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América Latina

¿Por qué mataron al presidente de Haití?

Fotografía de archivo del 7 de febrero de 2020 del presidente de Haití, Jovenel Moïse, llegando para una entrevista en su casa en Petion-Ville, un suburbio de Puerto Príncipe, Haití. (AP/Dieu Nalio Chery)

Jovenel Moise, de 53 años y sin ninguna experiencia previa en la política antes de llegar a la presidencia de Haití, denunció que se estaba preparando un golpe de estado en su contra.

MIAMI, EEUU - Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia de Colombia y Estados Unidos investigan las conexiones locales con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise esta semana, y enviarán funcionarios a la empobrecida nación caribeña tras el arresto de ciudadanos de sus países por el magnicidio.

La Casa Blanca informó el viernes que oficiales de la Oficina Federal de Investigación y del Departamento de Seguridad Nacional estarán involucrados en las investigaciones, dijo el viernes la secretaria de prensa, Jen Psaki: "Nuestra asistencia es para ayudar al pueblo de Haití y para ayudarles a superar un momento muy difícil".

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que los directores de la Dirección Nacional de Inteligencia y de la Policía Nacional viajarán a Haití para colaborar en las investigaciones. "He ordenado al director de la DNI y al director de Inteligencia de la Policía de Colombia brindar todo el respaldo y viajar en las próximas horas, con personal de Interpol Colombia, a Haití para unirse al esfuerzo de las autoridades de la nación hermana", afirmó el mandatario.

Varios colombianos que formaban parte de un comando armado que asesinó a Moise entraron en Haití a través de República Dominicana y estuvieron en la isla más de un mes al parecer planeando el asesinato, dijeron el viernes fuentes del Ejército y la Policía Nacional.

La policía haitiana aseguró que el asesinato fue cometido por 26 colombianos y dos haitiano-estadounidenses, identificados como James Solages, de 35 años, y Joseph Vincent, de 55.

Diecisiete de los hombres fueron capturados tras un tiroteo con las fuerzas haitianas en Petionville, un suburbio de la capital Puerto Príncipe, mientras que tres murieron y ocho están prófugos. Las autoridades buscan a los autores intelectuales del asesinato.

El magnicidio ocurrió el miércoles. La esposa de Moise, la primera dama Martine Moise, resultó herida de gravedad y ahora se recupera en un hospital del sur de la Florida, en Estados Unidos.

En la comunidad internacional, muchos se preguntan qué fue lo que pasó para que unos asaltantes entraran en la residencia oficial y terminaran con la vida del mandatario. El presidente Joe Biden condenó el hecho que catalogó de "horrible asesinato" y condenó el "acto atroz".

En una entrevista publicada el 13 de febrero en el diario El País, de España, Moise advertía que se estaba preparando un golpe de Estado por parte de familias y empresarios “que controlan los principales recursos del país”.

Expuso entonces que eran estos grupos los que en el pasado “siempre han puesto y quitado presidentes” con el objetivo de “crear desestabilización en el país”.

A continuación algunos aspectos clave:

Un país sumido en una grave crisis sociopolítica

Haití no vivía el mejor momento de su historia. Hace 10 años, el país caribeño sufría las consecuencias de un devastador terremoto que provocó la miseria de una población que ya estaba sumida en una profunda crisis social y económica.

La grave situación en el país obligó a muchos haitianos a abandonar su patria y buscarse la vida en otros lugares.

El 28 de noviembre de 2016 se confirmó que Jovenel Moise había ganado las elecciones generales y se convertía así en el próximo presidente de Haití. En su discurso de aceptación de la victoria, hizo un llamado a todos sus compatriotas tanto en dentro como fuera del país para que juntos pusieran “de pie” Haití.

“Hago un llamado a la juventud del país, a todos los haitianos que viven en el exterior, a todos los profesionales del país para que se comprometan a mi lado para poner al país de pie, porque Haití está de rodillas”, exclamó desde un hotel de la capital, Puerto Príncipe.

Un presidente convencido de que en Haití había futuro

Moise nació en 1968 en el seno de una familia humilde: su madre era costurera y su padre era agricultor y mecánico. A la edad de 6 años, su familia se instaló en Puerto Príncipe y fue en la capital donde pudo estudiar en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Quisqueya.

