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Cuba

Rosa María Payá pide supervisión internacional del referendo constitucional en Cuba

Rosa María Payá advierte en Bruselas que advirtió de que el acuerdo de Cuba y la UE puede terminar favoreciendo la intención de "la dictadura por prolongarse en el poder". Archivo.

Para asegurar las garantías electorales, Payá instó además al gobierno de La Habana a que solicite la entrada de observadores de la Unión Europea (UE), de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de los parlamentos de países europeos y latinoamericanos.

La activista cubana Rosa María Payá, líder de la plataforma "Cuba Decide", hizo hoy en Praga un llamamiento a la comunidad internacional para supervisar el referendo de reforma constitucional cubana, previsto para el 24 de febrero próximo, y que se cumplan unos "requisitos mínimos" que legitimen la consulta.

Desde agosto pasado y hasta mediados de noviembre próximo, los cubanos debaten en reuniones y asambleas el borrador de la Constitución y que reemplazará al texto vigente de la Carta Magna de 1976, si bien ambos textos no difieren en el concepto de Estado ni el papel rector y la perpetuidad del Partido Comunista.

En declaraciones a EFE, Payá instó a "la comunidad internacional a empezar desde ahora a exigir que se cumplan los requisitos mínimos para que ese proceso de referendo electoral sea creíble".

Según la activista, "la ciudadanía no puede fiscalizar el referendo, no puede hacer campaña por una u otra opción, no puede tener acceso a la prensa, a la información".

Para Payá los requisitos mínimos que harán la consulta creíble son "acceso a la prensa, libertad de expresión, y posibilidad de hacer campaña para las dos opciones".

La activista participa esta semana en la capital checa en una conferencia internacional en honor del ganador del VI Premio Vaclav Havel de Derechos Humanos, el activista checheno de derechos humanos Oyub Titiev, quien no pudo recoger el galardón en persona al encontrarse en prisión.

Este premio, en el que Payá fue finalista, es otorgado por la Librería Vaclav Havel (el primer presidente democrático de la República Checa tras el comunismo), la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa y la Fundación Carta 77.

Para asegurar las garantías electorales, Payá instó además al gobierno de La Habana a que solicite la entrada de observadores de la Unión Europea (UE), de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de los parlamentos de países europeos y latinoamericanos.

En su alocución este miércoles en Praga, la activista denunció que en el actual Acuerdo de Diálogo y Cooperación entre la UE y Cuba, suscrito en noviembre pasado, se habla de la mayor de las Antillas como de una "democracia de un solo partido".

Por eso, los resultados de la consulta de febrero 2019 serán "una señal para la comunidad internacional para ver si seguirá tomando como legítimo un régimen que el pueblo cubano no ha legitimado".

Payá expresó además su preocupación por el hecho de que "a medida que crece la campaña crece la represión" y recordó la huelga de hambre del opositor Tomás Núñez Magdariaga, que lleva 57 días sin ingerir alimentos.

"Europa tiene la oportunidad de decidir si se va a comprometer con el régimen o con el pueblo cubano", concluyó la activista.

(Con información de la agencia EFE)

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Cubanos quieren pluripartidismo, elecciones libres y un campesinado sin trabas, revela sondeo

Un hombre a las puertas de un colegio electoral en La Habana. Foto Archivo

La "libertad" de los agricultores para comercializar sus cosechas y la celebración de "elecciones libres multipartidistas" son las medidas que los cubanos estiman más "necesarias para lograr una Cuba feliz y próspera", según una encuesta divulgada el jueves por el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC).

La encuesta "Una Cuba mejor es posible", lanzada en formato de concurso el pasado marzo, arrojó también que "poner fin al monopolio político del Partido Comunista de Cuba (PCC), legalizando partidos políticos" es otra de las prioridades para los participantes.

