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América Latina

¿Qué opinan los venezolanos de a pie de los resultados de las elecciones regionales?

Carteles de candidatos del partido en el gobierno, Miranda Héctor Rodríguez, a la derecha, y del aspirante a la alcaldía de Sucre, José Vicente Rangel, colgados en una calle en Caracas. (AP/Ariana Cubillos)

Ciudadanos, indistintamente de que hayan decidido participar o no, apuntan que situación social en Venezuela seguirá “igual” tras la elección.

CARACAS / MARACAIBO, VENEZUELA. — Algunos con desencanto y otros con algo de esperanza comedida, recibieron los venezolanos los resultados de los comicios del domingo, en los que el oficialismo arrasó con 20 de las 23 gobernaciones del país, en unas elecciones que marcaron el regreso de la oposición.

“No voto por la desidia, por la falta seriedad de los políticos de oposición”, sentencia Gabriel Madera, un trabajador que vota en el Municipio Libertador, alcaldía de Caracas, donde el chavismo mantuvo el poder con su abanderada, la exministra y exgobernadora Carmen Meléndez.

Madera asegura que las elecciones fueron “más de lo mismo” y que la mayoría de los venezolanos están enfocados en trabajar y llevar “el pan a la mesa”.

“La masa del venezolano ya no cree en los políticos”, afirmó Madera. “Yo sigo con mis problemas y todo el mundo sigue con sus problemas”, agregó.

Una ciudadana que solo se identificó como Andreína, vendedora en un puesto de comida, dijo que ni preguntó ni escuchó comentarios sobre los comicios regionales. Tuvo que trabajar el domingo y, cuando terminó, cuidar de su hija, por lo que no participó.

Andreína dijo que “Dios quiera” que la elección pueda ayudar a superar la situación que vive Venezuela.

Eugenio Martínez, especialista en procesos electorales, dijo que estas elecciones "no van a cambiar mucho la dinámica de Venezuela".

"La emergencia humanitaria compleja va a seguir”, agregó.

La oposición venezolana obtuvo su triunfo más amplio en Zulia, el estado más poblado.

Manuel Rosales, exgobernador del estado entre 2000 y 2008 y fundador de Un Nuevo Tiempo, uno de los principales partidos de la coalición opositora, ganó holgadamente contra el aspirante oficialista a la reelección, Omar Prieto.

Katyuska Morán, residente de la capital regional de Zulia, Maracaibo, confía en que haya cambios en las políticas públicas de su localidad lo más pronto posible.

“Espero ver una gestión regional y local promoviendo la ciudadanía, sin sectarismos, donde servicios básicos como la recolección de basura funcionen”, dijo.

Morán votó el domingo porque “la abstención no resuelve nada”, afirmó. Pese a sus buenos deseos, teme que la situación social en Venezuela siga “igual” tras la elección.

“Este país ha sido destruido en lo mas elemental: su integridad, y reconstruir ese tejido llevará mucho tiempo”, agregó.

Sin embargo, las votaciones estuvieron marcadas por la abstención, cercana al 60%.

El politólogo Pietro Trepiccione interpreta esa cifra como reflejo de las decenas de miles de votantes que emigraron y de la no participación tradicional en este tipo de comicios.

Belkys Larreal, jubilada del sector público, dice haber notado “razones de peso” para quienes votaron y también para aquellos que se abstuvieron de participar. Su optimismo sobre posibles cambios en Zulia, en su ciudad, es prudente.

“Hay una supremacía que gobierna y es el centralismo. Estamos por ver cómo quedará el Estado con sus ingresos y si gobernará o será una mampara”, apuntó.

Cree que destrabar “el secuestro” de instituciones como el Banco Central o el Tribunal Supremo de Justicia es clave, más allá de ganar algunas gobernaciones.

Venezuela vive “una resaca” de carencias sociales y económicas, dijo la jubilada.

“Los males siguen igual. Internacionalmente, el termómetro dice que 60% del país se abstuvo y no reconoce ni a Maduro ni al CNE. Cuando comprendan que ir a elecciones amañadas nos perjudica, será diferente”, agregó.

