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Derechos Humanos

Ratifican petición fiscal de 8 años de cárcel a manifestante del 11J en Las Tunas

Juan Carlos Montes de Oca Santiesteban.

Siguen los juicios ejemplarizantes en contra de los manifestantes de las protestas populares del 11 de julio, procesos cargados de irregularidades jurídicas y bajo presión de la policía política, denunciaron a Radio Televisión Martí periodistas independientes y activistas en la isla.

Este martes quedó concluso para sentencia en el tribunal municipal de Puerto Padre, en Las Tunas, el juicio en contra de Juan Carlos Montes de Oca Santiesteban, de 32 años de edad, detenido desde el 11 de julio y golpeado durante el arresto.

Las autoridades ratificaron la petición fiscal de ocho años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público, informó el activista de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Vladimir Martín Castellanos.

“En los calabozos de la policía, en la ciudad de Puerto Padre, le provocaron una herida detrás de un oído que requirió de un punto de sutura y, además, por los golpes tuvo problemas en la clavícula. Luego lo trasladaron para la unidad de instrucción provincial, y finalmente para la prisión El Típico. Allí, en esa cárcel, la Seguridad del Estado intentó chantajearlo. Lo fueron a visitar y le propusieron que él hiciera un video pidiéndole perdón a Díaz-Canel, y que, si hacia eso, sería liberado, y este muchacho dijo que él no tenía que pedirle perdón a nadie”, señaló Martín Castellanos.

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Este miércoles debe concluir el juicio en contra de los cinco residentes del municipio villareño de Caibarién que están siendo juzgados en el Tribunal Provincial de Santa Clara, con un tremendo despliegue militar y limitando el acceso de los familiares de los enjuiciados a la sala, reportó el comunicador Guillermo del Sol.

“Ayer solamente expuso la fiscalía el acta acusatoria, donde todos los testigos eran miembros del Ministerio del Interior (MININT), unos uniformados y otros vestidos de civil. Y en la jornada de hoy exponen la defensa, y quedará el juicio concluso para sentencia”, explicó Del Sol.

El martes, debió haber concluido el juicio en contra de 13 jóvenes de Artemisa que se ha realizado por dos días en el Tribunal Provincial, pero en horas de la tarde tuvo que ser suspendida la vista porque uno de los acusados, que es epiléptico y sufre de otros padecimientos mentales, y que estaba con una medida cautelar de prisión domiciliaria en espera del juicio, tvo una convulsión en la sala del tribunal, y hubo que trasladarlo para un hospital, comentó la periodista independiente Eralidis Frómeta.

“El juicio fue suspendido y concluirá hoy [miércoles] porque, alrededor de la 4 de la tarde [del martes], el manifestante del 11J Leandro David Morales, con petición fiscal de 12 años de privación de libertad, entró en convulsión, ya los padres desde que arribaron al tribunal en la mañana, pusieron en conocimiento de los jueces y fiscales del juicio, que Leandro en la noche había sufrido varias convulsiones y los oficiales de la sala judicial no tuvieron en cuenta que es una persona con discapacidad mental, que se defecó en los pantalones y se orino, hubo que sacarlo de inmediato y llevarlo para un hospital”, advirtió la comunicadora.

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Régimen amenaza a activistas por supuestamente violar artículos del nuevo Código Penal

Los activistas (de izquierda a derecha) Katia Hernández Torres, Esteban Ajete Abascal, Irina León Valladares y Lisandra Orraca Guerra.

La policía política en la ciudad de Pinar del Río amenazó este jueves a cuatro activistas, quienes recibieron una carta de advertencia diciendo que podrían ser enjuiciados por violar artículos que establece el nuevo Código Penal, denunciaron los opositores a Radio Televisión Martí.

Se trata de tres mujeres, todas miembros de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), Katia Hernández Torres, Lisandra Orraca Guerra e Irina León Valladares, sumado al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal.

Ellos fueron citados a las 9 de la mañana para la Unidad Provincial de Instrucción de la Policía en la ciudad de Pinar del Río donde quedaron detenidos e interrogados individualmente durante varias horas por oficiales del Ministerio del Interior (MININT), informó Ajete Abascal.

“Fue tétrica esta situación, allí nos amenazaron, ellos dicen que el nuevo Código Penal incluye artículos por los que nos podían imputar porque estábamos delinquiendo cuando hacíamos cualquier tipo de publicación por cualquier plataforma informativa y entonces nos sacaron todos los incisos que según ellos estamos violando”, dijo el activista.