Otras "propuestas sugeridas" por los encuestadores fueron "el desarrollo de la empresa privada, permitir legalmente el libre desarrollo de la producción cultural, y poner fin al monopolio de las comunicaciones, hoy bajo control de la empresa estatal Etecsa (el estatal Grupo de Administración Empresarial, SA)".


Según un comunicado del OCC, un proyecto autónomo de la sociedad civil apoyado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Estados Unidos, la encuesta contó con 1.107 participantes de las 15 provincias cubanas y del Municipio Especial Isla de la Juventud.

Las respuestas se recibieron por correo electrónico o vía WhatsApp, según los organizadores.

"La inflación de todos los productos, la tarea de reordenamiento, las nuevas regulaciones y las injusticias legales contra manifestantes pacíficos del 11 de julio pueden hacer pensar a algunos que una Cuba feliz y próspera para todos los cubanos puede resultar algo lejano e inalcanzable", dice la introducción al
concurso.

"No lo es. Cuba, en muy breve tiempo puede alcanzar y sobrepasar a muchos países de la región", afirma a continuación el texto.


Según el OCC, "los cubanos dentro y fuera de la isla constituyen hoy una sociedad transnacional que reúne capital financiero, humano y social excepcionales", por lo que "la reunificación de la nación" podría conseguir "una nueva etapa histórica: la búsqueda de la felicidad colectiva por medio de la libertad y prosperidad
individual".

Entre los "medidas necesarias para lograr una Cuba feliz" se propuso a los participantes "permitir a los campesinos ser verdaderos dueños de la tierra, sembrar y comercializar libremente sus cosechas, sin acopio de intermediario y con acceso a créditos estatales y privados, nacionales e internacionales".

La convocatoria, a la que se unió Aprestaste, una organización tecnológica de Miami (EE.UU.) que ha ideado dos aplicaciones para conectar "libremente" a estadounidenses y cubanos, permitió el anonimato "e instaba a proponer soluciones más allá de las planteadas", según el OCC.

"La participación por género fue equilibrada, con un porcentaje casi igual de mujeres y hombres. No así la participación etaria, con 57 % entre 25 y 54 años y solo 15 % de menos de 25 años", detalla el OCC.

El Supremo abre camino para el fin del programa "Quédate en México" de Trump

Caravana de migrantes rumbo a EE.UU. esperan visados en Chiapas en junio de 2022

El Tribunal Supremo de Estados Unidos abrió este jueves el camino para que el Gobierno de Joe Biden pueda poner fin al polémico programa "Quédate en México", que obliga a los solicitantes de asilo a esperar su proceso del otro lado de la frontera.

Esta política, conocida oficialmente como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), fue instaurada en 2019 por el entonces presidente Donald Trump y afectó a más de 60.000 personas, muchas de las cuales quedaron hacinadas en campamentos en el norte de México.

Tras el fallo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dirigido por Alejandro Mayorkas, avanzó en un escueto comunicado que continuará "sus esfuerzos por terminar el programa tan pronto como sea legalmente posible".

El alto tribunal le dio la razón a Biden en su intención de tumbar el programa apenas tres días después de que fuera hallado en San Antonio (Texas) un camión en el que murieron por asfixia 53 indocumentados, reflejo de la situación dramática que se vive en la frontera con México.

Falla a favor de Biden

El líder demócrata ha tratado de acabar con la política de su antecesor desde que puso un pie en el Despacho Oval en enero de 2021, pero desde entonces se ha enzarzado en una enrevesada batalla legal con los estados de Texas y de Misuri, gobernados por republicanos, que han bloqueado sus intentos.


Con cinco votos a favor y cuatro en contra, el Supremo falló que el memorando con el que la Administración de Biden intentó poner fin en octubre del año pasado a "Quédate en México" no infringió la ley federal de inmigración. "No sabemos cuándo va a ocurrir, pero el fallo significa que la Administración de Biden puede acabar con el programa en un corto plazo", dijo a Efe Aaron Reichlin-Melnick, experto en migración del American Immigration Council.