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Pedro Castillo es detenido, una nueva presidenta asume el poder en Perú

Manifestaciones en Lima, Perú, el 7 de diciembre de 2022. (Reuters/Alessandro Cinque).

El Congreso de Perú aprobó el miércoles a primera hora de la tarde la vacancia constitucional contra el presidente Pedro Castillo.

"Defendiendo nuestra democracia y la Constitución, el Pleno Del Congreso aprobó, con 101 votos a favor, la vacancia contra el presidente Pedro Castillo", informó el Congreso por medio de un tuit. Más tarde, también compartió en redes la resolución que declara la vacancia Castillo.

La decisión tuvo lugar poco después de que Castillo anunciara en horas de la mañana la disolución del Congreso, en un momento en que enfrenta varias acusaciones por actos de corrupción.

Durante la sesión plenaria, la vicepresidenta Dina Boluarte, cuya asunción al poder estaba aún por llegar, rechazó además la decisión de Castillo de suspender el Congreso. "Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley", aseguró Boluarte.

Apenas un par de horas más tarde, Boluarte asumió la jefatura de Estado anunciado la convocatoria de elecciones legislativas y la reorganización del Poder Judicial, la Fiscalía General y el Tribunal Constitucional.

"Desde este momento hasta el 27 de julio de 2026, defenderé la soberanía nacional, la idoneidad física y moral de la República y la independencia de las instituciones democráticas, cumpliré y haré cumplir la Constitución y las leyes del Perú, reconoceré la libertad de culto y la formación plural y moral de los peruanos", señaló Boluarte al momento de jurar ante José Williams, titular del Parlamento.

"Asumo el cargo de presidenta siendo consciente de la responsabilidad que me toca, y mi primera invocación es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Nos corresponde conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses", agregó la nueva mandataria.

Luego, Boluarte se dirigió a la oposición para una "tregua política" en lo que serán sus primeros meses de administración. "Lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso, para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno. Mi primera medida será enfrentar a la corrupción en todas las escabrosas dimensiones", apuntó.

Finalmente, la presidenta de Perú pidió a la Fiscalía General y a la Contraloría a que sigan con las investigaciones de los presuntos actos de corrupción de la gestión de Castillo.

Tras la decisión del Congreso, Castillo fue detenido por la Policía cuando abandonaba el Palacio de Gobierno. El ya expresidente de Perú fue trasladado a la prefectura de Lima, a donde llegó la fiscal general, Patricia Benavides, para recoger sus descargos por haber tomado la decisión de disolver el Parlamento.

Castillo se encuentra acompañado por Aníbal Torres, quien se desempeñó como su ministro de Justicia y titular del Consejo de Ministros hasta hace unas semanas. Benji Espinoza y Eduardo Pachas, quienes eran sus abogados en los diversos procesos en la Fiscalía, renunciaron tras el anuncio del expresidente de disolver el Congreso.

Fuentes del Ministerio Público señalaron a la Voz de América que la Fiscalía General solicitará la prisión preventiva para Castillo por el presunto delito de conspiración al tratar de cerrar el Parlamento, cuya pena de cárcel podría ser de 20 años. Además, las seis investigaciones por casos de corrupción de su gobierno avanzarán más rápido.

La tesis del Ministerio Público es que Castillo sería el presunto jefe de una organización criminal "enquistada" en el Estado por los casos Puente Tarata III y Petroperú. También estarían involucrados sus exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda).

Castillo también es investigado por ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado; así como por un "presunto encubrimiento" para no atrapar a los prófugos de su gobierno, entre ellos a Bruno Pacheco, quien fue secretario personal, y el supuesto plagio en su tesis de maestría.

Presidente Castillo anuncia disolución del Congreso peruano y oposición acusa golpe de Estado

Concentración de personas ante el Congreso de Perú después de que el presidente Pedro Castillo dijera que disolverá el Congreso en Lima.

