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Derechos Humanos

Piden al Supremo enjuiciar a Díaz-Canel por incitación para delinquir; abuso en el ejercicio del cargo, terrorismo y genocidio

Miguel Díaz-Canel ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Los Militares Objetores de Conciencia ( M.O.C) en representación de decenas de militares activos y en la reserva han pedido al Tribunal Supremo de Cuba abrir un proceso contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

Incitación para delinquir utilizando la violencia, Abuso en el ejercicio del cargo, terrorismo, Genocidio y violación de las normas de Derechos Humanos son los delitos por los que el sucesor de Raúl Castro debe ser enjuiciado según una comunicación dirigida al señor Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba.

La carta fue firmada por el General de Brigada Rafael Del Pino Diaz; Teniente coronel Máximo Omar Ruiz Matose; Teniente coronel Raul Luis Risco Pérez; Teniente coronel Mario Rivas Morales; Teniente coronel Alfredo Lima Pérez; y el Teniente Ángel Madrazo Giro.

El texto menciona como cómplices "por cooperación necesaria" al Ministro del Interior General de Brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas y al Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera.

A continuación reproducimos el texto íntegramente:

Señor Rubén Remigio Ferro.

Presidente del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba.

Señor:

Nosotros ciudadanos cubanos, los abajo firmantes, Militares Objetores de Conciencia, haciendo uso del derecho que nos asiste, ante usted decimos.

Que, acusamos penalmente, al designado presidente de la República de Cuba, señor, Miguel Diaz Canel Bermúdez, por presuntamente haber cometido los delitos de.

Incitación para delinquir utilizando la violencia, Abuso en el ejercicio del cargo, terrorismo, Genocidio, violación de las normas de Derechos Humanos de las que el Estado cubano es parte.

INVOCACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES FACULTATIVO

Artículo 61. Las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley, por lo que invocando dicho artículo y teniendo en cuenta el derecho que me asiste, formulo la presente denuncia.

Los Hechos

Que el señor Diaz Canel Bermúdez, durante una comparecencia televisiva y radial, convocó, a sus seguidores, a enfrentar violentamente a cubanos desarmados, que, la actitud absolutamente inmovilista adoptada por las autoridades del país. La represión brutal, las golpizas, el empleo de armas de fuego contra personas que sólo utilizaban la palabra, constituye abusos incalificables, que debe ser condenado penalmente. ¿Cómo admitir las palabras del Jefe de gobierno al expresar que “ la orden de combate está dada” cual si fuera contra miembros de un ejército extranjero y no de simples ciudadanos cubanos que, de forma pacífica pedían libertad y coreaban Patria y Vidal, orden de combate que fue recibida y ejecutada de inmediato por los Ministros del Interior y de la Fuerzas Armadas Revolucionarias, lanzando a las calles a cientos de uniformados, y otros vistiendo de civil, así como a miembros del Partido Comunista y Brigadas de Respuestas Rápida, esta última, son grupos paramilitares organizados y dirigidos por oficiales de enfrentamiento de la Seguridad del Estado, los que actúan como represores del pueblo, fuerzas todas que, armados con pistolas, fusiles, tonfas, bastones de gomas, palos y otros objetos contundentes, arrestaron violentamente, lesionaron, hirieron y asesinaron a ciudadanos indefensos desarmados, donde incluso, decenas de domicilio fueron violados.

Como si eso fuera poco, cientos de manifestantes pacíficos fueron arrestados de forma violentas no solo durante el día 11, continuando la casería los siguientes días, los arrestos en su totalidad arbitrarios, sin orden de previa de arresto, así como los arrestos que se ejecutaron, concluidas las manifestaciones, fueron prácticamente todos de forma violenta, llevados a cabo por uniformados y oficiales de la Seguridad del Estado dentro del domicilio de decenas de personas que, unos, habían participados en las manifestaciones y otros no habían siquiera salidos de sus hogares, constituyendo una flagrante violación de domicilio y de arrestos arbitrarios, pues sus moradores no dieron su consentimiento para la entrada de las fuerzas públicas a sus hogares, así como tampoco mostraron documento firmado por autoridad competente para penetrar en el domicilio de nadie, mucho menos para arrestarlos.

