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América Latina

Revelan envíos de gasolina y alimentos a Cuba desde Venezuela

Barco petrolero venezolano en espera de carga en complejo petroquímico "El Tablazo", Caracas, Venezuela

Venezuela ha impulsado los envíos de gasolina y alimentos a Cuba desde noviembre, proporcionando suministros clave a uno de los aliados más cercanos del presidente Nicolás Maduro, según documentos de la petrolera estatal venezolana PDVSA y datos de seguimiento de embarcaciones de Refinitiv Eikon.

Desde fines de noviembre hasta principios de enero, PDVSA envió al menos tres cargamentos que contenían alrededor de 197.000 barriles de gasolina para motor, junto con otros productos refinados, a los puertos cubanos de Nuevitas, Matanzas y La Habana, según muestran los documentos y datos.

Los cargamentos arribaron a los puertos de la nación caribeña a bordo de los tanqueros de bandera cubana María Cristina y Alicia.

PDVSA, el Ministerio de Petróleo de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Venezuela había minimizado la exportación de gasolina a Cuba desde 2020 en medio de la caída de su producción interno debido al precario estado de las refinerías de PDVSA. La escasez de combustible en la nación socia de la OPEP ha dejado largas filas de consumidores esperando gasolina y diésel en las estaciones.

Venezuela y Cuba están bajo sanciones de Estados Unidos, incluyendo el suministro de petróleo y el despacho marítimo entre las naciones, por lo que Washington dice que son sus políticas represivas. Los gobiernos de Caracas y La Habana culpan a las sanciones del empeoramiento de las condiciones humanitarias en sus países y acusan a Washington de intentar derrocarlos.

Los envíos se produjeron en medio del repunte en la producción de gasolina en Venezuela. Desde mediados de 2020 hasta mediados de 2021, Venezuela se vio obligada a recurrir a Irán en busca de gasolina importada para complementar su producción nacional.

Pero, gracias en parte a los suministros de unidades y repuestos de Irán que permitieron a PDVSA acometer trabajos de mantenimiento en sus refinerías retrasados por mucho tiempo, Venezuela ha aumentado su producción de mezclas de gasolina y componentes a casi 160.000 barriles por día (bpd) este año, según las fuentes.

El suministro petrolero total de Venezuela a Cuba cayó el año pasado a 56.300 barriles bpd de crudo y productos refinados y 73.000 toneladas métricas de coque de petróleo, desde los 76.600 bpd y 100.000 toneladas métricas, respectivamente, en 2019, según un análisis de los reportes de exportación de PDVSA y datos de seguimiento de embarcaciones.

Venezuela también ha exportado 222 contenedores y cientos de bolsas de alimentos desde diciembre en los barcos Icoa Uru y Melba, que descargaron en los puertos cubanos de Mariel y Santiago, mostraron los documentos y datos.

Los cargamentos recientes se producen tras entregas humanitarias de alimentos y equipo médico a Cuba por parte de Venezuela y México, que fueron confirmadas en agosto por las autoridades de la isla.

Rusia y China también brindaron asistencia a La Habana el año pasado en medio de la pandemia del coronavirus.

La oposición de Venezuela ha criticado durante mucho tiempo la decisión del gobierno de suministrar combustibles a Cuba en medio de una escasez generalizada en el país.

La falta de suficiente producción llevó a PDVSA en 2018 a comprar crudo extranjero por un valor de casi 440 millones de dólares y enviarlo a Cuba en términos beneficiosos para la isla y, a menudo, a pérdida, encontró una investigación de Reuters.

Cuba, que por décadas ha enfrentado escasez de alimentos y combustibles, se encontraba en una situación particularmente difícil el año pasado, cuando la pandemia del coronavirus golpeó a la isla a mediados de año, junto con protestas generalizadas y escasez de energía y suministros básicos.

Maduro, quien ha visitado Cuba dos veces en los últimos meses, ha dicho que las sanciones de Estados Unidos a Venezuela y cualquier intento de bloquear su comercio con países como Cuba son ilegales.

El suministro de diesel a Cuba fue uno de los argumentos utilizados por Estados Unidos para suspender en 2020 las autorizaciones que había extendido para el intercambio de petróleo por combustibles, lo que permitía a Venezuela colocar su crudo en los mercados mientras importaba diesel.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a cargo de la administración de las sanciones, declinó comentar.

(Reporte de Marianna Parraga en Houston y Mircely Guanipa en Maracay. Editado por Marion Giraldo)

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Costa Rica cancela acuerdo con Cuba en materia de educación

Rodrigo Chávez Robles, presidente de Costa Rica

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles, anuló esta semana el acuerdo de cooperación educacional con Cuba porque fue una promesa hecha a sus electores y por la falta de “beneficio desde el punto de vista de la educación pública”, reportan medios locales.

