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Contra la censura

Relatores de ONU recomiendan modificación de "Ley Mordaza" en Cuba

Una mujer chequea las opciones para conectarse a Internet en Cuba. (YAMIL LAGE / AFP)

Relatores de Naciones Unidas manifestaron su preocupación de que decretos que regulan las telecomunicaciones y el contenido en internet en Cuba puedan socavar la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica y asociación de los ciudadanos y recomendaron al régimen su modificación en apego al respeto de estos derechos.

Una carta de los relatores publicada este lunes por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), estos recomiendan a las autoridades cubanas que las disposiciones del "Decreto de Ley No. 35 sobre las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico" sean modificadas "con el fin de definir de forma estricta y limitada los contenidos que pueden ser restringidos, en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos".

Los relatores recuerdan, además, que el Consejo de Derechos Humanos de ONU ha condenado "inequívocamente las medidas, cuyo objetivo deliberado es impedir u obstaculizar el acceso o la divulgación de información en línea, vulnerando el derecho internacional de los derechos humanos".

Los mandatos de la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos abordan, además, el reglamento establecido en el Decreto No. 42 y la Resolución 105/2021, publicados en la Gaceta Oficial el 17 de agosto de 2021, tras las protestas multitudinarias que sacudieron la isla el 11 de julio.

"Esta carta basa su análisis en las obligaciones de Cuba de respetar y garantizar el derecho internacional de los derechos humanos establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), y otros instrumentos internacionales. Recordamos en este respecto que Cuba firmó el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP) el 28 de febrero de 2008, lo cual implica un deber, en virtud del derecho internacional, de no frustrar el objeto y propósito del Pacto", señala la misiva.

El documento también realiza observaciones sobre las facultades atribuidas a los Ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior sobre las telecomunicaciones del país, quienes pueden disponer la implementación de medidas especiales para el manejo del espectro radioeléctrico, cuando estas sean de un alcance regional, provincial o municipal.

"Nos preocupa que el Decreto no define de manera precisa a qué se refiere con “medidas especiales”, tampoco establece a qué se refiere con “situaciones excepcionales, maniobras militares y otras circunstancias vinculadas a la seguridad y la defensa nacionales, así como con el Orden Interior”. Con respecto al procedimiento, también nos preocupa que el único requisito es informar al Ministerio de Comunicaciones, sin la intervención de un juez", dijeron los relatores.

Sobre las disposiciones que facultan a los operadores de servicio a suspender los servicios de telecomunicación cuando sean utilizados para afectar o transmitir “información falsa, ofensiva o lesiva a la dignidad humana” o “la moralidad pública y el respeto al orden público”, los relatores manifestaron su preocupación por la vaguedad con la que esta legislación ha sido formulada.

"El hecho que estos términos sean establecidos como un deber para los usuarios sin aclarar el alcance de estas categorías, genera una situación donde le resulta imposible al titular de derecho adecuar su actuar para cumplir con las disposiciones de la legislación. Si estas disposiciones no se definen con más detalle, podrían suponer una restricción indebida de la libertad de opinión y expresión, así como de la libertad de reunión pacífica", subraya la carta.

Los relatores señalan, además, que resulta preocupante que "una limitación tan considerable sea establecida mediante decreto gubernamental", sin concordancia con los estándares internacionales y la participación necesaria de la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil o expertos relevantes.

El régimen cubano respondió a las manifestaciones del 11 de julio con un apagón masivo de internet y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, mientras los manifestantes utilizaban estos canales de comunicación para dar a conocer al mundo lo que sucedía en la isla. Días después, decenas de personas fueron detenidas por subir contenido de las protestas a la red, o por aparecer en videos y fotografías de las mismas.

En opinión del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, “los Estados deberían abstenerse de adoptar medidas como la supresión del acceso a los servicios de Internet y de telecomunicaciones, y deberían poner fin a esas medidas. El acceso a los servicios de Internet y de telefonía móvil se deberían mantener siempre, incluso en épocas de desórdenes públicos”, indica el documento.