Pero no ejerció de maestro, sino que se mudó al noroeste del país para impulsar un proyecto empresarial sobre bananas orgánicas. Su emprendimiento no le fue nada mal ya que después construyó una plantación unas 1.000 hectáreas, convirtiéndose así en la primera zona franca agrícola del país que exportaba a varios países europeos.

Su ascenso político

Hasta el 2015, el entonces empresario no era una figura conocida en el ámbito político de Haití. No lo fue hasta que el expresidente Michel Martelly anunció que lo iba a nominar como candidato por el partido Tèt Kale, una formación política de ideología centroderecha y que el propio Martelly había fundado.

En ese momento, el expresidente destacó de él sus orígenes rurales y sus éxitos empresariales con el objetivo de demostrar a un pueblo cansado y sin expectativas de futuro que es posible avanzar en un país como Haití.

Moise no tenía experiencia política ya que jamás había ocupado un cargo público ni había sido parte de una administración de gobierno, pero fue esa carta de presentación la que acabó convenciendo a la mayoría de la población que lo votó para ocupar el puesto de presidente de Haití.

¿Cuándo empezó la cuenta regresiva?

A pesar de su discurso renovador e inspirador para Haití, el presidente tuvo que hacer frente a varias olas de protestas, en muchas ocasiones violentas, en todo el país.

La situación se agudizó el pasado 7 de febrero cuando grupos de la oposición determinaron que el mandato de Moise había terminado. Desde entonces, el país ha tenido dos presidentes: el que acaban de asesinar y otro, Joseph Mecène, un juez de 72 años que, aunque está respaldado por formaciones políticas opositores, no cuenta con el apoyo de la mayoría de la comunidad internacional.

Moise se defendía de los ataques diciendo que aún le quedaba un año más de gobierno, bajo su argumento de que había asumido la presidencia oficialmente el 7 de febrero de 2017 y denunció que se estaba orquestando un golpe de Estado en su contra.

El retraso se debió a que hubo varias acusaciones de fraude electoral en los comicios de 2015, lo que obligó a que se ordenara la realización de nuevas elecciones. Después de todo, se confirmó que Moise contaba con la mayoría de los votos.

El objetivo de Moise

Moise insistía en que la solución a los graves problemas pasaba por conseguir un país basado en la “convivencia”, “la calma”, “la serenidad” y “la unidad”.

Es por ello que su plan pasaba por la convocatoria de unas elecciones parlamentarias, que había suspendido durante dos años. Al momento del magnicidio, habían sido previstas para octubre de 2021, un mes después de las presidenciales a las que el presidente ahora fallecido ya no podía postularse.

Moise, al mismo tiempo, había convocado para esa fecha un referéndum para impulsar una nueva constitución en el país, defendiendo que hacía falta modernizar esos estatutos. Esa idea no acabó convenciendo a sus detractores de la oposición, que pensaban que lo que quería hacer el presidente de Haití era anular el artículo que impedía presentarse de nuevo a la reelección.

Escándalo de corrupción: PetroCaribe

En toda esta trama política aparece Venezuela. El hasta ahora presidente había adoptado políticas duras contra el gobierno liderado por Nicolás Maduro, al igual que otros países del hemisferio occidental.

Mientras su mandato estuvo también rodeado de críticas y denuncias por un escándalo de corrupción asociado al programa PetroCaribe. Sus críticos apuntaban contra él por supuesto vínculo a las ganancias del petróleo vendido a Haití por Venezuela a precios preferenciales en virtud de PetroCaribe. Ese dinero estaba supuesto a ser utilizado en proyectos sociales, educativos y de infraestructura.

Según las denuncias, la mayor parte del dinero se usó indebidamente y los esfuerzos por llevar a los responsables ante la justicia han fracasado hasta ahora.

Ese escándalo también contribuyó a la desconfianza en el país y a nuevas olas de protestas.

Moise fue criticado también por algunos haitianos, así como por funcionarios estadounidenses como la representante estadounidense Maxine Waters y la embajadora Michele Sison, por no llevar ante la justicia a los responsables de los asesinatos masivos de residentes en los barrios marginales de Bel Air y La Saline de la capital. Se ha culpado de los asesinatos a pandillas vinculadas al asesinado presidente.

¿Qué dicen las investigaciones preliminares?

El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Luis Fernando Navarro, dijo el viernes que de acuerdo a las investigaciones preliminares revelaron que 17 sospechosos colombianos se retiraron del Ejército entre 2018 y 2020.

