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Derechos Humanos

Piden al Supremo enjuiciar a Díaz-Canel por incitación para delinquir; abuso en el ejercicio del cargo, terrorismo y genocidio

Miguel Díaz-Canel ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Los Militares Objetores de Conciencia ( M.O.C) en representación de decenas de militares activos y en la reserva han pedido al Tribunal Supremo de Cuba abrir un proceso contra el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

Incitación para delinquir utilizando la violencia, Abuso en el ejercicio del cargo, terrorismo, Genocidio y violación de las normas de Derechos Humanos son los delitos por los que el sucesor de Raúl Castro debe ser enjuiciado según una comunicación dirigida al señor Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba.

La carta fue firmada por el General de Brigada Rafael Del Pino Diaz; Teniente coronel Máximo Omar Ruiz Matose; Teniente coronel Raul Luis Risco Pérez; Teniente coronel Mario Rivas Morales; Teniente coronel Alfredo Lima Pérez; y el Teniente Ángel Madrazo Giro.

El texto menciona como cómplices "por cooperación necesaria" al Ministro del Interior General de Brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas y al Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera.

A continuación reproducimos el texto íntegramente:

Señor Rubén Remigio Ferro.

Presidente del Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba.

Señor:

Nosotros ciudadanos cubanos, los abajo firmantes, Militares Objetores de Conciencia, haciendo uso del derecho que nos asiste, ante usted decimos.

Que, acusamos penalmente, al designado presidente de la República de Cuba, señor, Miguel Diaz Canel Bermúdez, por presuntamente haber cometido los delitos de.

Incitación para delinquir utilizando la violencia, Abuso en el ejercicio del cargo, terrorismo, Genocidio, violación de las normas de Derechos Humanos de las que el Estado cubano es parte.

INVOCACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES FACULTATIVO

Artículo 61. Las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley, por lo que invocando dicho artículo y teniendo en cuenta el derecho que me asiste, formulo la presente denuncia.

Los Hechos

Que el señor Diaz Canel Bermúdez, durante una comparecencia televisiva y radial, convocó, a sus seguidores, a enfrentar violentamente a cubanos desarmados, que, la actitud absolutamente inmovilista adoptada por las autoridades del país. La represión brutal, las golpizas, el empleo de armas de fuego contra personas que sólo utilizaban la palabra, constituye abusos incalificables, que debe ser condenado penalmente. ¿Cómo admitir las palabras del Jefe de gobierno al expresar que “ la orden de combate está dada” cual si fuera contra miembros de un ejército extranjero y no de simples ciudadanos cubanos que, de forma pacífica pedían libertad y coreaban Patria y Vidal, orden de combate que fue recibida y ejecutada de inmediato por los Ministros del Interior y de la Fuerzas Armadas Revolucionarias, lanzando a las calles a cientos de uniformados, y otros vistiendo de civil, así como a miembros del Partido Comunista y Brigadas de Respuestas Rápida, esta última, son grupos paramilitares organizados y dirigidos por oficiales de enfrentamiento de la Seguridad del Estado, los que actúan como represores del pueblo, fuerzas todas que, armados con pistolas, fusiles, tonfas, bastones de gomas, palos y otros objetos contundentes, arrestaron violentamente, lesionaron, hirieron y asesinaron a ciudadanos indefensos desarmados, donde incluso, decenas de domicilio fueron violados.

Como si eso fuera poco, cientos de manifestantes pacíficos fueron arrestados de forma violentas no solo durante el día 11, continuando la casería los siguientes días, los arrestos en su totalidad arbitrarios, sin orden de previa de arresto, así como los arrestos que se ejecutaron, concluidas las manifestaciones, fueron prácticamente todos de forma violenta, llevados a cabo por uniformados y oficiales de la Seguridad del Estado dentro del domicilio de decenas de personas que, unos, habían participados en las manifestaciones y otros no habían siquiera salidos de sus hogares, constituyendo una flagrante violación de domicilio y de arrestos arbitrarios, pues sus moradores no dieron su consentimiento para la entrada de las fuerzas públicas a sus hogares, así como tampoco mostraron documento firmado por autoridad competente para penetrar en el domicilio de nadie, mucho menos para arrestarlos.

Señor presidente, tenga usted presente que, estos registros y detenciones arbitrarias son totalmente ilegales y constituyen una práctica sistemática en nuestro país, le puedo afirmar que los fines del Estado Socialista tienen supremacía y jerarquía preponderante sobre los derechos humanos fundamentales, y la judicatura también les sirve como fiel súbdito. Esos fines se ejercen por encima de la Constitución con el uso del Derecho Penal, como lo están haciendo hoy con los juicios que están llevando a cabo contra manifestantes pacíficos, la protesta pacífica es legal, sin embargo, Jueces y Fiscales han sido utilizados como instrumento de coerción, coacción y control social, empleando a la judicatura o Administración de Justicia para actuar con la presunción de “legalidad” sobre los justiciables.

