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América Latina

Panamá incauta más de mil paquetes de droga con apoyo de EEUU y Colombia

Soldado del SENAM en Panamá.

Las autoridades panameñas informaron este lunes de que incautaron 1.049 paquetes de droga, detuvieron a cinco colombianos y además decomisaron 2 embarcaciones en dos operaciones realizadas en aguas del Pacífico con apoyo de las Fuerzas Armadas de Colombia y la Guardia Costera de Estados Unidos.

Lancha semisumergible encautada en Panamá
Lancha semisumergible encautada en Panamá

En una de estas acciones, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) decomisó 610 paquetes de droga no identificada y peso total no especificado, dentro de un semisumergible interceptado al sur de Isla Coiba, frente a las costas de la provincia central de Veraguas.

En esta operación, en la que el Servicio Aeronaval contó con el respaldo de las Fuerzas Armadas de Colombia y el apoyo aéreo de la Guardia Costera de Estados Unidos, se detuvo a 3 colombianos que viajaban en la lancha que transportaba la droga.

"En coordinación con patrullajes marítimos @ArmadaColombia y apoyo aéreo @USCG se logra interrumpir el desplazamiento de una embarcación tipo lancha semisumergible de bajo perfil (LPV), 3 aprehendidos y 610 paquetes de presunta sustancia ilícita, al Sur de Isla Coiba, Veraguas", confirmó en sus redes sociales el Senan.

En otra operación, también en aguas del Pacífico, el Servicio Nacional Aeraonaval, en conjunto con personal del Ministerio Público de Panamá (MP), incautó 439 paquetes de droga no determinada y peso no especificado que era transportada en una lancha rápida en Isla San José.

La Isla San José es una de las más de 30 islas que conforman el Archipiélago de las Perlas, localizado en el Golfo de Panamá.

Drogas confiscadas por el SENAM en Panamá.
Drogas confiscadas por el SENAM en Panamá.

Dos hombres de nacionalidad colombiana, no identificados, fueron detenidos por personal de la fiscalía antidrogas del Ministerio Público por su presunta vinculación con el alijo, indicó la entidad investigadora en sus redes sociales.

Las autoridades de Panamá decomisaron en el 2019 un total de 90,99 toneladas de drogas, una nueva cifra récord para este país de tránsito de estupefacientes, y detuvieron a 1.013 personas vinculadas con el narcotráfico, el 10 % de ellas extranjeros.

Lancha encautada por el SENAM en Panamá.
Lancha encautada por el SENAM en Panamá.

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Colombia: Candidatos presidenciales temen por legitimidad de elecciones

Debate presidencial entre Federico Gutiérrez, candidato presidencial que representa a la coalición Equipo por Colombia, derecha, y el aspirante presidencial Gustavo Petro de la coalición Pacto Histórico. (AP/Fernando Vergara)

A pocos días de que se abran las urnas en Colombia, los candidatos presidenciales que lideran las encuestas advirtieron el lunes que un manto de duda pende sobre el registrador nacional, encargado de garantizar la legitimidad del proceso electoral del 29 de mayo.

"Tengo una desconfianza absoluta en el señor registrador nacional, su comportamiento. Lo que pasó en las elecciones del 13 de marzo deja mucho que desear", dijo Sergio Fajardo, candidato de centro, durante un debate presidencial organizado por el periódico El Tiempo y la Revista Semana.

Fajardo se refería a las elecciones legislativas en las que el registrador, Alexander Vega, admitió que hubo inconsistencias entre los resultados preliminares y los escrutinios debido a errores en el diligenciamiento de los formularios por parte de los jurados. La diferencia más notoria se dio en los 390.000 votos más para el Pacto Histórico, el movimiento político del candidato presidencial izquierdista Gustavo Petro.

Tras las inconsistencias en las elecciones legislativas, la Registraduría ha enfrentado cuestionamientos de varios sectores políticos. El 6 de mayo un tribunal negó suspender provisionalmente al registrador como lo pedía una acción popular, al no encontrar suficientes pruebas de las presuntas irregularidades en las elecciones, y definió que la procuraduría es la encargada de tomar una decisión en el caso.

Petro, que lidera las encuestas, advirtió en los últimos días durante su cierre de campaña que estaría por dársele "un golpe a las elecciones" al suspender al registrador, pero no mostró pruebas. El gobierno desmintió al candidato e indicó que las elecciones ya comenzaron en los consulados y embajadas en el extranjero y no se suspenderán.

En el debate, Petro aseguró que recibió la advertencia desde otra campaña presidencial, sin especificar cuál, y señaló que la procuraduría podría suspender al registrador.

"Estamos en una ruptura real del estado social de derecho", advirtió.
El candidato de derecha Federico Gutiérrez aseguró que las denuncias de Petro son un elemento "distractor" en medio de la recta final, pero sí le pidió a la Registraduría garantías durante las elecciones.

"Será muy importante la veeduría internacional y nacional... estamos en medio de un ambiente enrarecido en el cual muchas de esas dudas no se han resuelto a pocos días de la elección", aseguró.