Señor presidente, tenga usted presente que, estos registros y detenciones arbitrarias son totalmente ilegales y constituyen una práctica sistemática en nuestro país, le puedo afirmar que los fines del Estado Socialista tienen supremacía y jerarquía preponderante sobre los derechos humanos fundamentales, y la judicatura también les sirve como fiel súbdito. Esos fines se ejercen por encima de la Constitución con el uso del Derecho Penal, como lo están haciendo hoy con los juicios que están llevando a cabo contra manifestantes pacíficos, la protesta pacífica es legal, sin embargo, Jueces y Fiscales han sido utilizados como instrumento de coerción, coacción y control social, empleando a la judicatura o Administración de Justicia para actuar con la presunción de “legalidad” sobre los justiciables.

Que las acciones que se están llevando a cabo en todo el país, incluyendo a Fiscales en programas televisivos esgrimiendo posibles sanciones penales con duración de decenios, tiene el objetivo marcado de aterrorizar a la población para hacerlos renunciar a su legítimo derecho a expresarse pacíficamente contra algo que no estén de acuerdo

Que, en los últimos 62 años, no se había visto en nuestro país, de forma masiva, el atropello, la violencia, la agresión, la utilización de las fuerzas de forma desproporcionada, contra ciudadanos indefensos, por los miembros de las fuerzas especiales del Ministerio del Interior con entrenamiento en defensa personal que utilizaron las técnicas de combate contra la población indefensa, tenga usted presente que, más del 80 por ciento de los detenidos, que hoy están siendo sometidos a juicios sumarios, son jóvenes en edades entre los 16 y 35 años.

En medio de la represión, pudimos conocer y comprobar mediante el testimonio de familiares de detenidos que, pasadas 72 horas del arresto, aún desconocían el paradero de sus familiares, los que virtualmente se encontraban desaparecidos.

Jurídicamente, una persona se encuentra en condición de desaparición forzada cuando, ha sido detenida de forma irregular, trasladada hacia lugares desconocido por personal de las que no se tiene información, la incomunicación posterior, la imposibilidad de los familiares de conocer el lugar donde lo mantienen detenido y el desmarque que asumieron las autoridades al no asumir que esa persona se encuentra desaparecida. Internacionalmente, la desaparición forzada se considera un delito de lesa humanidad

Señor presidente, el gobierno cubano, no se ha tomado el trabajo de hacer pública ni una sola medida o sanción contra quienes según palabras posteriores del Presidente Miguel Diaz Canel Bermúdez, mal interpretaron su orden, pero lo cierto es que aunque trate de quitarse responsabilidad de encima, es el responsable directo de su garrafal error al llamar al combate contra la población indefensa.

FUNDAMENTOS DE DECHO.

Derecho, deberes y garantías constitucionales.

La deliberada e irresponsable orden de combate dada a sus seguidores por el señor Miguel Diaz Canel Bermúdez, constituyen violaciones constitucionales tales como.

- Artículo 40. La dignidad humana es el valor supremo que sustenta el reconocimiento y ejercicio de los derechos y deberes consagrados en la Constitución, los tratados y las leyes

- Artículo 41. El Estado cubano reconoce y garantiza a la persona el goce y el ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e interdependiente de los derechos humanos, en correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación. Su respeto y garantía es de obligatorio cumplimiento para todos.

- Artículo 42. Todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana.

- Del artículo 46. Todas las personas tienen derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la salud, la educación, la cultura, la recreación, el deporte y a su desarrollo integral.

- Violación de domicilio, articulo 49. El domicilio es inviolable. No se puede penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden expresa de la autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

Artículo 51. Las personas no pueden ser sometidas a desaparición forzada, torturas ni.

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Artículo 54. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. La objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otro su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos.

Artículo 56. Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley.

Artículo 95. En el proceso penal las personas tienen, además, las siguientes garantías:

a) no ser privada de libertad sino por autoridad competente y por el tiempo legalmente establecido;

b) disponer de asistencia letrada desde el inicio del proceso;

c) que se le presuma inocente hasta tanto se dicte sentencia firme en su contra; d) ser tratada con respeto a su dignidad e integridad física, psíquica y moral, y a no ser víctima de violencia y coacción de clase alguna para forzarla a declarar; e) no declarar contra sí misma, su cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;

f) ser informada sobre la imputación en su contra;

g) ser juzgada por un tribunal preestablecido legalmente y en virtud de leyes anteriores al delito;

h) comunicarse con sus familiares o personas allegadas, con inmediatez, en caso de ser detenida o arrestada; si se tratara de extranjeros se procede a la notificación consular, y

i) de resultar víctima, a disfrutar de protección para el ejercicio de sus derechos.