Que las acciones que se están llevando a cabo en todo el país, incluyendo a Fiscales en programas televisivos esgrimiendo posibles sanciones penales con duración de decenios, tiene el objetivo marcado de aterrorizar a la población para hacerlos renunciar a su legítimo derecho a expresarse pacíficamente contra algo que no estén de acuerdo

Que, en los últimos 62 años, no se había visto en nuestro país, de forma masiva, el atropello, la violencia, la agresión, la utilización de las fuerzas de forma desproporcionada, contra ciudadanos indefensos, por los miembros de las fuerzas especiales del Ministerio del Interior con entrenamiento en defensa personal que utilizaron las técnicas de combate contra la población indefensa, tenga usted presente que, más del 80 por ciento de los detenidos, que hoy están siendo sometidos a juicios sumarios, son jóvenes en edades entre los 16 y 35 años.

En medio de la represión, pudimos conocer y comprobar mediante el testimonio de familiares de detenidos que, pasadas 72 horas del arresto, aún desconocían el paradero de sus familiares, los que virtualmente se encontraban desaparecidos.

Jurídicamente, una persona se encuentra en condición de desaparición forzada cuando, ha sido detenida de forma irregular, trasladada hacia lugares desconocido por personal de las que no se tiene información, la incomunicación posterior, la imposibilidad de los familiares de conocer el lugar donde lo mantienen detenido y el desmarque que asumieron las autoridades al no asumir que esa persona se encuentra desaparecida. Internacionalmente, la desaparición forzada se considera un delito de lesa humanidad

Señor presidente, el gobierno cubano, no se ha tomado el trabajo de hacer pública ni una sola medida o sanción contra quienes según palabras posteriores del Presidente Miguel Diaz Canel Bermúdez, mal interpretaron su orden, pero lo cierto es que aunque trate de quitarse responsabilidad de encima, es el responsable directo de su garrafal error al llamar al combate contra la población indefensa.

FUNDAMENTOS DE DECHO.

Derecho, deberes y garantías constitucionales.

La deliberada e irresponsable orden de combate dada a sus seguidores por el señor Miguel Diaz Canel Bermúdez, constituyen violaciones constitucionales tales como.

- Artículo 40. La dignidad humana es el valor supremo que sustenta el reconocimiento y ejercicio de los derechos y deberes consagrados en la Constitución, los tratados y las leyes

- Artículo 41. El Estado cubano reconoce y garantiza a la persona el goce y el ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e interdependiente de los derechos humanos, en correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación. Su respeto y garantía es de obligatorio cumplimiento para todos.

- Artículo 42. Todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana.

- Del artículo 46. Todas las personas tienen derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la salud, la educación, la cultura, la recreación, el deporte y a su desarrollo integral.

- Violación de domicilio, articulo 49. El domicilio es inviolable. No se puede penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden expresa de la autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

Artículo 51. Las personas no pueden ser sometidas a desaparición forzada, torturas ni.

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Artículo 54. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. La objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otro su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos.

Artículo 56. Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley.

Artículo 95. En el proceso penal las personas tienen, además, las siguientes garantías:

a) no ser privada de libertad sino por autoridad competente y por el tiempo legalmente establecido;

b) disponer de asistencia letrada desde el inicio del proceso;

c) que se le presuma inocente hasta tanto se dicte sentencia firme en su contra; d) ser tratada con respeto a su dignidad e integridad física, psíquica y moral, y a no ser víctima de violencia y coacción de clase alguna para forzarla a declarar; e) no declarar contra sí misma, su cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;

f) ser informada sobre la imputación en su contra;

g) ser juzgada por un tribunal preestablecido legalmente y en virtud de leyes anteriores al delito;

h) comunicarse con sus familiares o personas allegadas, con inmediatez, en caso de ser detenida o arrestada; si se tratara de extranjeros se procede a la notificación consular, y

i) de resultar víctima, a disfrutar de protección para el ejercicio de sus derechos.

Presidente: Acusamos al Señor Miguel Diaz Canel Bermúdez como autor de los delitos que a continuación describiré y como cómplices por cooperación necesaria al Ministro del Interior General de Brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas.

Y al Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera.

-Articulo 109, Terrorismo El que realice cualquier otro acto no sancionado más severamente por este Código, que, por su forma, medios u oportunidad de ejecución, tiende a sembrar la alarma en la ciudadanía con el fin de crear condiciones que afecten la seguridad del Estado. Comete el delito de Terrorismo.

Por más que se estire o se encoja, se trate de tergiversar los hechos utilizando los medios de difusión masivas propiedad estatal, las actuaciones y utilización de las fuerzas, de forma excesiva, de la Policía Nacional Revolucionaria, la Seguridad del Estado, las fuerzas especiales del MININT, las tropas conocidas como boinas rojas de las FAR, así como los grupos de respuestas rápida dirigidos por los oficiales de enfrentamiento de la seguridad del estado, que armados con palos y otros objetos contundente y la utilización de armamentos, donde fueron heridos o asesinados varios manifestantes, sembraron alarma dentro de la población civil, tanto dentro de los propios manifestantes pacíficos, como en el resto de la población que no participo.

Articulo116. 2. Genocidio, el que, violando las normas del Derecho Internacional, bombardee, ametralle o ejerza sevicia sobre la población civil.

someta a este grupo a condiciones de existencia que constituyan una amenaza de exterminio del grupo o de algunos de sus miembros;

En cuanto al inciso (a) de este artículo, Miguel Diaz Canel Bermúdez, es penalmente responsable, teniendo en cuenta que, la hambruna que sufre hoy el pueblo de Cuba, es responsable el ya mencionado Diaz Canel, por cuanto ha desoído las propuestas de la Liga de campesinos independientes y mantienen normas que asfixian a los campesinos cubanos, normas que impiden la producción a gran escala de alimentos para el pueblo. Por otra parte, el señor Díaz Canel Bermúez, se negó a recibir vacunas contra el Covid, certificadas y aprobadas internacionalmente que fueron ofrecidas por la OMS y la ONU, refiriendo que Cuba tenía varios candidatos vacunales, dos de los cuales se le comenzaron a suministrar a la población sin ser probados finalmente.