El convenio, firmado en abril de 2019 por Edgar Mora, ministro de Educación de la anterior administración, “no establecía obligaciones o derechos” para ninguno de los dos países, sino una apertura en el “intercambio” de “buenas prácticas educativas” en las que se incluían simposios, capacitación, investigaciones y “resultados de estudios e investigaciones en el ámbito de la educación”.

El objetivo del Memorando de Entendimiento (ME) era promover y desarrollar la cooperación entre los participantes en áreas de interés común e incluía temas como el intercambio de buenas prácticas educativas, resultados de estudios e investigaciones en el ámbito de la educación, así como el intercambio de material didáctica, intercambio de profesionales con comprobada experiencia en temas académicos, organización conjunta de conferencias, simposios, pasantías y seminarios internacionales, organización conjunta de programas de investigación, proyectos educativos, y la promoción de publicaciones conjuntas, coordinación de programas de capacitación para docentes que permita la creación de capacidades y el desarrollo profesional, cooperación para apoyar la enseñanza y el aprendizaje de distintas asignaturas que se imparten en el sistema educativo público, cooperación para apoyar acciones en materia de educación para el desarrollo sostenible, educación especial, estudiantes talentosos, entre otras áreas de interés común, implementación de actividades educativas en áreas definidas como prioridad para las autoridades educativas, entre otros.

El acuerdo tenía un plazo de vigencia de cuatro años a partir de su firma y podría prorrogarse por cuatro años más.

La decisión del presidente Chávez ha tenido buena acogida entre la clase política del país centroamericano, como demuestra el comentario del diputado y presidente del partido Nueva República, Fabricio Alvarado, quien también figurara como candidato a la presidencia en las pasadas elecciones.

“Desde que el gobierno anterior tuvo esa ocurrencia de gestar ese convenio educativo con Cuba, nosotros lo hemos criticado duramente en temas ideológicos, en temas de idiosincrasia. Está claro que Costa Rica no se veía favorecido con ese convenio. Nosotros veníamos hablando de la urgencia de que se eliminara, por lo tanto, lo celebramos. De verdad que lo recibimos como una excelente noticia para el país”, expresó Alvarado.

Rodrigo Chávez Robles, de 60 años, asumió la presidencia de Costa Rica el pasado 8 de mayo al frente del Partido Social Democrático de tendencia conservadora, tras enfrentarse en segunda vuelta con José María Figueres, a la cabeza del partido de centro izquierda Liberación Nacional.

Venezuela: más de 500 organizaciones civilistas rechazan "ley anti-solidaridad"

Trabajadores protestan en Venezuela por la situación del país exigiendo "derecho a la salud y la vida". (Reuters/Leonardo Fernández Viloria).

Más 500 organizaciones y 200 personas rechazaron el proyecto de ley de Cooperación Internacional promovido por la Asamblea Nacional venezolana porque consideran que "busca reinterpretar la definición de cooperación internacional hacia intereses ideológicos, políticos y/o económicos del gobierno nacional".

La carta, firmada por Amnistía Internacional y Human Rights Watch entre otros, advierte que "la ley anti-solidaridad" deja por fuera conceptos clave como "derechos humanos y ayuda humanitaria".

El texto acusa al régimen de Maduro de pretender violar "todas las garantías de protección de derechos de las asociaciones y sus poblaciones destinatarias". Además, asegura que el proyecto busca sancionar (prohibiendo, suspendiendo, restringiendo o eliminado definitivamente) a cualquier asociación que participa en actividades opuestas al régimen, ya sea directa o indirectamente.

Info Martí | Continúan las reacciones al anuncio de EE. UU. sobre sanciones a Venezuela
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El proyecto estipula que cualquier asociación que participe en la cooperación internacional debe compartir con las autoridades "sus datos de constitución, estatutos, actividades, así como la procedencia, administración y destino de los recursos de la cooperación, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento, quedando sometidas a posibles auditorías de parte de las autoridades". Sin embargo, los cientos de firmantes de la carta dicen que esto vulnera a las asociaciones en su actividad y viola el derecho a la privacidad y confidencialidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Advierten además que el anteproyecto podría causar el cierre de la cooperación internacional y de organizaciones lo cual causaría "más privaciones y sufrimiento" al pueblo venezolano. "Su aprobación solo produciría la creación de un nuevo mecanismo que criminalizaría, hostigaría y perseguiría a las asociaciones por ejercer derechos como la libertad de asociación, reunión pacífica, expresión, la defensa de los derechos humanos, entre otros, establecidos en las normas del derecho nacional e internacional", precisaron.

