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Cuba

UNPACU denuncia golpiza a prisionero político de 65 años (VIDEO)

Pablo Moya Delá

El prisionero político Pablo Moya Delá, de 65 años y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) recibió una golpiza propinada por presos comunes que cumplían órdenes de las autoridades carcelarias.

La denuncia fue realizada por José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, a través de las ondas de Radio Martí, quien además dijo que Moya Delá cumple siete días en huelga de hambre en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba.

“[…] Pablo Moya Delá está ya en su séptimo día de huelga de hambre después de que fuese agredido y herido por delincuentes comunes que cumplen órdenes de la policía política”, denunció Ferrer, “cumplen las misiones que les encomienda la policía política a cambio de beneficios materiales”, agregó el líder de UNPACU.

Asedio, detenciones, golpiza a prisionero político, denuncia José Daniel Ferrer
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Según José Daniel Ferrer, la razón del “incremento de la violencia contra los presos políticos […] no solamente contra Pablo Moya Delá, sino también contra otros activistas, se debe a que el régimen quiere encarcelar a los que destacan ahora mismo en el activismo, por lo menos a cierto número de ellos y a la vez, ir sacando de la prisión a los presos que logren rendir por la represión”, aseguró Ferrer.

Pablo Moya Delá fue arrestado en septiembre de 2020 en La Habana, por reclamar pacíficamente el cese de la represión y el abastecimiento en tiendas estatales. Días después fue deportado, hacia Santiago de Cuba, su lugar de origen, y posteriormente llevado a prisión, por un supuesto delito de evasión de impuestos.

Asimismo, Ferrer se refirió a la situación de represión y acoso alrededor de la sede principal del grupo opositor, en el reparto santiaguero de Altamira que, de acuerdo con sus palabras, “no ha disminuido” y no se limita solamente a impedir el acceso de los activistas políticos; sino que las personas sin recursos, que intentan llegar hasta allí en busca de alimentos, son detenidas y amenazadas con ser encarcelados.

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En Cuba solo hay medicamentos en "bolsa negra" y una cama en un hospital cuesta 1,000 pesos, denuncian desde la isla

Enfermos en los pasillos del hospital de Cárdenas. (Captura de video/Reuters)

Cubanos desde la isla expresaron su preocupación este miércoles por el alza en el número de fallecidos por COVID-19 y la persistente falta de transparencia informativa de las autoridades sobre la crisis sanitaria que enfrenta el país.

Entrevistados dijeron a Radio Televisión Martí que, en medio de esa crisis, se ha incrementado el mercado negro de medicamentos, y hasta de camas para el ingreso en hospitales de pacientes con coronavirus, mientras las instituciones del Estado guardan silencio.

Henry Couto Guzmán, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en la ciudad de Guantánamo, estuvo ingresado desde el 30 de julio con COVID-19 en el hospital provincial Dr. Agostinho Neto.

“No había cama y estuve dos días en los pasillos del hospital. Se están muriendo personas por falta de oxígeno y falta de medicamentos, yo soy testigo de esto. Y el gobierno no dice que mueren por COVID-19, le ponen en los papeles que murió de un paro respiratorio”, aseguró el activista.

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Según Couto Guzmán, “un paquete de azitromicina cuesta más de 3 pesos en la bolsa negra”, explicó Henry.

En la ciudad de Ciego de Ávila, el martes, el cuentapropista José Carlos Fernández visitó el hospital general Antonio Luaces Iraola.

“Allí hay personas que están muriendo en las camillas, tirados en los pasillos; los fallecidos llegan a ponerse rígidos porque pasan horas y no vienen a recogerlo de la funeraria”, dijo.

También en el territorio avileño, la periodista Dairis González Ravelo subraya el colapso de las instituciones sanitarias, en especial, el hospital Roberto Rodríguez, en Morón.

“Se están muriendo diariamente hasta 14 personas en el municipio de Morón, y en el hospital comparten un balón de oxígeno hasta cuatro personas. Imagínense que hasta resolver una cama para un ingreso cuesta 1,000 pesos aquí”, señaló la comunicadora.

En Matanzas, en el municipio de Jagüey Grande, colapsó el hospital Iluminado Rodríguez, reportó la directora del diario independiente El Cocodrilo Callejero, Martha Lisset Sánchez Solís.

“Ya la institución médica no cuenta con disponibilidad de camas, y el crematorio provincial está saturado”, afirmó.

El periodista independiente Alejandro Tur Valladares y su familia están aislados con COVID-19 en su vivienda, en Cienfuegos. Desde allí, el comunicador dijo que el programa de trabajadores sociales del gobierno para atender a las personas que están aisladas es un desastre.

“Los medicamentos están en falta y los hemos conseguido por fuera y pagando, porque a nivel institucional es muy difícil encontrarlos”, aseguró.

