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América Latina

¿Quiénes son los precandidatos presidenciales arrestados en Nicaragua?

Los precandidatos presidenciales detenidos en Nicaragua en 2021. Gráfica: VOA

A una semana de las elecciones, todo indica que Daniel Ortega logrará obtener cinco años más en el poder. Es el mandatario con más tiempo gobernando en el país centroamericano.

En total son siete los aspirantes presidenciales arrestados en Nicaragua y todos tienen algo en común: gozan de mayor simpatía que Daniel Ortega, quien lleva en el poder más de 14 años consecutivos, según datos de la firma de encuestas costarricense Cid Gallup.

Ortega, quien busca una nueva reelección junto a su mujer Rosario Murillo como fórmula, inició una embestida contra su competencia hace cinco meses, al comenzar el proceso de inscripción de candidaturas ante el Tribunal Electoral que controla, y posteriormente redondeó la maniobra represiva cancelando a los últimos partidos que quedaban en la contienda.

“Es algo que no se había visto en los últimos 30 años”, dijo a la Voz de América el exdiputado y analista político Eliseo Núñez, que afirma que ni cuando Nicaragua estaba sumido en una guerra vivió unos comicios tan irregulares.

Entre los precandidatos presidenciales se encuentran exdiplomáticos, exembajadores, periodistas, líderes territoriales y hasta la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien hizo historia al derrotar a Ortega por la vía electoral en 1990.

Estos son los opositores detenidos en los últimos meses, a quienes el gobierno de Ortega ha tildado de “delincuentes y terroristas”, pese a que sus procesos judiciales no han culminado:

Cristiana Chamorro, 67 años

Cristiana Chamorro nació en una familia reconocida. Su padre fue Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, reconocido como el mártir de las libertades públicas en Nicaragua tras haber sido asesinato en enero de 1978. Su madre es Violeta Barrios de Chamorro, la primera presidenta que tuvo Nicaragua y que derrotó a Ortega en las urnas en las elecciones de 1990.

Las aspiraciones de Chamorro surgieron de forma espontánea y sin necesidad de pertenecer a un partido político.

Sin embargo, la justicia de Nicaragua abrió un proceso en su contra el pasado 2 de junio y la inhabilitó para ejercer cargos públicos. A su vez, ordenó allanar su vivienda y una jueza dictó prisión preventiva.

"Aquí el único que tiene miedo es Daniel Ortega. Le tiene miedo al pueblo de Nicaragua. Ese es el hombre que está muerto de horror, porque nosotros (oposición) unidos vamos a derrotarlo en las próximas elecciones", dijo Chamorro Barrios en una improvisada rueda de prensa al salir de la sede del Ministerio Público cuando se iniciaban las investigaciones en su contra.

Arturo Cruz, 68 años

Arturo Cruz es un catedrático nicaragüense que se desempeñó como embajador de Managua en Estados Unidos. También es un destacado historiador.

Anunció su aspiración a la presidencia el 2 de marzo de este año durante la presentación de su libro “Nicaragua la impronta de la colonia”. Posteriormente se inscribió en el opositor Partido Ciudadanos por la Libertad, con el fin de competir con otros precandidatos para obtener una fórmula única que estaba prevista inscribirse ante el Tribunal Electoral.

El catedrático fue detenido el 5 de junio en el Aeropuerto Augusto C. Sandino de Managua, cuando retornaba de un viaje en Estados Unidos. Las autoridades dijeron que la detención de Cruz se dio “por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.

Desde entonces permanece en prisión, desde donde fue inhibido de facto para participar en el proceso electoral de este año.

Félix Maradiaga, 45 años

Félix Maradiaga es un académico y activista nicaragüense. Desde años atrás formaba parte de organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), donde trabajó como director.

El opositor fue nombrado por el movimiento Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), uno de los principales grupos de oposición formados a raíz de las protestas de 2018, como su precandidato presidencial.

El 8 de junio de 2021 fue detenido por el gobierno de Ortega cuando salía de la Fiscalía.

“Hermanos y hermanas nicaragüenses, si están viendo este video es porque fui detenido por el régimen de Ortega. Como he mencionado en todo momento, mis manos están limpias, mi conciencia está limpia”, mencionó Maradiaga en una grabación antes de su detención.

En el mismo video, mencionó que Ortega, en un acto de desesperación, está ordenando detener a los aspirantes presidenciales porque le tiene “terror y temor a la voluntad soberana de la ciudadanía y no se quiere someter a un proceso electoral libre y justo”.

