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Cuba

Ratifican todas las condenas por sedición en el juicio a manifestantes de La Güinera

La policía antidisturbios recorre las calles luego de una manifestación contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel en La Güinera, en el municipio de Arroyo Naranjo, La Habana el 12 de julio de 2021.

El juicio en el Tribunal Popular Municipal de 10 de Octubre a 21 residentes del barrio de La Güinera, en Arroyo Naranjo, por su participación en las masivas protestas populares del 11 y 12 de julio quedó listo para sentencia y con la ratificación de todas las peticiones fiscales por el delito de sedición.

Lisandra Ferrer Calzado, madre de la joven Liliana Oropesa Ferrer, quien cumplió este lunes 21 años de edad y enfrenta una petición fiscal de 19 años de cárcel, dijo a Radio Martí que el tribunal estuvo totalmente militarizado y que los testigos de la fiscalía fueron policías y agentes de la Seguridad del Estado que reprimieron a los manifestantes el día de las protestas.

“Eso fue criminal todo lo que ocurrió en el juicio con los acusados, imagínate que los acusadores eran el instructor del caso y los policías. Los abogados de la defensa hicieron todo lo posible que estuvo a su alcance, ahora hay que esperar a que baje la sentencia, en la sala dijeron que en 10 días o más. Yo sé que eso va a ser por gusto, pero bueno no pierdo la esperanza", comentó la madre de la joven encarcelada en la Prisión de Mujeres de Occidente, conocida también como Prisión del Guatao.

En La Güinera se registra la única víctima fatal de las protestas reconocida hasta ahora: Diubis Laurencio Tejeda, quien murió de un disparo por la espalda propinado por el subteniente de la policía Yoennis Pelegrín Hernández, libre de cargos al argumentar que actuó en defensa propia.

Una nota oficial del Ministerio del Interior de Cuba sobre los sucesos en esta localidad se refirió a los manifestantes como "grupos organizados de elementos antisociales y delincuenciales" que "alteraron el orden e intentaron dirigirse hacia la Estación de la Policía Nacional Revolucionaria del territorio, con el objetivo de agredir a sus efectivos y dañar la instalación".

Emilio Román Matos, es el padre de Yosney Emilio y Emy Yoslan Román Rodríguez, ya condenados por su participación en las protestas populares, y de Mackyanis Román, de 23 años de edad, con petición fiscal de 25 años de prisión.

La muchacha, que también está recluida en la Prisión de Mujeres de Occidente, la mayor cárcel de mujeres de Cuba, enfrentó un juicio totalmente injusto y con fuerte presencia de oficiales del Ministerio del Interior (MININT), señaló su padre a Radio Martí.

“En el caso de mi hija quedó concluso con los 25 años que le pedían. Los policías que testificaron en su contra, lo hicieron diciendo mentiras que no coincidían con lo que previamente habían afirmado en su declaración escrita. Es una tremenda injusticia, enfermo me tiene a mí eso, ahora tengo que esperar por la sentencia y está claro que voy a apelar", declaró Román Matos.

El padre de los tres hermanos encarcelados tras el levantamiento explicó que deberá visitarlos mañana en el Combinado del Este, a uno de los varones, y en El Guatao, a la hembra. El viernes irá a ver al menor que está preso en El Guatao.

"Realmente no sé cómo no me he vuelto loco”, afirmó.

Human Rights Watch denunció que el proceso contra estos tres hermanos ha sido abusivo y con penas desproporcionadas.