Que el señor Díaz Canel Bermúdez, cuando todos los países estaban cerrando sus fronteras, manteniendo la entrada de turistas y cubanos residentes en el exterior, muchos de los cuales eran portadores del virus.

Se ejerce sevicia sobre la población civil indefensa cuando, se actúa con crueldad excesiva o se ejecutan tratos crueles, ambas fueron cometidas contra la población cubana que de forma pacífica y pidiendo libertad marchaban por las calles de diferentes ciudades del país, cuyas pruebas audio visuales y testimonios de las personas que vivieron y sufrieron esos momentos.

Por tanto: La arrogancia, irresponsabilidad y los graves errores cometidos por el ya mencionado Miguel Diaz Canel Bermúdez, hacen que nos lleve inequívocamente a calificar sus actuaciones como delito de Genocidio, cometido contra el pueblo cubano. En su momento mostraremos, cuando nos sean solicitadas por dicho tribunal, las pruebas que se soliciten

Artículo 133. Abuso de autoridad, El funcionario público que, con el propósito de perjudicar a una persona o de obtener un beneficio ilícito, ejerza las funciones inherentes a su cargo de modo manifiestamente contrario a las leyes, o se exceda arbitrariamente de los límites legales de su competencia

Por supuesto que el señor Díaz Canel Bermúdez, ejerció sus funciones inherentes a su cargo contrario a las leyes que rigen en el país, nadie puede llamar al combate contra el pueblo desarmado como Don Quijote combatía contra los molinos, Canel Bermúdez se excedió en sus derechos como Presidente de la República de Cuba y con ello, que sus subordinados vulneraran los derechos constitucionales de los ciudadanos de nuestro país, según los artículos mencionados en los fundamentos del derecho.

Instigación A Delinquir

Articulo 202. 1. Instigación a delinquir, Este delito es cometido cuando, se incita públicamente a una persona o grupo de personas a cometer un delito determinado. En el caso que nos ocupa, el señor, Miguel Diaz Canel Bermúdez, de forma pública mediante una orden de combate, incito a sus seguidores a enfrentar en las calles a las personas que se manifestaban pacíficamente, así como le ordenó al Ministro del Interior la utilización de sus fuerzas represivas contra los ya mencionados manifestantes, orden que también le fue trasmitida al Ministro de las FAR, General de Ejército, Álvaro López Miera, a cooperar con el MININT en la represión contra el pueblo.

Es preocupante incitar a la violencia contra personas que, haciendo uso de un derecho constitucional, protestaron pacíficamente, la protesta pacífica es normal en política.

En cuanto a las normas internacionales de las que el Estado Cubano es parte, durante las detenciones de los manifestantes pacíficos se vulneraron.

La declaración Universal de Derechos Humanos, La Convención Internacional contra la Desaparición forzada y La Convención Internacional contra la Tortura.

Pruebas y testimonios que presentaremos en su momento ante este Tribunal, por lo que también son responsables penalmente.

Señor presidente, es imprescindible, es primordial la defensa de los derechos de las personas.

Por tanto: Miguel Diaz Canel Bermúdez, debe ser sancionado como autor inmediato por los delitos antes mencionados y por cooperación necesaria, deben comparecer como acusados.

El General de Brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas, Ministro del Interior.

El General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, Ministro de las FAR.

Señor Presidente, no queremos concluir mi denuncia sin antes recordar las palabras del ilustre jurista cubano Mariano de Aramburu las que hoy, más que nunca cobran vigencia en nuestro país. Cito “En un país donde el sentimiento del derecho mengua, decrece y se extingue, no habrá ni orden ni progreso porque faltará la justicia, madre de todas las virtudes cívicas. La ley será cuerpo sin alma, forma sin sustancia, letra sin espíritu: el poder oligarquía despótica, feudo de la audacia y órgano de toda concupiscencia; los ciudadanos, connaturalizados con la injusticia, tascaran sin rabia, mansos y cobardes, el freno que les aherroja”

Firmados. Militares Objetores de Conciencia ( M.O.C) en representación de decenas de militares activos y en la reserva que por seguridad no aparecerán sus nombres, pero que en su momento prestaran sus declaraciones.

General de Brigada Rafael Del Pino Diaz.

Teniente coronel Máximo Omar Ruiz Matose.

Teniente coronel Raul Luis Risco Pérez

Teniente coronel Mario Rivas Morales.

Teniente coronel Alfredo Lima Pérez.

Teniente Ángel Madrazo Giro

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“Es un abuso, y ellos tienen que pagarla”, advierte esposa de preso político Rangel Manzano

Francisco Rangel Manzano

Familiares del preso político Francisco Rangel Manzano han recibido una sola llamada de su parte tras ser trasladado, la semana pasada, desde la cárcel Combinado del Sur a la prisión de Agüica, ambas en la provincia de Matanzas.