“Les pido que no perdamos la batalla de la esperanza, esa es la batalla fundamental en la cual debemos que tener una fe de hierro, en que Nicaragua será libre, en que vamos a encontrar un camino de paz y de justicia”, dijo Maradiaga.

El opositor fue acusado de conspiración para cometer actos terroristas.

Juan Sebastián Chamorro, 53 años

Juan Sebastián Chamorro es un destacado economista nicaragüense. Estudió en la Universidad de San Francisco. Ocupó importantes roles durante administraciones anteriores, como la del presidente Enrique Bolaños.

Dirigió la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y fue director de la Cuenta Reto del Milenio en Nicaragua.

Fue viceministro de Hacienda y Crédito Público.

El papel de Chamorro tomó fuerza tras participar en los primeros diálogos entre la oposición y el oficialismo en la crisis gubernamental que se dio en Nicaragua en 2018.

Chamorro fue director ejecutivo de la organización opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), cargo al que renunció para postularse a la presidencia.

Fue detenido el 8 de junio en horas de la noche.

Miguel Mora, 56 años

El periodista Miguel Mora es fundador del Canal 100%Noticias, uno de los medios confiscados en Nicaragua tras las protestas de 2018.

Estuvo detenido tres años atrás junto a la jefa de prensa de 100%Noticias, Lucía Pineda Ubau. Se les acusó en ese momento de fomentar e incitar al odio y violencia en perjuicio de la sociedad nicaragüense.

Mora fue liberado posteriormente tras la aprobación de una polémica Ley de Amnistía.

El opositor era candidato del Partido de Restauración Democrática, anulado por el Tribunal Electoral, y Mora finalmente fue encarcelado por segunda vez el 20 de junio. Se le acusa de cometer menoscabo a la integridad nacional.

Medardo Mairena, 44 años

Antes de ser arrestado, el líder campesino Medardo Mairena vivió bajo constante asedio policial. Las patrullas lo seguían a cualquier punto donde se movía en Managua.

Mairena, al igual que Mora, fue preso político en 2018 y liberado en 2019, por participar en las protestas contra el gobierno de Ortega que dejaron más de 300 muertos.

Participó en el primer diálogo nacional entre el gobierno y la oposición y exigió la dimisión de Ortega.

El 7 de abril, lanzó su candidatura a la presidencia, pero fue arrestado el 5 de julio y posteriormente acusado “de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

Mairena no terminó los estudios secundarios, sin embargo, enfatizó al respecto que "no tener un título universitario no quiere decir que uno no puede ser presidente”.

“Mi familia y mis padres me han enseñado a ser honrados, me han inculcado valores, y a que los retos se deben asumir con responsabilidad”, dijo el opositor, que gozaba de gran apoyo en las encuestas.

Noel Vidaurre, 66 años

El veterano político Noel Vidaurre estudió Derecho en Chile. Durante el gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, fue viceministro de Economía.

Vidaurre estaba inscrito como precandidato presidencial en el partido Ciudadanos por la Libertad, pero al igual que el resto de los opositores, se le abrió un proceso judicial y el 24 de julio, después de comparecer ante el Ministerio Público, las autoridades dictaron prisión preventiva.

Tras un interrogatorio en la Fiscalía, Vidaurre declaró que no le dieron ninguna razón de por qué lo citaron, solamente le explicaron que se debía a comentarios suyos hechos a medios de comunicación.

“Yo no he hablado nunca de que hay que sancionar a Nicaragua ni cosa que se le parezca”, afirmó al salir de la cita.

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Zulia: el estado con más electores de Venezuela vuelve a ser un bastión de la oposición

En las calles de Maracaibo, Venezuela. (Luis Bravo / AFP).

La oposición al chavismo ganó holgadamente en el estado más poblado de Venezuela, Zulia, en las elecciones regionales de este domingo. Los detractores del gobierno de Nicolás Maduro recuperaron así un bastión político clave para los futuros procesos comiciales, opinan analistas.

La tarjeta de la Mesa de la Unidad, afín a los partidos políticos que apoyan al llamado gobierno interino de Juan Guaidó, triunfó en esa región occidental con una diferencia de 184.000 votos -17 puntos porcentuales de ventaja- sobre la plataforma del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.

Manuel Rosales Guerrero, excandidato presidencial en 2006 contra Hugo Chávez y fundador de uno de los principales partidos opositor, Un Nuevo Tiempo, lideró esa victoria. Gobernador de Zulia entre 2000 y 2008, ganó el cargo contra el actual mandatario regional, el madurista Omar Prieto.

