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América Latina

Condenado y preso, Lula es ahora candidato presidencial del PT en Brasil

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva saluda a los militantes del Partido de los Trabajadores (PT) desde la ventana del sindicato de los metalúrgicos, en Sao Bernardo do Campo.

Fiscal General pidió al Tribunal Electoral que lo inhabilite por estar condenado en segunda instancia, después que el Partido de los Trabajadores lo inscribiera como candidato presidencial en su boleta para las elecciones de octubre.

El Partido de los Trabajadores registró el miércoles al exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como candidato para las elecciones presidenciales de este año, pese a que cumple una sentencia de 12 años de cárcel por corrupción y varios procesos vinculados a sobornos.

Cerca de 10.000 simpatizantes marcharon hacia el máximo tribunal electoral coreando "Lula libre" y "Lula presidente" mientras acompañaban a los líderes del partido para inscribir la candidatura a sólo horas de que venciera el plazo límite.

Aunque fue nominado a comienzos de mes para ser candidato del partido, se prevé que el tribunal electoral lo excluya porque la legislación del país margina a los aspirantes cuya condena se haya ratificado en una apelación, que es la situación de Lula.

El exmandatario está en prisión desde abril, pero aún lidera todas las encuestas electorales.

El PT registró al exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad como compañero de fórmula de Lula. Haddad encabezaría la candidatura si la inscripción de Lula no tiene éxito, dijeron fuentes del partido.

"La gente creía que Lula no sobreviviría en las encuestas y ha sido lo opuesto. Aún es el favorito en todos los escenarios y ganaría directamente en algunos de ellos", dijo Haddad a periodistas. "Si la gente quiere votar por él, debería tener derecho a hacerlo", agregó.

La oficina de la fiscal general Raquel Dodge presentó inmediatamente una solicitud al máximo tribunal electoral para que invalide la candidatura de Lula, porque su condena fue confirmada por una corte de apelaciones, lo que según la legislación brasileña impide que pueda postularse a un cargo público.

Se espera una decisión a más tardar el 12 de septiembre, cuando deben ser revisadas las candidaturas

Lula gobernó Brasil durante dos períodos entre 2003 y 2011 y dejó el cargo con un índice de aprobación récord del 87 por ciento gracias a una economía floreciente y programas sociales que sacaron a millones de brasileños de la pobreza.

Pero su popularidad se vio afectada por acusaciones de corrupción y escándalos en los que se vieron implicados su partido y él personalmente. El PT salió del poder en 2016 cuando el Senado destituyó a la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, tras acusaciones de violar las leyes de presupuesto del país.

Sergio Moro, el juez que coordina la gigantesca investigación anticorrupción “Autolavado”, condenó al ex presidente izquierdista a 12 años y un mes de prisión tras determinar que dirigió una trama corrupta para conceder a la constructora OAS contratos gubernamentales por valor de más de 25 millones de dólares a cambio de un apartamento de lujo triple con cuatro dormitorios, piscina y ascensor privado en la zona turística de Guarujá, en Sao Paulo, que en ese momento costaba unos 600.000 dólares.

Lula tiene pendientes otras siete causas con la justicia que incluyen cargos de lavado de dinero, tráfico de influencias y obstrucción a la Justicia entre otros.

(Con información de Reuters y archivo Martí Noticias)

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El autor Sergio Ramírez denuncia "injusticia dictatorial" en Nicaragua

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes 2017.

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, afirmó que en su país existe una “injusticia dictatorial” e hizo un llamado “a la solidaridad internacional” con los opositores encarcelados en las últimas semanas por el gobierno de Daniel Ortega.

“La mano torpe de la injusticia dictatorial en Nicaragua está persiguiendo y tomando como rehenes a gente justa, mujeres y hombres dignos de todas las condiciones sociales y aterrorizando sus hogares”, escribió en su cuenta de Twitter Ramírez, ex vicepresidente durante el primer gobierno de Ortega (1985-1990) y disidente del gobernante Frente Sandinista.

“Identificado plenamente con ellos, hago un llamado a la solidaridad internacional”, agregó el laureado autor de “Castigo Divino” y “Margarita está linda la mar”, entre una vasta obra literaria.

El propio Ramírez, de 78 años, fue citado recientemente por la Fiscalía para declarar en una investigación por supuesto lavado de dinero contra la periodista y aspirante presidencial opositora Cristiana Chamorro, bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio.

