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Derechos Humanos

Relator para Cuba de la CIDH denuncia seis olas represivas durante y después del 11J

Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, órgano adscrito a la OEA.

Una conferencia sobre el estado de los derechos humanos en Cuba un año después de las protestas antigubernamentales más grandes de la historia reciente del país, se celebró este lunes en Washington con la participación de diversos actores de la Sociedad Civil.

Durante el evento Edgar Stuardo Ralón, Relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó que desde el 11 de julio de 2021 el organismo continental ha documentado seis olas represivas ocurridas en la Isla.

“La primera, el uso de la fuerza y campañas de intimidación y estigmatización. La segunda, detenciones arbitrarias, malos tratos y condiciones deplorables de detención. La tercera, la criminalización de manifestantes y persecución judicial y violaciones al debido proceso. La cuarta, cierre de espacios democráticos a través de estrategias represivas e intimidatorias dirigidas a desalentar nuevas manifestaciones sociales", dijo Ralón en el foro celebrado en la sede de la CIDH.

"La quinta, la continuidad de la privación de libertad; los juicios sin garantías del debido proceso y la sexta, propuestas legislativas dirigidas a limitar, vigilar y punir expresiones de incidentes y críticas al gobierno, así como criminalizar el actuar de organizaciones de la sociedad civil independiente”, detalló el también Relator de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad.

Ralón se refirió en especial a la continuidad de actos de intimidación, hostigamiento y violencia en contra de las personas que participaron en las manifestaciones populares y sus familiares.

Asimismo, a la violencia, negligencia y abusos por parte de agentes estatales dirigidos contra mujeres, discapacitados y adolescentes.

“Los patrones de violación de los derechos humanos observados en Cuba, a través de las diferentes acciones represivas dirigidas a reprimir las voces disidentes y los reclamos ciudadanos por cambios políticos y sociales se presentan como parte de una situación estructural que tiene como raíz la propia ausencia de democracia en el país”, concluyó Ralón.

Por su parte, la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, indicó que hay un empeoramiento de las condiciones para la garantía de estos derechos en el territorio nacional, muchos de los cuales fueron demandas principales en las protestas del 11 de julio.

“Observamos un aumento generalizado en la pobreza en un contexto de crisis económica producto de una elevada inflación. También es de especial preocupación la persistente precariedad y la falta de alimentos básicos y esenciales en la isla”.

“Evidenciamos una situación de malnutrición, de disminución de la frecuencia de comidas en gran parte de los hogares cubanos, que afecta desproporcionadamente a las mujeres, a las niñas, a los niños, a los adolescentes y que genera un impacto negativo en la seguridad alimentaria y en las condiciones de vida y desarrollo físico, emocional e intelectual de las cubanas y de los cubanos”, puntualizó la relatora.

García Muñoz aludió a la permanencia de las “largas colas” y a la dificultad de muchos cubanos de obtener artículos esenciales de la canasta básica como consecuencia de los bajos salarios afectados por la situación inflacionaria.

“En materia de salud hemos sido informados que la falta de medicamentos en muchos casos ha generado el agravamiento de cuadros de enfermedad o que muchas personas utilizarán medicamentos vencidos para su tratamiento o recurrieran a mercados informales para cubrir los gastos en salud de primera necesidad”.

Gran atención dedicó la relatora a las condiciones de detención de los manifestantes del 11J. “En especial por las condiciones de hacinamiento en las que se encontrarían, el incumplimiento de las medidas de aislamiento en el marco de la pandemia, la falta de acceso a agua potable y alimentación adecuada o la negligente atención médica”.

Igualmente, la funcionaria de la CIDH dijo que es de profunda inquietud la situación de los derechos laborales en Cuba y su particular afectación por el peculiar contexto socioeconómico que existe en el país.