Regla Burunate, esposa de Rangel Manzano, dijo a Radio Martí que el traslado de prisión tiene como objetivo alejarlo del opositor Félix Navarro, encarcelado también a raíz de las protestas del 11 de julio y quien lleva a cabo una prolongada huelga de hambre.

“A Francisco lo trasladaron para Agüica. Una sola llamada, después que lo trasladaron. Al segundo día me llamó; pocas palabras, un minuto: que lo habían trasladado para Agüica y que el veintidós le podía llevar la jaba. Más nada yo he sabido de él”, declaró Burunate.

Según la esposa del prisionero político, la última llamada de Manzano debió ser el pasado martes 14 de septiembre, y alcanzó solamente para avisarle de la fecha en podían llevarle los suministros básicos permitidos a los reclusos, conocidos como “la jaba”.

Regla Burunate asegura que el tratamiento a los presos políticos "es un abuso"
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Burunate aseguró a Radio Martí que el traslado de su esposo se debe a la situación de Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, en el cual también milita Francisco Rangel Manzano y que, según las informaciones recibidas, se mantiene en una prolongada huelga de hambre.

“Yo me imagino que para tenerlo lejos de lo que está pasando Félix”, alegó Burunate. La activista agregó que su esposo no le dijo "absolutamente nada”, refiriéndose a los motivos del traslado y al estado de Navarro.

“Ese es el precio que pagamos los opositores”, fue la respuesta de Rangel Manzano a su esposa, a lo cual ella respondió: “Eso no es precio por nada porque, ¿qué tú hiciste para estar ahí?”, momento en que, afirmó la activista, le “retiraron el teléfono” a su esposo.

“Es un abuso, como lo hicieron con Félix y lo han hecho con la mayoría de todos los manifestantes que se pronunciaron ese día (11J). Eso es un abuso, y ellos tienen que pagarla”, concluyó Burunate.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

Amenazan a activista Anamely Ramos con prohibirle la entrada a Cuba

Anamely Ramos. (Foto: Facebook)

La curadora de arte Anamely Ramos fue amenazada con no poder volver a Cuba tras participar en la manifestación del viernes en las afueras de la Embajada cubana en México.

“Ya se habla que no te dejarán entrar más a Cuba, tremendo problema, ¿verdad??”, dice el mensaje dirigido a Ramos por un usuario anónimo en Facebook, horas después de la protesta por la presencia en México del gobernante Miguel Díaz-Canel.

“Eso sucedió después de las manifestaciones a las que hemos convocado en México para protestar por la visita de Díaz Canel”, dijo la curadora y activista a Radio Televisión Martí, quien añadió que en un post explicó las razones por las que no piensa abandonar definitivamente Cuba.

“Yo nací en Cuba y pretendo morirme en Cuba (…) Hoy estoy estudiando un doctorado por el que luché muchísimo, pero en ningún momento está en mi horizonte de vida abandonar Cuba definitivamente, ni tener que escoger entre los mundos que se me abren a cada paso y el íntimo lugar de mi esperanza última”, escribió.

“Yo creo que tenemos que parar de intimidarnos con este tipo de amenazas que son muy burdas, que a veces deja consecuencias reales, otras veces no tanto. Pero lo que sí están expresando es la prepotencia de un Estado que piensa que el país es de ellos, que nosotros somos de ellos, que nuestras decisiones son de ellos. Y eso no puede seguir así”, apuntó Ramos en declaraciones a nuestra redacción.

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“Yo creo que los cubanos tenemos que seguir venciendo el miedo y plantándonos frente a un Estado que no tiene ninguna legitimidad y que hace este tipo de cosas, comportándose como una mafia deplorable”.

Simpatizantes del régimen cubano, convocados por personal de la sede diplomática de La Habana en la capital mexicana atacaron al grupo de manifestantes pacíficos con palos y cabillas.

Durante las transmisiones en vivo, se escuchó que los agresores gritaban "esta calle es de Fidel", mientras el grupo de residentes cubanos en México cantaba el himno nacional.

Régimen comunista prohíbe a sacerdote golpeado y detenido en las protestas viajar fuera de Cuba

El padre Castor José Álvarez Devesa durante una visita al OCDH.

El régimen cubano prohíbe viajar fuera del país al sacerdote camagüeyano Castor José Álvarez Devesa, abiertamente crítico al régimen de La Habana y quien ha dado respaldo a la oposición cubana en numerosas ocasiones, por ser considerado de “interés público”, según dio a conocer el portal digital independiente La Hora de Cuba.

El Padre Castor, quien cumple con los estrictos cánones de su religión, no es indiferente a la situación que se vive en la isla y sus homilías se han convertido en referente público rebasando los muros de su iglesia y, aunque su lenguaje no es incendiario, es evidente que sus palabras son el eco de la mayoría descontenta.

Durante las jornadas de levantamiento popular ocurridas el pasado 11 de julio en toda la isla, el Padre Castor comentó en las redes sociales que “después de rezar y pedir consejo”, decidió salir a las calles de Camagüey, junto a los más necesitados, de lo cual, resultó brutalmente golpeado, terminando encerrado en un calabozo.