Recientemente los gobiernos de Argentina y México anunciaron que realizan gestiones junto a Estados Unidos como “facilitadores” de un diálogo con Ortega a fin de resolver la grave crisis política que sacude al país a sólo cinco meses de las elecciones del 7 de noviembre.

Ambos gobiernos latinoamericanos apelaron a la “no intervención” en los asuntos internos de Nicaragua, posición que fue rechazada por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).

“Penoso comunicado de México y Argentina sobre la situación en Nicaragua. Una cosa es buscar una salida negociada a esta crisis y otra muy distinta es decir estos disparates”, opinó José Miguel Vivanco, director de HRW.

“El principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado no se aplica a las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Es inaceptable que los gobiernos de Alberto Fernández en Argentina y Andrés Manuel López Obrador en México decidan no acompañar a las numerosas víctimas de la crisis de derechos humanos en Nicaragua”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

La noche del jueves la policía giró una orden de captura contra el empresario Gerardo Baltodano y el exministro de Educación, Humberto Belli, hermano de la reconocida poeta Gioconda Belli, también opositora al gobierno. Las casas de ambos fueron allanadas pero ellos no se encontraban ahí, dijeron familiares.

“Se metieron 30 hombres (policías) y estuvieron tres horas buscando, se llevaron computadoras y documentos”, dijo a The Associated Press Gioconda Belli al confirmar el allanamiento. Aseguró que a su cuñada, que estaba en la casa, “no la maltrataron”.

También se denunció el arresto de Pedro Vásquez Cortedano, de 59 años, chofer de Cristiana Chamorro. Su esposa Norma Vega dijo que la detención ocurrió el pasado martes, un día después de rendir declaración ante la Fiscalía.

Vásquez es la cuarta persona detenida en el caso de Chamorro. Los exempleados de la organización no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, fueron arrestados el 28 de mayo y se les dictó prisión preventiva por 90 días.

“Estas privaciones de la libertad se suman a las más de 120 personas presas políticas que por meses y años sufren de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, declaró en un comunicado el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.

La ayuda internacional a los refugiados de Venezuela

Refugiados venezolanos esperan ser admitidos en Perú (Cris Bouroncle / AFP).

La Conferencia Internacional de Donantes, organizada por Canadá, consiguió recaudar la semana pasada 954 millones de dólares para ayudar a los 5,7 millones de refugiados y migrantes venezolanos que están desplazados en Latinoamérica.

En una entrevista con la agencia de prensa Efe, la ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Karina Gould, se mostró satisfecha del resultado de la conferencia.

En declaraciones a la Voz de América, dijo que "la crisis de migración de venezolanos en la región de América Latina es una de las crisis más grandes en el mundo. La segunda más importante de hecho. Entonces nosotros tenemos como objetivos primero, ante todo, alzar la visibilidad de la crisis, recoger fondos para que los migrantes venezolanos puedan estar bien integrados en los países de recepción y tercero, demostrar la solidaridad con los migrantes venezolanos para hacerles saber que mundo está con ellos".

Gould también expresó preocupación por las mujeres y niñas que son parte del éxodo. "Tienen necesidades diferentes, y también hemos visto un aumento en violencia basado en el género o violencia sexual; y el acceso a los servicios de salud reproductiva y sexual son muy importantes. Y nosotros queremos asegurar que los migrantes y en particular las migrantes tienen acceso a todos los servicios que necesitan".

Por su parte, la delegación de la Unión Europea se comprometió a aportar 147 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria inmediata, ayuda al desarrollo a medio y largo plazo e intervenciones de prevención de conflictos para los refugiados y migrantes venezolanos y las comunidades de acogida.

Colombia: más de 813.000 migrantes venezolanos han completado su documentación

Migrantes venezolanos en una carretera.

El Gobierno de Colombia informó el jueves de los avances que ha tenido el proceso de inscripción de migrantes venezolanos para acogerse al Estatuto Temporal de Protección, que comenzó a inicios de mayo.

Según datos de Migración Colombia, “más de 813.000 ciudadanos venezolanos han completado la primera etapa del estatuto temporal de protección”.

A inicios de enero de 2021 más de 1 millón 742.000 venezolanos estaban en situación irregular en ese país, tras la crisis humanitaria causada por la grave crisis económica y la inestabilidad social bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, indicó en un mensaje en video que en medio del proceso se han hecho “más de 800.000 caracterizaciones socioeconómicas de migrantes venezolanos en salud, educación y condición de vulnerabilidad”.