La activista Diazniurka Salcedo en el municipio de Alquízar, en la provincia de Artemisa, advierte que la crisis sanitaria ya tocó fondo.

“Ya esto rebasó todos los límites, las personas están falleciendo por falta de medicamentos y las madres desesperadas por falta de una duralgina para bajarle la fiebre a los niños”, destacó la activista.

Y desde Holguín, el activista Ramón Zamora y su familia están contagiados con COVID-19 en su vivienda, luego de una detención de 72 horas la pasada semana, en la unidad de la policía de Pedernales. Al poco tiempo de llegar a casa ya se le presentaron los síntomas, por lo que responsabiliza al gobierno por las consecuencias de padecer la enfermedad.

“Nosotros estamos con fiebre muy alta y otros síntomas, y el desabastecimiento es tan grande que no tenemos medicamentos, ni alimentos; absolutamente nada”, dijo Zamora.

El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó el miércoles 9,363 nuevos casos de COVID-19 y la cifra récord de 98 fallecimientos a causa de la enfermedad, elevando a 422,614 el total de contagios y a 3,091 la cifra de muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado.

Según el reporte de las autoridades sanitarias, permanecen ingresados 97 mil 799 pacientes, de los cuales 46 mil 113 confirmados positivos, de ellos 368 son atendidos en terapia intensiva, 140 de ellos en estado crítico y 228 graves.

La tasa de incidencia de Cuba, con una población de 11,2 millones de habitantes, es de mil 141 por cada 100 mil habitantes.

La Habana volvió a ser la provincia con más casos nuevos, al reportar 1, 445 casos, seguida por Ciego de Ávila, con 1,192 y Cienfuegos, con 1,032 entre los territorios más afectados.

Amenazado con prisión periodista independiente Vladimir Turró

Vladimir Turró Páez. (Facebook)

El periodista independiente cubano Vladimir Turró fue amenazado este martes con ir a prisión si continúa sus publicaciones críticas al régimen comunista isleño.

Las publicaciones de Turró que han molestado a los agentes de la policía política han aparecido en su cuenta de Facebook, y en el medio digital Cubanet, que se edita en la ciudad de Miami.

Turró, quien había sido citado a la sexta unidad policial de Marianao, dijo a Radio Martí que, además de las amenazas de llevarlo a la cárcel, los agentes represivos que lo interrogaron le levantaron un acta de advertencia.

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Según palabras del periodista independiente, el interrogatorio comenzó con el tema de las multitudinarias protestas del pueblo cubano contra la dictadura, el día 11 de julio, y su participación en las mismas, cubriéndo los acontecimientos.

Agregó que los agentes le dijeron que sería esta la última acta de advertencia que le hacían, pues le habían realizado ya varias. El régimen comunista utiliza estas actas de advertencia, un número que puede variar, como motivo para llevar a la cárcel a un disidente o a un ciudadano común.

Según el acta, que el periodista independiente se negó a firmar, los agentes no le permitirían una publicación más en contra del régimen que defienden.

No sólo lo amenazaron con la prisión, dijo el periodista, sino también con darle golpizas por "contrarrevolucionario".

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

Capturan a seis balseros cubanos tras tocar tierra en Cayos de Florida

La embarcación en la que viajaban los 6 cubanos. (Twitter/@USBPChiefMIP)

Seis balseros cubanos fueron detenidos este martes por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que respondieron a un evento de contrabando marítimo en los Cayos de Florida.

Los migrantes fueron capturados después de tocar tierra, en una balsa de fabricación casera, cerca de Marathon, con ayuda del Sheriff de los Cayos de Florida, informó en Twitter el agente jefe de patrulla Thomas G. Martin.

Este lunes, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en entrevista con MSNBC que, si bien la administración demócrata de Joe Biden apoya la lucha por la libertad de los cubanos, desalienta a los que pretenden emigrar ilegalmente a Estados Unidos.

La cifra de migrantes cubanos interceptados por autoridades estadounidenses desde el inicio del actual año fiscal (1 de octubre de 2020) ascendió a 512 en julio, según reportes de la Guardia Costera (USCG, por sus siglas en inglés).

Solamente el 18 de mayo, en un mismo episodio, un grupo de 29 balseros cubanos fue interceptado por las autoridades en el Cayo Boca Grande, en el sur de la Florida.

Alertan sobre reportero encarcelado en Cuba desde el 11J; reportan 24 agresiones a periodistas

Orelvis Cabrera Sotolongo. (Foto: Cubanet)

La Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) resaltó este martes la situación de Orelvis Cabrera Sotolongo el único periodista, de los compilados por la organización, que continúa encarcelado a raíz de las históricas protestas del 11 de julio.