Presidente: Acusamos al Señor Miguel Diaz Canel Bermúdez como autor de los delitos que a continuación describiré y como cómplices por cooperación necesaria al Ministro del Interior General de Brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas.

Y al Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera.

-Articulo 109, Terrorismo El que realice cualquier otro acto no sancionado más severamente por este Código, que, por su forma, medios u oportunidad de ejecución, tiende a sembrar la alarma en la ciudadanía con el fin de crear condiciones que afecten la seguridad del Estado. Comete el delito de Terrorismo.

Por más que se estire o se encoja, se trate de tergiversar los hechos utilizando los medios de difusión masivas propiedad estatal, las actuaciones y utilización de las fuerzas, de forma excesiva, de la Policía Nacional Revolucionaria, la Seguridad del Estado, las fuerzas especiales del MININT, las tropas conocidas como boinas rojas de las FAR, así como los grupos de respuestas rápida dirigidos por los oficiales de enfrentamiento de la seguridad del estado, que armados con palos y otros objetos contundente y la utilización de armamentos, donde fueron heridos o asesinados varios manifestantes, sembraron alarma dentro de la población civil, tanto dentro de los propios manifestantes pacíficos, como en el resto de la población que no participo.

Articulo116. 2. Genocidio, el que, violando las normas del Derecho Internacional, bombardee, ametralle o ejerza sevicia sobre la población civil.

someta a este grupo a condiciones de existencia que constituyan una amenaza de exterminio del grupo o de algunos de sus miembros;

En cuanto al inciso (a) de este artículo, Miguel Diaz Canel Bermúdez, es penalmente responsable, teniendo en cuenta que, la hambruna que sufre hoy el pueblo de Cuba, es responsable el ya mencionado Diaz Canel, por cuanto ha desoído las propuestas de la Liga de campesinos independientes y mantienen normas que asfixian a los campesinos cubanos, normas que impiden la producción a gran escala de alimentos para el pueblo. Por otra parte, el señor Díaz Canel Bermúez, se negó a recibir vacunas contra el Covid, certificadas y aprobadas internacionalmente que fueron ofrecidas por la OMS y la ONU, refiriendo que Cuba tenía varios candidatos vacunales, dos de los cuales se le comenzaron a suministrar a la población sin ser probados finalmente.

Que el señor Díaz Canel Bermúdez, cuando todos los países estaban cerrando sus fronteras, manteniendo la entrada de turistas y cubanos residentes en el exterior, muchos de los cuales eran portadores del virus.

Se ejerce sevicia sobre la población civil indefensa cuando, se actúa con crueldad excesiva o se ejecutan tratos crueles, ambas fueron cometidas contra la población cubana que de forma pacífica y pidiendo libertad marchaban por las calles de diferentes ciudades del país, cuyas pruebas audio visuales y testimonios de las personas que vivieron y sufrieron esos momentos.

Por tanto: La arrogancia, irresponsabilidad y los graves errores cometidos por el ya mencionado Miguel Diaz Canel Bermúdez, hacen que nos lleve inequívocamente a calificar sus actuaciones como delito de Genocidio, cometido contra el pueblo cubano. En su momento mostraremos, cuando nos sean solicitadas por dicho tribunal, las pruebas que se soliciten

Artículo 133. Abuso de autoridad, El funcionario público que, con el propósito de perjudicar a una persona o de obtener un beneficio ilícito, ejerza las funciones inherentes a su cargo de modo manifiestamente contrario a las leyes, o se exceda arbitrariamente de los límites legales de su competencia

Por supuesto que el señor Díaz Canel Bermúdez, ejerció sus funciones inherentes a su cargo contrario a las leyes que rigen en el país, nadie puede llamar al combate contra el pueblo desarmado como Don Quijote combatía contra los molinos, Canel Bermúdez se excedió en sus derechos como Presidente de la República de Cuba y con ello, que sus subordinados vulneraran los derechos constitucionales de los ciudadanos de nuestro país, según los artículos mencionados en los fundamentos del derecho.