El presidente peruano, Pedro Castillo, anunció sorpresivamente el miércoles la disolución temporal del Congreso, cuando quedaban pocas horas para que enfrentara un tercer intento de destitución promovido por legisladores de la oposición, que calificaron la decisión como un golpe de Estado.

Castillo, un líder de izquierda que asumió al poder en julio del 2021, dijo que se establecería un gobierno de "excepción", al tiempo que convocará en el más breve plazo a elecciones legislativas, con facultades constituyentes, para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses.

El presidente anunció asimismo la reorganización del Poder Judicial, la fiscalía y el Tribunal Constitucional, y refirió que durante el periodo de "interregno" por el cierre del Congreso se respetará el actual modelo económico del país.


Hace tres décadas, el exmandatario Alberto Fujimori, actualmente preso por abusos a los derechos humanos y corrupción, ordenó también la disolución del Congreso, con similares medidas en torno al sistema judicial.

Aún no estaba claro, ante las versiones contrapuestas del presidente y la oposición, si el mandatario estaba facultado por ley a ordenar el cierre del Congreso.

"En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia", dijo Castillo en un discurso.

Castillo declaró un toque de queda a nivel nacional desde las 22.00 hora local (0300 GMT del jueves) hasta la madrugada del día siguiente y pidió a los que poseen armas ilegales las entreguen a la policía en un plazo de 72 horas, bajo pena de cárcel si no lo hacen.

Varios legisladores de oposición consideraron la decisión de Castillo como un "golpe de Estado" e hicieron llamados a las fuerzas armadas para "restablecer el orden constitucional".

La fiscalía general declaró que Castillo violó la Constitución, ya que no se cumplía la norma legal para decretar el cierre del Poder Legislativo.

Castillo había sido convocado al Congreso unicameral a las 15.00 horas local (2000 GMT) para que responda a acusaciones de "permanente incapacidad moral" para gobernar, en medio de varias investigaciones de fiscalía de presunta corrupción. El Congreso dijo que seguirá adelante con el debate de juicio político.

Ante las disposiciones del presidente Castillo, Roberto Chiabra Congresista de la República del Perú, quien se presenta en su cuenta de Twitter como "Patriota. Líder de las Tropas Peruanas que pelearon y vencieron en el Cenepa, Lima", reaccionó pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas del país y además, retuiteó un comunicado emitido al respecto por dicha institución.

Para expulsar a Castillo se necesitan 87 votos, que corresponden a dos tercios de los 130 miembros del Congreso. La tercera moción de "vacancia presidencial" fue aprobada la semana pasada con 73 votos, la mayoría de partidos de derecha.

Tras la decisión de Castillo, los ministros de Economía Kurt Burneo y de Relaciones Exteriores anunciaron su renuncia por Twitter.

"En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, ante la decisión del Presidente Castillo de cerrar el Congreso (...) violando la Constitución", dijo el ahora excanciller César Landa.

"Condeno enérgicamente este autogolpe de Estado e invoco a la comunidad internacional a ayudar al reencauzamiento democrático en Perú. Castillo tomó esta decisión sin mi conocimiento ni apoyo", agregó Landa.


En dos encuentas realizadas el pasado mes de julio por la emperesa CID GALUP, el presidente peruano Pedro Castillo obtuvo sólo un 19% de aprobación popular.

Kirchner condenada a seis años por fraude al Estado

La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner habla en una reunión en Pilar, Argentina, el viernes 4 de noviembre de 2022.

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada el martes a seis años de prisión por fraude al Estado argentino y ha sido inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.

Tras escuchar la sentencia de los tres jueces que la encontraron culpable de administración fraudulenta, la expresidenta de Argentina y actual vicepresidenta dijo que sus enemigos políticos, los medios opositores y los jueces federales solo quieren verla “presa o muerta me quieren”.

“La condena real es la inhabilitación perpetua”, dijo la política de 69 años, aliada del régimen de La Habana, en una alocución desde su despacho en el Senado.

"No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta”, sentenció Kirchner, a pesar de que el fallo del Tribunal puede ser apelado y un veredicto de la Corte Suprema de Justicia pudiera demorarse años.