“La persistencia de patrones de violación de los derechos laborales observados, entre ellos el empeoramiento de las condiciones laborales de las personas trabajadoras en Cuba y la disminución del trabajo digno y decente, el aumento del trabajo informal con una afectación diferenciada a las mujeres, la persistencia de estereotipos discriminatorios basados en el género”, afirmó García Muñoz.

El músico cubano Osvaldo Navarro, coordinador del programa cultural comunitario D.Verso, denunció en la conferencia "los perfiles racializados en el accionar de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria" (PNR).

“Esta represión tiene un impacto diferenciado en mujeres y población afrodescendiente, reprimida doblemente, válido destacar que son ellos y ellas las que viven en barrios en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema, donde la escasez de alimentos y la contaminación ambiental forman parte de su día a día”, expuso Navarro, miembro del Comité Ciudadano por la Integración Racial.

“Al mismo tiempo, es donde la policía cubana actúa con total impunidad y una violencia marcadamente racializada. Violencia que se evidenció con la muerte de Lewis Laurencio Tejera, el mártir de las protestas del 11 de julio y el asesinato reciente del joven de diecisiete años Zidán Batista, en el [reparto] El Condado, Villa Clara: Ambos negros, ambos víctima del racismo estructural y de un sistema que prejuzga a la hora de comunicar la muerte de cubanos en manos de la policía, desde un perfil basado en el color de la piel”.

El rapero abarcó las constantes violaciones al derecho de libertad de movimiento que "las fuerzas represivas ejercen contra los activistas de la sociedad civil", ejemplificando con los casos de Marthadela Tamayo y de él mismo, que no se les permitió viajar a Estados Unidos para asistir a la 9ª. Cumbre de las Américas.

Además relató acerca de los cortes de internet que ETECSA ejecuta en complicidad con el gobierno para obstaculizar el trabajo de los activistas.

Al encuentro también asistieron la abogada asentada en Estados Unidos, Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex; Yaxis Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos; la activista Saily González y el periodista independiente Orelvis Cabrera.

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Padres de preso del 11J en Holguín imploran ayuda a España para salvar al joven con doble ciudadanía (VIDEO)

Mario Josué Prieto Ricardo, preso político del 11J

Los padres de Mario Josué Prieto Ricardo, un cubano con nacionalidad española, condenado a 12 años de cárcel por protestar el 11 de julio de 2021 en Holguín, pidieron a las autoridades de España un gesto para salvar la vida de su hijo.

“Tememos por su vida. Estamos seguros de que el gobierno España puede actuar, nos puede ayudar, porque no puede abandonar a un ciudadano español que se encuentra en una situación de grave necesidad y víctima de un proceso de represión política”, dijeron en un video Mario Prieto López y Niurka Ricardo Hidalgo.

Mario Josué Prieto Ricardo está encarcelado desde el 23 de julio de 2021, en condiciones de salud calificadas de “peligrosas”. Actualmente está recluido en la Prisión Provincial de Holguín.

“Desde que tenía cinco añitos, es paciente psiquiátrico con dos intentos suicidas. Ha sido terrible, corre un gran peligro desde que entró el 23 de julio de 2021 a prisión”, explicó Niurka Ricardo.

Padres de ciudadano español preso del 11J piden a España que interceda a su favor
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Además, según su familia, padece de úlcera y gastritis crónica, pero su situación “cada día se agrava más por la falta de higiene y alimentación”.

“Mi hijo no es un delincuente, no ha cometido ningún delito por el que tenga que estar preso. Sencillamente, se manifestó el 11 de julio pacíficamente, como miles y miles de cubanos”, denunció su madre.

Prieto Ricardo cuenta con nacionalidad española y reside oficialmente en Estados Unidos. Según contaron sus padres, la Seguridad del Estado les ha prohibido insistir
ante la Embajada de Madrid en La Habana, que ya les atendió.


“Pueden pedir su traslado a España, si no, mi hijo va a morir en prisión. Cada día su estado de salud se deteriora más, está irreconocible y ni siquiera tiene asistencia médica. Por favor, se lo imploramos a las autoridades de España”, dijeron.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España no respondió inmediatamente a las preguntas de Radio Televisión Martí sobre posibles gestiones oficiales para repatriar a Prieto Ricardo.