Los nombres, edades y peticiones fiscales de los 21 enjuiciados de La Güinera son:

01. Carlos Alberto Hernández Pérez (23), 26 años 02. Elian Seguí Cruz (21), 21 años 03. Mackyanis Román Rodríguez (23), 25 años 04. Juan Piloto Ferro (58), 21 años 05. Alejaime Lambert Reyes (22), 26 años 06. Lázaro Daniel Cremé Bueno (21), 21 años 07. Arielvis Rill Baró (30), 25 años 08. Amaury Fernández Martínez (33), 21 años 09. Rolier Salazar González (36), 21 años 10. Luis Miguel Oña Jiménez (23), 21 años 11. Yaquelin Castillo García (49), 20 años 12. José Luis Castillo De La Torre (56), 25 años 13. Andrius López Fragosa (29), 25 años 14. Liliana Oropesa Ferrer (20), 19 años 15. Dayan Jesús Ramírez Rondón (23), 25 años 16. Osvaldo Lugo Pita (34), 21 años 17. Wilfredo Limonta Mesa (20), 21 años 18. Yurema Ramos Abad (25), 25 años 19. Eris Diógenes Mejías Vinent (21), 25 años 20. Juan Walberto Verdecia Rodríguez (48), 25 años 21. Germán Barrenechea Echevarría (24), 25 años

La Fiscalía General de la República de Cuba defendió en una nota oficial la decisión de sostener la acusación ante los tribunales por el delito de sedición a pesar de la severidad conque se castiga, pues asegura "que se corresponde con el nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas que de manera tumultuaria causaron lesiones y pusieron en peligro la vida de ciudadanos, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden, al agredirlos con el empleo de objetos cortantes, contundentes e incendiarios, con la perturbación grave del orden público y el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional".

La plataforma Justicia 11J rechazó esta justificación aclarando que los argumentos ofrecidos para la selección del delito de sedición no están en correspondencia con los tipificados en el Artículo 100 del Código Penal.

"Con lo cual queda demostrada, una vez más, la conveniente y arbitraria elección de este delito político —contra la Seguridad del Estado— como mecanismo ejemplarizante, ante el panorama de crisis generalizada en el país, durante los meses posteriores a la protesta", denunció Justicia 11.

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La cárcel o el exilio, periodistas de CubaNet denuncian presiones de la Seguridad del Estado a su regreso a Cuba

Vladimir Turró Páez. (Foto: CubaNet)

Los periodistas Vladimir Turró y Enrique Díaz, ambos colaboradores de la publicación independiente CubaNet, denunciaron que fueron detenidos temporalmente el miércoles en La Habana y amenazados con ir a prisión, bajo el nuevo código penal vigente en Cuba.

“Yo y mi colega, Enrique Díaz fuimos detenidos en la mañana del miércoles sobre las nueve de la mañana. Estábamos intentando hacer una entrevista referente al tema de los apagones cuando somos interceptados por un auto patrullero que nos pide la documentación nuestra y la documentación de la moto”, dijo Turró a Radio Martí.

Según el comunicador, el oficial de la Seguridad del Estado apareció en la escena en “menos de cinco minutos” y era el mismo que los recibió a su llegada al aeropuerto el pasado 9 de mayo, "cuando regresábamos de una capacitación en Suecia”.

Ambos denunciaron días atrás que habían sido detenidos en el aeropuerto José Martí a su regreso de Suecia, donde asistieron a un curso de capacitación como periodistas.

Según Turró, en esa ocasión los agentes de la Seguridad del Estado les comunicaron que los habían dejado salir de Cuba con la intención de que decidieran no regresar a la isla.

Tras la detención del miércoles Turró relató: “Este oficial nos dice que tenemos que ir hacia la estación de la policía de la 6ta. Unidad de Marianao, donde nos conducen. Allí nos introducen en una oficina, donde estuvimos un promedio de más de cuatro horas, hasta que aparece el otro oficial de la Seguridad del Estado, que es el encargado de reprimirnos directamente, y nos hacen interrogatorios por separado”.

Detenidos y amenazados periodistas del medio independiente CubaNet
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El periodista independiente dijo que le amenazaron con que podían quitarle la moto “por la actividad que yo estoy haciendo, porque era una actividad totalmente ilegal, que, bajo el nuevo código penal podían encarcelarme hasta diez años, porque yo recibo financiamiento desde el exterior. El pago que recibo por mi trabajo en CubaNet, ellos dicen que eso es financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y que pueden encarcelarme con penas de hasta 10 años”.