"Los supuestos que se establecen en las normas que facultan a la interrupción no constituyen un motivo legítimo para restringir la expresión según el Artículo 19 de la DUDH y del PIDCP, tampoco para determinar incidentes de alta peligrosidad que faculten a las autoridades estatales a establecer medidas de monitoreo constante sobre los usuarios, que además podrían ser sancionados con hasta 4 años de prisión con la legislación actual", subraya.

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Cerca de 30 periodistas cubanos se han visto obligados al exilio, denuncia comunicadora en Madrid

La periodista cubana Mónica Baró ,en una entrevista con la agencia AFP. (Yamil Lage / AFP)

Cerca de 30 periodistas independientes cubanos se han visto obligados al exilio en los últimos tiempos para protegerse de la represión, denunció este jueves Mónica Baró, colaboradora de la revista “El Estornudo”.

“Diría que hay unos 30 periodistas independientes exiliados de esta nueva generación. A mí me gusta reconocer la generación de periodistas de los 80 y a los 90, que trabajaban en condiciones mucho peores que las nuestras, y que sufrieron una represión muy cruda”, indicó la comunicadora en Madrid, en el III Encuentro de Periodismo Iberoamericano.

Baró intervino en un segmento sobre el acoso de los gobiernos latinoamericanos a la prensa, junto a otros periodistas de Colombia, El Salvador y Nicaragua.

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“Camila Acosta, colaboradora del [diario español] ABC, tiene guardia permanente en su casa desde el 11 de julio, y no puede salir a la calle por haber salido a reportar las protestas del 11 de julio”, ejemplificó la periodista al denunciar el estado de sitio contra reporteros independientes en la isla.

Para Baró, las arbitrariedades del régimen cubano se han incrementado tras la pandemia, ya que “antes del 11 de julio había cerca de 152 presos políticos”.

“Después del 11 de julio, que fue un estallido social que abarcó más de 250 puntos del país, totalmente espontáneo, la lista aumentó. Dentro de esa lista de más de 800 presos políticos, hay 14 menores de edad detenidos, 11 acusados de sedición”, afirmó la periodista.

El III Encuentro de Periodismo Iberoamericano, organizado por Casa de América y la publicación elDiario.es, de tendencia izquierdista, abordó además los retos para el periodismo en idioma español y otros asuntos políticos, financieros y tecnológicos.

Freemuse lanza campaña para exigir libertad del rapero cubano Didier Almagro

Campaña #trapped de Freemuse que pide la libertad de Didier Almagro, rapero condenado en Cuba a tres años de privación de libertad.

La organización no gubernamental Freemuse, la cual se dedica a defender la libertad artística en el mundo, lanzó una campaña para exigir la libertad del rapero y preso político cubano Didier Almagro.

Freemuse, con sede en Copenhague, declaró en un comunicado de la campaña titulada "#Atrapados", que Almagro, de 23 años, fue condenado a tres años de prisión por haber protestado en Cuba por un corte de luz.

Durante su arresto, el rapero fue agredido por los agentes de la policía y luego se le negó el permiso a hablar con su familia, denunció la organización. "Durante el juicio, a Didier le negaron el acceso a servicios legales y documentos oficiales del tribunal".

Freemuse recordó que en estos momentos Almagro está recluido en una prisión de máxima seguridad, donde ha sido amenazado por las ideas políticas que ha expresado a través de su música y por pedir mejores condiciones de vida en la cárcel.

"A pesar de las agresiones propinadas por los guardias de la prisión, a Didier se le ha negado atención médica", añade la denuncia.

"Y desde enero de 2021, las autoridades le impiden hablar con su familia y abogado. ¡Todo esto debido a sus expresiones políticas y artísticas!", subrayó Freemuse.