La oposición también logró la mayoría de las alcaldías. Sus candidatos obtuvieron la victoria en 15 de 21 municipios, incluyendo Maracaibo, la capital, también gobernada desde 2017 por un funcionario del PSUV, Willy Casanova.

Siete datos clave sobre las elecciones en Venezuela: caída del voto chavista, avance opositor en alcaldías

El Zulia es un estado “clave” para la política venezolana, explica el doctor en ciencias políticas y profesor universitario, Gustavo Adolfo Soto. “Es la primera circunscripción electoral. El país debe entender el mensaje del pueblo zuliano ante un evento que se pueda suscitar”, como un revocatorio presidencial o la renovación del cargo que ocupa Maduro, afirma a la Voz de América.

Zulia, donde se calcula que hay cerca de cuatro millones de habitantes, ha sido históricamente “un voto rebelde” a las posturas nacionales, expone Soto.

Es considerada un estado regionalista, generalmente opuesto al centralismo. “Desde 1989 (cuando inician las votaciones en Venezuela para gobernaciones y alcaldías), el gobernador de Zulia era copeyano cuando existían presidentes adecos, y viceversa. Ha sido siempre un voto rebelde por ese sentido de regionalismo y pertenencia que identifica al zuliano”, apunta.

Fue, sin embargo, el primer estado donde el chavismo logró una victoria electoral: Francisco Arias Cárdenas, teniente coronel que acompañó a Hugo Chávez en el golpe de Estado de 1992, ganó la gobernación zuliana en 1995 y logró su reelección en 1998 antes de enfrentar fallidamente al líder de la llamada revolución bolivariana en las megaelecciones de 2000.

Tras las gestiones de Rosales (2000-20008) y de su delfín político Pablo Pérez (2008-2012), el chavismo ganó en 2012 la gobernación de la mano de Arias. Cuatro años luego, el candidato opositor Juan Pablo Guanipa le ganó ampliamente, pero la oficialista Asamblea Nacional Constituyente anuló su triunfo luego que el dirigente se negó a juramentarse ante ella.

Fue allí cuando Prieto, vicepresidente regional del PSUV, se lanzó y ganó en unas nuevas elecciones en diciembre de 2017, justamente ante Rosales.

Faro electoral

Zulia tiene 2,6 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. No hay otra región con tantos votantes en Venezuela. Le siguen en número de electores Miranda, con 2,2 millones; Carabobo, con 1,6 millones; y Lara, con 1,3 millones.

La oposición venezolana logró el domingo pasado triunfos en las gobernaciones de otros dos estados, Nueva Esparta y Cojedes, mientras permanece a la espera de los resultados en Barinas, donde su candidato aún tiene chance de victoria.

Jesús Castellano, politólogo experto en análisis de asuntos electorales, subraya que Zulia constituye “una obligada referencia” en cuanto a votos en el país.

Resalta la importancia de sus recursos naturales y económicos -su cuenca del Lago de Maracaibo contiene aproximadamente dos tercios de las reservas petroleras de Venezuela, tanto como su “posición geopolítica estratégica” para el poder político venezolano, con acceso al Mar Caribe y limítrofe con Colombia.

“Se considera uno de los bastiones electorales de los sectores democráticos. Este resultado es muy importante, porque además de ser un triunfo emblemático y simbólico, es la oportunidad de generar de nuevo en la entidad un verdadero liderazgo, tras lo ocurrido con Guanipa y la elección de Prieto” en 2017, dice.

Castellano considera que el liderazgo de los políticos zulianos “llega en un momento crucial” para Venezuela en cuanto a la redefinición de las fuerzas opositoras y la agravada situación humanitaria que hay en todo el país.

Tanto Rosales como Guaidó, abogaron el lunes pasado por la “reconstrucción” de la oposición. Candidatos antichavistas sumaron más votos en Venezuela que el oficialista Gran Polo Patriótico, pero divisiones en las aspiraciones minaron sus posibilidades de triunfo en al menos 10 gobernaciones, según analistas.

El gobernador electo de Zulia tendrá “un papel muy importante” en la reconducción de las fuerzas democráticas venezolanas, opina Castellano.

“Zulia ha sido un espacio tradicional de lucha de los sectores democráticos en Venezuela. Antes de hablar de próximos procesos electorales, es necesaria la búsqueda de puntos de unión y definición de estrategias”, concluye.

¿Qué opinan los venezolanos de a pie de los resultados de las elecciones regionales?