Turró agregó que el oficial les advirtió que ya tenían que irse de Cuba o, de lo contrario, irían a la cárcel

La Asamblea Nacional cubana aprobó el 15 de mayo el nuevo Código Penal que ha sido denunciado por periodistas, activistas y organizaciones internacionales como una amenaza a la libertad de expresión y prensa.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de retrógrado el nuevo Código Penal que "retrotrae a Cuba a épocas oscurantistas, cuando los funcionarios se distanciaban del pueblo a través de abusos y privilegios".

La SIP lamentó que la nueva legislación criminalice las libertades de prensa y expresión, así como de asociación y reunión.

"El Código tiene elementos parecidos a pertrechos militares, que el régimen podrá usar para atacar y minar la información y las opiniones independientes de los disidentes. Los ciudadanos ni siquiera podrán usar con libertad las redes sociales ni convocar a sus amigos a protestar", denunció.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

Jurista alerta de maniobra del régimen tras excarcelaciones: "Han pasado a ser delincuentes"

Un hombre es detenido durante una manifestación contra el gobierno del presidente cubano Miguel Díaz-Canel en La Habana, el 11 de julio de 2021.

El abogado independiente Sergio Osmín Fernández Palacios alertó en relación con las supuestas excarcelaciones de un grupo de presos políticos sancionados por participar en las protestas populares que se desarrollaron el 11 de julio en más de 50 localidades de la Isla.

“Varias personas privadas de libertad, a razón de la manifestación del 11 J, están siendo excarceladas por la dictadura o sencillamente están saliendo de pase, regresando a sus hogares, con sus familias, pero esto no es motivo de alegría plena”, dijo.

Este miércoles, el tribunal provincial de Villa Clara cambió el régimen de internamiento a 7 de los manifestantes de Santa Clara, que habían sido condenados a penas inferiores a 5 años de prisión, a trabajo correccional con internamiento y sin internamiento.

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Para acogerse a la nueva medida se les permitió regresar a sus casas hasta que se les asigne el centro penitenciario abierto en el que extinguirán sus penas.

El abogado independiente cubano Sergio Osmín Fernández Palacios. (Foto: CubaNet)
El abogado independiente cubano Sergio Osmín Fernández Palacios. (Foto: CubaNet)

Igual ocurrió el mismo día con varios de los sentenciados del barrio La Guinera ,y antes, con la joven de Cárdenas Lázara Karenia González y el rapero Richard Adrián Zamora Brito que ahora tendrán que internarse en uno de estos correccionales.

“Sucede que esas personas que no han obtenido sentencias absolutoria firmes, sino sentencias condenatorios firmes, están ahora extinguiendo las injustas penas que les fueron impuestas por el tribunal sancionador a través de las llamadas sanciones subsidiarias a la sanción privativa de libertad en conformidad con lo previsto en la ley aplicable. Es decir, si bien esas personas ahora no están internadas o recluidas en centros penitenciarios, siguen siendo personas sancionadas e incluso con delitos comunes”, puntualizó el jurista.

Según el nuevo Código Penal, las alternativas a la privación de libertad son aquellas que no excedan de cinco años, y se identifican las de trabajo correccional con internamiento, reclusión domiciliaria, trabajo correccional sin internamiento y limitación de libertad; mientras que la de servicio en beneficio de la comunidad también tiene el carácter de alternativa, y se puede aplicar cuando la de privación de libertad no exceda los tres años.

“De modo que, a los efectos jurídicos de la dictadura, esas personas pasan a tener antecedentes penales. Dicho de una manera más grave pero certera, han pasado a ser delincuentes, logrando así la dictadura tergiversar la motivación social, política e ideológica que llevó a esas personas a involucrarse en la referida manifestación, orgullo de quienes nos oponemos al retrógrado totalitarismo, a la dictadura de partido único en Cuba”.

El cambio de régimen para estos jóvenes ocurre poco tiempo después de que el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas determinara que el gobierno cubano viola lo establecido en la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.

Tras el informe presentado por el gobierno cubano, Sébastien Touzé, vicepresidente del Comité, enfatizó en el arresto de más de 50 menores durante y después del estallido social.