“Nos hicieron una carta de advertencia, también tenían todos los videos que hemos publicado, incluso los links de programas en los que hemos participado y otros videos de actividades realizadas con otras organizaciones, quiere decir que nos están monitoreando constantemente todo lo que estamos haciendo".

"Nos dijeron que era la primera advertencia luego de que entrada en vigor el nuevo Código Penal en diciembre, y que de volver a hacer publicaciones ningún abogado nos podría librar de la cárcel, y que por ese tipo delito pudiéramos recibir condenas entre 3 y 5 años”, añadió Ajete Abascal.

Activistas de Pinar del Río amenazados con ir a prisión por violar el nuevo Código Penal
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Por su parte, León Valladares destacó que durante el interrogatorio fue amenazada con ser llevada a prisión.

“Me están amenazando con cinco años de prisión, me leyeron varios artículos del Código Penal por los que me pueden procesar, pero estas amenazas no me van a limitar, todo lo contrario, mi lucha va a ser más fuerte porque hay muchos hermanos míos que están presos y soy la voz de ellos, por tanto continuaré con mi labor en la Flamur, alzando mi voz por todo el mundo”, aseguró la activista.

Mientras tanto, Lisandra Orraca Guera declaró a Radio Martí que le advirtieron que podría ser procesada por violar el artículo 124 del Código Penal.

“Me advirtieron que en cualquier momento me pueden detener y llevarme a prisión por lo que estamos haciendo, nos amenazan continuamente con eso, pero no tienen credibilidad ninguna porque ellos no tienen respeto por nada, los primeros violadores aquí de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son ellos”, enfatizó Lisandra.

Por su parte, Katia Hernández Torres reiteró que ninguno de los cuatro opositores firmaron la carta de advertencia.

“Fue una penosa situación en un lugar horrendo, pasillos oscuros, rejas, en mi caso me dijeron que por violar la resolución 124 me podían pedir varios años de prisión, es muy humillante como nos tratan esos oficiales del Ministerio del Interior y es muy injusto y doloroso”, dijo la activista.

Denuncian crítica situación de dos condenados por el 11J

Multitudinaria protesta en San Antonio de los Baños, Cuba, el 11 de julio de 2021, en la que participó Alexander Díaz Rodríguez.

El preso político del 11 de julio de 2021, Alexander Díaz Rodríguez, de 42 años de edad, que estuvo ingresado en el Hospital Provincial Abel Santamaría, en la ciudad de Pinar del Río, reportado en estado crítico por un cáncer de garganta en fase avanzada, fue retornado al penal 5 y Medio de esta provincia.

Su tía Moraima Rodríguez Batista, a través del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, denunció la situación de Díaz Rodríguez en esa prisión, donde las condiciones son pésimas y no cuentan con recursos médicos para tratar su delicado estado de salud, informó a Radio Televisión Martí, Juan Carlos González Leyva.

Alexander Díaz Rodríguez
Alexander Díaz Rodríguez

“Fue sacado del hospital y trasladado para una galera de la prisión, a pesar de su delicado estado de salud. Alexander padece un cáncer en estado muy avanzado, el cual no está siendo atendido por el personal de salud de ese penal, donde no solo es privado de sus medicamentos, sino también de su dieta alimentaria sufriendo una fuerte carencia de alimentos y medicinas", explicó González Leyva y añadió que por que por esas razones "está raquítico, falta de vitaminas y de sol”.

Díaz Rodríguez, fue acusado de los presuntos delitos de "desacato" y "desordenes públicos", tras su participación en las protestas populares el 11 de julio en San Antonio de los Baños, provincia Artemisa, siendo sentenciado a cinco años de prisión.

El preso político es miembro del Proyecto Emilia, organización opositora fundada y dirigida por el médico y ex prisionero político, Oscar Elías Biscet.

González Leyva también denunció las pésimas condiciones que enfrenta el preso del 11 J Andy Boza Padrón, de 26 años de edad, quien se encuentra en la cárcel 1580 en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón.

Devuelven a la cárcel a preso político que pedece cáncer de garganta
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Su madre Maidelín Padrón reportó que el prisionero está extremadamente delgado debido a la hambruna en esa prisión y está sufriendo hostigamiento por parte de los carceleros.