La campaña pide a los lectores: Firme esta petición para exigir la libertad inmediata de Didier y la anulación de todos los cargos en su contra.

El pasado 4 de noviembre, Diana Arévalo, oficial de Campañas y Abogacía para América Latina de Freemuse, declaró a Radio Martí que “Cuba es uno de los países donde hemos identificado una profundización de la represión por parte de las autoridades gubernamentales contra los artistas. Sólo en el 2020, por nombrar cifras que son públicas, reportamos al menos 60 ataques a la libertad de expresión artística contra creativos y grupos de artistas, entre ellos varios raperos que se encuentran en diferentes provincias del país”.

Freemuse es una organización no gubernamental independiente que cuenta con acreditación ante dos agencias de las Naciones Unidas (UNESCO y UN-ECOSOC).

Periodista cubana Camila Acosta acusada de "instigación a delinquir" (VIDEO)

Camila Acosta. (Foto: Facebook)

La Seguridad del Estado interrogó este martes a la periodista independiente Camila Acosta durante una citación oficial para hablar sobre el proceso de investigación penal al que está sujeta por su cobertura de los sucesos del 11 de julio.

“Fue para notificarme que van a proceder a registrar los equipos que me confiscaron en julio, el mismo día de mi detención, que me realizaron un registro en el apartamento que yo estaba rentando. En ese momento me quitaron laptop, teléfono, grabadora, memoria flash, disco duro. Entonces ahora, a más de cuatro meses, dicen que van a acceder a mis equipos. Así, como si uno no supiera que ya lo hicieron”, dijo la comunicadora en conversación con Radio Televisión Martí.

Acosta fue arrestada el 12 de julio, como parte de la ola represiva desatada por el régimen tras el estallido social. Fue sometida a intensos interrogatorios, en la unidad policial de la calle Acosta, en el municipio habanero de Diez de Octubre, y liberada el 16 de julio bajo la medida cautelar de reclusión domiciliaria.

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“Yo supongo que esto lo hicieron, un poco, para medir mi estado psicológico después de cuatro meses presa dentro de mi casa, además de para intimidarme con que puedan encontrar algo en esos equipos. Por supuesto, no van a encontrar nada, porque lo único que yo tengo ahí son cosas de trabajo y fotos de familia”.

La reportera había sido acusada de “desórdenes públicos” e “instigación a delinquir”, una situación que, aparentemente, ha cambiado.

“Ahora resulta que no estoy acusada por desorden público, sino sólo por Instigación a delinquir. Ya sabemos que ellos hacen y deshacen a su antojo”, se burló Acosta, y añadió:

“Tuvimos unas palabras, porque a veces ellos intentan hacerse los amiguitos de uno, y con esa prepotencia, ese cinismo de que ellos son la autoridad y nosotros tenemos que bajar la cabeza ante ellos. Por eso, les contestaba tajante. El interrogatorio duró menos de media hora y me negué a firmar ese documento que ellos me presentaron, en el que me decían lo que podía o no hacer en prisión domiciliaria, como leyéndome la cartilla. También me dijo: ‘ten cuidado con lo que publicas en redes sociales’”, relató.

“Por el tema de la corresponsalía que yo tengo de ABC me dijo que es mentira, porque yo no estoy acreditada. Yo le contesté que ya estoy en ese proceso, pero que, en última instancia, eso no es un delito. Me aseguró que sí lo es: ‘usurpación de funciones públicas’. Le manifesté ‘entonces acúsame de ‘usurpación de funciones públicas’, mientras tanto, vamos a hablar de ‘instigación a delinquir’, que es de lo que estoy inculpada ahora mismo”.

Camila Acosta, corresponsal en Cuba del diario español ABC, lleva casi 140 días cautiva en su casa, bajo vigilancia permanente de agentes de la policía política.