Instigación A Delinquir

Articulo 202. 1. Instigación a delinquir, Este delito es cometido cuando, se incita públicamente a una persona o grupo de personas a cometer un delito determinado. En el caso que nos ocupa, el señor, Miguel Diaz Canel Bermúdez, de forma pública mediante una orden de combate, incito a sus seguidores a enfrentar en las calles a las personas que se manifestaban pacíficamente, así como le ordenó al Ministro del Interior la utilización de sus fuerzas represivas contra los ya mencionados manifestantes, orden que también le fue trasmitida al Ministro de las FAR, General de Ejército, Álvaro López Miera, a cooperar con el MININT en la represión contra el pueblo.

Es preocupante incitar a la violencia contra personas que, haciendo uso de un derecho constitucional, protestaron pacíficamente, la protesta pacífica es normal en política.

En cuanto a las normas internacionales de las que el Estado Cubano es parte, durante las detenciones de los manifestantes pacíficos se vulneraron.

La declaración Universal de Derechos Humanos, La Convención Internacional contra la Desaparición forzada y La Convención Internacional contra la Tortura.

Pruebas y testimonios que presentaremos en su momento ante este Tribunal, por lo que también son responsables penalmente.

Señor presidente, es imprescindible, es primordial la defensa de los derechos de las personas.

Por tanto: Miguel Diaz Canel Bermúdez, debe ser sancionado como autor inmediato por los delitos antes mencionados y por cooperación necesaria, deben comparecer como acusados.

El General de Brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas, Ministro del Interior.

El General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, Ministro de las FAR.

Señor Presidente, no queremos concluir mi denuncia sin antes recordar las palabras del ilustre jurista cubano Mariano de Aramburu las que hoy, más que nunca cobran vigencia en nuestro país. Cito “En un país donde el sentimiento del derecho mengua, decrece y se extingue, no habrá ni orden ni progreso porque faltará la justicia, madre de todas las virtudes cívicas. La ley será cuerpo sin alma, forma sin sustancia, letra sin espíritu: el poder oligarquía despótica, feudo de la audacia y órgano de toda concupiscencia; los ciudadanos, connaturalizados con la injusticia, tascaran sin rabia, mansos y cobardes, el freno que les aherroja”

Firmados. Militares Objetores de Conciencia ( M.O.C) en representación de decenas de militares activos y en la reserva que por seguridad no aparecerán sus nombres, pero que en su momento prestaran sus declaraciones.

General de Brigada Rafael Del Pino Diaz.

Teniente coronel Máximo Omar Ruiz Matose.

Teniente coronel Raul Luis Risco Pérez

Teniente coronel Mario Rivas Morales.

Teniente coronel Alfredo Lima Pérez.

Teniente Ángel Madrazo Giro

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Sin ser llevados a juicio activistas pacíficos permanecen en las prisiones cubanas

Maykel El Osorbo, Esteban Rodríguez y Luis Manuel Otero Alcántara siguen en prisión a la espera de juicio. (Foto: Facebook)

Continúan en las cárceles del régimen cubano, a la espera de juicio, dos de los manifestantes en la protesta de Obispo, en La Habana Vieja, el pasado 30 de abril, y artistas y activistas del Movimiento San Isidro, que han exigido sus derechos de forma pacífica.

Luis Ángel Cuza Alfonso fue uno de los 13 jóvenes que alzaron su voz en Obispo, y aún espera juicio en la cárcel Combinado del Sur, en Matanzas.

"Él siempre llama, y tiene su abogado, que se llama Clemente. Estuvimos hablando de que a él se le denegó cuatro veces el cambio de medida y, entonces, estamos esperando al juicio. El abogado me dijo que a él le están pidiendo de uno a tres años por resistencia y desorden público”, dijo a Radio Martí su esposa, Dailenis Romero.

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Inti Romero fue encarcelado por participar en la misma protesta. Un familiar que prefirió el anonimato dijo a Radio Martí que el joven se encuentra bien de salud, que se comunica todos los días con su familia desde la prisión de Taco Taco, en San Cristóbal, Artemisa.

El familiar precisó que el abogado que lleva el caso presentó un cambio de medida cautelar y en este momento están a la espera de una respuesta.

Encarcelados por el régimen cubano permanecen, además, el periodista independiente Esteban Rodríguez, quien también protestó en Obispo el pasado 30 de abril, el rapero Maykel El Osorbo y el artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, todos integrantes del Movimiento San Isidro.

El Funky, músico del género urbano, dijo a Radio Martí que hace pocos días habló con El Osorbo, quien lo llamó desde la prisión de Sandino, en Pinar del Río.