De todas formas, Gutiérrez indicó que respetará los resultados de las elecciones y "jamás llamaría a la violencia". Fajardo, por su parte, coincidió en que no convocaría a sus votantes a las calles en un país que "con una pequeña chispa puede convertirse en una hecatombe".

Petro aseguró que con el antecedente de las elecciones legislativas, en caso de que se descubran presuntas irregularidades, llamarían a hacer un escrutinio en el que se "restablezca la verdad".

Las reglas electorales de Colombia indican que, en caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos totales, se convocará a una segunda vuelta presidencial con los dos aspirantes que obtengan más sufragios el 19 de junio.
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos ya comenzó su monitoreo en Colombia y se espera que luego de los resultados publique un informe.

La SIP analizará con congresistas de EEUU la libertad de prensa en países como Cuba, Nicaragua, México y Venezuela

Lázaro Yuri Valle Roca y Jorge Bello Domínguez, periodistas independientes cubanos en prisión.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) abordará los casos de persecución, represión y violencia en Cuba, Nicaragua, México y Venezuela contra los periodistas, de acuerdo con un comunicado que recoge la agencia Efe.

La SIP desarrollará esta semana en Washington un programa de entrevistas con legisladores y funcionarios estadounidenses sobre el "comportamiento" de la libertad de prensa en las Américas y la sostenibilidad de los medios de comunicación, anunció este lunes la organización. Durante varios encuentros el martes y el miércoles con senadores y representantes del Congreso estadounidense.

En su reunión semestral celebrada de manera virtual el pasado abril, la organización de medios de comunicación concluyó que "la violencia creciente contra los periodistas es el principal desafío de la prensa libre en las Américas".

Según el organismo hemisférico, con sede en Miami, el objetivo es además conocer la "posición y compromiso de los congresistas" sobre los proyectos de ley de Competencia y Preservación del Periodismo y de Sostenibilidad del Periodismo Local de EE.UU.

Asimismo, el martes, la misión de la SIP asistirá a la apertura de la 48 Asamblea General de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), que se celebra esta semana en Washington, y al día siguiente participará en un panel organizado por el centro de investigaciones Diálogo Interamericano (IAD, en inglés) sobre la
sostenibilidad de la industria periodística y los desiertos informativos.

La delegación de la SIP se reunirá además durante estos dos días con el Grupo de Amigos de la Libertad de Expresión y el Periodismo, de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Este grupo está integrado por los embajadores de las Misiones Permanentes ante la OEA de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

La comitiva también se reunirá con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, así como con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Encabezada por su presidente, Jorge Canahuati, y Carlos Jornet, presidente Comisión de Libertad de Prensa e Información del organismo, la misión contará además con otros directivos de la SIP como Martín Etchevers, presidente de la Comisión de Asuntos Legales, y Andrea Miranda, miembro de la Junta de Directores.

Costa Rica cancela acuerdo con Cuba en materia de educación

Rodrigo Chávez Robles, presidente de Costa Rica

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles, anuló esta semana el acuerdo de cooperación educacional con Cuba porque fue una promesa hecha a sus electores y por la falta de “beneficio desde el punto de vista de la educación pública”, reportan medios locales.

El convenio, firmado en abril de 2019 por Edgar Mora, ministro de Educación de la anterior administración, “no establecía obligaciones o derechos” para ninguno de los dos países, sino una apertura en el “intercambio” de “buenas prácticas educativas” en las que se incluían simposios, capacitación, investigaciones y “resultados de estudios e investigaciones en el ámbito de la educación”.

El objetivo del Memorando de Entendimiento (ME) era promover y desarrollar la cooperación entre los participantes en áreas de interés común e incluía temas como el intercambio de buenas prácticas educativas, resultados de estudios e investigaciones en el ámbito de la educación, así como el intercambio de material didáctica, intercambio de profesionales con comprobada experiencia en temas académicos, organización conjunta de conferencias, simposios, pasantías y seminarios internacionales, organización conjunta de programas de investigación, proyectos educativos, y la promoción de publicaciones conjuntas, coordinación de programas de capacitación para docentes que permita la creación de capacidades y el desarrollo profesional, cooperación para apoyar la enseñanza y el aprendizaje de distintas asignaturas que se imparten en el sistema educativo público, cooperación para apoyar acciones en materia de educación para el desarrollo sostenible, educación especial, estudiantes talentosos, entre otras áreas de interés común, implementación de actividades educativas en áreas definidas como prioridad para las autoridades educativas, entre otros.

El acuerdo tenía un plazo de vigencia de cuatro años a partir de su firma y podría prorrogarse por cuatro años más.

La decisión del presidente Chávez ha tenido buena acogida entre la clase política del país centroamericano, como demuestra el comentario del diputado y presidente del partido Nueva República, Fabricio Alvarado, quien también figurara como candidato a la presidencia en las pasadas elecciones.

“Desde que el gobierno anterior tuvo esa ocurrencia de gestar ese convenio educativo con Cuba, nosotros lo hemos criticado duramente en temas ideológicos, en temas de idiosincrasia. Está claro que Costa Rica no se veía favorecido con ese convenio. Nosotros veníamos hablando de la urgencia de que se eliminara, por lo tanto, lo celebramos. De verdad que lo recibimos como una excelente noticia para el país”, expresó Alvarado.