"Mi hijo está cada día peor, ha perdido más de 25 libras en las últimas tres semanas, literalmente, lo están matando de hambre, antes podía tomar el sol y aire puro y podía dormir por las noches, pero ahora lo mantienen encerrado todo el tiempo y le han prohibido las llamadas telefónicas", advirtió la madre del prisionero al Consejo de Relatores.

González Leyva aseguró, por otra parte, que el joven está siendo víctima "de torturas sicológicas por parte de los guardias que lo amenazan con que se va a podrir allí porque es reincidente, algo que no es cierto, y por esa razón no tendría derecho a los beneficios carcelarios, entre ellos, la mínima severidad y la libertad condicional”.

Boza Padrón fue detenido el 11 de julio de 2021 y fue procesado por los delitos "desórdenes públicos" y "atentado", y condenado a nueve años de cárcel.

Representantes de la Unión Europea (UE) pidieron recientemente a las autoridades cubanas el indulto de cientos de manifestantes detenidos tras las protestas antigubernamentales.

El viernes último fuentes diplomáticas confirmaron a la agencia de noticias EFE que el ministro cubano de Justicia, Óscar Silvera "matizó que no existe la posibilidad legal de una amnistía en Cuba".

Cubanas exigen en espacios públicos la libertad de sus familiares presos del 11J (VIDEOS)

Vestidas de negro para pedir libertad para sus hijos, Marta Perdomo (der.) Layda Yirkis Jacinto (izq.) y Liset Fonseca (centro)

Madres y esposas de presos por las protestas del 11 de julio de 2021, exigieron, el pasado domingo en diferentes localidades de la Isla, la liberación de sus familiares.

“Salimos a caminar porque es una forma de decir que nuestro corazón está de luto. Cuando hicimos la caminata, pidiendo la libertad de nuestros hijos, íbamos pensando: ‘por esas calles ellos también caminaron’”, dijo a Radio Televisión Martí, Liset Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca que cumple una sanción de diez años de privación de libertad.

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“Es la decisión que tomamos de todos los domingos vestirnos de negro y salir a caminar pidiendo la libertad de nuestros hijos y de todos los presos políticos”, agregó.

También Layda Yirkis Jacinto, madre de Aníbal Yasiel Palau Jacinto con una sentencia de 5 años de cárcel y Marta Perdomo, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, condenados a ocho y seis años de privación de libertad.

“Prometí vestirme de negro, con la imagen de mis hijos en el pecho, para que el mundo sepa que soy la madre de dos inocentes que están presos injustamente”, recalcó Perdomo.

Las tres madres hicieron una caminata hasta la iglesia San José de las Lajas, ubicada en la localidad homónima en la provincia Mayabeque.

En relación con la marcha del domingo, fue citada, el lunes a la estación policial de San José de las Lajas, Marta Perdomo.

Agentes de la Seguridad del Estado le advirtieron que no permitirían marchas de ningún tipo y "mucho menos, la concentración de mujeres de distintos lugares".

Del mismo modo, Delanis Álvarez Matos, esposa de Duniesky Ruiz, sentenciado a cinco años de cárcel y Saily Núñez, esposa de Maikel Puig Bergolla, condenado a 14, aseguró que cada domingo reza en el templo católico San Julián, de Güines, Mayabeque, por la libertad de todos: “Yo voy con un pullover con la foto de mi esposo y su nombre. Todos los domingos voy a misa y pido por la liberación de mi esposo y todos los presos políticos”.

En Perico, Matanzas, fue multada con 60 pesos por concurrir a misa, la dama de blanco Sonia Álvarez Campillo, madre de Saily Navarro y esposa de Félix Navarro, quienes cumplen sentencias de ocho y nueve años de privación de libertad, respectivamente, en relación con las manifestaciones de julio de 2021.

En las redes sociales, las mujeres escribieron mensajes contra la represión y por la liberación de sus familiares que cumplen duras penas de cárcel.

Propinan brutal golpiza a preso del 11J en Camagüey, denuncian familiares

Oslanis Zulueta Echevarría, (Foto: Cortesía de Jiordan Marrero Huerta)

El prisionero político Oslanis Zulueta Echevarría fue “brutalmente golpeado” por un carcelero en la prisión de Kilo-9, en Camagüey, donde cumple condena por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en esa provincia.