"Somos categóricos en afirmar que los ciudadanos colombianos vinculados en estos hechos no pertenecen a las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, no están en servicio activo", afirmó Navarro.

Once de los hombres abordaron un vuelo de Avianca el 4 de junio con destino a la ciudad turística de Punta Cana, en República Dominicana, que comparte la isla de La Española con Haití, reveló el director de la Policía Nacional de Colombia, general Jorge Luis Vargas.

Dos más viajaron desde Bogotá por vía aérea a Ciudad de Panamá el 6 de mayo y desde allí a Santo Domingo en donde permanecieron cuatro días antes de volar a Puerto Príncipe, precisó el oficial.

Vargas reveló que todos fueron contratados por cuatro empresas colombianas de seguridad que están bajo investigación.

Uno de los capturados formó parte de la unidad de fuerzas especiales antiterroristas urbanas del ejército colombiano y publicó fotos en una de red social en sitios que al parecer están en República Dominicana.

Muchas dudas quedan por aclarar sobre el magnicidio y las autoridades haitianas han asegurado que van a llegar hasta el fondo de la cuestión.

"La persecución de los mercenarios continúa", dijo Charles. "Su destino está fijado: caerán en la lucha o serán arrestados".

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En Venezuela, una amenaza a las Organizaciones No Gubernamentales

Una maestra en Caracas exige mejor salario y mayores beneficios, el 30 de enero de 2023. (AP Photo/Ariana Cubillos).

Doce Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de Venezuela aseguraron este lunes que enfrentan la "mayor amenaza" a su existencia debido al proyecto de ley de fiscalización de estas organizaciones que lleva adelante la Asamblea Nacional, impulsado por la contundente mayoría oficialista.

El Foro por la Vida, la coalición que agrupa a esta docena de ONG, "rechaza de manera contundente" esta "maqueta legislativa", al considerar que representa "la mayor amenaza registrada en el país" contra su existencia y contra "el accionar libre e independiente" de defensores de derechos humanos y actores humanitarios.

"El proyecto de ley criminaliza la solidaridad al desproteger aún más a los sectores populares venezolanos, que son los principales beneficiarios de la cooperación internacional y de la labor de las ONG", dice un comunicado firmado por los integrantes del foro.

La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (entidad de Naciones Unidas) expresó su profunda preocupación por las posibles implicaciones del proyecto de “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”, adoptada en primera lectura por la Asamblea Nacional el 24 de enero.

“De ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela” alertó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU.

La agrupación de las doce ONG cree que la iniciativa parlamentaria "no es un hecho aislado sino que constituye una política de Estado que, de manera sistemática, está dirigida a restringir, inhibir, criminalizar y perseguir el accionar libre e independiente" de la sociedad civil y actores humanitarios.

"Antes que restricciones, el espacio cívico está urgido de respeto, promoción y protección por parte de las autoridades públicas", remarca el escrito.

De aprobarse esta ley, adelanta la coalición, las ONG ya constituidas serán sometidas a "un nuevo y adicional control autorizatorio previo por parte del Ejecutivo", en el que deberán presentar requisitos "exageradamente intrusivos".

El proyecto inicial de ley contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la instancia de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas.

La propuesta prohíbe expresamente a las ONG "realizar actividades políticas" y "promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones" del Estado.

Amnistía Internacional pide agenda contundente de derechos humanos en Honduras

Xiomara Castro, presidenta de Honduras, cuando era candidata el 20 de noviembre de 2021. (Reuters/Joseph Amaya).

"En su primer año de gobierno la presidenta Xiomara Castro no ha dado cumplimiento cabal a sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Aunque su administración ha tomado algunas acciones puntuales que avanzan en sus compromisos en esta materia, la presidenta deberá ser más contundente para contrarrestar el oscuro legado de los gobiernos anteriores", dijo Amnistía Internacional en una carta abierta a la presidenta.

“Los últimos años en Honduras han estado caracterizados por la violencia estatal, la represión y la impunidad, con gobiernos que han ignorado por completo los derechos humanos. La llegada del gobierno de Xiomara Castro, hace un año, representó una oportunidad histórica para cambiar el rumbo del país y poner los derechos humanos en el centro, pero el cambio no ha sido suficiente para atender la grave crisis que enfrenta la población en Honduras. Ya es hora de rectificar el rumbo”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En el contexto de las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, Amnistía Internacional envió una carta a las personas candidatas a la presidencia con siete puntos mínimos para construir un programa de gobierno basado en los derechos humanos, incluyendo: el respeto al derecho a la protesta pacífica; acabar con la impunidad; crear un entorno seguro para la defensa de los derechos humanos; garantizar el derecho a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva; y eliminar la discriminación y la violencia de género.