La vicepresidenta fue hallada culpable de adjudicar de forma irregular 51 obras viales con fondos nacionales a Lázaro Báez, un empresario allegado, lo que supuso una defraudación al Estado por cerca de 1.000 millones de dólares.

Foto Archivo. Cristina Fernández de Kirchner y Raúl Castro, en el Palacio de la Revolución en La Habana, el 19 de septiembre de 2015.
Foto Archivo. Cristina Fernández de Kirchner y Raúl Castro, en el Palacio de la Revolución en La Habana, el 19 de septiembre de 2015.

El mandatario argentino Alberto Fernández se solidarizó con su vicepresidenta y dijo que "es víctima de una persecución absolutamente injusta".

"Se de su inocencia. Todos los hombres y todas las mujeres de bien que amamos la democracia y el Estado de Derecho debemos ponernos a su lado", escribió Fernández en sus redes sociales.

El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en su perfil de Twitter, dijo que rechazaban "los procesos judiciales políticamente motivados" y mostró solidaridad hacia la vicepresidenta argentina con las etiquetas #CubaTeAbraza y #TodosConCristina.

De igual manera, el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, también manifestó la "solidaridad" de su país con Fernández de Kirchner por un juicio que considera que "tiene claros fines políticos"

En septiembre, el General Raúl Castro le envió un mensaje de respaldo a su amiga, al conocer sobre un intento de atentado contra la exmandataria ocurrido en Buenos Aires.

Fernández de Kirchner resultó ilesa porque el arma que portaba el agresor no se disparó pese a estar cargada con cinco balas.

Castro, que ha hecho contadas comparecencias públicas y pronunciamientos desde su retiro de la política en abril de 2021, manifestó "solidaridad y apoyo ante el vil atentado", y le envió un abrazo a su aliada.

Un año de violencia letal contra la prensa

En Managua, venta del diario La Prensa. (AP/Ariel Leon).

Este 2022 ha sido el año más letal para la prensa en Latinoamérica en las últimas dos décadas, con 38 periodistas asesinados en la región.

Así lo señaló este lunes Paula Roko, coordinadora en la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una reunión con representantes de medios, Gobiernos y entes reguladores en Washington.

"La escalada de la violencia hacia los periodistas es uno de los temas más urgentes para atender a nivel regional", dijo Roko, quien se encarga de monitorear los ataques contra la libertad de prensa en los países latinoamericanos.

Los ataques contra la prensa se dan en un ambiente en que políticos y funcionarios de los propios Gobiernos hablan de manera "estigmatizante" sobre los profesionales de la comunicación, apuntó la experta.

Además de señalar a los medios, los Ejecutivos de la región no investigan de manera adecuada los asesinatos a periodistas: un 95% de los crímenes cometidos este año siguen impunes, explicó Fabián Cardozo, presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc).

"Requerimos acciones", sentenció Cardozo, quien pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que reclame a las naciones que investiguen los crímenes y que enjuicien a los responsables.

El responsable de Fepalc citó "el clima de impunidad, el avance del crimen organizado y la permanente represión a quien investiga" como algunos de los factores de violencia contra los reporteros.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó este lunes los ataques a la prensa y rechazó "cualquier forma directa o indirecta de restricción" contra la libertad de expresión.

"El periodismo no mata, articula palabras, expone ideas y denuncia hechos", dijo Almagro en su intervención ante la reunión, organizada por el Centro de Estudios para el desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (Certal).

Litigio territorial entre Colombia y Nicaragua: ¿qué esperar?

Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya. (REUTERS/Yves Herman//File)

BOGOTÁ — El lunes 5 de diciembre comienzan las audiencias orales del litigio entre Colombia y Nicaragua en La Haya, relacionadas con la “delimitación de la plataforma continental” entre ambos países, “más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense".

En el 2013, Nicaragua presentó dos nuevas demandas en contra de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La primera está relacionada precisamente con la plataforma y, la segunda, por “Presuntas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios marítimos en el Mar Caribe (Nicaragua contra Colombia)”.