A la fecha el 44% de los registros completados para la primera fase han sido por personas radicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta y Barranquilla.

El funcionario explicó que debido a que no todos los migrantes cuentan con los dispositivos tecnológicos necesarios, el Gobierno colombiano trabaja en colaboración con entidades como la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a fin de implementar puntos de atención presenciales.

Según datos de ACNUR, 5,4 millones de venezolanos han salido de su país en busca de refugio debido a "la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales".

CPJ reacciona a orden de tribunal salvadoreño a revista de retirar reportaje

Natalie Southwick, coordinadora regional del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ.

“Las autoridades salvadoreñas deben rescindir de inmediato una orden judicial que requiere que el sitio web de noticias independiente Revista Factum retire un artículo”, exigió el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) el jueves, sobre una orden emitida por un Tribunal salvadoreño.

El CPJ considera que el tema es de “interés público", de ahí que las autoridades de El Salvador “deben permitir que los medios de comunicación informen libremente”.

Según la orden judicial, y una publicación hecha en Twitter por el Ministerio Público de ese país, su único objetivo con la orden es “evitar la instrumentalización de la violencia que sufrieron las víctimas de este asesino”.

El reportaje denominado “Asesino de Chalchuapa confiesa cómo mataron a 13 víctimas en el último caso”, revela las declaraciones del expolicía Hugo Ernesto Osorio Chávez, principal sospechoso de asesinar a las víctimas que fueron encontradas sepultadas en su lugar de residencia. Además, cita el testimonio de un testigo protegido, pero no nombra víctimas ni testigos.

En el mandato, según el CPJ, los fiscales acusaron al medio de comunicación de haber cometido múltiples violaciones de la Constitución y el código penal salvadoreño, incluida la violación del debido proceso en “una investigación penal en curso” relacionada con la tumba y el derecho a la privacidad de las "víctimas indirectas" del crimen.

CPJ y el medio afectado afirman que la orden judicial no cita las leyes específicas bajo las cuales la revista o su personal pueden ser procesados.

Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, reaccionó al tema diciendo que “si las autoridades salvadoreñas están realmente preocupadas por la integridad de un caso penal en curso, deberían aclarar exactamente qué secciones del informe de la Revista Factum ponen ese caso en peligro, en lugar de emitir una prohibición general”.

Así mismo Southwick apuntó que no pueden utilizar “afirmaciones vagas para justificar la censura de un artículo completo y deben revertir esta decisión de inmediato para evitar sentar un precedente peligroso".

La Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa se realizará en Madrid

Acciones represivas en Venezuela contra la prensa (Reuters).

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció en un comunicado "que realizará su 77ª Asamblea General del 28 al 31 de octubre en Madrid, España, lo que marcaría el retorno a las actividades presenciales de la organización tras dos años de reuniones virtuales a consecuencia de la pandemia".

"Aún tenemos por delante un largo camino hacia la recuperación, particularmente en los países de América Latina", aseguró el presidente de la SIP, Jorge Canahuati Larach.

Agregó, sin embargo, que "estamos complacidos de volver al formato de reuniones presenciales ya que son nuestra fortaleza, parte de nuestra cultura, y necesarias para seguir trabajando con eficiencia por la libertad de prensa y el futuro de nuestra industria".

La reunión de la SIP se celebrará en el Hotel Meliá-Castilla de Madrid. Una caída en las tasas de infección en España, así como el avance en la aplicación de vacunas ha permitido el levantamiento de los toques de queda en esa nación que inició la reactivación de su infraestructura turística, incluyendo la organización de conferencias internacionales.

"Confiamos en que, en los próximos cinco meses, hasta fines de octubre, nuestro hemisferio seguirá logrando avances importantes en la erradicación del Covid-19 lo cual nos permitirá llegar más fortalecidos a nuestro encuentro en Madrid", aseguró Canahuati, presidente del Grupo Opsa, de Honduras. Canahuati destacó la flexibilidad y el apoyo logístico del Hotel Meliá-Castilla para la realización del evento.

La última reunión presencial de la SIP antes de la pandemia tuvo lugar en octubre de 2019 con la celebración de su 75 asamblea general en Coral Gables, Florida. Durante la emergencia sanitaria, la SIP realizó virtualmente una asamblea anual, dos reuniones semestrales y tres conferencias sobre temas digitales, SIPConnect.

El comunicado añadió que la SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

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