En Cuba, angustia por los constantes apagones

Un hombre cubano en las calles de La Habana. (Yamil Lage/AFP).

Cubanos manifestaron a Radio Martí su desesperación por los constantes apagones, que en algunos casos traen como consecuencia la falta de agua potable en las viviendas.

Desde Playa Baracoa en el municipio Bauta, provincia Artemisa, Dayana Araluce dijo que "son más las horas sin electricidad, que las que se puede disfrutar del servicio".

Según Dayana, con los cortes eléctricos "las personas tienen que estar pendientes de sus equipos electrodomésticos, muchos de ellos en servicio desde hace décadas".

La provincia Camagüey por estos días es una de las más afectadas con los apagones y una residente en el municipio Esmeralda comentaba a Radio Martí que "con apagones de 8 horas enfrentamos grandes dificultades a la hora de cocinar los alimentos, muchas veces la elaboración se tiene que hacer con carbón".

"En Cabañas, municipio Mariel provincia Artemisa, la situación es crítica entre apagones y la falta de agua potable desde hace más de 10 días". Desde allí, el opositor Moisés Leonardo Rodriguez así lo manifestó a Radio Martí.

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El portal oficialista Cubadebate informaba que la Unión Eléctrica, UNE, prevé afectaciones en el servicio eléctrico por déficit de generación, precisando que para el horario pico de este jueves se pronosticaba la entrada al sistema de la unidad 8 de la Central termoeléctrica Máximo Gómez, en el municipio Mariel, provincia Artemisa.

Más de 140 años de privación de libertad se acumulan en solo 15 de los manifestantes de La Güinera

Antimotines recorren La Güinera el 12 de julio de 2021, un día después del levantamiento nacional contra el régimen comunista. (AFP/Yamil Lage).

Los resultados del juicio de casación a 15 condenados del barrio habanero La Güinera, participantes de las protestas del 11 de julio, fueron entregados este miércoles a sus familiares por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo.

La decisión del tribunal fue desestimar los recursos de casación establecidos contra la sentencia 9 del 16 de marzo del 2022 vista en el recinto del Tribunal del municipio 10 de Octubre.

La legislación establece “la casación como el recurso que se usa contra sentencias, autos u otras resoluciones dictadas por los tribunales provinciales. Es aplicable a la Ley quebrantada para restablecer el derecho vulnerado”.

“Soy madre de Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, sentenciado a 10 años de privación de libertad. Por el delito de sedición. En estos momentos mi hijo tiene 21 años, pero tenía 20 años en el momento que lo sancionaron”, dijo a Radio Televisión Martí, Migdalia Deleidid Gutiérrez Padrón.

“A pesar de tener claras las intenciones de este gobierno y saber que no teníamos ninguna probabilidad de ganar, la confirmación de nuestros temores nos devastó a todas las madres, hermanas y esposas de los condenados. No puedo concebir que el fiscal, un cubano, como yo y mi hijo, llegue a ese grado de servilismo al que ha llegado este señor”.

“El fiscal dijo que mi hijo se encontraba en el lugar incitando a las personas. Creo que los juicios de los manifestantes fueron una farsa. Mi hijo ni fue, ni participó en la manifestación. A él lo recogieron el día del primer juicio en diciembre porque estaba en libertad bajo fianza. ¡Libertad y justicia para mi hijo que lo sentenciaron a diez años injustos!,” pidió Gutiérrez Padrón.

Además de Cabrera Gutiérrez, Dayron Martín Rodríguez y Miguel Páez Estiven recibieron sentencias de 22 años de privación de libertad; Alexander Guillermo Martínez Amoroso, 18 años; Lázaro Zamora González, 18; José Luis Sánchez Tito, Frank Aldama Rodríguez, 16 años; Alexis Sosa Ruiz y Orlando Carvajal Cabrera, 12 años; Dianyi Liriano Fuentes y Elier Padrón Romero, 10 años; Jesús Enrique Vázquez Cabrera, 8 años y Karen Vázquez Pérez, 7 años.