El fallo fue redactado por el presidente del Supremo, John Roberts, con el apoyo del juez conservador Brett Kavanaugh y de los tres progresistas, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.


El texto supone un respiro para Biden tras los últimos reveses propiciados por la mayoría conservadora del tribunal, que tumbó el derecho constitucional al aborto y limitó la capacidad del Gobierno para obligar a las empresas a reducir las emisiones contaminantes.

El líder del comité de Exteriores del Senado, Bob Menéndez, fue de los primeros demócratas en celebrar la decisión, pues consideró que "Quédate en México" es "una de las políticas antiinmigración más destructivas e inhumanas del legado de Donald Trump".

Urgen el fin del programa

Varias organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes expresaron también su satisfacción, pero pidieron cautela y urgieron a Biden a tomar cartas en el asunto.

"Es una muy buena noticia, pero es importante destacar que es solo una victoria legal. La política de 'Quédate en México' aún está vigente", dijo a Efe Claudia Tristán, directora del programa de migración de la organización Mamás al Poder.

El programa fue instaurado por Trump en 2019 como parte de su
política de tolerancia cero con la inmigración, con la colaboración del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México.


Con esta política, se ha devuelto a México a miles de personas que llegaban a los puentes fronterizos de Estados Unidos, dificultando su acceso a representación legal y exponiéndolas en muchos casos a las redes de delincuencia del norte del país latinoamericano.

"En algunas ciudades de México los migrantes han sido violados, secuestrados y han sufrido varias formas de violencia", denunció Tristán.

Biden intentó acabar con este modelo el año pasado, pero los fiscales generales de Texas y Misuri lograron que un juez federal del primer estado ordenara el restablecimiento de los MPP.

En agosto, una corte federal de apelaciones y el Tribunal Supremo rechazaron los esfuerzos del Gobierno por bloquear la resolución del juez de Texas. En octubre, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, publicó un memorando por el que revocaba de nuevo "Quédate en México", pero el Ejecutivo tuvo que reactivar en diciembre el programa tras otro fallo judicial.

Sistema de asilo desmantelado

Con el fin de "Quédate en México", Biden intenta reconstruir el sistema de asilo desmantelado por Trump, en un momento en que la frontera vive una presión sin precedentes, con 1,7 millones de indocumentados en 2021.

Pero, aunque se levanten los MPP, el legado de Trump seguirá vigente mediante el Título 42, una política sanitaria instaurada a raíz de la pandemia de covid-19 que permite deportar automáticamente a los indocumentados sin derecho a que soliciten asilo.

El Gobierno de Biden ha intentado levantar también el Título 42, pero de momento ha chocado con la Justicia.

"Mientras el Título 42 siga en pie, miles de migrantes seguirán siendo deportados sin acceso al proceso de asilo. Así que mucha gente no se verá beneficiada por el fallo del Supremo", subrayó Reichlin-Melnick.

Esposa de preso del 11J recibe “alerta” del Departamento de Atención a Menores del MININT

Preso político del 11J Maikel Puig Bergolla con sus hijos. (Foto: Facebook)

Una oficial de la Dirección de Atención a Menores del Ministerio del Interior (MININT) en Güines, Mayabeque, advirtió a Saily Nuñez Pérez, esposa del preso político Maikel Puig Bergolla, que podría estar dañando la salud psíquica de su hijo.

La advertencia, que Núñez denuncia como otra escalada en el hostigamiento de las autoridades contra su persona, fue el motivo por el cual fue citada este jueves para una entrevista en la estación policial del municipio.

“Me llamaron para ‘alertarme’ que no debo poner más fotos de mi hijo porque estoy provocando que sea motivo de bullying y de burla en su escuela y que con esto dé lugar a que mi niño de 9 años, Maykel Puig Núñez, se torne agresivo, que estoy haciendo daño a la salud de mi hijo”, indicó la madre en conversación con Radio Televisión Martí.