En esta última, la Corte aceptó tener una zona contigua integral que uniera a todas las islas en el archipiélago, y rechazó la petición que obligaba a Colombia a reconocer los nuevos límites sin un tratado conjunto; sin embargo, hizo énfasis en que la nación suramericana no podía emitir permisos de pesca en áreas adjudicadas a Nicaragua.

Argumentos de parte y parte

Los nicaragüenses buscan que la Corte les reconozca derechos sobre una supuesta plataforma continental, más allá de las 200 millas náuticas medidas a partir de su costa; es decir, el derecho a más espacio marítimo.

En este sentido, que se establezca el curso preciso o los límites de la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia en las áreas de plataforma continental, que le corresponden a cada uno, más allá de las fronteras fijadas por la Corte, en su fallo del 19 de noviembre de 2012.

Según un explicativo de la Cancillería colombiana, el país “ha esgrimido ante la Corte argumentos científicos, jurídicos e institucionales indicando las razones por las cuales la reclamación nicaragüense por una supuesta plataforma continental extendida no tiene ningún fundamento y, como tal, al no darse los presupuestos necesarios, no procede una delimitación de plataformas continentales como lo busca Nicaragua”.

Colombia, agrega el texto, demostró que tiene “plena titularidad sobre el área marítima reclamada por Nicaragua”. En este último caso, Nicaragua había presentado una pretensión en el sentido de que la Corte fijara un régimen provisional de derechos y obligaciones en el área, pero esta pretensión fue descartada por el tribunal, en la sentencia del 17 de marzo de 2016, al acoger la excepción preliminar presentada por Colombia sobre este punto.

De esta manera, tanto Colombia como Nicaragua responderán ante el tribunal por dos temas claves: los criterios definidos por el derecho internacional para determinar la delimitación del mar territorial ,más allá de las 200 millas náuticas de un país, y la determinación de las líneas base, a partir de las que se mide el mar territorial, más allá de las 200 millas que reclama Nicaragua.

Excepciones preliminares

En este caso, Colombia presentó excepciones preliminares el 14 de agosto de 2014. Entre el 5 y 9 de octubre de 2015, se realizaron las audiencias públicas orales, en La Haya, sobre dichas excepciones preliminares.

En marzo de 2016, La Corte falló sobre excepciones preliminares, le dio la razón a Colombia, pero asumió competencia para conocer el fondo de la demanda sobre las pretensiones restantes.

Sobre la pretensión nicaragüense para que se le reconozcan derechos sobre el suelo y el subsuelo marino más allá de las 200 millas náuticas desde su costa, la mitad de los jueces de la Corte le dio la razón a Colombia de que Nicaragua ya lo había solicitado y se había rechazado, lo que evitaba una nueva discusión. Pero el empate requirió el voto dirimente del presidente de la CIJ (situación que hasta entonces sólo había ocurrido dos veces en la historia), decidiendo que el tribunal sí tenía competencia para estudiar la demanda de Nicaragua.

¿Qué viene?

Durante una semana, Nicaragua y Colombia presentará oralmente los principales argumentos en los que fundamenta sus pretensiones, y lo propio hará Colombia, quien presentará sus argumentos contra las demandas del país centroamericano. Las audiencias serán públicas y serán transmitidas en vivo y en tiempo real, a través de la página de la ONU.

Según la cancillería Colombia, hasta que no finalicen las audiencias orales, los Estados permanecen en total reserva para no afectar la estrategia jurídica de cada parte.

El equipo jurídico de Colombia estará liderado por el agente Eduardo Valencia-Ospina, agente; los coagentes Carolina Olarte Bácares y Elizabeth Taylor; el asesor Gabriel Cifuentes, asesor y Andrés Villegas Jaramillo, Coordinador de asuntos ante la CIJ, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se espera que la Corte anuncie los pasos a seguir en el desarrollo del proceso, de acuerdo con su calendario y procedimiento. El fallo de la Corte podría tomar varios meses.

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