Rodrigo Chávez Robles, de 60 años, asumió la presidencia de Costa Rica el pasado 8 de mayo al frente del Partido Social Democrático de tendencia conservadora, tras enfrentarse en segunda vuelta con José María Figueres, a la cabeza del partido de centro izquierda Liberación Nacional.

Venezuela: más de 500 organizaciones civilistas rechazan "ley anti-solidaridad"

Trabajadores protestan en Venezuela por la situación del país exigiendo "derecho a la salud y la vida". (Reuters/Leonardo Fernández Viloria).

Más 500 organizaciones y 200 personas rechazaron el proyecto de ley de Cooperación Internacional promovido por la Asamblea Nacional venezolana porque consideran que "busca reinterpretar la definición de cooperación internacional hacia intereses ideológicos, políticos y/o económicos del gobierno nacional".

La carta, firmada por Amnistía Internacional y Human Rights Watch entre otros, advierte que "la ley anti-solidaridad" deja por fuera conceptos clave como "derechos humanos y ayuda humanitaria".

El texto acusa al régimen de Maduro de pretender violar "todas las garantías de protección de derechos de las asociaciones y sus poblaciones destinatarias". Además, asegura que el proyecto busca sancionar (prohibiendo, suspendiendo, restringiendo o eliminado definitivamente) a cualquier asociación que participa en actividades opuestas al régimen, ya sea directa o indirectamente.

Info Martí | Continúan las reacciones al anuncio de EE. UU. sobre sanciones a Venezuela
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El proyecto estipula que cualquier asociación que participe en la cooperación internacional debe compartir con las autoridades "sus datos de constitución, estatutos, actividades, así como la procedencia, administración y destino de los recursos de la cooperación, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento, quedando sometidas a posibles auditorías de parte de las autoridades". Sin embargo, los cientos de firmantes de la carta dicen que esto vulnera a las asociaciones en su actividad y viola el derecho a la privacidad y confidencialidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Advierten además que el anteproyecto podría causar el cierre de la cooperación internacional y de organizaciones lo cual causaría "más privaciones y sufrimiento" al pueblo venezolano. "Su aprobación solo produciría la creación de un nuevo mecanismo que criminalizaría, hostigaría y perseguiría a las asociaciones por ejercer derechos como la libertad de asociación, reunión pacífica, expresión, la defensa de los derechos humanos, entre otros, establecidos en las normas del derecho nacional e internacional", precisaron.

Oposición venezolana anuncia "refundación" de Plataforma Unitaria y elecciones primarias en 2023

Omar Barboza, político venezolano.

Los partidos opuestos al gobierno venezolano de Nicolás Maduro anunciaron la refundación de su organización y la realización en 2023 de votaciones primarias para seleccionar a un candidato unitario para las elecciones presidenciales, previstas para dentro de dos años.

La llamada Plataforma Unitaria, como identifican al bloque de al menos 30 organizaciones y movimientos políticos que enfrentan al chavismo, aseguró mediante un comunicado que acordó “por unanimidad” decisiones estratégicas para garantizar su funcionamiento como una instancia “amplia e inclusiva”.

Según la oposición, operará con “reglas de juego muy claras y áreas de trabajo concretas”, tendrá delegaciones en regiones y municipios de Venezuela y fundará “capítulos” en todos los países donde le sea posible.

La Plataforma Unitaria confirmó que Omar Barboza, expresidente del Parlamento en 2018 y diputado electo en 2015, será su secretario ejecutivo para “coadyuvar al desarrollo armónico del debate y fortalecimiento de la unidad”. De acuerdo con el comunicado, trabajará junto a un equipo “Político y técnico”.

Uno de los acuerdos más trascendentales es que “la candidata o candidato presidencial de las fuerzas democráticas será elegido por un amplio y plural proceso de primarias, que se realizará en el año 2023”.

Varios dirigentes opositores, entre ellos Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por 50 gobiernos desde enero de 2019, habían solicitado públicamente este año que hubiese unas primarias para ese fin.

La Plataforma Unitaria anunció asimismo el inicio de “un profundo proceso de consultas con todo el país” para preparar ese “poderoso mecanismo” de selecciones del candidato presidencial de la oposición venezolana.

La Voz de América pudo conocer a través de fuentes opositoras que los acuerdos se lograron en una serie de reuniones por tres días entre dirigentes y delegados nacionales de partidos opositores en Panamá, la semana pasada.

“La lucha unitaria tiene como objetivo fundamental lograr el cambio político, entendiendo, que es el único camino verdadero para detener el sufrimiento de millones de venezolanos”, apuntó la organización opositora en su nota oficial.

Los anuncios de la plataforma opositora ocurren semanas después de que el gobierno de Maduro anunciara una serie de consultas para “reformatear” el diálogo político de Ciudad de México y se negara a debatir acuerdos con el llamado gobierno interino de Juan Guaidó, a quien acusó de estar vinculado con el narcotráfico. El dirigente opositor negó rotundamente tales señalamientos.

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