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Derechos Humanos

"Que se tipifique la violencia de género como un crimen dentro del código penal cubano", pide Red Femenina de Cuba

Mujeres afrodescendientes en Cuba

Activistas de la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión enviaron una carta abierta a la Federación de Mujeres Cubanas en la que manifiestan su intención de colaborar con una propuesta de programa oficial para el adelanto de la mujer en la isla, pero no sin antes recordar las exigencias que han hecho sobre el tema de la violencia de género.

Sobre el contenido de la misiva, ofreció detalles a Radio Televisión Martí Marthadela Tamayo, coordinadora de la Red Femenina de Cuba.

Activista expone contenido de carta enviada a la FMC en Cuba
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"Nosotras le decimos a la FMC que la campaña Unidas por Nuestro Derechos que iniciamos en septiembre de 2019 tiene peticiones básicas fundamentales con las acciones que se vienen desarrollando dentro de la sociedad civil para parar la violencia de género", señaló.

Las activistas, según Tamayo, incluyeron en la misiva el tema de la violencia política contra las mujeres "tanto defensoras de los derechos humanos como las amas de casa que quiere aportan su grano de arena para el cambio del país".

En la misiva también expresaron preocupación por la pobreza y la falta de oportunidades de la población, que sin un modelo abierto que traiga prosperidad a la nación en su conjunto será muy difícil superar.

Destacaron como modelo de esa situación al asentamiento El Tropical, que según un estudio reciente del Comité Ciudadanos de Integración Racial, ubicado en el municipio habanero San Miguel de Padrón, es el nuevo rostro de la precariedad y marginalización cubana.

Los pobladores son casi exclusivamente afrodescendientes: el 95% son negros o mulatos. La población El Tropical es mayormente femenina, con 3.800 mujeres, según un conteo no oficial, precisó la misiva.

Según la activista la respuesta que pueden esperar de la FMC las integrantes de la red Femenina es "un enigma total".

Señaló que el pasado año enviaron una carta a la propia secretaria general de esa organización y "la respuesta que recibimos fue represión y hostilidad" pero aseguró que la labor de la red es "seguir adelante y lograr que se tipifique la violencia de género como un crimen dentro del código penal cubano".

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Régimen reconoce que 55 menores de edad han sido enjuiciados en Cuba por protestar el 11 de julio

Arresto de un menor durante las protestas del 11 de julio en Cuba. (Captura de video/Amnistía Internacional)

La Fiscalía General de la República de Cuba publicó este martes un informe acerca de los procesos penales derivados de las protestas populares del 11 de julio de 2021, en el que reconoce que tras los acontecimientos han sido procesadas 790 personas, entre ellos 55 menores de edad.

Para Bárbara Farrat, madre del joven manifestante encarcelado Jonathan Torres Farrat, quien cumplió los 17 años el mismo 11 de julio, el de las autoridades cubanas es solo un "reconocimiento entre comillas".

"Sinceramente yo no les creo nada a ellos. Cuando dicen que 50 [sic] es porque tienen más”, dijo a Radio Martí.

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Camila Rodríguez, investigadora y una de las coordinadoras del grupo Justicia 11J, que recopila información de detenciones por motivos políticos en Cuba, dijo desde La Habana que en relación con los procesos penales a los manifestantes del 11 de julio pasado las cifras difieren de lo informado por el régimen.

"Hemos manejado hasta ahora 24 personas en el rango de 16 a 18 años, lo cual se diferencia un poco con las cifras manejadas por la Fiscalía. Me gustaría, por supuesto, aclarar que estas cifras las estamos, una vez más, sistematizando y triangulando", explicó Rodríguez.

Según el informe de la FGRC, 55 de los procesados del 11J "se encuentran entre 16 y 18 años de edad, de ellos 28 asegurados con la medida cautelar de prisión provisional".

Justicia 11J ve este reconocimiento que hacen las autoridades judiciales cubanas de los procesos contra manifestantes pacíficos como un triunfo. Hasta el momento, el gobierno cubano no había ofrecido información sobre estos juicios.

"Es una gran victoria. Estas respuestas de la Fiscalía no son más que un acto de defensa ante todo este trabajo de espaciamiento de la verdad que venimos desarrollando las organizaciones de la sociedad civil", señaló la investigadora, en referencia a la labor divulgativa, y de denuncia, realizada por grupos como Cubalex, o el propio Justicia 11J.