Siete agentes para vigilar a la periodista cubana Camila Acosta

Camila Acosta. (Foto perfil de Twitter)

La periodista independiente Camila Acosta denunció a través de su perfil de Twitter que el régimen comunista cubano envió un refuerzo policial para garantizar la reclusión domiciliar impuesta sobre ella desde hace cuatro meses.

Acosta denunció que desde la noche del 26 de noviembre se encuentran siete hombres, unos vestidos de civil y otros uniformados, vigilando su domicilio y sospecha que el refuerzo se debe al aniversario de la protesta pacífica frente al Ministerio de Cultura que derivó en la creación del 27N.

La periodista independiente afirmó que se encuentra sola y desarmada en su vivienda y que probablemente varios periodistas y artistas estén sitiados también como medida represiva del gobierno cubano para evitar una protesta o manifestación pacífica.

Junto los hashtags #Informarnoesundelito y #libertadparalospresospoliticosenCuba la comunicadora destacó que cuando “un gobierno teme a su pueblo” y usa como instrumento las intimidaciones y violaciones de derechos humanos, “está, irremediablemente, condenado al fracaso y al repudio actual y futuro”.

La periodista se encuentra bajo prisión domiciliaria a la espera de un juicio después que fuera detenida por cinco días por reportar las protestas del 11 de julio.

Ese día, según explicó en entrevista con Radio Martí, Acosta se centró en su papel de periodista y "en documentar lo que estaba sucediendo”.

Acosta aseguró que la prisión domiciliaria podría ser un intento del gobierno de presionarla para que opte por el exilio forzado, opción que ella se niega a tomar.

Advierten a periodista que no debe publicar nada de lo que se habló en interrogatorio con la Seguridad del Estado

El periodista independiente Rudy Cabrera. (Foto: CubaNet)

El periodista independiente Rudy Cabrera, colaborador del portal de noticias CubaNet, fue arrestado el viernes por agentes de la Seguridad del Estado en su domicilio, en El Cerro, La Habana.

Cabrera dijo a Radio Martí que durante la detención le levantaron un acta de advertencia que no firmó.

El comunicador relató que una motocicleta ocupada por “dos individuos” se detuvo a su lado, pidiéndole su documento de identificación, a lo que respondió preguntándoles quiénes eran y solicitándoles “que se identificaran”.

Cuando los oficiales de civil se identificaron, el periodista independiente puso “la alerta, dejé mi teléfono móvil y me fui con ellos para la estación. Ellos estaban interesados en por qué yo no iba a la marcha".

“El trabajo mío no es ese”, fue la respuesta de Cabrera, y los oficiales pasaron al “otro tema de las recargas (a los celulares)”, a lo cual, el periodista detenido respondió “que muchos cubanos están conscientes afuera de la situación nuestra y cualquiera me pone una recarga”.

Prohíben a periodista independiente hablar sobre interrogatorio al que fue somentido
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Con quiénes se “relacionaba" Cabrera dentro de las organizaciones opositoras en la isla fue otro de los aspectos del interrogatorio, a lo cual respondió: “con todo el mundo”.

Según Cabrera, les notificó que nunca dejaría de cumplir con su labor de periodista y, acto seguido, “trataron de introducirme el tema de Yunior (García, gestor de la plataforma Archipiélago que convocara a una manifestación pacífica por la libertad de Cuba para el pasado 15 de noviembre).

“Les dije que si ellos consideraban eso (la repentina salida de Yunior García del país) los veía muy mal. Les expliqué que el mal de todos nosotros, según ellos, eran los norteamericanos […] y les pedí que lo demostraran”.

Rudy Cabrera fue puesto en libertad después de este intercambio, no sin antes ser advertido de “que no publicara nada respecto a la conversación”. Después, le presentaron un acta de advertencia, con la que pretendían aplicarle “uno de esos decretos nuevos que han hecho ellos, y les expliqué que cualquier testimonio que diera, iba a ser apegado a lo que se habló”.

“Al final, el acta esa yo no la firmé”, concluyó Cabrera.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

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