A un año de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, Amnistía Internacional ha enviado una nueva carta abierta con algunas de las preocupaciones de derechos humanos que la organización considera urgentes, así como una serie de recomendaciones para que el estado de Honduras cumpla sus obligaciones internacionales en la materia.

“Es de extrema gravedad la violencia que continúan enfrentando las personas defensoras de derechos humanos en Honduras, en particular aquellas que defienden el territorio y cuidan del medio ambiente. El gobierno de Xiomara Castro debe tomar cartas en el asunto de forma inmediata y priorizar su protección y la investigación de hechos relacionados a ataques y amenazas en contra de personas defensoras y liderazgos comunitarios. También es urgente que cese la intervención de las fuerzas militarizadas de las calles y se proteja, los derechos humanos de grupos históricamente marginalizados, como las mujeres, personas LGBTIQ, los Pueblos Indígenas y Afro-hondureños, entre otros”, afirmó Guevara Rosas.

“Miles de personas siguen desplazándose fuera y dentro del país, huyendo de los estragos de la crisis climática, la violencia, la pobreza y las desigualdades. Atender las causas estructurales de estas problemáticas con una perspectiva de derechos humanos es clave para que las personas puedan vivir dignamente en Honduras”, añadió.

Al concluir la misiva, Amnistía Internacional reiteró su interés en entablar un diálogo directo con la presidenta Xiomara Castro y su gobierno y solicita una reunión lo más pronto posible para conversar acerca de los desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta Honduras.

La SIP condena nueva represalia del gobierno venezolano contra El Nacional

Un hombre sostiene un papayo (cometa) con un mensaje de apoyo al periódico El Nacional (AP Photo/Fernando Llano).

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la persecución de los cuerpos de seguridad de Venezuela en contra del jefe de Redacción de El Nacional, José Gregorio Meza, y de otros periodistas del periódico, en aparente represalia por reportajes publicados que incomodan al régimen.

El 25 de enero un fiscal del Ministerio Público (MP) y agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se apersonaron en la vivienda de Meza y lo llevaron detenido "para declarar sobre unos trabajos que se publicaron en El Nacional. Hasta ahora, solo investigación", informó el editor en sus redes sociales. Al día siguiente, Meza fue a la Fiscalía 94 Nacional, donde le devolvieron su teléfono celular, según divulgó en Twitter el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

El presidente editor del periódico, Miguel Henrique Otero, alertó en Twitter sobre la "arremetida" y reveló que el MP también emitió citaciones contra él y otros cinco trabajadores del medio; entre estos, la gerente de Recursos Humanos. Denunció además que las familias de dos periodistas que están fuera del país fueron amenazadas.

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, condenaron "las recientes acciones de acoso contra los periodistas y editores del diario". Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, Estados Unidos, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, coincidieron en señalar: "No hay duda de que el régimen político busca acallar cualquier expresión que resulte contraria a sus intereses o los cuestione".

Otero consideró que la intimidación está relacionada con las investigaciones periodísticas publicadas a principios de enero en la web del diario "sobre los hermanos Santiago José y Ricardo José Morón", presuntos testaferros de Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente de Venezuela. Los hermanos Morón fueron sancionados en 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Otero, quien está exiliado en España, afirmó: "Vamos a seguir trabajando; no nos vamos a silenciar". El Nacional, que ha sido blanco de las presiones del gobierno, solo se publica en su versión digital. Además, desde 2022 están bloqueados el portal del diario y los de otros medios independientes.

Los directivos de la SIP mencionaron que la represión del régimen se ha manifestado también en los más de 300 medios cerrados en la última década y la confiscación de las instalaciones de El Nacional en abril de 2022.

El Índice Chapultepec de la SIP 2021-2022 muestra a Venezuela en el puesto 21, el penúltimo país en la tabla que mide el estado de la libertad de prensa en la región. El Índice Chapultepec es un barómetro anual que mide las acciones institucionales que afectan las libertades de prensa y de expresión en 22 países de las Américas. La medición se hace sobre la base de los principios de las declaraciones de Chapultepec y Salta de la SIP.