Para profundizar en el tema, Radio Martí logró comunicarse con la Fiscalía General de la República de Cuba, específicamente con la Dirección de Procesos Penales, pero tras la pregunta de la reportera de por qué Fiscalía acababa de reconocer que hay 55 menores de edad procesados después de las protestas del 11 de julio en Cuba, una información que había sido negada con anterioridad, la funcionaria que contestó colgó abruptamente el teléfono.

A finales de 2021, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) manifestó su preocupación por "los presuntos casos de detenciones de niños y niñas" reportados en Cuba, e hizo un llamado a las autoridades cubanas para que proporcionaran información adicional verificada sobre estos casos.

MININT confirma deterioro de preso político en huelga de hambre en Holguín, alerta su esposa

Yosvany Rosell García Caso. Combinación de fotografías de redes sociales.

Oficiales del Ministerio del Interior de Cuba (MININT) se reunieron el lunes en la Prisión Provisional de Holguín con Mailín Rodríguez Sánchez, esposa del preso político Yosvany Rosell García Caso, para advertirle sobre el deterioro de la salud del reo, luego de permanecer 10 días en huelga de hambre.

Al hombre de 33 años, soldador de oficio, la fiscalía le pide una condena de 30 años de cárcel bajo el delito de sedición, tras participar en las protestas del 11 de julio en Holguín y alega que "como consecuencia de la falta de fluido eléctrico convocó a los vecinos a protestar en la vía pública".

Según dijo la señora a Radio Martí, los oficiales del Ministerio del Interior le pidieron que intentara convencerlo para que suspendiera la protesta.

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“Lo que dicen ellos es que ya se encuentra deteriorado, ya a la salud de él está disminuyendo, los análisis que le hicieron están alterados y él sigue negado a todo", declaró Rodríguez Sánchez, una activa vocera de la situación de los presos políticos del 11J en Holguín.

"No quiso recibirme, ni nada. Él sigue en su postura hasta las últimas consecuencias, ya son son 10 días, ya me preocupa su salud porque él tiene problemas de salud. Tiene problemas del corazón, es hipertenso crónico ya eso le va afectando demasiado", declaró su pareja por más de 16 años.

La mujer explicó las graves consecuencias que este proceso judicial ha traído para su familia: "Tenemos tres hijos y están acabando la vida con nosotros. Me siento enormemente preocupada porque él se niega a recibir cualquier atención, manteniendo su postura de seguir plantado en huelga, exigiendo sus derechos, que le sea bajada esa horrible petición fiscal de 30 años de privación de libertad, que está acabando con esta familia. Por favor pido justicia y libertad".

La Comisión Justicia 11 alertó que al menos 5 presos políticos en Cuba continúan plantados en huelga de hambre: Rosell García, Luis Manuel Otero Alcántara, William Manuel Leyva Pupo, Cruz García Domínguez y Chadrián Vila Sequin.

Nueva jefa de UNICEF tiene un gran encargo: priorizar situación de menores presos en Cuba

Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF.

Los senadores estadounidenses Marco Rubio (R-FL), Bob Menendez (D-NJ), Bill Cassidy (R-LA) y Ben Cardin (D-MD) enviaron una carta a Catherine Russell, la recién nombrada Directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), instándola a priorizar la protección de al menos 45 cubanos, menores de 17 años, arbitrariamente encarcelados y procesados por el régimen comunista por su participación en las históricas protestas de julio de 2021.

Los legisladores piden a la estadounidense Russell, nombrada al cargo en diciembre, que exija la liberación inmediata de los menores cubanos como una de sus primeras acciones frente a la UNICEF.

"Creemos que la situación en Cuba merece toda la atención y la condena de la comunidad internacional. Las autoridades cubanas deben saber que sus actos descarados tienen consecuencias y son inaceptables para cualquier país que espere ser considerado un miembro legítimo de la comunidad internacional", indica la carta.

Los políticos destacan que UNICEF está en una posición privilegiada para liderar la condena internacional "de estos actos desmedidos y exigir la liberación de estos jóvenes".

"Con la previsión de más juicios y sentencias en los próximos días y semanas, le instamos a interceder en favor de estos niños y sus familias, que sólo buscan justicia y respeto a los derechos humanos básicos de los menores cubanos", afirman los senadores.

En la misiva recuerdan que en noviembre de 2021 UNICEF se unió a otras organizaciones internacionales que demandaron a las autoridades cubanas más información sobre los casos denunciados de niños detenidos en Cuba y afirman que "desgraciadamente, el llamamiento a una mayor transparencia ha sido respondido con extensos informes desde la isla, muchos de ellos de familiares desesperados en las redes sociales, sobre las duras sentencias que se siguen dictando" en Cuba.