Poco antes de las celebraciones por el Día de la Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba, el oficial de la Seguridad del Estado que atiende los “Asuntos Religiosos”, identificado como "Abel", comunicó “a Wilfredo del Pino Estévez, arzobispo de Camagüey, que el Padre Castor no podía oficiar misa ese día en la comunidad católica de Vertientes, dada la gravedad de la Covid en el territorio”, informó La Hora de Cuba.

“Lo que resultó polémico tratándose de la única misa suspendida en suelo agramontino y de un sacerdote que incomoda al régimen con su proyección contestataria”, agregó el diario digital independiente.

Castor es firmante de varias cartas que en los últimos meses han criticado abiertamente la difícil realidad de Cuba. En 2018 el religioso firmó, junto a los también curas José Conrado Rodríguez y Melvis Roque, una carta dirigida a Raúl Castro en la expusieron la necesidad urgente de celebrar elecciones libres y en julio de 2017 se atrevió a oficiar una misa a la sede de las Damas de Blanco.

“Ayer (14 de septiembre) fui al carnet de identidad (Oficina de Trámites) y pregunté […] me dijeron que no podía salir del país por “interés público”, declaró el sacerdote a La Hora de Cuba.

El término “interés público” no se recoge en el Código Penal cubano, tampoco en la Constitución.

Atendiendo a la ley de migración cubana, las prohibiciones de viajar fuera de la isla son impuestas a una persona “que esté pendiente al cumplimiento de una sanción penal o medida de seguridad”.

“Tales motivos no constan en la prohibición del sacerdote, sino el ambiguo “interés público”, que viola flagrantemente el derecho de toda persona a salir de su país”, denuncia la publicación.

El régimen cubano establece la política de "regulados" como castigo a los ciudadanos que se oponen o expresan opiniones contrarias a sus intereses.

"El Consejo de Derechos Humanos acaba de dar la espalda a los ciudadanos cubanos"

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Fabrice COFFRINI / AFP

Una declaración respaldada por decenas de firmantes asegura que el Consejo de Derechos Humanos acaba de dar la espalda a los ciudadanos cubanos, al no condenar la ofensiva de represión desatada contra el pueblo en general desde el pasado 11 de julio.

El texto titulado "Del lado de los ciudadanos, no de los Estados", fue divulgado este viernes por integrantes del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, miembros de distintas organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general.

El pasado 16 de julio, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había hecho un llamado a la urgente liberación de todas las personas que han sido detenidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica o a la libertad de opinión y expresión y dijo estar "muy preocupada por el presunto uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes en Cuba y el arresto de un gran número de personas, entre ellas varios periodistas".

Sin embargo, la funcionaria no incluyó a Cuba en su informe global sobre los países que violan los derechos humanos, presentado esta semana, un hecho que de acuerdo a la declaración constituye una oportunidad perdida para entender las realidades sociales y políticas del país comunista.

El opositor Manuel Cuesta Morúa dijo a Radio Martí que muchos cubanos se quedaron "boquiabiertos con esa ausencia y con ese silencio".

Declaraciones de Manuel Cuesta Morúa
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"En un minuto en que todos pensamos que efectivamente el primer informe o el informe del Consejo de Derechos Humanos sobre el comportamiento de los derechos humanos en el mundo iría a incluir a Cuba, nos quedamos realmente estupefactos con la noticia totalmente absurda de lo que una amiga ha llamado "el elefante blanco" en el Consejo de Derechos Humanos. No apareciera mencionado ni una vez. No había ninguna justificación para no mirar hacia Cuba en uno de los momentos más importantes de su historia. Y cuando digo 'momento más importante de la historia' me refiero a la historia nacional. No había de ninguna manera justificación para que la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no se fijara en dos cosas fundamentales: la brutal represión, teniendo en cuenta la naturaleza estrictamente pacífica de las masas, desde el Estado, y que el mismo Estado llamara a la violencia civil. Eso debió haber llamado la atención poderosamente de el Consejo de Derechos Humanos y haber reflejado el caso de Cuba", explicó Cuesta Morúa.

A continuación reproducimos el texto íntegro de la declaración "Del lado de los ciudadanos, no de los Estados":

Las manifestaciones pacíficas de las jornadas de julio en Cuba, inéditas en nuestra historia nacional, merecieron la viva atención y el acompañamiento del mundo democrático. Su represión por un gobierno no electo solo mereció una débil declaración de parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, liderado por la Sra. Michelle Bachelet, su Alta Comisionada. Una declaración que fue presentada, además, como supuestos que contradecían hechos bien documentados en miles de imágenes; testimonios, al mismo tiempo, del clamor de los ciudadanos cubanos y del ataque brutal de las turbas paramilitares y de los cuerpos represivos en toda la isla.

Con un agravante que el Consejo de Derechos Humanos, en forma también inédita, pasaba por alto: la violencia civil generalizada y la escala nacional se inicia en Cuba, también por primera vez en nuestra historia, por mandato de un Estado que se reafirma y reafirma la violencia como modo de administrar las demandas pacíficas y colectivas de la sociedad, en contra de la ley y de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Un precedente que va contra los principios y el espíritu mismo de las Naciones Unidas. Los Estados que declaran la guerra a sus ciudadanos contribuyen a la inestabilidad mundial.

