechos humanos en Nicaragua”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

La noche del jueves la policía giró una orden de captura contra el empresario Gerardo Baltodano y el exministro de Educación, Humberto Belli, hermano de la reconocida poeta Gioconda Belli, también opositora al gobierno. Las casas de ambos fueron allanadas pero ellos no se encontraban ahí, dijeron familiares.

“Se metieron 30 hombres (policías) y estuvieron tres horas buscando, se llevaron computadoras y documentos”, dijo a The Associated Press Gioconda Belli al confirmar el allanamiento. Aseguró que a su cuñada, que estaba en la casa, “no la maltrataron”.

También se denunció el arresto de Pedro Vásquez Cortedano, de 59 años, chofer de Cristiana Chamorro. Su esposa Norma Vega dijo que la detención ocurrió el pasado martes, un día después de rendir declaración ante la Fiscalía.

Vásquez es la cuarta persona detenida en el caso de Chamorro. Los exempleados de la organización no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, fueron arrestados el 28 de mayo y se les dictó prisión preventiva por 90 días.

“Estas privaciones de la libertad se suman a las más de 120 personas presas políticas que por meses y años sufren de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, declaró en un comunicado el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.

La ayuda internacional a los refugiados de Venezuela

Refugiados venezolanos esperan ser admitidos en Perú (Cris Bouroncle / AFP).

La Conferencia Internacional de Donantes, organizada por Canadá, consiguió recaudar la semana pasada 954 millones de dólares para ayudar a los 5,7 millones de refugiados y migrantes venezolanos que están desplazados en Latinoamérica.

En una entrevista con la agencia de prensa Efe, la ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Karina Gould, se mostró satisfecha del resultado de la conferencia.

En declaraciones a la Voz de América, dijo que "la crisis de migración de venezolanos en la región de América Latina es una de las crisis más grandes en el mundo. La segunda más importante de hecho. Entonces nosotros tenemos como objetivos primero, ante todo, alzar la visibilidad de la crisis, recoger fondos para que los migrantes venezolanos puedan estar bien integrados en los países de recepción y tercero, demostrar la solidaridad con los migrantes venezolanos para hacerles saber que mundo está con ellos".

Gould también expresó preocupación por las mujeres y niñas que son parte del éxodo. "Tienen necesidades diferentes, y también hemos visto un aumento en violencia basado en el género o violencia sexual; y el acceso a los servicios de salud reproductiva y sexual son muy importantes. Y nosotros queremos asegurar que los migrantes y en particular las migrantes tienen acceso a todos los servicios que necesitan".

Por su parte, la delegación de la Unión Europea se comprometió a aportar 147 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria inmediata, ayuda al desarrollo a medio y largo plazo e intervenciones de prevención de conflictos para los refugiados y migrantes venezolanos y las comunidades de acogida.

Colombia: más de 813.000 migrantes venezolanos han completado su documentación

Migrantes venezolanos en una carretera.

El Gobierno de Colombia informó el jueves de los avances que ha tenido el proceso de inscripción de migrantes venezolanos para acogerse al Estatuto Temporal de Protección, que comenzó a inicios de mayo.

Según datos de Migración Colombia, “más de 813.000 ciudadanos venezolanos han completado la primera etapa del estatuto temporal de protección”.

A inicios de enero de 2021 más de 1 millón 742.000 venezolanos estaban en situación irregular en ese país, tras la crisis humanitaria causada por la grave crisis económica y la inestabilidad social bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, indicó en un mensaje en video que en medio del proceso se han hecho “más de 800.000 caracterizaciones socioeconómicas de migrantes venezolanos en salud, educación y condición de vulnerabilidad”.

A la fecha el 44% de los registros completados para la primera fase han sido por personas radicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta y Barranquilla.

El funcionario explicó que debido a que no todos los migrantes cuentan con los dispositivos tecnológicos necesarios, el Gobierno colombiano trabaja en colaboración con entidades como la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a fin de implementar puntos de atención presenciales.

Según datos de ACNUR, 5,4 millones de venezolanos han salido de su país en busca de refugio debido a "la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales".

CPJ reacciona a orden de tribunal salvadoreño a revista de retirar reportaje

Natalie Southwick, coordinadora regional del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ.

“Las autoridades salvadoreñas deben rescindir de inmediato una orden judicial que requiere que el sitio web de noticias independiente Revista Factum retire un artículo”, exigió el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) el jueves, sobre una orden emitida por un Tribunal salvadoreño.

El CPJ considera que el tema es de “interés público", de ahí que las autoridades de El Salvador “deben permitir que los medios de comunicación informen libremente”.

Según la orden judicial, y una publicación hecha en Twitter por el Ministerio Público de ese país, su único objetivo con la orden es “evitar la instrumentalización de la violencia que sufrieron las víctimas de este asesino”.

El reportaje denominado “Asesino de Chalchuapa confiesa cómo mataron a 13 víctimas en el último caso”, revela las declaraciones del expolicía Hugo Ernesto Osorio Chávez, principal sospechoso de asesinar a las víctimas que fueron encontradas sepultadas en su lugar de residencia. Además, cita el testimonio de un testigo protegido, pero no nombra víctimas ni testigos.

En el mandato, según el CPJ, los fiscales acusaron al medio de comunicación de haber cometido múltiples violaciones de la Constitución y el código penal salvadoreño, incluida la violación del debido proceso en “una investigación penal en curso” relacionada con la tumba y el derecho a la privacidad de las "víctimas indirectas" del crimen.

CPJ y el medio afectado afirman que la orden judicial no cita las leyes específicas bajo las cuales la revista o su personal pueden ser procesados.

Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, reaccionó al tema diciendo que “si las autoridades salvadoreñas están realmente preocupadas por la integridad de un caso penal en curso, deberían aclarar exactamente qué secciones del informe de la Revista Factum ponen ese caso en peligro, en lugar de emitir una prohibición general”.

Así mismo Southwick apuntó que no pueden utilizar “afirmaciones vagas para justificar la censura de un artículo completo y deben revertir esta decisión de inmediato para evitar sentar un precedente peligroso".

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