América Latina
¿Por qué mataron al presidente de Haití?
Jovenel Moise, de 53 años y sin ninguna experiencia previa en la política antes de llegar a la presidencia de Haití, denunció que se estaba preparando un golpe de estado en su contra.
MIAMI, EEUU - Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia de Colombia y Estados Unidos investigan las conexiones locales con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise esta semana, y enviarán funcionarios a la empobrecida nación caribeña tras el arresto de ciudadanos de sus países por el magnicidio.
La Casa Blanca informó el viernes que oficiales de la Oficina Federal de Investigación y del Departamento de Seguridad Nacional estarán involucrados en las investigaciones, dijo el viernes la secretaria de prensa, Jen Psaki: "Nuestra asistencia es para ayudar al pueblo de Haití y para ayudarles a superar un momento muy difícil".
El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que los directores de la Dirección Nacional de Inteligencia y de la Policía Nacional viajarán a Haití para colaborar en las investigaciones. "He ordenado al director de la DNI y al director de Inteligencia de la Policía de Colombia brindar todo el respaldo y viajar en las próximas horas, con personal de Interpol Colombia, a Haití para unirse al esfuerzo de las autoridades de la nación hermana", afirmó el mandatario.
Varios colombianos que formaban parte de un comando armado que asesinó a Moise entraron en Haití a través de República Dominicana y estuvieron en la isla más de un mes al parecer planeando el asesinato, dijeron el viernes fuentes del Ejército y la Policía Nacional.
La policía haitiana aseguró que el asesinato fue cometido por 26 colombianos y dos haitiano-estadounidenses, identificados como James Solages, de 35 años, y Joseph Vincent, de 55.
Diecisiete de los hombres fueron capturados tras un tiroteo con las fuerzas haitianas en Petionville, un suburbio de la capital Puerto Príncipe, mientras que tres murieron y ocho están prófugos. Las autoridades buscan a los autores intelectuales del asesinato.
El magnicidio ocurrió el miércoles. La esposa de Moise, la primera dama Martine Moise, resultó herida de gravedad y ahora se recupera en un hospital del sur de la Florida, en Estados Unidos.
En la comunidad internacional, muchos se preguntan qué fue lo que pasó para que unos asaltantes entraran en la residencia oficial y terminaran con la vida del mandatario. El presidente Joe Biden condenó el hecho que catalogó de "horrible asesinato" y condenó el "acto atroz".
En una entrevista publicada el 13 de febrero en el diario El País, de España, Moise advertía que se estaba preparando un golpe de Estado por parte de familias y empresarios “que controlan los principales recursos del país”.
Expuso entonces que eran estos grupos los que en el pasado “siempre han puesto y quitado presidentes” con el objetivo de “crear desestabilización en el país”.
A continuación algunos aspectos clave:
Un país sumido en una grave crisis sociopolítica
Haití no vivía el mejor momento de su historia. Hace 10 años, el país caribeño sufría las consecuencias de un devastador terremoto que provocó la miseria de una población que ya estaba sumida en una profunda crisis social y económica.
La grave situación en el país obligó a muchos haitianos a abandonar su patria y buscarse la vida en otros lugares.
El 28 de noviembre de 2016 se confirmó que Jovenel Moise había ganado las elecciones generales y se convertía así en el próximo presidente de Haití. En su discurso de aceptación de la victoria, hizo un llamado a todos sus compatriotas tanto en dentro como fuera del país para que juntos pusieran “de pie” Haití.
“Hago un llamado a la juventud del país, a todos los haitianos que viven en el exterior, a todos los profesionales del país para que se comprometan a mi lado para poner al país de pie, porque Haití está de rodillas”, exclamó desde un hotel de la capital, Puerto Príncipe.
Un presidente convencido de que en Haití había futuro
Moise nació en 1968 en el seno de una familia humilde: su madre era costurera y su padre era agricultor y mecánico. A la edad de 6 años, su familia se instaló en Puerto Príncipe y fue en la capital donde pudo estudiar en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Quisqueya.
Pero no ejerció de maestro, sino que se mudó al noroeste del país para impulsar un proyecto empresarial sobre bananas orgánicas. Su emprendimiento no le fue nada mal ya que después construyó una plantación unas 1.000 hectáreas, convirtiéndose así en la primera zona franca agrícola del país que exportaba a varios países europeos.
Su ascenso político
Hasta el 2015, el entonces empresario no era una figura conocida en el ámbito político de Haití. No lo fue hasta que el expresidente Michel Martelly anunció que lo iba a nominar como candidato por el partido Tèt Kale, una formación política de ideología centroderecha y que el propio Martelly había fundado.
En ese momento, el expresidente destacó de él sus orígenes rurales y sus éxitos empresariales con el objetivo de demostrar a un pueblo cansado y sin expectativas de futuro que es posible avanzar en un país como Haití.