Los abajo firmantes, integrantes del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, de otras tantas organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general, considerábamos que la construcción cívica de las mayorías, interrumpida por la violencia política de una minoría atrincherada en el Estado, contaría con el respaldo del Consejo de Derechos Humanos en lo que toca a los derechos y a la integridad ciudadana. Pero el Consejo de Derechos Humanos acaba de darle la espalda a los ciudadanos cubanos para colocarse al lado del Estado. Y de una manera que, en el contexto del Caribe, preocupa especialmente a la comunidad civil y prodemocrática cubana por el sesgo racista de la represión de las jornadas de julio que criminalizan y racializan la protesta civil.

Con el silencio sobre Cuba en el informe mundial sobre el comportamiento de los derechos humanos, este Consejo de las Naciones Unidas perdió la oportunidad de entender las realidades sociales y políticas de nuestro país. Un lujo que no deberían darse muchos de los organismos internacionales que van perdiendo relevancia y credibilidad ante las explosiones de la ciudadanía y la crisis de las instituciones estatales y supranacionales que dicen representarla.

La presidencia de este Consejo había despertado cierta sensibilidad para los derechos humanos en América Latina. Su presidenta es hija de Alberto Bachelet, general de brigada de la Fuerza Aérea de Chile y miembro del gobierno de la Unidad Popular liderado por Salvador Allende que, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, fue detenido y fallece en prisión. Junto a su madre, Michelle Bachelet pasa a la clandestinidad, y más tarde resultan detenidas y torturadas antes de partir al exilio político.

Como con Venezuela y Nicaragua, la analogía de esta dura experiencia con la situación cubana es manifiesta. Pero, contrario a los constructores de la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, que sufrieron los horrores del nazismo y construyeron una mancomunidad fundada en los valores, la presidencia de este Consejo no ha tomado la experiencia como punto de partida para construir y fortalecer un mundo basado en esos valores que alimentaron un nuevo orden centrado en los derechos de la persona humana y en la ciudadanía. En tal sentido, solo ha debilitado los reflejos institucionales, el paradigma y la consistencia en la lucha por los derechos humanos en el mundo.

Los silencios del Consejo de Derechos Humanos han sido ruidosos en América Latina. Silencio prolongado frente a las violaciones flagrantes de un Estado fallido como el de Venezuela, hasta que las presiones y las realidades desbordaran la capacidad de indiferencia del Consejo. Silencio en Nicaragua, hasta que el retorno de las técnicas somocistas rebasase los usos de las frías burocracias de las Naciones Unidas ante el escándalo humanitario. Silencio en Cuba, probablemente hasta el momento en el que el crimen de Estado pase por la normalización de informes deshumanizados que nunca traducirán ni reflejarán la tragedia por la que están atravesando ahora mismo miles de jóvenes y de familias en Cuba.

A 20 años de su creación, el Consejo de Derechos Humanos, como acordó en su mandato inicial, merece una profunda reforma. A empezar por la composición de su liderazgo. Las virtudes de los estadistas no son transferibles a organizaciones que se basan en los valores. Las consideraciones geopolíticas, ideológicas, de simpatía, de intereses y electorales vician los fundamentos de organismos que nacen para promover, defender y proteger los derechos humanos a escala global.

Si los informes, las declaraciones y las acciones de instituciones concebidas para defender a los ciudadanos de los Estados dependen esencialmente de los cálculos basados en el voto ambicionado de esos Estados, los derechos humanos seguirán perdiendo terreno a escala global. Y a la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones de sus propios países, se agregará la desconfianza hacia organismos que, alejados por su alcance, se desentienden de lo único que justifica su existencia: la primacía de los valores. Los derechos humanos lo son para todos. El privilegio de ciertas responsabilidades globales solo tiene la dimensión del coraje con el que se defienden los valores que la fundan.

Cabe recordar acá lo que una vez expresó Martin Luther King, “al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos sino los silencios de nuestros amigos”, es decir de aquellos con quienes supuestamente compartimos valores y principios.

Los abajo firmantes, integrantes del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, otros y otras de distintas organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general,