"Maykel está bien de salud, que es muy importante, contento con todas estas cosas que están pasando, y que ve a mucha gente apoyando. Nosotros, pendientes a su caso, y al de Luisma (Luis Manuel Otero Alcántara), que sabemos también que ya lleva ‘diecipico’ de días plantado, en una celda, aislado", señaló.

Este miércoles, El Funky escribía en Facebook: “Es increíble el miedo que le tiene la dictadura a estos artistas. En lo personal, es un gran orgullo ser amigo de estos valientes cubanos”.

Defensora de derechos humanos en Cuba activa alarma mundial para activistas en riesgo

María Elena Mir Marrero, durante su participación en el Foro "Cuba: Economía, Derechos y Migración", en 2017, en Miami, EEUU.

La defensora de los derechos humanos y civiles en Cuba, María Elena Mir Marrero, se ha visto obligada a activar la alarma del Natalia Project (Proyecto Natalia) al ser, otra vez, amenazada por efectivos de la Seguridad del Estado.

Oficiales de ese órgano represivo la visitaron en su casa para comunicarle que si continuaba con su actividad opositora “las consecuencias iban a ser muy graves”, según dio a conocer la organización internacional Civil Rights Defenders (CRD).

Entre las amenazas recibidas, Mir Marrero fue advertida por los agentes del régimen de que sería “encarcelada si sale de la vivienda”, denunció CRD.

En abril de este año, la organización emitió una alerta similar.

Luchadora de larga data, reconocida dentro y fuera de Cuba, la opositora continúa con su actividad de oposición a pesar de encontrarse en una reclusión domiciliaria que califica de ilegal, pues no ha sido legalmente sancionada por ningún tribunal.

Erik Jennische, director para América Latina de Civil Rights Defenders, dijo que “los ataques” en contra de la activista cubana “llevan muchos años, y ha sido detenida varias decenas de veces”, y se refirió a este nuevo ataque contra la opositora “como un ejemplo”, de lo que el régimen cubano puede hacer “para reprimir a los activistas por la democracia y a los periodistas independientes”.

Jennische apuntó que, “sin embargo, no han conseguido suprimir a María Elena Mir Marrero, que continúa con su importante labor”.

El director para las Américas de CRD señaló, además, que quienes se enfrentan a la agresividad represiva de la Seguridad del Estado en estos momentos necesitan de la Unión Europea, cuyo “apoyo es ahora crucial para los cientos de defensores de los derechos humanos cubanos que se encuentran en la misma situación”.

También recordó que, “en 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió a Mir Marrero medidas cautelares, lo cual, explica la denuncia, “significa que la comisión solicita a Cuba que garantice su seguridad. Las medidas cautelares sólo se conceden en situaciones urgentes y graves”.

Respecto al Proyecto Natalia, activado por Mir Marrero, el CRD explica que este es “el primer sistema de alarma de seguridad del mundo para defensores de los derechos humanos en riesgo". El sistema de alarma se basa en GPS, y la iniciativa se inició en 2013 con el fin de satisfacer la creciente necesidad de protección de los defensores de los derechos humanos a nivel mundial, subraya la organización.

"Vamos a marchar el día 15 y estamos decididos a seguir luchando por nuestros derechos"

El actor y dramaturgo Yunior García, de 39 años, hace una pausa durante una entrevista en su casa en La Habana, Cuba, el 12 de octubre de 2021. REUTERS / Alexandre Meneghini

La plataforma ciudadana Archipiélago anunció este martes que, a pesar de la prohibición de las autoridades cubanas de la Marcha Cívica organizada para el próximo 15 de noviembre, será una decisión de cada cubano su asistencia a la manifestación.

“Nosotros seguimos sin Internet. Seguimos sin haber podido tener una comunicación entre todos los miembros, pero la participación en la marcha es una decisión personal. O sea, ya no es una convocatoria. Nosotros hemos dicho que vamos a marchar el día 15 y estamos decididos a seguir luchando por nuestros derechos. Por lo tanto, como decisión personal, nosotros marchamos el 15 en los mismos lugares”, recalcó el activista y dramaturgo Yunior García Aguilera, fundador de Archipiélago.

La respuesta del régimen dejó en entredicho las afirmaciones del propio presidente del Tribunal Supremo a raíz de las protestas del 11 de julio.