Carteles de candidatos del partido en el gobierno, Miranda Héctor Rodríguez, a la derecha, y del aspirante a la alcaldía de Sucre, José Vicente Rangel, colgados en una calle en Caracas. (AP/Ariana Cubillos)

Ciudadanos, indistintamente de que hayan decidido participar o no, apuntan que situación social en Venezuela seguirá “igual” tras la elección.

CARACAS / MARACAIBO, VENEZUELA. — Algunos con desencanto y otros con algo de esperanza comedida, recibieron los venezolanos los resultados de los comicios del domingo, en los que el oficialismo arrasó con 20 de las 23 gobernaciones del país, en unas elecciones que marcaron el regreso de la oposición.

“No voto por la desidia, por la falta seriedad de los políticos de oposición”, sentencia Gabriel Madera, un trabajador que vota en el Municipio Libertador, alcaldía de Caracas, donde el chavismo mantuvo el poder con su abanderada, la exministra y exgobernadora Carmen Meléndez.

Madera asegura que las elecciones fueron “más de lo mismo” y que la mayoría de los venezolanos están enfocados en trabajar y llevar “el pan a la mesa”.

“La masa del venezolano ya no cree en los políticos”, afirmó Madera. “Yo sigo con mis problemas y todo el mundo sigue con sus problemas”, agregó.

Una ciudadana que solo se identificó como Andreína, vendedora en un puesto de comida, dijo que ni preguntó ni escuchó comentarios sobre los comicios regionales. Tuvo que trabajar el domingo y, cuando terminó, cuidar de su hija, por lo que no participó.

Andreína dijo que “Dios quiera” que la elección pueda ayudar a superar la situación que vive Venezuela.

Eugenio Martínez, especialista en procesos electorales, dijo que estas elecciones "no van a cambiar mucho la dinámica de Venezuela".

"La emergencia humanitaria compleja va a seguir”, agregó.

La oposición venezolana obtuvo su triunfo más amplio en Zulia, el estado más poblado.

Manuel Rosales, exgobernador del estado entre 2000 y 2008 y fundador de Un Nuevo Tiempo, uno de los principales partidos de la coalición opositora, ganó holgadamente contra el aspirante oficialista a la reelección, Omar Prieto.

Katyuska Morán, residente de la capital regional de Zulia, Maracaibo, confía en que haya cambios en las políticas públicas de su localidad lo más pronto posible.

“Espero ver una gestión regional y local promoviendo la ciudadanía, sin sectarismos, donde servicios básicos como la recolección de basura funcionen”, dijo.

Morán votó el domingo porque “la abstención no resuelve nada”, afirmó. Pese a sus buenos deseos, teme que la situación social en Venezuela siga “igual” tras la elección.

“Este país ha sido destruido en lo mas elemental: su integridad, y reconstruir ese tejido llevará mucho tiempo”, agregó.

Sin embargo, las votaciones estuvieron marcadas por la abstención, cercana al 60%.

El politólogo Pietro Trepiccione interpreta esa cifra como reflejo de las decenas de miles de votantes que emigraron y de la no participación tradicional en este tipo de comicios.

Belkys Larreal, jubilada del sector público, dice haber notado “razones de peso” para quienes votaron y también para aquellos que se abstuvieron de participar. Su optimismo sobre posibles cambios en Zulia, en su ciudad, es prudente.

“Hay una supremacía que gobierna y es el centralismo. Estamos por ver cómo quedará el Estado con sus ingresos y si gobernará o será una mampara”, apuntó.

Cree que destrabar “el secuestro” de instituciones como el Banco Central o el Tribunal Supremo de Justicia es clave, más allá de ganar algunas gobernaciones.

Venezuela vive “una resaca” de carencias sociales y económicas, dijo la jubilada.

“Los males siguen igual. Internacionalmente, el termómetro dice que 60% del país se abstuvo y no reconoce ni a Maduro ni al CNE. Cuando comprendan que ir a elecciones amañadas nos perjudica, será diferente”, agregó.

“En Venezuela se vota, pero no se elige", afirma exalcalde de Caracas (VIDEO)

Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana participan en las elecciones estatales de gobernadores en Caracas, Venezuela. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

“En Venezuela se vota, pero no se elige", dijo a la Voz de América Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, radicado en Madrid desde 2017, y agregó que "al fin y al cabo es la dictadura la que controla las instituciones que se encargan de montar todos estos aparatos electoralistas”.