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“Como su madre que soy, que quiero lo mejor para él, resulta que yo lo estoy haciendo debido a fotos que he publicado en redes sociales cuando mi hijo ha estado enfermo. Es decir, estoy poniendo contenido no idóneo, y no apropiado, y yo misma, como madre, estoy afectando a mi hijo”, explicó la mujer, según las advertencias recibidas por los agentes.

Núñez ha denunciado en las redes sociales que su hijo padece ataques de asma a menudo, y ha atribuido la ocurrencia de estas crisis al estrés que padece el niño por la detención de su padre.

“Es su tercera crisis de asma ya. La primera, incluso, con ingreso hospitalario, y un sinnúmero de enfermedades que a menudo tiene, porque lo he dicho, y hasta con fotos, para que vean todo lo que está pasando mi hijo, y todos los problemas que le está afectando en la escuela, porque está inmunodeprimido, estresado, porque ustedes se han encargado de que así sea condenando a su padre, Maikel Puig Bergolla a 20 años de prisión”, aseguró la mujer en su perfil de Facebook.

Maykel Puig Bergolla fue condenado a 14 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en el pueblo de Güines, donde reside con su familia.

“¿Entonces, ellos no le hacen daño a mis hijos, que tienen preso injustamente a su padre?, se pregunta Núñez.

“Según ella (la oficial de Menores) yo no soy una mala madre, porque si no me estuvieran haciendo un acta de advertencia o me estuvieran multando”.

“La citación de hoy solo es “un poco más de acoso y una muestra del grado de hipocresía al que pueden llegar”, concluyó Núñez.

El Sistema de Atención a los Menores en Cuba no solo asiste a menores con conductas catalogadas de antisociales, sino que es usado por el régimen para castigar el disenso político y coaccionar a padres opositores.

La Seguridad del Estado amenazaba, frecuentemente, a las Damas de Blanco con hijos menores, con que serían encarceladas, y sus hijos puestos a disposición del “departamento de Menores” del MININT, según denunciaron varias integrantes del grupo, en su momento.

Varias embajadas en Cuba reanudan servicios consulares, pero sólo en divisas

Embajada de México en La Habana. (Foto Archivo)

Varias embajadas latinoamericanas en La Habana informaron este jueves que retomaron sus servicios consulares, pero en divisas, luego de suspenderlos por una normativa del Banco Central de Cuba (BCC).

Panamá, Ecuador y Brasil cobrarán esos servicios en euros, mientras que México lo hará en MLC, una moneda virtual con respaldo en divisas que se usa solamente en Cuba y apareció a finales de 2019.

El consulado de España informó recientemente que también recaudaría sus servicios en euros.

Las representaciones diplomáticas de Panamá, México y Ecuador suspendieron los servicios consulares el 10 de junio pasado luego de que el BCC informara que no permitía cambiar a divisas los ingresos de trámites facturados en pesos cubanos (cup) a las embajadas.

La normativa de la institución financiera especificó que las embajadas y consulados pueden cobrar por sus servicios consulares "en moneda extranjera o en pesos cubanos", según ellas mismas establezcan.

El documento agregó que las embajadas y consulados que determinen cobrar en cup solo podrán "depositar los fondos en una cuenta en esa moneda".

Indicó que "desde las cuentas en pesos cubanos de las embajadas y consulados" no se podrán realizar "traspasos hacia las cuentas en moneda libremente convertible, ni pagos hacia el exterior".

La medida les impide transferir a sus países el dinero obtenido en concepto de recaudación consular por los servicios que prestan.

Influye además la diferencia entre el cambio oficial, de un dólar a 24 pesos, y el informal, donde el billete estadounidense supera los 100 cup.

El cambio de moneda nacional a extranjera al tipo oficial y la salida del país de estas divisas resultaba desventajosa para Cuba, según algunas fuentes consultadas por Efe.

Después del anuncio de la suspensión de servicios, el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores afirmó que estaba "en comunicación" con esas legaciones.