El informe sobre Venezuela, presentado en la pasada Asamblea General de la SIP en Madrid, destacó que: "se puede afirmar que dejó de existir el periodismo independiente en el país, desde que el gobierno incrementó la represión a la labor de los periodistas y aumentó la censura mediante el bloqueo y cierre de medios digitales y radioemisoras". La SIP también emitió en esa reunión una resolución en la que instó a "promover reuniones para denunciar esta situación ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo, el Congreso de los Estados Unidos y otros organismos, con el fin de restaurar los derechos vulnerados a la información activa y pasiva del pueblo venezolano".

(Comunicado de la SIP)

Amnistía Internacional expresa su preocupación por Venezuela en carta abierta al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 24 de enero de 2023 en Caracas. (Leonardo Viloria/Reuters).

Amnistía Internacional en una carta abierta firmada por Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de esta organización, expresó su preocupación por la situación de Venezuela en torno a los derechos humanos al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, en el marco de su visita al país.

A continuación el texto completo:

Estimado Sr Volker Türk,

En los últimos años, Amnistía Internacional ha formado parte del esfuerzo colectivo de organizaciones de la sociedad civil venezolanas e internacionales que buscan asegurar la vigencia y continuidad de mecanismos de escrutinio y justicia internacional sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de la población venezolana. Algunas de estas violaciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad, como lo han determinado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (la Misión) y nuestra propia investigación.

Si bien desde el año 2019 su Oficina ha contado con presencia en el terreno, con un doble mandato de informar sobre la situación de derechos humanos en el país y otro de cooperación técnica, en Amnistía Internacional mantenemos una seria preocupación por la forma en que las autoridades venezolanas mantienen vigente una política de represión contra toda forma de disidencia o critica al gobierno y de impunidad rampante alrededor de las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Adicionalmente, continúa deteriorándose el acceso de la población a los derechos económicos y sociales. Por ello, nos permitimos sugerirle tenga a bien prestar especial atención a los siguientes aspectos en su visita al país:

- Cierre del espacio cívico y estigmatización de la defensa de derechos humanos

La sociedad civil venezolana, las personas defensoras de derechos humanos y activistas, el personal de ayuda humanitaria y, en general, todas las personas que trabajan en favor de los derechos humanos en Venezuela realizan sus labores bajo constantes amenazas, intimidaciones y ataques que buscan silenciarles y neutralizar sus denuncias. Desde hace años, las autoridades venezolanas han utilizado distintos mecanismos administrativos, judiciales y de propaganda para frenar la labor de estas personas, erosionando el espacio cívico, el acceso a la justicia y la independencia de los poderes públicos.

Recientemente, ha resurgido la posibilidad de que se apruebe una ley de fiscalización y regulación de la cooperación hacia organizaciones no gubernamentales. Dicha iniciativa, que durante años ha servido de amenaza en contra de personas defensoras de derechos humanos y personal humanitario, tiene como finalidad controlar, supervisar arbitrariamente, amedrentar e impedir la labor de las organizaciones no gubernamentales en el país. Consideramos de máxima prioridad que su Oficina interceda para ponerle freno a esta iniciativa en virtud del grave riesgo que conllevaría para organizaciones de derechos humanos, organizaciones de trabajo humanitario, víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos, cuyas labores son esenciales para la defensa y protección de los derechos fundamentales en Venezuela. Referencia: AMR 53/6371/2023 Volker Türk Alto Comisionado para los Derechos Humanos Organización de las Naciones Unidas 26 de enero del 2023 www.amnesty.org

- Liberación de las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos

Las organizaciones de derechos humanos y su propia Oficina han documentado el uso de las detenciones arbitrarias para silenciar las críticas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo con las distintas organizaciones en el país que se dedican a la defensa legal de estas personas, en la actualidad alrededor de 300 personas se encuentran aún detenidas arbitrariamente por estos motivos, y cientos de personas que han sido objeto de detenciones en el pasado, aún cuentan con fuertes restricciones a la libertad. Ello, al estar sometidas a procesos penales arbitrarios y sin garantías judiciales. Las autoridades venezolanas deben poner fin a la política de represión y de detenciones arbitrarias sistemáticas.