Una opinión similar presenta desde Valencia la médico y diputada de la Asamblea Nacional Dinorah Figuera. Aunque coincide con su compatriota respecto a la falta de principios democráticos, valora como un “avance” que una parte de la oposición se haya puesto de acuerdo en “unir esfuerzos para recuperar la democracia”.

Precisamente el cambio de rumbo de la oposición representa una “contradicción” que obliga a reclamar “una nueva conducción política para Venezuela”, según Ledezma.

“Factores que hasta no hace mucho tiempo se erigían como voceros de la oposición terminaron convirtiéndose en trompos servidores del régimen”, dijo a la VOA.

Agregó que “mientras no tengamos una dirección política coherente, con una estrategia muy bien definida y con mucha fuerza moral para sacar adelante la lucha de los venezolanos, lamentablemente vamos a seguir siendo hostigados por esta narco tiranía”.

Observación internacional

Por primera vez en 15 años, el bloque Europeo ha desplegado una Misión de Observación Electoral para evaluar unas elecciones en Venezuela.

Mientras algunos eurodiputados valoran positivamente el acuerdo suscrito entre los 27 y el Consejo Nacional Electoral, grupos de la Eurocámara como el Partido Popular han condenado la decisión y han rechazado participar en ella.

La UE no es la única potencia que envía observadores para estos comicios, está también la presencia de técnicos del Centro Carter de Estados Unidos.

Ledezma afirma que es “un contrasentido” que la UE envíe una misión de observación a Venezuela cuando hace unos días el organismo decidió extender las sanciones a una veintena de personas que forman parte de la cúpula chavista.

“La UE es consciente que en Venezuela se violan los derechos humanos, que tenemos un régimen que comete torturas y asesinatos, que es responsable de un latrocinio que no tiene parangón en la historia reciente de la humanidad; Y por otra parte envía una misión que terminará siendo ‘mirones de palo’ en un proceso en el que el régimen controla todos los hilos del poder electoral”.

Sin embargo, para Figuera es “positivo” que por primera vez la UE y, la organización de EE. UU., que no representa al gobierno de Biden, se hayan puesto de acuerdo para enviar observadores y frente al hecho de ser recibidos por el gobierno de Nicolás Maduro.

“Volvemos a esta contienda exigiendo estos principios y garantías de los observadores internacionales y de la veeduría que pueden testificar en torno a las posibles irregularidades que ya existen”.

¿Qué papel han tenido los diálogos de México?

Recientemente el gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria, la cual integra a la oposición, emprendieron una nueva ronda de diálogos en México tras varios intentos fallidos. Sin embargo, el bloque chavista rompió las negociaciones tras la extradición de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, a Estados Unidos.

Aunque ambos opositores apuestan por la vía de la negociación para lograr un cambio en Venezuela, para Ledezma dialogar con “el régimen” representa “un teatrillo” que sirve a Maduro para “ganar tiempo”, “desunir” a la oposición y “confundir a la comunidad internacional”.

“¿Qué diálogo puede ser fructífero cuando el régimen sigue deteniendo a los disidentes, cuando sigue matando a los presos políticos y cuando se dedica a infiltrar a la llamada oposición con fracturas que dejan mucho que desear?”, se pregunta el exalcalde.

La suspensión de los diálogos tras la extradición de Saab representa “una demostración ante el mundo” que los chavistas “son los que no han querido llegar a un acuerdo” sostiene Figuera, quien también describe la vía de la negociación como “una forma de presionar a la dictadura de Maduro”.

“Nosotros vamos a demostrar que hemos tenido una vocación democrática y siempre hemos querido el beneficio del pueblo en los términos del diálogo y del camino del tránsito electoral (...) Insistimos en la posibilidad de llegar a acuerdos desde el punto de vista del beneficio del pueblo y de institucionalizar la democracia en Venezuela”, dijo la diputada.

Maduro hizo un llamado para que el pueblo salga a las urnas este domingo y declaró que durante la jornada electoral “se dará una lección de democracia al mundo entero”.

¿Qué medidas han sido implementadas contra el Gobierno de Nicaragua a una semana de la ley Renacer?

Imagen de archivo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en un evento de campaña el 5 de septiembre de 2018. Foto archivo: AP/Alfredo Zuñiga.

Tras la aprobación de la ley Renacer por el Congreso de Estados Unidos y la posterior firma del presidente Biden, el Gobierno norteamericano ha empezado a mover ficha para seguir presionando al oficialismo nicaragüense.

MIAMI, EE. UU. — Hace una semana que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como Ley Renacer, que tiene que como objetivo presionar al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La medida, que ha recibido el apoyo bipartidista del Congreso de Estados Unidos, ya está teniendo sus efectos.