Jiordan Marrero Huerta, activista y presidente del Partido Demócrata Cristiano en la región, dijo a Radio Televisión Martí que familiares de Zulueta Echevarría denunciaron el hecho a través de una llamada telefónica.

“El prisionero político cubano y manifestante del 11 de julio de 2021, Oslanis Zulueta Echevarría, en la prisión de Kilo-9, Destacamento 11, fue brutalmente golpeado el día 16 de enero del año en curso por el carcelero Ramón, alias ‘El flaco’”, detalló Marrero Huerta.

Golpean brutalmente a preso del 11J en Camagüey
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De acuerdo con el reporte, el carcelero “sacó del destacamento a Zulueta Echevarría y comenzó a golpearlo mientras lo insultaba”.

“La justificación por la cual fue agredido tiene su origen tras el incremento de torturas físicas y psicológicas a las que están siendo sometidos los prisioneros políticos que permanecen cumpliendo injusta sanción en las prisiones de la provincia de Camagüey”, aseguró Marrero Huerta.

Oslanis Zulueta Echevarría, de 28 años, fue acusado de los supuestos delitos de “desórdenes públicos”, “atentado” y “daños a la propiedad” y sentenciado en la causa Nº 229 de 2021, en el Tribunal Municipal de la ciudad de Camagüey, a cumplir nueve años de condena.

Cerificado de sentencia de Zulueta Echevarría II (Cortesía: Jiordan Marrero Huerta)
Cerificado de sentencia de Zulueta Echevarría II (Cortesía: Jiordan Marrero Huerta)

(Con reporte de Tomás Cardoso para Radio Martí)

Sin medicación, preso político del 11J con padecimientos psiquiátricos

Abel Lázaro Machado Conde.

La vida del preso político del 11J, Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad y con condena de nueve años de cárcel por los presuntos delitos de "sabotaje" y "desordenes públicos", por su participación en la manifestación en el poblado de Güines, en la provincia de Mayabeque, corre peligro en el penal de mayor rigor de Quivicán.

El joven tiene un documentado historial médico de padecimientos psiquiátricos, que incluye tres intentos de suicidio y se encuentra sin medicamentos antidepresivos, denunció su madre Beatriz Conde: "Yo fui el día 6 de enero a ver a mi hijo, lo encontré muy ansioso y muy alterado, le miré la cabeza y tenía pérdida de pelo. Antier, él me llamó y cuando hablamos me dice: 'mamá, yo no te quería decir nada, pero hace cinco días que no duermo, siento que me dicen al oído que me quite la vida'. Yo le dije, 'hijo, no me hagas eso por tú madre, y él me dice: 'mamá, me siento muy mal, no soporto la prisión más, ya no puedo más'".

Madre de preso político del 11J preocupada por la salud mental de su hijo
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Conde dijo que, preocupada llamó al penal y se dirigió a "Atención a la ciudadanía" para pedir que una comisión médica evaluara a su hijo, sin embargo, la única respuesta que ha obtenido hasta el momento, es que al joven le recetaron carbamazepine , una medicina que se utiliza en pacientes que convulsionan por epilepsia, pero no le han suministrado sus antidepresivos.

Desde niño, Abel Lázaro fue diagnosticado con trastorno orgánico de la personalidad, presenta un déficit de atención y lesiones en el cerebro desde los 10 años de edad, además de los múltiples intentos por privarse de su vida, y a pesar de que las autoridades cuentan con toda la documentación de su historial clínico, lo mantienen encarcelado, alertó su madre, quien responsabiliza al Ministerio del Interior y la Dirección de Cárceles y Prisiones por la integridad física de su hijo.

“Ese niño desde pequeño se intenta quitar la vida, se intentó cortar las venas, se me intentó ahorcar con un cinto cuando tenía 10 años, se llenó de hematomas preparando una tendedera mientras yo estaba lavando, yo he pasado mucho en 25 años con ese niño", detalló la madre del preso político.

Conde dijo que le entregó al abogado el historial clínico del joven, así como también a una psiquiatra que lo evaluó en La Habana y dictaminó que el joven
"no era compatible para estar en una prisión".

"Yo no se lo digo a mis otros hijos, pero estoy crítica de los nervios porque imagínese que me acuesto a dormir esperando que me vengan a decir que mi hijito se me mató”, expresó preocupada la madre de Abel Lázaro.

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