Oposición venezolana anuncia "refundación" de Plataforma Unitaria y elecciones primarias en 2023

Omar Barboza, político venezolano.

Los partidos opuestos al gobierno venezolano de Nicolás Maduro anunciaron la refundación de su organización y la realización en 2023 de votaciones primarias para seleccionar a un candidato unitario para las elecciones presidenciales, previstas para dentro de dos años.

La llamada Plataforma Unitaria, como identifican al bloque de al menos 30 organizaciones y movimientos políticos que enfrentan al chavismo, aseguró mediante un comunicado que acordó “por unanimidad” decisiones estratégicas para garantizar su funcionamiento como una instancia “amplia e inclusiva”.

Según la oposición, operará con “reglas de juego muy claras y áreas de trabajo concretas”, tendrá delegaciones en regiones y municipios de Venezuela y fundará “capítulos” en todos los países donde le sea posible.

La Plataforma Unitaria confirmó que Omar Barboza, expresidente del Parlamento en 2018 y diputado electo en 2015, será su secretario ejecutivo para “coadyuvar al desarrollo armónico del debate y fortalecimiento de la unidad”. De acuerdo con el comunicado, trabajará junto a un equipo “Político y técnico”.

Uno de los acuerdos más trascendentales es que “la candidata o candidato presidencial de las fuerzas democráticas será elegido por un amplio y plural proceso de primarias, que se realizará en el año 2023”.

Varios dirigentes opositores, entre ellos Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por 50 gobiernos desde enero de 2019, habían solicitado públicamente este año que hubiese unas primarias para ese fin.

La Plataforma Unitaria anunció asimismo el inicio de “un profundo proceso de consultas con todo el país” para preparar ese “poderoso mecanismo” de selecciones del candidato presidencial de la oposición venezolana.

La Voz de América pudo conocer a través de fuentes opositoras que los acuerdos se lograron en una serie de reuniones por tres días entre dirigentes y delegados nacionales de partidos opositores en Panamá, la semana pasada.

“La lucha unitaria tiene como objetivo fundamental lograr el cambio político, entendiendo, que es el único camino verdadero para detener el sufrimiento de millones de venezolanos”, apuntó la organización opositora en su nota oficial.

Los anuncios de la plataforma opositora ocurren semanas después de que el gobierno de Maduro anunciara una serie de consultas para “reformatear” el diálogo político de Ciudad de México y se negara a debatir acuerdos con el llamado gobierno interino de Juan Guaidó, a quien acusó de estar vinculado con el narcotráfico. El dirigente opositor negó rotundamente tales señalamientos.

Chile apoya inclusión de Cuba en la Cumbre de las Américas, pero sin exigir

El presidente de Chile, Gabriel Boric, el 2 de mayo de 2022. (AP Photo/Esteban Félix).

El gobierno chileno considera que Cuba, Nicaragua y Venezuela deben asistir a la Cumbre de las Américas, pero que la participación de Chile no estará supeditada a la presencia de esos tres países.

La canciller Antonia Urrejola dijo el domingo al diario La Tercera que en los últimos años la exclusión no ha dado resultado en materia de derechos humanos, y que ella y el presidente Gabriel Boric han estado insistiendo en celebrar una Cumbre lo más amplia posible.

Acerca de las ideas políticas de Boric, quien en el pasado ha criticado la represión en Cuba, Nicaragua y Venezuela, dijo que el presidente tiene un discurso nuevo en la izquierda latinoamericana y que está promoviendo un liderazgo enfocado en el valor de la democracia y los derechos humanos.

Agregó que la región está superfragmentada, se ha polarizado y que de alguna manera, bajo el liderazgo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, sería importante poder conversar más allá de las diferencias.

El gobierno mexicano ha amenazado con no asistir a la Cumbre si hay exclusiones. El gobierno de Estados Unido no ha cursado las invitaciones al evento, pero el Departamento de Estado ha dicho que Cuba, Venezuela y Nicaragua probablemente no estarían presentes porque no son democracias.

La Cumbre de las Américas se celebrará en Los Angeles del 6 al 10 de junio.

¿Quién es Claudia Díaz Guillén, la enfermera de Hugo Chávez acusada de corrupción en EEUU?

MARACAIBO/VENEZUELA — El fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, fundador del movimiento socialista conocido como la revolución bolivariana, le tuvo tanta confianza y cariño que, primero, la aceptó como su enfermera y, luego, decidió nombrarla tesorera de la nación y secretaria de un fondo millonario del Estado.