1. Pedro Acosta. Periodista Independiente

2. Ileana Alvarez. Directora de Alas Tensas.

3. Elías Amor Bravo. Presidente Unión Liberal Cubana

4. Alina Brouwer Guerra. The Education Project Corp.

5. MarthadelaTamayo González. Comité Ciudadanos Integración Racial. RFC. ACI

6. María Mercedes Benítez Rodríguez. Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales.

7. Enix Berrio Sardá. Vicepresidente PDC

8. Lic. Amado Calixto Gammalame. Asociación Jurídica Cubana

9. Asunción Carrillo Hdez. Mujeres Democristianas. Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel

10. Armando Chaguaceda. Politólogo e Investigador

11. José Casares Soto. Mesa Diálogo de la Juventud.

12. Juan A. Madrazo. Coordinador del Comité Ciudadanos por la Integración Racial.

13. Iris Ruiz. Actriz y Activista. Movimiento San Isidro.

14. Amaury Pacheco, Poeta y Activista. Movimiento San Isidro

15. Michel Matos, Filósofo y Activista, Movimiento San Isidro

16. Yanelis Nuñez, Historiadora del Arte y Activista. Movimiento San Isidro

17. Carolina Barrero. Historiadora del Arte, Curadora y Activista

18. Mario Félix, Pastor

19. Alain Toledano, Pastor

20. Ángel Santiesteban, Escritor

21. Rafael Vilches, Poeta y Escritor

22. Boris González, Periodista Independiente, Vocero de la Mesa de Unidad de Acción Democrática

23. Dariem Columbié. Plataforma #Otro18.

24. Sara Cuba Delgado. Alianza Cubana por la Inclusión.

25. Manuel Cuesta Morúa. Arco Progresista/Cuba en Plural.

26. Yeris Curbelo Aguilera. Alianza Democrática Oriental.

27. Hildebrando Chaviano. Abogado y periodista. Centro para el Análisis de Políticas Públicas

28. Lázaro Javier Chirino Díaz. Periodista CiberCuba.

29. Eduardo Díaz Fleitas. Comité Coordinador UNPACU

30. José Díaz Silva. Presidente Movimiento Opositores por una Nueva República.

31. Victor Manuel Dueñas Otero. Presidente de la @NGFoundationNL

32. Lic Raydel Fernández. Vicepresidente financiero P&F. Activista de Derechos Humanos

33. Ileana de la Guardia. PsicoNeuróloga. Activista por los Derechos Humanos.

34. Rodolfo González González. Vicepresidente del Comité Cubano Pro Derechos Humanos.

35. Ernesto Gutiérrez Tamargo. Doctor en Derecho

36. Iván Hernández Carrillo. Secretario General de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.

37. Esteban R. Hernández González. Centro Estudios para la Transición Democrática en Cuba.

38. Yanisey Hernández Medina. Embajada Cívica Cubana.

39. Nelva Ismarys Ortega Tamayo. Dra. En Medicina MGI. Unión Patriótica de Cuba

40. Dra. Eva Kubàtová. Post Bellum. República Checa

41. María Cristina Labrada Varona. Dama de Blanco.

42. Elena Larrinaga de Luis. OCDH. PDC. RFC.

43. Antonio José Ledezma Díaz. Abogado, ex Alcalde Mayor del Distrito Metropolitano de Caracas Diputado del extinto Congreso Nacional de Venezuela y ex Senador de la República y Vicepresidente de la Cámara, Gobernador del Distrito Federal.

44. Rafael León Rodríguez. Proyecto Demócrata Cubano (PRODECU)

45. Michael Lima Cuadra. Democratic Spaces. @ngotransations

46. Agustín Valentín López Canino. Bloguero y Activista

47. Félix Llerena. Embajador para Cuba de la organización Juventud y Democracia en las Américas.

48. Gabriel Mato Adrove. Diputado el Parlamento Europeo.

49. Carlos Millares Falcón. Presidente de la Fundación Sucesores.

50. Maria Elena Mir Marrero. CONIC. Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba.

51. Osvaldo Navarro Veloz. Comité Ciudadano por la Integración Racial y Proyecto D.Verso

52. Juan Alberto de la Nuez. Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación.

53. Lázara Sánchez Fiallo. Secretaria Ejecutiva de la Red de Apoyo en Camagüey del OCDH.

54. Gabriela Torres. Lda. En Marketing y Comunicación (desarrollo digital)

55. Jorge Luis Valdés Villazan. Coordinador de UNPACU.

56. Dra. Rita Martín. Narradora y ensayista.

57. Dawi Morejón. Activista de Derechos Humanos.

58. Abraham Rivera. Escritor y articulista sionista: desde Israel por Cuba

59. Dunia Medina Moreno. RFC. Democristianas Cuba. MUAD

60. Orlando Luis Pardo Lazo. Escritor

61. Zuleidys Pérez. Plataforma Femenina. Red de Líderes y Lideresas Comunitarias.

62. Roxilene Sotolongo Cruz. Mujeres Democristianas. Red Femenina de Cuba.

63. Omar Vento. Presidente Fundación Panamericana para la Libertad.

64. Humberto Viel Marín. Movimiento Opositores por una Nueva República

65. Anai Penalba. Movimiento Opositores por una Nueva República

66. Yanelis Cutiño. Movimiento Opositores por una Nueva República

67. Mario Hernández. Movimiento Opositores por una Nueva República

68. Jhonis Guevara. Movimiento Opositores por una Nueva República

69. José Hernández. Movimiento Opositores por una Nueva República

70. David Doubouchet. Movimiento Opositores por una Nueva República

71. Rolando Díaz. Movimiento Opositores por una Nueva República

72. Lázaro Mendoza. Movimiento Opositores por una Nueva República

73. Juan Lamas. Movimiento Opositores por una Nueva República

74. Juan A. Lamas. Movimiento Opositores por una Nueva República

75. Caridad Sánchez. Movimiento Opositores por una Nueva República

76. Francisco Díaz. Movimiento Opositores por una Nueva República

77. Maylen González. Movimiento Opositores por una Nueva República

15 menores de edad siguen presos en Cuba tras el estallido social; abogados explican cómo el Estado viola sus derechos

Arresto de un menor durante las protestas del 11 de julio en Cuba. (Captura de video/Amnistía Internacional)

Un número significativo de adolescentes continúan presos en Cuba tras el estallido social del 11 de julio: quince, según el Centro de Asesoramiento Legal CUBALEX.

“La edad penal, según el Código Penal Cubano comienza a los 16 años: a alguien que haya cumplido 16 le es aplicable todo lo que está establecido en el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal. ¿Qué ocurre? El artículo 17 establece un cierto tratamiento diferenciado mucho más benévolo en los que cometen delito que están comprendidos en la edad de 16, 18, 20 años”, explicó desde La Habana a Radio Televisión Martí el abogado independiente Julio Ferrer.