Sanciones a la Fiscalía y a otros funcionarios

El lunes, pocos días después de entrar en efecto la ley Renacer, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaba la primera gran decisión: iban a castigar al Ministerio Público y a otros nueve cargos del Gobierno de Nicaragua y varios alcaldes.

Desde EE. UU. se les señala cómo actores clave en los actos de represión que tuvieron lugar durante las marchas pacíficas de 2018, cuando miles de personas salieron a la calle a protestar por las reformas sociales en el país.

La lista completa de afectados es:

  • Luis Ángel Montenegro Espinoza: trabaja directamente como funcionario del Gobierno de Nicaragua desde 2007. Había ordenado a los bancos auditar y entregar información de 13 altos ejecutivos y empresarios del país de conformidad con la Ley 1055.
  • José Adrián Chavarría Montenegro: es el viceministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua.
  • Rodolfo Francisco López Gutiérrez: es el gerente de las empresas de distribución eléctrica, propiedad del estado, DISNORTE y DISSUR.
  • José Antonio Castañeda Méndez: es el presidente del Instituto de Energía de Nicaragua.
  • Mohamed Farrara Lashtar: es el embajador de Nicaragua en Argelia, Egipto, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y en los Emiratos Árabes Unidos.
  • Salvador Mansell Castrillo: es el ministro de Energía y Minería de Nicaragua.
  • Sadrach Zeledon Rocha: es el alcalde de la ciudad de Matagalpa (Nicaragua). Se considera que él “contribuyó a la violencia contra los nicaragüenses que participaron en las protestas que comenzaron en abril de 2018”.
  • Leonidas Centeno Rivera: es el alcalde Jinotega (Nicaragua). Está relacionado con episodios de represión en las protestas de 2018 y “el uso de armamento pesado por parte de paramilitares que mataron a 4 personas”.
  • Francisco Ramón Valenzuela Blandón: es el alcalde de Esteli (Nicaragua) y se considera que él fue quién decidió poner a francotiradores para atacar a los manifestantes que salieron a protestar por las calles de esa ciudad en 2018.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de EE. UU., indicó que, como resultado de estas sanciones, “todas las propiedades e intereses de estas personas en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas”.

“Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de una o más de esas personas”, agregaron desde la agencia federal.

Ortega y Murillo, vetados en EE. UU.

Un día después, el martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmaba una proclama en la que se prohibía expresamente la entrada al país norteamericano al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

"Dada la supresión de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua, he determinado que es de interés para Estados Unidos restringir y suspender el ingreso a Estados Unidos, como inmigrantes o no inmigrantes, a miembros del Gobierno de Nicaragua, encabezados por el presidente Daniel Ortega, incluyendo a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y otros descritos en esta proclama", indicaba el mandatario estadounidense en su escrito oficial.

De nuevo, Biden justifica que “los actos represivos y abusivos del gobierno de Ortega y quienes lo apoyan obligan a Estados Unidos a actuar”, en una clara alusión a las acciones represivas que se han agravado en estos últimos tiempos, a medida que se acercaba la cita electoral del 7 de noviembre, contra miembros de la sociedad civil, periodistas y precandidatos presidenciales.

¿Qué funcionarios nicaragüenses no pueden entrar a Estados Unidos?

La suspensión de entrada a EE. UU. también va dirigida a todos los funcionarios electos y su personal, funcionarios del servicio de Seguridad, entre los que se incluyen la Policía, el Ejército y otras fuerzas especiales, así como los grupos paramilitares.

Son enlistados en la prohibición de entrada integrantes del poder Judicial, las penitenciarías y el Ministerio del Interior.

También los integrantes de “agencias reguladoras, empresas paraestatales, administradores y profesores de educación superior, y funcionarios electos que emprendan acciones, incluidos abusos de derechos humanos, para negar servicios a quienes realizan esfuerzos pacíficos para exigir el retorno a la democracia en Nicaragua”.

Prórroga a la Emergencia Nacional para Nicaragua

Además de estas medidas restrictivas y punitivas, la Casa Blanca también ha confirmado la prórroga de la Orden Ejecutiva 13851 de Emergencia Nacional contra el Gobierno de Nicaragua.

La disposición fue suscrita en 2018 tras las acciones violentas y represivas de las autoridades nicaragüenses contra los manifestantes que salieron a marchar por el país para expresar su rechazo a la reforma social, que se saldaron con más de 300 personas fallecidas.

¿Por qué se extiende la Emergencia?