Hasta el momento se desconoce algún detalle de esta comunicación.

Madre de preso político intentará una vez más un cambio de sentencia para su hijo

El preso político Carlos Paul Michelena.

Carlos Paul Michelena, de 33 años, enfrentaba inicialmente una petición fiscal de 20 años de cárcel por su participación en el levantamiento popular del 12 de julio en la Güinera, en Arroyo Naranjo, La Habana.

En el juicio, celebrado en diciembre pasado, el panadero residente en Párraga fue sentenciado a 16 años de cárcel por el delito de "sedición" y posteriormente, esta sanción fue rebajada a 10 años, tras un recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular.

Este jueves, su familia informó a Radio Televisión Martí que una vez más intentarán revertir la sanción que mantiene a Michelena Valdés, padre de una niña de cuatro años, confinado en la cárcel Combinado del Este, en La Habana.

Su madre, Ana Rosa Valdés, dijo que contrató un abogado para un proceso extraordinario de revisión de causa en favor de su hijo.

“El abogado me llamó el lunes que iba a empezar a hacer revisión de causa, que iba a hacer el contrato, y el martes fui para allá a hacer el contrato con él”, informó la señora.

Abogado presentará revisión de causa para condenados de La Güinera
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“No me da esperanzas de una libertad, pero me dijo que vamos a tener una esperanza de algo, dijo que él no está de acuerdo con el resultado de la apelación, que fueron 10 años", indicó la mujer en relación a su conversación con el abogado.

Según Valdés, el licenciado considera que su defendido no merece otra cosa que la libertad.

La mujer explicó que el proceso de revisión de causa, de acuerdo con lo dicho por el letrado, puede demorar de uno a dos meses; la preparación de los papeles toma alrededor de diez días, en los que se deben presentar nuevos argumentos para que el proceso pueda ser tomado en cuenta y aceptado.

Valdés pudo visitar a su hijo el miércoles en la prisión y confiesa estar “bastante triste", como cada vez que constata el estado en que se encuentra.

"Se muestra delante de mí bastante fuerte, pero sé que en realidad no es así. Está bastante delgado, ha bajado demasiado”, relató.

La policía antidisturbios recorre las calles luego de una manifestación contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel en el municipio de Arroyo Naranjo, La Habana el 12 de julio de 2021.
La policía antidisturbios recorre las calles luego de una manifestación contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel en el municipio de Arroyo Naranjo, La Habana el 12 de julio de 2021.

Michelena Valdés relató a CubaNet que el 12 de julio de 2021 regresaba de visitar a su novia en La Güinera cuando vio la multitud protestando en las calles y continuó caminando y "al tomar la calle B hacia su casa los Boinas Negras, que estaban apresando y golpeando a todo el que estuviera en la vía pública, se le abalanzaron encima y lo golpearon en la cabeza".

"Recuperó la conciencia en el hospital Miguel Enríquez, mientras le estaban suturando la herida. Al preguntar a los médicos qué había pasado le explicaron que había llegado sin conocimiento y con una herida en la cabeza en la cual le habían dado seis puntos", indica Cubanet.

De acuerdo al relato de Michelena Valdés, del hospital la policía lo llevó a la unidad del reparto Capri "donde le quitaron el certificado médico que le habían dado los doctores y lo montaron en un camión para la cárcel de Ivanov, donde le dieron otra golpiza al llegar".

"En ese centro penitenciario lo retuvieron cuatro días. Posteriormente lo llevaron para la División de Investigación Criminal y Operaciones de 100 y Aldabó, donde lo mantuvieron otros 7 días antes de trasladarlo para el Combinado. El 5 de septiembre lo soltaron bajo fianza de 2 000 pesos", precisa la publicación.

Tras su primer juicio, celebrado en diciembre de 2021, fue llevado al Combinado del Este donde permanece hasta hoy.

[Con reporte radial de Ivette Pacheco para Radio Martí]

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