Ktivo Disidente en huelga de hambre por maltratos en prisión, alerta el OCDH

Carlos Ernesto Díaz González, identificado en redes sociales como Ktivo Disidente, protesta en el boulevard de San Rafael, en La Habana.

Carlos Ernesto Díaz González, "Ktivo Disidente", se encuentra en huelga de hambre en prisión desde el pasado 2 de agosto, informó este lunes en Twitter el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

La organización, con sede en Madrid, España, agregó en su mensaje que el preso político se plantó en huelga para exigir justicia por su encarcelamiento ilegal y los maltratos que recibe dentro del recinto penal.


La semana pasada, el abogado de Díaz González, Joel Fonte Angulo, presentó un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el auto del Tribunal Municipal de Cienfuegos que mantiene en prisión provisional al activista, reportó Diario de Cuba.

El abogado señaló en la petición el proceder ilegal de los jueces, al negarse a tramitar, en julio pasado, un procedimiento de habeas corpus a favor de su defendido, y revocar la orden de concederle una fianza de 10.000 pesos.

Ktivo Disidente, preso en la cárcel de Ariza, en Cienfuegos, fue detenido el pasado el 28 de abril, tras protagonizar una protesta pública en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, en el mismo lugar en que protestó, el 4 de diciembre de 2020, el joven Luis Robles, sentenciado a cinco años de cárcel por enarbolar públicamente un cartel que pedía el fin de la represión y la libertad del rapero Denis Solís, encarcelado en ese momento.

En su protesta, llamó a los cubanos a respetar la opinión de los otros y hacer valer su derecho a participar en la vida política del país.

Más de mil presos políticos en Cuba al cierre de julio, entre ellos 38 menores

Arresto de un menor durante las protestas del 11 de julio en Cuba. (Captura de video/Amnistía Internacional)

La organización Prisoners Defenders (PD) denunció este lunes la existencia en Cuba de 1.002 prisioneros políticos y de conciencia al cierre de julio, un año después del histórico 11J.

“La lista ha sumado 20 casos nuevos en julio. No solo no baja con los cumplimientos de condena de los casos más leves, sino que aumenta el total actual, manteniéndose por encima del millar de prisioneros”, explicó Javier Larrondo, presidente de PD.

Algunas personas fueron encarceladas en julio, “pero la mayoría han aflorado” al aparecer ahora “documentos de sentencia de casos no presentes en lista alguna en todos estos meses”.

En la lista de presos políticos hay 38 menores de edad, detenidos el 11J.

Declaraciones de Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders
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Prisoners Defenders recordó que el estudio presentado ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, con 101 casos aleatorios, “demostró que el total de los presos políticos en Cuba son torturados, sufriendo el 77% tres tipos de tortura o más, incluyendo a los menores procesados, que en algunos casos han sido los más reprimidos, como Jonathan Torres Farrat”.

En julio salieron de la lista 17 presos políticos, “la mayoría por cumplimiento de la totalidad de la pena”, y algunos como consecuencia de “liberaciones selectivas, bajo fuertes multas, amenazas, seguimiento y vigilancia”.

Luis Manuel Otero Alcántara en celda tapiada y confinado en solitario

El preso político Luis Manuel Otero Alcántara.

El líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, se encuentra encerrado en una celda tapiada y aislada en la prisión de máxima seguridad de Guanajay.

A través de un comunicado, el Movimiento San Isidro expresó su preocupación por la situación del preso político quien es víctima de violencia física y psicológica dentro de la cárcel.

Su familia lo visitó esta semana y conoció que Otero Alcántara fue víctima de una agresión de un preso común y "que, tras ese hecho, los oficiales de Guanajay lo han seguido colocando en situación de riesgo".