Marlon Brando Díaz Oliva, 5 años de trabajo correccional con internamiento y Leoalys De La Caridad Valera Vázquez, 5 años de trabajo correccional sin internamiento.

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Noraidys Romero Alarcón no ha podido salir de la cama, enferma de dolor, porque su hijo Elier Padrón Romero estaría por una década en la cárcel. “Queríamos tener fe, que todo se arreglaría. Porque ¿qué hizo en realidad mi hijo? Lo que es un crimen es haber tronchado las vidas de tantas personas, sin que existiera un verdadero delito”.

En una carta, a la que nuestra redacción tuvo acceso, desde el penal Combinado del Este, Padrón Romero denunció la mala atención a los presos y el incumplimiento por parte de los guardias de las regulaciones instituidas en el reglamento:

“La comida es mucho menor cantidad que la que nos pertenece, frecuentemente nos castigan en la celda de aislamiento cuando defendemos nuestros derechos. Nos proporcionan muy poca atención médica y los mandos nos califican como los reclusos más malos y peligrosos de la prisión. No permiten a los otros reos hablar con nosotros”, escribió el joven de 26 años, condenado a 10 años de prisión.

Cierran proceso contra periodista Camila Acosta, acusada de "desórdenes públicos" por reportar las protestas del 11J

Camila Acosta. (Foto: CubaNet)

Luego de más de 10 meses de reclusión domiciliaria, acusada de presuntos "desórdenes públicos" por reportar las protestas del 11 de julio en La Habana, la periodista cubana Camila Acosta ha quedado libre cargos y el caso cerrado, según explicó en un artículo para el portal digital CubaNet, con el que colabora.

Acosta detalló que este miércoles, 25 de mayo, fue citada a la estación policial de Aguilera, en el municipio Diez de Octubre, donde un oficial de la Seguridad del Estado le impuso una multa de 1.000 pesos cubanos bajo el “criterio de oportunidad”, previsto en la Ley 143, Artículo 17, Inciso b, que "permite a las partes resolver las diligencias sin llegar a tribunales".

Le comunicaron, además, sobre la confiscación de varios bienes que las autoridades le incautaron un día después de su detención: dos laptops, un disco duro, dos teléfonos, cinco memorias flash, agendas de trabajo, libros, la blusa que llevaba puesta el 11J, 50 USD y 20.000 CUP.

Estos bienes, algunos de los cuales ni siquiera le pertenecían, no fueron "utilizados para la comisión del delito u obtenidos como resultado de él" y, con apego a la ley, no deberían estar sujetos a decomiso.

"No hubo delito y tampoco ninguno de los equipos embargados se utilizaron para la comisión de él; aun así, se impuso la sanción", subrayó la periodista. Pero el oficial de la policía política argumentó que contenían material “contrarrevolucionario”.

Acosta, que tiene un plazo de tres días para pagar la multa, reitera que no cometió un delito, solo hacía su trabajo de reportera cuando fue detenida. "No me arrepiento de haberlo hecho y lo volvería a hacer. Informar no es un delito, tampoco manifestarse pacíficamente", afirmó.

Aunque la multa la libra de ir a juicio, y de enfrentar una posible sentencia de tres meses a un año de prisión, la comunicadora señala que pagarla significa "aceptar una medida arbitraria, o que cometí ese supuesto delito".

La periodista concluye que, con el cierre de este proceso en su contra, solo "finaliza una etapa" que "abre paso a otra aún peor".

"El nuevo Código Penal es más criminal que el anterior, y dota al régimen de herramientas represivas que atentan directamente contra los periodistas independientes, la oposición y la sociedad civil en general. El calvario está lejos de acabar", concluyó.

Cuba está entre los países del hemisferio donde más se ha agudizado la represión contra los periodistas, dijo en un informe reciente la Sociedad Interamericana de Prensa, que también ha criticado el nuevo Código Penal por su criminalización de la labor de la prensa independiente en la isla, una preocupación a la que se unen el Comité para la Protección de los Periodistas y Amnistía Internacional.

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