Resulta de particular preocupación las detenciones del periodista Roland Carreño o de personas defensoras de derechos humanos, como Javier Tarazona, coordinador de la organización no gubernamental FUNDAREDES, quien se encuentra detenido arbitrariamente desde el 2 de julio de 2021, como retaliación de su labor de defensa de los derechos humanos. Amnistía Internacional reitera el llamado a que se ponga fin de inmediato e incondicionalmente a tales detenciones, y que se proteja su salud e integridad durante el tiempo que estén privados de la libertad.

Es de señalar que estas detenciones constituyen una violación grave de los derechos humanos, pero también envía un mensaje desalentador y atemorizante al resto de personas que defienden los derechos humanos en Venezuela. Por lo tanto, cualquier intento de avanzar hacia una mejora de la situación en Venezuela debe tomar en cuenta la liberación de las personas detenidas por motivos políticos y en especial de las personas defensoras de derechos humanos.

- Fortalecimiento de la presencia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y otros mecanismos de escrutinio internacional

Amnistía Internacional ha acompañado al movimiento de derechos humanos de Venezuela en la búsqueda de mecanismos para el escrutinio internacional sobre la grave situación de derechos humanos en este país. Por ello, la organización ha acompañado los llamados de establecimiento de mandatos específicos para su Oficina y también del establecimiento de la Misión, con miras a que ambas instancias puedan de manera complementaria incidir en la prevención de violaciones de derechos humanos y aumentar las probabilidades de procesos de rendición de cuentas.

Amnistía Internacional considera indispensable fortalecer la presencia de su Oficina en el terreno, no sólo con capacidades financieras y recursos humanos, sino con el respaldo institucional para que su labor de denuncia en el país tenga un real efecto disuasorio de prevención de violaciones graves de derechos humanos y sirva de protección para las personas que defienden derechos humanos en el país.

Asimismo, es fundamental que la valiosa labor de asistencia técnica, monitoreo y denuncia que ha llevado a cabo por años su Oficina, también sostenga una observación rigurosa y pública sobre cómo las autoridades avanzan o retroceden respecto de las recomendaciones hechas en años anteriores. De lo contrario, se corre el riesgo de que la falta de seguimiento a su implementación erosione la importancia y credibilidad de su mandato.

Para aumentar el escrutinio y monitoreo sobre Venezuela, también resulta de suma importancia que se realicen gestiones pertinentes para que los procedimientos especiales de las Naciones Unidas visiten el país. Tal como fue acordado con su antecesora en el cargo, Michelle Bachelet, Venezuela había asumido un compromiso de diez visitas para los próximos años. Al respecto, es de señalar que no solo se han concretado apenas tres visitas, sino que además ninguno de los mecanismos que han obtenido invitación oficial por parte de Venezuela corresponden a mandatos de monitoreo de derechos civiles y políticos. Por lo tanto, consideramos una prioridad que su Oficina insista con las autoridades para que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, la Relatoría Especial contra la Tortura y la Relatoría Especial para Personas Defensoras de Derechos Humanos, así como otros mandatos relacionados con derechos civiles y políticos puedan visitar el país en un futuro cercano. Por otra parte, Amnistía Internacional valora como un hito el trabajo realizado por la Misión instalada por el Consejo de Derechos Humanos en 2019 y cuyo mandato ha sido renovado hasta 2024. La organización hace un llamado a que los esfuerzos de documentación de violaciones de derechos humanos de su Oficina funcionen de manera complementaria y coordinada con la Misión. Esta Misión tiene como mandato la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos y ha establecido que hay elementos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, por lo que los esfuerzos de su Oficina de documentar y brindar cooperación técnica al gobierno venezolano, deben –al menos- y en función www.amnesty.org de mantener coherencia entre ambos mandatos, considerar la naturaleza sistemática y generalizada de las violaciones de derechos humanos y su correspondencia con una política que se deriva del más alto nivel gubernamental.

En conclusión, las autoridades venezolanas continúan con la férrea política de represión de la disidencia que amenaza con silenciar a aquellas personas que son consideradas críticas al gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, la situación de acceso a los derechos económicos y sociales se precariza aún más día a día, obligando a la población a reclamar sus derechos, por lo que la coexistencia de estas realidades pone en riesgo y vulnerabilidad a las personas que están a merced de la arbitrariedad de las autoridades.