Además, según el comunicado, al artista se le ha impedido tener acceso a cartas de personas amigas como Katherine Bisquet, Coco Fusco o Anamely Ramos y tuvo "decomisado" por días sus materiales para dibujar.

La organización recordó el mal estado de salud en el que se encuentra el activista quien ha realizado tres huelgas de hambre exigiendo su liberación. "Luis sigue frecuentando calambres en manos y pies, y no ha recibido atención médica o diagnóstico al respecto", subrayó la comunicación.

El Movimiento San Isidro responsabilizó al régimen cubano de la integridad de Otero Alcántara y aseguró que la violencia en contra del opositor ejercida por algunos presos enviados por la Seguridad del Estado o incluso de algunos oficiales de la prisión de Guanajay "es la única herramienta que tiene el régimen para intentar amedrentar y coaccionar a los #opositores cubanos".

Detenido el 11 de julio de 2021, cuando intentaba unirse al estallido de protestas populares en todo el país, Otero Alcántara fue condenado a cinco años de prisión “en un juicio amañado” dijeron testigos.

Se agrava estado de salud de huelguista Walfrido Rodríguez Piloto

El opositor Walfrido Rodríguez Piloto.

El preso político Walfrido Rodríguez Piloto tuvo que ser trasladado a la Sala de Penados del Hospital Nacional en el municipio habanero Boyeros, porque su vida está en riesgo debido a la huelga de hambre que mantiene desde el 9 de julio exigiendo su libertad.

“Yo estoy aquí en el hospital donde trajeron, el miércoles, a mi hermano muy mal y se niega a la asistencia médica. Me dejaron verlo cinco minutos. Estoy tratando que deje la huelga que no va a resolver nada muriéndose. Está muy flaquito, ya casi no puede hablar, está muy débil”, explicó a Radio Televisión Martí su hermana, Marly Sonia Rodríguez Piloto.

“Los doctores me dijeron que, si se niega, ellos no pueden hacer nada, que yo tengo que dar el consentimiento. Y yo se lo dí porque tengo mucho miedo de que mi hermano se me muera”.

La alimentación forzada por vía intravenosa a quienes se mantienen en huelga de hambre es legal en la Isla, con la aprobación de familiares de los huelguistas.

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El opositor condenado a 10 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio en el barrio habanero El Palenque de La Lisa, considera que su sanción es desmesurada e injusta.

La huelga de hambre se convierte en una lucha política retando los límites que puede soportar el cuerpo humano frente a la impasibilidad de las autoridades a las cuales se le está pidiendo atención con la protesta.

En referencia a la huelga de hambre, el gobierno cubano ha asegurado, en la prensa oficial, que no cede ante las "presiones y chantajes". Así afirmó durante la huelga de hambre en 2010 del opositor Guillermo Fariñas, que demandaba la excarcelación de 53 presos políticos del Grupo de los 75 encarcelados durante la Primavera Negra.

La huelga de hambre es una herramienta de protesta de los presos políticos cubanos que, generalmente, son asistidos médicamente cuando su condición lo requiere. Pero desde 1959 hasta la fecha, fallecieron al menos 25 reos a causa de huelgas de hambre, según una investigación de la organización Archivo Cuba, que, sin embargo, estima que la cifra podría ser mayor.

Los casos más conocidos de presos políticos cubanos muertos en huelga de hambre son los de Pedro Luis Boitel (en 1972), Orlando Zapata Tamayo (en 2010) y Wilmar Villar Mendoza (en 2012).

El Tribunal Municipal de Playa encontró culpable a Rodríguez Piloto de los delitos de Instigación a delinquir, Desórdenes públicos, Desacato, Atentado y Portación y tenencia ilegal de armas y explosivos.

Además del activista, fueron juzgados en el mismo proceso judicial Frodelián Hernández Bautista, condenado a 9 años de privación de libertad; Richard Echavarría López, sentenciado a 11 años; Adonis Garvizo Otero, a 9; y José Eduardo Jardines Rodríguez, a 7 años de prisión.

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