A juicio de Biden, la situación en el país centroamericano “continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.

Ya en noviembre del año pasado, el expresidente Donald Trump, que estaba al frente del Gobierno de EE. UU., extendió esta medida.

Demócratas y republican apoyan las medidas

La situación se ha tensionado aún más tras la cita electoral del 7 de noviembre, que fue tildada de “farsa electoral” por la mayoría de países y otros organismos de la comunidad internacional. Este escenario está llevando, como hemos visto, al país norteamericano anunció un paquete de sanciones a la fiscalía y a otros altos funcionarios nicaragüenses.

“Esa elección fue un fraude completo. Casi todos los candidatos serios fueron encarcelados, no es legítimo. Dijeron que el 60 por ciento de la población había votado y creemos que solo lo hicieron el 20 por ciento. Todos los candidatos que se quedaron (sin cárcel) son amigos de Daniel Ortega, así que estoy contento”, dijo el congresista republicano por Florida, Carlos Giménez, en declaraciones a la Voz de América.

Desde las bancadas demócratas el mensaje es muy similar. “Estamos presenciando el peor asalto autoritario de una democracia en América Latina en décadas, y me enorgullece haber liderado este esfuerzo en el Congreso para actuar decisivamente para que el régimen Ortega-Murillo sepa que habrá consecuencias por la pseudo-coronación de su dictadura dinástica”, comentó por su parte el senador demócrata Bob Menéndez.

¿Impactará a la economía?

El vicepresidente del Consejo de las Américas, Eric Farnsworth, dijo a la VOA que el paquete de sanciones y otras medidas que puedan venir con la ley Renacer debe servir para “moderar el comportamiento” de Managua, así como también “reducir sus impulsos en materia de violaciones de derechos humanos”.

Pese a todo, Farnsworth subraya que esas acciones no están repercutiendo directamente en las arcas públicas de Nicaragua.

“Hasta este punto Estados Unidos realmente no ha dado ningún paso económico contra le economía de Nicaragua para mostrar descontento hacia el régimen, pero hay varias cosas que se podrían considerar”, dijo poniendo como ejemplo las restricciones al comercio del azúcar de ese país a Estados Unidos.

Precisamente, la ley Renacer contempla que desde Estados Unidos se puedan sentar las bases para que, a través de la diplomacia, se puedan promover las elecciones democráticas en Nicaragua y, también, se revise la participación del país centroamericano en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica.

“El tema principal aquí es la participación nicaragüense en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica que incluye a República Dominicana y que permite a Nicaragua el acceso garantizado libre de aranceles a Estados Unidos y viceversa”, agregó.

“Todas las medidas son positivas”

Muñeca Fuentes, una activista nicaragüense que en los últimos meses ha intensificado su participación desde el exterior para denunciar “los actos violentos y la represión del Gobierno de Nicaragua”, considera que “todo lo que tenga que ver con quitarles la paz a los régimenes de Latinoamérica es positivo”.

Sin embargo, apunta que “el cambio definitivo vendrá por los nicaragüenses” y no por la presión diplomática, tal y como pretende la ley Renacer. “Nicaragua va a ser libre por los nicaragüenses, porque la libertad tiene que venir desde adentro del pueblo”, dijo.

Con todo, dijo estar convencida de que “estas elecciones, a pesar de haberse convertido en un circo electoral, han servido para que la oposición se una” en pro de una “Nicaragua libre y democrática”.

Llamado a una oposición unida

“La verdadera oposición se tiene que unir y creo que estas elecciones falsas son un llamado al pueblo de Nicaragua para que nos unamos los verdaderos opositores”, comentaba la mujer.

María Esperanza Vallejo, otra activista residente en Miami que desde hace tres años y medio protesta semanalmente ante el consulado de Nicaragua por “las atrocidades que está cometiendo el Gobierno de Ortega y Murillo”, también opina que, a pesar de las presiones diplomáticas, “el cambio tiene que venir desde dentro del país”.

Pese a esa postura, celebró que se haya dado luz verde a la ley Renacer por parte de Estados Unidos y que ya se estén viendo sus consecuencias.

El exilio nicaragüense defiende las sanciones

“Cada nicaragüense desde dentro del país está haciendo su parte. Nosotros aquí en el exilio estamos haciendo nuestra parte y pidiendo que apliquen todas las leyes, todas las sanciones posibles al dictador Daniel Ortega y a su cómplice intelectual Rosario Murillo”, comentó la mujer, que reside en el sur de la Florida desde hace más de dos décadas.