Numerosas iniciativas desde la sociedad civil cubana, la oposición y organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos han apelado a la UNICEF en el caso de los menores encarcelados y en prisión domiciliaria tras manifestarse el 11 de julio.

Hace apenas unas semanas, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, (OCDH), citado en la carta por los senadores, envió a la organización un detallado informe sobre la situación de los menores presos en Cuba, muchos de los cuales han denunciado maltratos, violencia verbal y física por parte de sus carceleros y falta de atención médica en los centros penitenciarios.

La plataforma Justicia 11J y el Centro Legal Cubalex han enviado a UNICEF consecutivos reportes sobre la situación de estos adolescentes encarcelados con afectaciones físicas y sicológicas.

También la Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha protestado enérgicamente a causa de las desmesuradas condenas impuestas a algunos de estos muchachos y se ha dirigido a UNICEF para que tome cartas en el asunto.

Cuba entre los 50 países donde más se persigue a los cristianos en el mundo

El pastor Yoel Demetrio, líder de la Iglesia Misionera de Cuba, ora junto a miembros de su congregación. (Facebook)

Cuba ocupa el lugar 37 en la Lista mundial de vigilancia 2022 de Open Doors (Puertas Abiertas), el informe que la organización internacional dedica cada año al asedio contra los cristianos en el mundo, y que enumera a los 50 países donde la situación es más peligrosa.

“Desde el año 2012, Cuba no entraba a la lista implementada por Open Doors, con décadas de trabajo monitoreando la violencia contra creyentes de fe cristiana, desde católicos hasta protestantes en sus más diversas expresiones”, explicó el escritor y periodista Yoe Suárez, especializado en libertad religiosa en Cuba.

“Se han evaluado varios parámetros, como es el acceso de los creyentes a medios de comunicación, lo cual está vedado en Cuba, no sólo para los creyentes”, apuntó.

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“Además, se han tenido en cuenta los arrestos, la demolición de templos y otros ataques contra Iglesias y este año, igual que en anteriores, se ha visto la imposibilidad de los creyentes de construir nuevos lugares de culto, incluso de reparar a aquellos que ya tenían”, puntualizó el comunicador de filiación evangelista.

La investigación subraya el incremento de la violencia en la Isla contra los cristianos y califica de “muy alta” la persecución a los feligreses y sus líderes, a los que considera como sus antagonistas.

“El régimen considera como opositores, a las iglesias, ve en ella una de las principales amenazas, incluso más letal que la de los propios grupos de oposición tradicionales”, acotó el pastor cubano residente en EEUU Mario Félix Lleonart, director del Instituto Patmos, que observa y documenta el comportamiento religioso en la Isla.

“El sistema no se fía ni de las iglesias que no tienen reconocimiento legal, ni de las que lo tienen. Porque sabe por experiencia que, en Polonia, la Iglesia Católica o, en Rumanía, las confesiones protestantes y ortodoxas, desempeñaron un importante papel en la caída final de esos regímenes totalitarios y comunistas de Europa del Este”, expuso Lleonart.

“La mayoría de las asociaciones religiosas que actualmente están registradas, lo están porque ya existían antes de 1959 y, a cuentagotas, se ha permitido legalizarse otras, pero velando que sean afines al régimen, o que no representen una especie de competencia en el plano ideológico para el Partido Comunista de Cuba y demás organizaciones asociadas”, indicó, por su parte, Suárez.

“Y a las organizaciones religiosas que no están inscritas en el Registro de Asociaciones les pasa lo peor: hay detenciones de pastores: un pastor preso de la Iglesia Monte de Sión, en la provincia de Santiago de Cuba; el pastor Lorenzo Rosales, que salió a acompañar al pueblo de Palma Soriano, el 11 de julio, durante las protestas contra el socialismo en esa localidad oriental”, dijo.

Entre los principales motores de acoso, la entidad con sede en California indica la paranoia dictatorial, la opresión comunista y la intolerancia secular que ejercen su coacción por medio de los funcionarios estatales y del partido y grupos de presión, incluidas las turbas.

La recopilación enfatiza en el incremento del control por parte del gobierno autoritario, señalando que ha utilizado las restricciones impuestas por la pandemia para debilitar a los colectivos cristianos en varias provincias.