Claudia Díaz Guillén, una militar retirada de 48 años, no ejerce hoy cargo político alguno en el gobierno de Nicolás Maduro, sucesor de su protector. Está detenida en una cárcel de Florida, Estados Unidos, recién extraditada desde España, acusada de recibir sobornos milmillonarios gracias a sus cargos.

Su nombre volvió a ser tendencia en las agencias y medios periodísticos mundiales luego que un tribunal federal de West Palm Beach le negara la libertad bajo fianza por “riesgo de fuga”, este viernes, apenas 24 horas después de que las autoridades españolas la entregaran a Estados Unidos.

Se pudo conocer que la Fiscalía del Distrito Sur estadounidense la sigue por tres delitos: uno por “conspiración para competer blanqueo de capitales” y dos por “blanqueo de capitales” haciendo uso de la banca de Miami, Florida.

¿Quién es ella?

Díaz Guillén es una oficial que alcanzó el rango de sargento técnico y que, entre 2011 y 2013, fungió como directora de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela y secretaria del Fondo de Desarrollo Nacional (Fondén), una institución creada por Chávez en 2005 para invertir los millonarios recursos que recibía el país suramericano por concepto de exportaciones de petróleo.

Dirigentes opositores y organizaciones independientes criticaron el manejo opaco del Fondén, hasta calificarlo como “la caja negra de Chávez” con fines geopolíticos. Se considera que este fondo manejó hasta 100.000 millones de dólares. Solo en 2011, recibió hasta 25% de las regalías petroleras.

Poderopedia, un portal especializado en perfiles de gobernantes y dirigentes políticos de Venezuela, destaca que Díaz Guillén es esposa de capitán retirado del Ejército y ex edecán (jefe de seguridad) de Chávez, Adrián Velásquez.

¿De qué se le acusa?

Una serie de publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) señaló al esposo de Díaz Guillén como cliente del bufete panameño Mossack Fonseca para poder lavar dinero y evadir impuestos, también mediante la firma suiza V3 Capital Partners LLC.

Esa asociación le permitió al militar retirado crear una empresa en un paraíso fiscal en la República de Seychelles, un grupo de 115 islas del océano Índico, al noreste de Madagascar, a 13.500 kilómetros de distancias de Venezuela, de acuerdo con los reportajes conocidos popularmente como los Panama Papers.

La investigación permitió determinar, además, que Velásquez tuvo participación en otras cinco empresas domiciliadas en Panamá, también con tales fines.

Díaz Guillén y su pareja migraron de Venezuela luego de la muerte de Chávez, anunciada en marzo de 2013, según informes de prensa del país suramericano.

Otras noticias precisaron que ambos fijaron residencia temporal en República Dominicana, al menos hasta mediados de 2015, en una zona de Punta Cana cuyas viviendas costaban entre 400.000 y 1,6 millones de dólares.

“Esquema" corrupto

Las acusaciones de la justicia estadounidense en contra de la pareja cercana al mandatario fallecido, en 2020, revelaron más detalles de sus presuntos vínculos con un “esquema de lavado de capitales y sobornos internacionales”.

Díaz Guillén y Velásquez participaron en un método de corrupción a través del sistema cambiario de Venezuela por al menos 1.000 millones de dólares. Los esposos residían ya en Madrid, España, al momento de la acusación penal.

La justicia norteamericana señaló entonces como su cómplice al empresario venezolano Raúl Gorrín, conocido por comprar en 2013 la mayoría accionaria del canal privado de noticias Globovisión y acusado por Estados Unidos en agosto de 2018 de conspiración y comisión de lavado de capitales.

Según Estados Unidos, Díaz Guillén y Velásquez recibieron “millones de dólares en sobornos” para que la enfermera de Chávez asegurara los derechos sobre transacciones internacionales de cambio de divisas a “tasas favorables”.

La acusación formal de la justicia estadounidense indicó que Gorrín transfirió dinero tanto a Díaz Guillén como a Alejandro Andrade, otro tesorero venezolano, para el beneficio de ambos y para la compra de jets privados, yates, casas, caballos de carreras, relojes de alta gama y una línea de moda.

Andrade, conocido en la política venezolana como “El Tuerto”, también exescolta de Hugo Chávez, recibió en 2018 una sentencia de 10 años de cárcel en Estados Unidos. Quedó en libertad en febrero pasado por sus colaboraciones, admisiones y revelaciones a la justicia norteamericana, sin embargo.

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