“Se le acusa de desorden público y esa figura delictiva contempla en el Código Penal cubano hasta un año de privación de libertad”, denunció José Antonio Fornaris, director de la entidad la única de su tipo asentada en la Isla.

Cabrera Sotolongo, reportero del portal digital Cubanet, está arrestado en la Unidad de Instrucción Provincial de Matanzas bajo la medida cautelar de “prisión preventiva”, hasta el día del juicio, cuya fecha no se ha determinado.

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“Como consecuencia de la jornada cívica del 11, hubo cientos de violaciones a la libertad de expresión con una cifra similar de arrestos arbitrarios. Todo eso a pesar de que el presidente del Tribunal Supremo, Remigio Ferro Salas, aseguró que la libertad de expresión está garantizada en Cuba. Eso dice la Constitución: pura teoría, porque los violadores de los derechos humanos en Cuba nunca pueden ser llevados ante los tribunales. No tienen que responder por sus actos”, indicó el directivo de la APLP.

En su informe de agresiones cometidas por el régimen en el mes de julio la Asociación Pro Libertad de Prensa documentó los casos de 24 comunicadores, de ellos 19 fueron víctimas de represión en relación con las multitudinarias manifestaciones cívicas.

“Ocho están bajo encarcelamiento, dos en prisiones del Estado y5 en reclusión domiciliar. También se reportó el allanamiento a la casa de José Antonio López Piña en el Cristo, Santiago de Cuba y una amenaza de muerte, un tanto disfrazada, en Santa Clara contra Carlos Manuel Torre Fleites, cuando en un interrogatorio, un oficial de la policía política le dijo que va a ir preso y que tuviera en cuenta que ahora cualquiera se muere de COVID”, apuntó Fornaris.

La organización recordó a otros dos reporteros que están en prisión desde meses antes de las protestas: Esteban Rodríguez y Yuri Valle y aclaró que solo publica los ataques a la libertad de prensa confirmados pero que pueden haber otros que escaparon a su escrutinio.

Senadores presentan un proyecto de ley para impulsar investigación de la Casa Blanca sobre el “Síndrome de La Habana”

Vista de la Embajada de EEUU en La Habana. REUTERS/Alexandre Meneghini

Las senadoras Jeanne Shaheen (D-NH), miembro principal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y Susan Collins (R-ME) dieron a conocer este martes un nuevo proyecto de ley bipartidista para reformar la investigación y la respuesta del gobierno de Estados Unidos a los presuntos ataques dirigidos contra sus diplomáticos en Cuba, conocido como “Síndrome de La Habana”

La medida busca también mejorar el acceso a la atención médica de las personas afectadas.

Específicamente, la Ley de Respuesta a Emergencias de Amenazas Energéticas Dirigidas instruye al presidente para que designe a un alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional como Coordinador Interagencias de Incidentes de Salud Anómalos, para organizar la respuesta de todo el gobierno, y requiere la designación de un funcionario superior en las agencias relevantes involucradas con un fin similar.

Además, exige el desarrollo y orientación de la fuerza laboral para aumentar la conciencia sobre esta amenaza, y promover procesos para que las personas informen sobre una posible exposición a estos ataques. También establece un mecanismo interinstitucional seguro para que el personal de todas las agencias informe sobre sospechas de exposición y mejore el acceso a la atención médica.

Por último, autoriza $45 millones en fondos para apoyar los esfuerzos de respuesta del gobierno, de los que $30 millones deben ser utilizados estrictamente en la provisión de atención para el personal afectado y mejoras de la capacidad médica.

En un comunicado, la senadora Shaheen dijo que los “servidores públicos heridos por ataques energéticos dirigidos deben ser tratados con la misma urgencia que cualquier otro estadounidense herido en el cumplimiento de su deber. No deberían tener que pasar por obstáculos burocráticos para acceder a la atención que necesitan, lo que agrava el sufrimiento que ya han soportado”.

Por su parte, la senadora Collins dijo que “las lesiones que han sufrido muchas víctimas de probables ataques de energía dirigida son importantes y les alteran la vida. Mientras se concentran en su salud, no deberían tener que luchar contra la burocracia para recibir el apoyo que merecen”.

Cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo, el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan nombró a un alto funcionario responsable de coordinar la respuesta federal, un paso que, según los funcionarios de la administración, muestra que la Casa Blanca se está tomando el asunto en serio. El proyecto de ley Shaheen-Collins codificaría esa posición en ley.

En junio, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de Ley de Ayuda a las Víctimas Estadounidenses Afligidas por Ataques Neurológicos, conocida como The Havana Act 2021, en referencia a extraños incidentes que afectaron la salud de varios diplomáticos, empleados y sus familiares, y que fueron reportados por primera vez por personal estadounidense y canadiense en La Habana, en 2016. El proyecto de ley aún tiene que aprobarse en la Cámara de Representantes.

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