“Han hecho quedar en ridículo hasta al presidente del Tribunal Supremo que después del 11 de julio había dicho que en Cuba la gente si se puede manifestar, que eso es un derecho, que, incluso, comete un crimen, quien violara ese derecho sagrado”.

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La réplica de Archipiélago se produjo horas después de que, de modo sincrónico, los gobiernos de siete provincias respondieran a las notificaciones de la celebración de las demostraciones con un texto similar entregado a los organizadores locales, en el que se califica a las convocatorias pacíficas como acciones desestabilizadoras" y por tanto "ilícitas".

“Las autoridades han dado una respuesta déspota de dictadura, indicando, evidentemente, que nunca más, a partir de ahora, alguien podrá insinuar siquiera que en Cuba hay algún tipo de Estado de Derecho. Cuba es una dictadura militar”, calificó García Aguilera.

Centro Cubano de Derechos Humanos asegura que se desconoce la cifra exacta de detenidos el 11J

Protesta del 11 de julio en Santiago de Cuba. (Foto: 14yMedio)

El Centro Cubano de Derechos Humanos dio a conocer en su reporte de septiembre el aumento de detenidos tras las manifestaciones del 11 de julio y que por eso aún no se puede hablar de una cifra exacta de personas encarceladas por la protesta.

El informe denuncia la grave situación de salud en la que se encuentra el preso político Félix Navarro, quien estuvo en huelga de hambre en el Combinado del Sur de Matanzas, y la incomunicación del líder de la Unpacu, José Daniel Ferrer, quien ha tenido una sola visita familiar de 20 minutos en la prision de Mar Verde tras ser arrestado el 11 de julio en Santiago de Cuba.

Para leer el informe:

Informe sobre Derechos Humanos
Informe sobre Derechos Humanos

Activistas califican de inaudita la situación de los derechos humanos en Cuba

Policías vestidos de civil detienen a un manifestante en La Habana, el 11 de julio de 2021. (REUTERS/Stringer)

La situación de los derechos humanos en estos momentos en Cuba es "inaudita", dijeron activistas cubanos, y pidieron solidaridad internacional con el pueblo, que sufre la represión por ejercer un derecho constitucional como manifestarse pacíficamente.

El sociólogo Dimas Castellanos dijo a Radio Martí que a medida que el régimen incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, periodistas independientes, sociedad civil, ante la crisis de los derechos humanos en Cuba, la solidaridad se impone.

"Porque es que lo que está pasando en Cuba es totalmente inaudito. Yo creo que tenemos más presos políticos nosotros que casi toda la región de América Latina. No conozco los datos, pero en la proporción de la población cubana, que es de unos 11 millones más o menos, la cantidad de presos políticos y presos de conciencia va en aumento, pero de forma escalada. Aquí la economía no crece, pero eso sí está creciendo2, afirmó.

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Castellanos, se refirió a las protestas antigubernamentales del 11 de julio y manifestaciones posteriores, respondidas con detenciones arbitrarias, de cubanos que permanecen en la cárcel en espera de juicio.

"Y eso está demostrando cada vez más claro ante el mundo la naturaleza del régimen cubano, sobre todo el último gran grupo que ha entrado en la cárcel. Es un grupo que entra por hacer uso de un derecho constitucional, esa es la cosa más grave. Cuando no estaba en la Constitución, bueno, pues bien, era anticonstitucional, pero ahora está en la Constitución", explicó el sociólogo.

Luz Escobar, periodista del diario digital 14yMedio, resaltó el valor de las personas que alzan sus voces cada día en reclamo de cambios democráticos, y pidió solidaridad con el pueblo cubano, pero especialmente con los activistas presos.

"Justamente darle visibilidad a estos casos, personas presas por expresarse libremente, por manifestarse. Artistas también como Luis Manuel Otero, Maykel Castillo y el periodista Esteban Rodríguez, que siguen bajo la custodia de la seguridad del Estado en las cárceles cubanas, a merced de lo que pueda ocurrir ahí. Ya sabemos que siempre están en riesgo cuando están en esa situación", señaló.

Escobar añadió que ahora es el momento para "empujar a esa visibilidad" y que el mundo sepa lo que está pasando en Cuba.

"Nunca se puede perder una oportunidad para dar a conocer la situación en la que estamos, que no solamente es la crisis económica, sino también esta situación de represión", concluyó la periodista.

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