“Por regla general, lo que orientan las normas penales es que no se lleven a cárceles, que se busque una medida que asegure su asistencia al juicio sin evadir la acción de la justicia, pero sin que estén sujetos a prisión provisional", apuntó.

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El fenómeno de tratar como adultos a infantes en el Código Penal denota falta de protección de sus derechos, esencialmente, debido a la ausencia del concepto “niño” ante la ley.

“En Cuba, la minoría de edad es hasta los 18 años. Lo que sucede es que la responsabilidad penal se adquiere a los 16. Pero, las personas entre 16 y 18 años siguen siendo menores. Por ejemplo, para contraer matrimonio sólo puedes hacerlo con 18 años. Si lo hacen con menos edad, necesitan autorización de sus padres. Quiere decir que los menores de dieciocho años siguen siendo niños”, insistió, en conversación con nuestra redacción la jurista Laritza Diversent, directora del Centro de Asesoramiento Legal CUBALEX, con sede en Estados Unidos y filiales en diversas ciudades de la Isla.

La Convención sobre los Derechos del Niño en su Artículo 1 entiende por niño a todo aquél menor de 18 años, aunque reconoce la existencia de un sistema especial para tratar el caso de muchachos y muchachas en conflicto con la ley penal que debe ser diferenciado y autónomo al sistema de justicia aplicado a los mayores.

“Cuba es parte de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y del Comité, que es el encargado de interpretar esta Convención, ha establecido que en los países donde la edad mínima para la responsabilidad penal es menos de 18, los Estados tienen que tener en cuenta que aun los menores en ese rango están bajo la protección de la Convención y por tanto hay que aplicar con el caso de ellos la Justicia en menores que se establecen en los estándares internacionales, no pueden ser tratados como adultos, como está haciendo el Estado cubano”, indicó Diversent.

Los datos de los detenidos en relación con las demostraciones del 11 de julio, compilados por CUBALEX, arrojan que, al menos, dos, todavía encarcelados, tienen 15 años.

“Estos menores no son presentados a los tribunales, sino que son procesados a través de un procedimiento administrativo que está a cargo del Ministerio del Interior. Por supuesto, que los funcionarios que se relacionan con estos menores no tienen la capacitación para tratar con ellos”, señaló la especialista.

“Es un sistema totalmente extrajudicial en el que no se respetan las garantías del debido proceso. Se les ubica en centros, específicamente, para menores de 16 años, pero están custodiados por oficiales del Ministerio del Interior y están privados de libertad, quiere decir que la situación de estos menores, incluso puede ser peor, que la de los que están entre 16 y 18 años porque no tienen derecho a contratar un abogado, no existe la presunción de inocencia, los padres no pueden, en base a la Patria Potestad, ejercer ningún recurso para defender a sus hijos o cuando se les esté imputando algún delito que, ciertamente no son juzgados, pero son sometidos a un sistema de reeducación que como dije antes está a cargo de los militares”, recalcó.

Aún bajo arresto se encuentran 13 jóvenes de entre 16 y 18 años, informa CUBALEX.

“Respecto a éstos, si ya se presentan ante el tribunal, pueden ser privados de la libertad, con la medida cautelar de prisión provisional, que es lo que está pasando ahora con algunos menores que fueron detenidos a raíz de las protestas del 11 de julio”, subrayó la abogada y añadió:

“Son tratados como mismo son tratados los adultos. No hay personal capacitado para relacionarse con ellos y, en ese caso, se violan los estándares internacionales que requieren que, si los privan de la libertad provisionalmente, tengan comunicación constante con sus padres, que los padres deberían participar en el proceso acompañando a sus hijos, amén de que puedan tener un abogado. Se recomienda que sean interrogados en presencia de sus padres si ellos lo solicitan, entre otras medidas que deben adoptar con este grupo poblacional, algo que no ha pasado en el contexto cubano”.

“Los menores son más susceptibles de ser coaccionados o intimidados para forzarlos a declarar en contra de sí mismos. Y recordemos que, en este año, en la televisión cubana se presentó a un menor de 16 años autoinculpándose e, incluso, vestido de recluso”, dijo la abogada.

Diversent se refiere a un reportaje publicado, a principios de febrero de 2021 en el Noticiero de la Televisión cubana, que mostró imágenes de interrogatorios realizados a dos menores de edad que dijeron haber recibido 1,000 pesos cubanos por lanzar piedras a diferentes comercios y centros estatales de la provincia de Guantánamo.

“Las presiones que pueden sufrir los menores entre 16 y 18 años pueden ser mayores por temor a lo que les pueda pasar en el futuro, el riesgo de estigmatización en sus propias comunidades. Por tanto, desde el Sistema Internacional de Derechos Humanos se solicita a los Estados que den protección especial a este grupo poblacional”, concluyó Diversent.

No existen cifras públicas oficiales de cuantos menores de 18 años han sido juzgados por la ley o recluidos en penales por la comisión de delitos en Cuba, pero es evidente que el objetivo de castigar en lugar de rehabilitar, se ha impuesto en los manifestantes del 11 de julio, comprendidos en estas edades, pues permanecen tras las rejas 15 de un total de 49 arrestos documentados.

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