Como consecuencia a la grave crisis de derechos humanos y la emergencia humanitaria compleja, para finales del 2022, la Plataforma de Coordinación Interinstitucional para Refugiados y Migrantes de Venezuela estimaba que 7.13 millones de personas venezolanas han abandonado el país, el 84% buscando protección en 17 países de América Latina y el Caribe. La mayoría de estas personas han enfrentado diversos obstáculos en el acceso a su derecho a solicitar asilo o recibir protección internacional, en muchas ocasiones experimentan violaciones a los derechos humanos, que van desde la violencia basada en género, la falta de acceso a servicios básicos de salud y educación, hasta la muerte y desaparición forzada.

La Oficina que Usted dirige tiene un rol privilegiado de acceso frente a otras instancias internacionales, y esto, a nuestro entender, debe ponerse al servicio de la protección de las víctimas y sobrevivientes que buscan justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, dentro y fuera del país, así como de las personas que defienden los derechos humanos en Venezuela.

Finalmente, Amnistía Internacional le hace un atento llamado para que Usted y su Oficina intercedan por el mantenimiento del espacio cívico; la protección de personas defensoras de derechos humanos; la liberación de personas detenidas por motivos políticos y personas defensoras de derechos humanos, como el preso de conciencia Javier Tarazona; la protección de activistas sindicales y trabajadores, así como otros activistas sociales, que fuertemente reivindican su derecho a un salario y condiciones de vida dignas. Asimismo, que aboguen por el fortalecimiento y apertura del escrutinio internacional a través de la presencia de su Oficina en el país; también por la invitación efectiva de procedimientos especiales y órganos de tratado relevantes para las denuncias de la sociedad civil; y que se establezca un diálogo y retroalimentación con el mandato de la Misión internacional e independiente de determinación de los hechos.

Declaración final de la CELAC pide fin del embargo a Cuba  

De izquierda a derecha: Mandatarios de Argentina Alberto Fernández; ministro de Exteriores de Argentina Santiago Cafiero; Barbados, Mia Mottley; Chile, Gabriel Boric; Cuba, Miguel Díaz-Canel, Haití, Ariel Henry, (CELAC-CUMBRE 2023)

Bajo el llamado a una mayor integración regional y a defender la democracia de la extrema derecha, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebró el martes en Buenos Aires su séptima cumbre marcada por la reincorporación de Brasil al foro y las diferencias ideológicas y crisis políticas que aquejan a varios países sudamericanos.

El presidente argentino y anfitrión Alberto Fernández celebró el regreso de Brasil al foro político de la mano de su tres veces presidente Luiz Inacio Lula Da Silva, luego de que su antecesor, el derechista Jair Bolsonaro, apartó al país hace tres años alegando que se había convertido en un escenario que daba protagonismo a los gobiernos izquierdistas y "autoritarios" de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"Una CELAC sin Brasil es una CELAC mucho más vacía", sostuvo Fernández.

El foro de concertación política nació en 2011 por iniciativa del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para diferenciarse de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuestionada por ese y otros dirigentes izquierdistas por su "alineamiento" con Estados Unidos.

"Brasil está de vuelta en el mundo", destacó Da Silva, histórico dirigente de izquierda que este mes regresó al poder por tercera vez. La cumbre de CELAC en Buenos Aires fue parte de su primera gira al exterior desde que asumió a principios de enero.

"Es importante resaltar que somos una región pacífica, que repudia el extremismo, el terrorismo y la violencia política", acotó el mandatario brasileño semanas después de las violentas manifestaciones de seguidores de Bolsonaro ocurridas en las sedes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de Brasilia.

Al respecto, Fernández -un férreo aliado de Lula en la región- advirtió que la democracia está en riesgo luego de que sectores de la ultraderecha "se han puesto de pie" en algunos países e instó a no permitir que "la derecha recalcitrante y fascista ponga en riesgo la institucionalidad".

"Lo vimos hace pocos días cuando la locura llegó a las calles de Brasilia... y aquí en Argentina también cuando alguien intentó matar a nuestra vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner)", señaló Fernández en alusión al frustrado ataque a la dirigente peronista el 1 de septiembre por el que tres jóvenes están detenidos y procesados.

La cita de CELAC se produce en momentos convulsos en Sudamérica a raíz también de las protestas de disidentes políticos en Perú y Bolivia.

Perú sufre una ola de protestas luego de que Pedro Castillo fue destituido y encarcelado en diciembre tras disolver el Congreso. Las manifestaciones para exigir la renuncia de su reemplazante, Dina Boluarte, han dejado más de medio centenar de muertos.