Esperanza Juanch, otra exiliada nicaragüense en Miami, Florida, valoró el papel del mundo en poner presión a Managua.

“Tiene que ser también la comunidad mundial la que diga basta. Las sanciones son muy importantes porque Daniel Ortega fue muy vivo e hizo creer a la comunidad internacional que él era democrático y, por eso, todavía hoy recibe millones de dólares de bancos y de instituciones que no usa para el pueblo sino para metérselo en el bolsillo o para asesinar”, afirmó.

¿Quiénes son los funcionarios nicaragüenses a los que EEUU ha prohibido la entrada?

Diputados nicaragüenses en sesión parlamentaria sobre la 'Ley de Regulación de Agentes Extranjeros'

“Es una mega sanción”, dice Héctor Mairena, vocero del antes llamado Movimiento Renovador Sandinista.

MANAGUA — La tensión entre Washington y Managua continúa en aumento luego de las cuestionadas votaciones que se realizaron el 7 de noviembre y que otorgaron un nuevo mandato a Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo.

Este martes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una proclama de suspensión de entrada al país, ya sea como inmigrantes o no inmigrantes, a un amplio abanico de miembros del gobierno de Nicaragua encabezados por el propio Ortega y por su esposa y vicepresidenta. ¿Quiénes son los otros funcionarios y de qué se les acusa?

Alcaldes, vicealcaldes, secretarios políticos

Los alcaldes, vicealcaldes y secretarios políticos son los primeros que aparecen después de Ortega y Murillo en la lista de funcionarios que tienen prohibido ingresar a Estados Unidos.

Los alcaldes son gobernantes que hay en los 153 municipios de Nicaragua. Con las elecciones municipales de 2017, el oficialismo se asignó un total de 135 alcaldías, que a la fecha controla. El resto fueron distribuidas entre los partidos existentes que participaron en dichos comicios.

Estos son acusados de planificar, ordenar, asistir, incitar y participar de alguna manera en los graves abusos o violaciones de los derechos humanos para castigar a manifestantes pacíficos “o negar las libertades fundamentales de los nicaragüenses”, sobre todo en 2018, cuando surgieron protestas antigubernamentales.

“Los alcaldes leales al gobierno de Ortega han organizado y canalizado fondos estatales a grupos parapoliciales involucrados en la represión violenta. Estos funcionarios municipales ejercen un enorme poder político y una autoridad presupuestaria discrecional que les confieren los niveles más altos del gobierno de Ortega”, sentenció la Casa Blanca.

En el caso de los secretarios políticos, también tienen un papel fundamental en los municipios para controlar a los críticos del gobierno de Daniel Ortega, según reportes.

Funcionarios de Seguridad de Nicaragua, incluyendo Ejército y Policía

Tampoco podrán ingresar a territorio estadounidense funcionarios de seguridad de Nicaragua, incluyendo el Ejército y la Policía Nacional, así como grupos paramilitares y parapoliciales.

De igual forma tienen prohibido el ingreso a Estados Unidos funcionarios de la administración penitenciaria de Nicaragua, del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Gobernación.

Según la administración demócrata, “los actos represivos y abusivos del gobierno de Ortega y quienes lo apoyan, obligan a Estados Unidos a actuar”.

El Poder Judicial “le ha fallado al pueblo nicaragüense al ayudar e incitar al gobierno de Ortega al uso de cargos por motivos políticos para encerrar a los presos políticos”, asegura la Casa Blanca.

Mientras que oficiales de la Policía Nacional y del Ejército son señalados de ser cuerpos armados a favor de Daniel Ortega.

“El cuerpo policial está sancionado, y señalado de cometer crímenes de lesa humanidad(…) es decir, tenemos un tendido militar que proporciona a Ortega la implementación de una política de terrorismo de Estado dirigida hacia la población nicaragüense”, comentó a la Voz de América el mayor en retiro Roberto Samcam.

Miembros de Ministerios, de empresas paraestatales y profesores agentes del gobierno

Finalmente se enlistan miembros de agencias reguladoras, empresas paraestatales, administradores, profesores de educación superior y personas no gubernamentales que actúan como agentes del gobierno.

“Es una decisión contundente. Es una mega sanción que sin duda van a resentir los funcionarios de la dictadura que no han apoyado la lucha por la democracia en Nicaragua”, dijo Héctor Mairena, del movimiento Unamos.

De todos los funcionarios mencionados, tampoco podrán entrar a EE. UU. sus cónyuges, hijos e hijas, según el comunicado.

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