Moise no tenía experiencia política ya que jamás había ocupado un cargo público ni había sido parte de una administración de gobierno, pero fue esa carta de presentación la que acabó convenciendo a la mayoría de la población que lo votó para ocupar el puesto de presidente de Haití.
¿Cuándo empezó la cuenta regresiva?
A pesar de su discurso renovador e inspirador para Haití, el presidente tuvo que hacer frente a varias olas de protestas, en muchas ocasiones violentas, en todo el país.
La situación se agudizó el pasado 7 de febrero cuando grupos de la oposición determinaron que el mandato de Moise había terminado. Desde entonces, el país ha tenido dos presidentes: el que acaban de asesinar y otro, Joseph Mecène, un juez de 72 años que, aunque está respaldado por formaciones políticas opositores, no cuenta con el apoyo de la mayoría de la comunidad internacional.
Moise se defendía de los ataques diciendo que aún le quedaba un año más de gobierno, bajo su argumento de que había asumido la presidencia oficialmente el 7 de febrero de 2017 y denunció que se estaba orquestando un golpe de Estado en su contra.
El retraso se debió a que hubo varias acusaciones de fraude electoral en los comicios de 2015, lo que obligó a que se ordenara la realización de nuevas elecciones. Después de todo, se confirmó que Moise contaba con la mayoría de los votos.
El objetivo de Moise
Moise insistía en que la solución a los graves problemas pasaba por conseguir un país basado en la “convivencia”, “la calma”, “la serenidad” y “la unidad”.
Es por ello que su plan pasaba por la convocatoria de unas elecciones parlamentarias, que había suspendido durante dos años. Al momento del magnicidio, habían sido previstas para octubre de 2021, un mes después de las presidenciales a las que el presidente ahora fallecido ya no podía postularse.
Moise, al mismo tiempo, había convocado para esa fecha un referéndum para impulsar una nueva constitución en el país, defendiendo que hacía falta modernizar esos estatutos. Esa idea no acabó convenciendo a sus detractores de la oposición, que pensaban que lo que quería hacer el presidente de Haití era anular el artículo que impedía presentarse de nuevo a la reelección.
Escándalo de corrupción: PetroCaribe
En toda esta trama política aparece Venezuela. El hasta ahora presidente había adoptado políticas duras contra el gobierno liderado por Nicolás Maduro, al igual que otros países del hemisferio occidental.
Mientras su mandato estuvo también rodeado de críticas y denuncias por un escándalo de corrupción asociado al programa PetroCaribe. Sus críticos apuntaban contra él por supuesto vínculo a las ganancias del petróleo vendido a Haití por Venezuela a precios preferenciales en virtud de PetroCaribe. Ese dinero estaba supuesto a ser utilizado en proyectos sociales, educativos y de infraestructura.
Según las denuncias, la mayor parte del dinero se usó indebidamente y los esfuerzos por llevar a los responsables ante la justicia han fracasado hasta ahora.
Ese escándalo también contribuyó a la desconfianza en el país y a nuevas olas de protestas.
Moise fue criticado también por algunos haitianos, así como por funcionarios estadounidenses como la representante estadounidense Maxine Waters y la embajadora Michele Sison, por no llevar ante la justicia a los responsables de los asesinatos masivos de residentes en los barrios marginales de Bel Air y La Saline de la capital. Se ha culpado de los asesinatos a pandillas vinculadas al asesinado presidente.
¿Qué dicen las investigaciones preliminares?
El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Luis Fernando Navarro, dijo el viernes que de acuerdo a las investigaciones preliminares revelaron que 17 sospechosos colombianos se retiraron del Ejército entre 2018 y 2020.
"Somos categóricos en afirmar que los ciudadanos colombianos vinculados en estos hechos no pertenecen a las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, no están en servicio activo", afirmó Navarro.
Once de los hombres abordaron un vuelo de Avianca el 4 de junio con destino a la ciudad turística de Punta Cana, en República Dominicana, que comparte la isla de La Española con Haití, reveló el director de la Policía Nacional de Colombia, general Jorge Luis Vargas.
Dos más viajaron desde Bogotá por vía aérea a Ciudad de Panamá el 6 de mayo y desde allí a Santo Domingo en donde permanecieron cuatro días antes de volar a Puerto Príncipe, precisó el oficial.
Vargas reveló que todos fueron contratados por cuatro empresas colombianas de seguridad que están bajo investigación.
Uno de los capturados formó parte de la unidad de fuerzas especiales antiterroristas urbanas del ejército colombiano y publicó fotos en una de red social en sitios que al parecer están en República Dominicana.
Muchas dudas quedan por aclarar sobre el magnicidio y las autoridades haitianas han asegurado que van a llegar hasta el fondo de la cuestión.
"La persecución de los mercenarios continúa", dijo Charles. "Su destino está fijado: caerán en la lucha o serán arrestados".
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Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
Boric llama a consultas a su embajador en Caracas
El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.
A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".
"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.
"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.
Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.
Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.
En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.
Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.
En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.
“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.
“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.
Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.
“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.
En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.
“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.
Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.
La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com
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