En Bolivia también ha habido protestas luego de la detención del líder opositor y gobernador de la provincia de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, a fines de diciembre.

Si bien la declaración final de la cumbre no incluyó una referencia directa a las crisis de ambos países, el canciller argentino Santiago Cafiero dijo en una posterior rueda de prensa que durante el cónclave algunas delegaciones se refirieron "a la violación de los derechos humanos que se está llevando adelante en Perú con respecto a la violencia institucional. Para todos fue un tema de relevancia".

"Para el conjunto de los países que integramos CELAC el respeto a los derechos humanos es esencial... Es necesario que aquellos países que están transitando estas situaciones vuelvan a la senda del respeto irrestricto a los derechos humanos", indicó Cafiero.

Fernández instó a "respetarnos en la diversidad" en alusión a las críticas que despierta la participación de los gobiernos de Venezuela, Nicaragua —sus presidentes estuvieron ausentes— y Cuba en la cita entre la oposición argentina. "Todos los que están aquí han sido elegidos por sus pueblos", afirmó el mandatario.

También exhortó a "levantar la voz" en contra de los bloqueos económicos que Estados Unidos aplica a Cuba y Venezuela por ser "un método perverso" contra los pueblos.

En contraposición, su colega uruguayo Luis Lacalle Pou respondió que "hay países acá que no respetan la democracia, los derechos humanos ni las instituciones". Y recalcó: "No tengamos una visión hemipléjica según afinidad ideológica".

El mandatario uruguayo también reclamó dejar a un lado las discusiones ideológicas y avanzar en acuerdos comerciales que mejoren la calidad de vida de los países de la región.

"¿No será momento de sincerar estas relaciones y que desde CELAC se impulse una zona de libre comercio entre nuestros países? Desde México hasta el sur de América del Sur. ¿No podremos avanzar en ese sentido?", planteó el mandatario uruguayo de centro-derecha.

"Muchas de nuestras economías son complementarias. Estoy seguro de que podríamos avanzar en ese sentido".

"Practiquemos con la acción lo que decimos en nuestros discursos. Para que este tipo de foros subsistan en el tiempo tienen que generar esperanzas y esta se genera sobre el camino andado", acotó.

El mandatario cubano Miguel Díaz Canel participó del encuentro, mientras su par de Venezuela, Nicolás Maduro, desistió en medio de las peticiones de opositores argentinos para que fuera detenido por la orden de arresto que pesa sobre él en Estados Unidos por presunto narcotráfico y envió a su canciller.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tampoco acudió y envió a representantes de su gobierno.

En la declaración final, los miembros de la CELAC respaldaron que haya "diálogo y negociación" entre el gobierno venezolano y la oposición, "fomentado por los gobiernos de México y Noruega". También pidieron el fin del embargo comercial a Cuba, pero no hubo mención a Nicaragua.


En tanto que el presidente colombiano Gustavo Petro exhortó a fortalecer el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. "¿Por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos en vez de estar en esta mesa?", reclamó.

Petro recalcó que recientemente invitó a Maduro a reingresar a ese sistema e invitó a un "pacto democrático en el que las derechas y las izquierdas no crean que cuando llegan al poder es para eliminar físicamente a su contrincante… En Latinoamérica no tiene que haber un solo preso político".

Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, convocó a sus pares "a establecer responsabilidades compartidas frente a los flujos migratorios".

"No podemos responder de manera individual. Tenemos que abordarlo en conjunto, regionalmente", insistió. Y propuso "reactivar durante el primer semestre de este año las reuniones sobre migraciones de la CELAC, que han estado paralizadas varios años".

Otro ausente de peso fue el mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien fue un fuerte impulsor de la CELAC al inicio de su mandato, pero declinó viajar a Buenos Aires por compromisos internos.

Entre los mandatarios que asistieron también estuvieron Luis Arce (Bolivia), Xiomara Castro (Honduras) y Mario Abdo Benítez (Paraguay).

En tanto, el gobierno de Estados Unidos -invitado al encuentro, aunque que no es miembro de la CELAC- envió al asesor presidencial especial para las Américas, Christopher J. Dodd.

En el cierre del encuentro, San Vicente y Granadinas —uno de los países más pequeños del continente— asumió la presidencia pro-témpore de CELAC.

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