“La pandemia le dio a la dictadura la excusa total para reprimir a las iglesias. La dictadura aprovechó por todas las vías para intentarse limitar a la Iglesia y, en muchos aspectos una iglesia pujante, con un enorme crecimiento pero que se frenó, drásticamente, por la llegada de la pandemia esgrimida para reprimir. Y, juntándose a esto, el proceso llamado ordenamiento o reordenamiento, que vino también a unirse a esa fórmula letal para intentar también asfixiar, desde el punto de vista económico, a las iglesias”, agregó el reverendo, asentado en Washington, DC.

La exposición de Open Doors denuncia que, durante la crisis de COVID-19, “muchos líderes de la iglesia organizaron la distribución de suministros básicos y ayuda de emergencia” a los barrios más pobres. Los que no pertenecen al Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) fueron, muchas veces, “estorbados por las autoridades y amenazados de arresto por tales actividades”.

“Hubo varios pastores detenidos durante el año por el 11 J. Pero también por otras cuestiones, por ejemplo, el pastor Alain Toledano, por oficiar cultos cuando ya había cierta permisibilidad por parte del régimen para determinadas actividades que le eran vitales a la economía o afines ideológicamente”, coincidió Suárez.

La ONG fundamenta el sitio ocupado por Cuba en su ranking mundial con ejemplos de violaciones de derechos a religiosos en el período de 2021, como es la agresión a pedradas contra la casa pastoral de la Iglesia Misionera, encabezada por Yoel Demetrio, que pertenece al Movimiento Apostólico, una red de iglesias evangélicas que el Estado se niega a legalizar.

Asimismo, el documento, basado en el período comprendido entre noviembre de 2020 a septiembre de 2021, resalta que, ante el creciente descontento de la población y las violaciones de los derechos humanos contra los críticos del gobierno, cada vez menos representantes de la Iglesia católica y evangélica guardan silencio y que la crisis ha llevado a una mayor unidad entre las diferentes comunidades cristianas.

Los principios fundamentales de la fe cristiana contradicen los métodos totalitarios y represivos utilizados por el régimen para mantenerse en el poder. Por lo tanto, la libertad religiosa es limitada, especialmente, cuando los cristianos desafían al partido gobernante hablando y cuestionando la ideología del sistema, afirma el informe.

“La verdad es que es muy triste que Cuba esté en una lista de este tipo. Sin embargo, es reconfortante saber que el trabajo de visibilización sobre la represión que hay contra la libertad religiosa ha sido escuchado por instituciones tan prestigiosas como Open Doors. De hecho, hay un montón de información ofrecida por grupos de la sociedad civil y por la prensa independiente”, afirmó el joven autor.

Radio Martí intentó contactar en varias ocasiones a Open Doors sin obtener respuesta.

ONU da a La Habana plazo hasta el 7 de febrero para responder sobre manifestantes desaparecidos tras el 11J

Un hombre es detenido durante una manifestación contra el gobierno del presidente cubano Miguel Díaz-Canel en La Habana, el 11 de julio de 2021.

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU dio un plazo al régimen cubano hasta el 7 de febrero para aportar información complementaria sobre los sucesos del 11J, en respuesta a una denuncia de la Asociación Cubanos por la Democracia.

En el documento, al que tuvo acceso Radio Televisión Martí, Naciones Unidas dice haber solicitado al régimen cubano el número de personas desaparecidas, en el contexto de las manifestaciones del 11 de julio de 2021; además de preguntar por las medidas adoptadas para localizarlas y por las reparaciones otorgadas a las víctimas, entre otros temas.

“Basándonos en las más de 187 denuncias que se han presentado ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas, hemos decidido ir un paso más allá y solicitar la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional, que implica la investigación y eventual sanción”, explicó Reimel Ariosa Méndez, director jurídico de Cubanos por la Democracia.

Según la queja admitida a trámite por el comité, perteneciente a la Oficina del Alto Representante de la ONU para los Derechos Humanos, “el Estado cubano practica, a través de sus propias instituciones, de forma generalizada y sistemática, la desaparición forzada de personas por motivos políticos o ideológicos”.

“Las desapariciones forzadas son ejecutadas por las propias fuerzas de seguridad del Estado. No solo consisten en la detención arbitraria, ilegal y no comunicada, sino también en el traslado de presos o detenidos entre instituciones penitenciarias, sin comunicarlo a sus allegados”, puntualizó Ariosa Méndez.

Cubanos por la Democracia, organización radicada en Valencia, la tercera ciudad en importancia de España, ha pedido al Comité que “eleve la investigación a la Secretaría General de la ONU, para un debate sobre si Cuba debería seguir formando parte de este convenio”.

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